El TEAC aplica la reciente doctrina del Tribunal Supremo respecto de la falta de idoneidad del método de comprobación consiste en la estimación por referencia a valores catastrales.

El Tribunal Económico Administrativo Central, en esta resolución, aplica la reciente doctrina del Tribunal Supremo respecto de la falta de idoneidad del método de comprobación consiste en la estimación por referencia a valores catastrales [ Art. 57 (letra b, del apdo.1) ]

 

Debemos recordar que el Tribunal Supremo ha establecido como doctrina que el método de comprobación del valor real de inmuebles, a los efectos del cálculo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que posibilita la Ley General Tributaria, consistente en multiplicar el valor catastral por un coeficiente, no es idóneo ni adecuado, salvo que se complemente con una comprobación directa por parte de la Administración del inmueble concreto sometido a valoración.

Método de comprobación consistente en la estimación por referencia a valores catastrales no es idóneo a efectos del ITP. Sentencia TS, Sala de lo Contencioso, Nº 843/2018, Rec 4202/2017, de 23-05-2018

El Supremo establece como doctrina que:

“el método de comprobación consistente en la estimación por referencia a valores catastrales, multiplicados por índices o coeficientes (artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria) no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real, salvo que tal método se complemente con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo”.

Añade que la aplicación de ese método de comprobación:

“no dota a la Administración de una presunción reforzada de veracidad y acierto de los valores incluidos en los coeficientes, figuren en disposiciones generales o no”, así como que “la aplicación de tal método para rectificar el valor declarado por el contribuyente exige que la Administración exprese motivadamente las razones por las que, a su juicio, tal valor declarado no se corresponde con el valor real, sin que baste para justificar el inicio de la comprobación la mera discordancia con los valores o coeficientes generales publicados por los que se multiplica el valor catastral”.

Fuente Las Asesorías

El TS fija doctrina señalando que el método de comprobación consistente en la estimación por referencia a valores catastrales, multiplicados por índices o coeficientes (artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria) no es idóneo a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

El Tribunal Supremo ha establecido como doctrina que el método de comprobación del valor real de inmuebles, a los efectos del cálculo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que posibilita la Ley General Tributaria, consistente en multiplicar el valor catastral por un coeficiente, no es idóneo ni adecuado, salvo que se complemente con una comprobación directa por parte de la Administración del inmueble concreto sometido a valoración.

El tribunal ha fijado esta doctrina en cuatro sentencias dictadas en los últimos días.

Los cuatro ciudadanos declararon como valor el precio declarado en la escritura por la compra, pero la Consejería de Hacienda elevó el valor a entre 120.000 y 130.000 euros, aplicando la comprobación señalada en el artículo 57.1.b de la Ley General Tributaria, es decir, multiplicando el valor catastral por el coeficiente del municipio establecido en una orden de la comunidad autónoma, subiéndoles de ese modo el importe del impuesto. 

El Art. 57, apdo. 1, letra b señala que el  valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la obligación tributaria podrá ser comprobado por la Administración tributaria mediante:

“b) Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal.

Dicha estimación por referencia podrá consistir en la aplicación de los coeficientes multiplicadores que se determinen y publiquen por la Administración tributaria competente, en los términos que se establezcan reglamentariamente, a los valores que figuren en el registro oficial de carácter fiscal que se tome como referencia a efectos de la valoración de cada tipo de bienes. Tratándose de bienes inmuebles, el registro oficial de carácter fiscal que se tomará como referencia a efectos de determinar los coeficientes multiplicadores para la valoración de dichos bienes será el Catastro Inmobiliario.”

El Supremo establece como doctrina que:

“el método de comprobación consistente en la estimación por referencia a valores catastrales, multiplicados por índices o coeficientes (artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria) no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real, salvo que tal método se complemente con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo”.

Añade que la aplicación de ese método de comprobación:

“no dota a la Administración de una presunción reforzada de veracidad y acierto de los valores incluidos en los coeficientes, figuren en disposiciones generales o no”, así como que “la aplicación de tal método para rectificar el valor declarado por el contribuyente exige que la Administración exprese motivadamente las razones por las que, a su juicio, tal valor declarado no se corresponde con el valor real, sin que baste para justificar el inicio de la comprobación la mera discordancia con los valores o coeficientes generales publicados por los que se multiplica el valor catastral”.

Carga de prueba de la administración

Y además, deja claro a quién corresponde la carga de la prueba en este terreno:

“el interesado no está legalmente obligado a acreditar que el valor que figura en la declaración o autoliquidación del impuesto coincide con el valor real, siendo la Administración la que debe probar esa falta de coincidencia”.

La Sala III contesta también a la pregunta de si, en caso de no estar conforme, el contribuyente puede utilizar cualquier medio de prueba admitido en Derecho o resulta obligado a promover una tasación pericial contradictoria para desvirtuar el valor real comprobado por la Administración tributaria a través del expresado método del artículo 57.1.b de la LGT

⇒ El Supremo confirma su jurisprudencia en el sentido de que la tasación pericial contradictoria no es una carga del interesado para desvirtuar las conclusiones del acto de liquidación en que se aplican los mencionados coeficientes sobre el valor catastral, sino que su utilización es meramente potestativa. Así, para oponerse a la valoración del bien derivada de la comprobación de la Administración basada en el medio consistente en los valores catastrales multiplicados por índices o coeficientes, el interesado puede valerse de cualquier medio admisible en derecho, debiendo tenerse en cuenta lo establecido sobre la carga de la prueba que recae en la Administración.

En Rásel llevamos años recurriendo este tipo de conflictos, ya era hora que el tribunal Supremo nos diera la razón.
Fuente: Poder Judicial

Es justo nuestro sistema Tributario?

La Constitución Española prevé en su Preámbulo, cómo debe regirse la sociedad Española en todos los ámbitos y lo hace de esta manera:

“La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.”

Más tarde en su Artículo 31, la Constitución crea las bases sobre las que deberán promulgarse todas las Leyes Tributarias, haciéndolo de la siguiente manera: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”

En base a lo anterior, se publica la Ley General Tributaria, que a día de hoy tiene su vigencia a través de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,  la cual en su Artículo 2. Concepto, fines y clases de los tributos dicta:

“1. Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos.

Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución.

2. Los tributos, cualquiera que sea su denominación, se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos:

  1. Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.

b) Contribuciones especiales son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.

c) Impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente.”

Y en su Artículo 3 la misma Ley General Tributaria, en Principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario, proclama:

“1. La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.

2. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y asegurará el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios.”

Visto todo lo anterior, se entiende necesaria una justa tributación y en base a la capacidad de cada contribuyente.

Si a continuación repasamos, por ejemplo, la escala general a aplicar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 2016, podremos empezar a obtener respuesta a la cuestión que inicialmente nos planteábamos:

Base liquidable

Tipo Estatal

aplicable

Tipo autonómico

*aplicable

Tipo Total

Euros

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Hasta 12.450,00

9,50

9,50

19,00

Los siguientes 7.750,00

12,00

12,00

24,00

Los siguientes 15.000,00

15,00

15,00

30,00

Los siguientes 24.800,00

18,50

18,50

37,00

En adelante

(a partir de 60.000 euros)

22,50

22,50

45,00

Según elboletin.com, en su edición del día 21 de Julio de 2017, las entidades Tax Foundation y el Foro de regulación Inteligente, elaboraron un ranking de países con los sistemas fiscales más competitivos a partir de un índice de Regulación Fiscal que analizó más de cuarenta variables. La lista está encabezada por Estonia. Según el autor del informe -el economista Kyle Pomerleaudese- este país lidera el ranking por cuatro motivos: el Impuesto de Sociedades se aplica sobre el reparto de dividendos y no sobre beneficios; su Impuesto sobre la Renta es muy sencilla con un tipo general del 20%; su sistema de impuestos a la propiedad se aplica sobre el valor del suelo y su fiscalidad territorial exime al 100% el pago de impuestos por los beneficios obtenidos en el extranjero.

Por detrás se encuentran Nueva Zelanda, Letonia, Suiza y Suecia, que destacan por el diseño simplificado e inteligente de sus regulaciones. España se coloca en la posición número 28 entre los 35 países de la OCDE que analiza el estudio. Nuestro país aparece en ese puesto penalizado por las normas del Impuesto de Sociedades y del IVA, excesivamente complejas y alejadas del paradigma de neutralidad y simplicidad que el autor identifica como rasgos característicos más competitivos. Por detrás de España se encuentran EEUU, Grecia, Portugal, Italia y Francia.

País

Puntos (0-100)

1. Estonia

100

2. Nueva Zelanda

91,6

3. Letonia

88

4. Suiza

84,6

5. Suecia

82,1

6. Países Bajos

81,4

7. Luxemburgo

78,6

8. Australia

78,3

9. Eslovaquia

75

10. Turquía

74,8

28. España

58,9

Fuente: Tax Foundation/Foro de Regulación Inteligente

Termina el artículo concluyendo, “Que la falta de claridad en la normativa, la disparidad de los criterios de los organismos administrativos y judiciales, las incongruencias en el trato de una misma materia en las distintas áreas del derecho y la falta de mecanismos para solventar los problemas que todo ello genera, nos empuja a afirmar que vivimos en un entorno administrativo demasiado cambiante para que exista la seguridad jurídica necesaria que permita atraer y asentar la inversión tan necesaria en el contexto económico actual.

El principio de seguridad jurídica, base de todo ordenamiento jurídico, parece que esté en constante cuestionamiento en el ámbito tributario en España. Ante este escenario, que dificulta la toma de decisiones de los contribuyentes, sería interesante plantearse la creación de los mecanismos adecuados para minimizar estas discrepancias mediante una redacción más clara de la normativa, la coordinación de los distintos organismos y un análisis conjunto de sus efectos en las distintas disciplinas del derecho que redujera la conflictividad disminuyendo el consiguiente coste económico tanto para el contribuyente como para la Administración.

Un sistema tributario competitivo es aquel que incluye pocas deducciones y cuenta con reglas sencillas, trato igualitario y con tipos marginales más moderados.”

A tenor de lo anterior, nos debemos preguntar si se recauda más con una presión fiscal fuerte o con una presión fiscal menor, si es mejor una regulación que fomente el crecimiento o es mejor la que solo busca recaudar. ¿Nuestro sistema tributario es justo según la práctica, según la comparativa con otros países y según nuestra propia Constitución?.

Artículo de Rásel Asesores Legales

Hacienda controlará los ingresos en cuentas bancarias

Aunque se trata de un procedimiento novedoso, Hacienda advierte de que estas revisiones se realizarán solo cuando se detecten incoherencia en los importes declarados.

El seguimiento de tus cuentas y movimientos bancarios

Muchos a los que la noticia les haya cogido por sorpresa se preguntarán hasta qué punto la Agencia Tributaria puede tener conocimiento sobre nuestras cuentas y nuestros movimientos bancarios. Hacienda y tu banco mantienen una relación bastante fluida, especialmente, cuando llega la presentación de la Renta, momento en que la entidad con la que operas facilita tu saldo en cuenta al final del ejercicio reflejando también intereses y retenciones. 

Además, conforme a Ley General Tributaria, tu banco tiene la obligación de dar parte de algunas de tus operaciones. pagos e ingresos.  Esta obligatoriedad viene determinada no tanto por la operación y sí por la cuantía. Conozcamos cuáles son:

Transacciones con billetes de 500 euros con el objetivo de evitar el blanqueo de dinero.

Operaciones que excedan los 10.000 euros.

Pagos y cobros de más de 3.000 euros en efectivo.

Préstamos y créditos por más de 6.000 euros.

Plan Anual de Control Tributario 2017: el IVA del autónomo

Hacienda anunció a comienzos de este año  lo que parece una caza de brujas contra la economía sumergida y algunos aspectos de la actividad de los autónomos. El foco de atención está puesto en el IVA que el autónomo se encarga de recaudar para las Arcas Públicas.

La Aeat, en aras de evitar las infradeclaraciones y el fraude del IVA entre los trabajadores por cuenta propia, ha intensificado sus actuaciones de seguimiento en 2017 tal y como se indica en el Plan Anual de Control Tributario.

Son los comercios dedicados a la venta de producto final los más susceptibles de recibir una de estas misivas y visitas para atajar el fraude del IVA. Según entiende Hacienda las múltiples operaciones diaria realizadas en tiendas y comercios y la dificultad para controlarlas posibilitan actuaciones de economía sumergida en las que no se declaran el 100% de los ingresos,

También se realizará seguimiento del fraude del IVA en las operaciones intracomunitarias.