Así quiere el Gobierno que los autónomos coticen a la Seguridad Social por sus ingresos reales

Los pequeños empresarios podrán cambiar la aportación a la Seguridad Social a lo largo del año. Según sus ingresos finales, se ajustará con el IRPF. La propuesta tiene varias partes.

El Gobierno ha propuesto a las organizaciones de autónomos un modelo flexible de cotización a la Seguridad Social en función de sus ingresos reales. El autónomo podrá modular su aportación a la Seguridad Social a lo largo del año. Sin embargo, la gran novedad de la propuesta del Ejecutivo es que, tras la declaración de la renta del ejercicio, la Seguridad Social ajustará la cotización del autónomo en función de sus ingresos. Regularizará la situación. No como ocurre ahora, que puede haber una gran diferencia entre lo que cotiza el autónomo y sus ingresos reales.

La propuesta tiene varias partes. La primera es que, al empezar el ejercicio, el autónomo podrá escoger su base de cotización, en función de su previsión de ingresos. Posteriormente, si éstas no se cumplen -tanto si factura más, como si facturan menos de lo previsto- el pequeño empresario o trabajador podrá cambiar trimestralmente de base de cotización, para ajustarla a sus rendimientos a lo largo del año. Hasta ahora, es más fácil que los autónomos se mantengan en la base de cotización más baja, porque, en muchas ocasiones, sólo a la hora de cobrar la pensión se dan cuenta de lo que significa haber aportado menos a la Seguridad Social de lo que realmente podrían haber cotizado durante la vida laboral. Por ejemplo, según el Ministerio de Seguridad Social, el 85% de estos pequeños empresarios y trabajadores cotizan por la base mínima a la Seguridad Social. Está congelada desde 2019 en 944 euros mensuales, que con un tipo del 30%, con todas las prestaciones, supone que el autónomo que cotiza por la base mínima a la Seguridad Social, paga en torno a 280 euros mensuales.

Es la opción más escogida por los autónomos. De hecho, el informe sobre la reforma de las pensiones que ha enviado el Gobierno a Bruselas señala varias cosas. En primer lugar, que los ingresos de la Seguridad Social por cotizaciones de los autónomos sólo suponen el 57,02% del gasto en prestaciones de este colectivo. En segundo lugar, sólo el 6,6% de estos profesionales cotiza por bases próximas a la máxima, que este año es de 4.070 euros al mes. En tercer lugar, y por todas estas razones, el déficit del régimen de autónomos fue en 2019, último año cerrado y con crecimiento económico, de 8.673 millones de euros. Por lo tanto, es previsible que este desequilibrio haya aumentado sustancialmente en 2020 con todas las medidas de ayuda a este colectivo profesional por la pandemia, para intentar salvar el mayor número de negocios posible. Hay 3,2 millones de autónomos.

Declaración del IRPF

Por todo ello, para relacionar la cotización de la Seguridad Social con los ingresos reales del autónomo, el Gobierno ha propuesto ajustarla una vez que el profesional haya hecho la declaración de la renta. Por ejemplo, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, quiere que la reforma entre en vigor el próximo año. En este supuesto, tras la declaración del IRPF de ese ejercicio, en junio o julio de 2023, la Seguridad Social ajustaría posteriormente las cuentas con el pequeño empresario. Sería entonces cuando, en su caso, el sistema haría una devolución de oficio, por exceso de cotización, o le pediría una cuantía adicional, para completar la que le corresponde. Un sistema similar al que funciona en la Agencia Tributaria con la declaración de la Renta.

No obstante, el Gobierno tiene que presentar una propuesta más cerrada a las organizaciones de autónomos. Por ejemplo, una propuesta en la que explique los tramos de ingresos, a partir de los cuales el autónomo pueda prever su cotización a la Seguridad Social. Precisamente, el secretario general de UPTA, Eduardo Abad, pidió al Ejecutivo que “defina los tramos para mayor seguridad del trabajador”. No obstante, en líneas generales, Abad dijo que el modelo “se acerca bastante” a lo que pide su organización desde 2017, “porque hace un ajuste automático de la cotización a la Seguridad Social, tanto si falta como si hay exceso de cotización”. ATA, otra de las organizaciones más representativa del sector, prefirió no pronunciarse hasta que el Gobierno presente una propuesta más cerrada.

ATA reclama ayudas directas y un rescate real para los autónomos

Mediante un comunicado del pasado 10 de febrero de 2021, ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos) hace público el acuerdo de su Junta directiva donde se plantea reclamar al Gobierno ayudas directas inmediatas para los autónomos como parte de un rescate real del tejido productivo de España.

Según ATA, más del 90% de los autónomos y empresas eran viables a mediados de marzo de 2020 y sin embargo, hoy sufren seria dificultades motivadas por restricciones, cierres, o limitaciones decretados por las distintas administraciones, sin que se hayan puesto en marcha ninguna indemnización “real”.

“Durante meses no se ha hecho un análisis ni se ha reconocido una situación que algunos ya advertíamos”, ha asegurado Lorenzo Amor, presidente de ATA, como conclusiones a la Junta directiva. “ERTE, ayudas por cese de actividad y moratorias no eran suficientes para salvar empresas, autónomos y empleos. Y no lo decimos sólo desde ATA, el BCE, el FMI les ha puesto la cara colorada a aquellos que tienen que procurar que los autónomos sigan siendo viables. Somos los últimos en ayudas directas”, ha añadido.

“¿Quién determina la viabilidad de un autónomo o empresa?, ¿Con qué criterio? ¿Qué base medible y técnica va a determinar que un bar es viable y otro no?”, se ha preguntado el presidente de ATA en la Junta directiva. “Lo que es indudable es que estarían mejor los autónomos si hubieran puesto ya en marcha una batería de ayudas directas como hizo en su momento Alemania y otros países UE”.

“Las ayudas directas a autónomos que debe poner en marcha el Estado no son ningún regalo«, ha añadido Amor. “Son una indemnización, una compensación a sus pérdidas, por seguir pagando los gastos corrientes, como han hecho otros países de UE, a los autónomos y a las empresas a los que se les ha limitado la actividad e incluso cerrado sus negocios. Cuidado en poner tiritas a hemorragias”.En relación con lo anterior, la asociación de autónomos toma como ejemplo a Alemania, donde se compensan las pérdidas de autónomos y empresas con ayudas directas que cubren el 70% de lo facturado en el primer trimestre de 2020.Según Lorenzo Amor -presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA)-: “El mismo día que se tumbó en el Congreso de los Diputados una proposición para bajar el IVA a la hostelería, en Alemania se aprobó, por unanimidad de populares y socialistas su rebaja”, ha insistido el presidente de ATA. “No queda agua en el pozo. Ya no es un problema de financiación, es un problema de solvencia, de supervivencia”. 

Gentileza de: ATA

Los bots (sitema robótico) de Hacienda predecirán fraudes e irregularidades y advertirán a los implicados. “Gestha”.

La tecnología bots ya se ha incorporado a Hacienda. El Big Data ya ha detectado que muchas empresas no declaran el pago en efectivo, solo los ingresos por tarjeta o el banco.Inteligencia Artificial para detectar con antelación acciones fraudulentas o irregularidades tributarias que cometa o pueda cometer un contribuyente y enviarles una notificación de advertencia para que subsane el error antes de que vuelva suceder. Parece ciencia ficción, pero es una realidad que ya ha empezado a materializarse en la Agencia Tributaria (AEAT) y que culminará durante el proceso de digitalización que ya se ha iniciado y que se acelerará con la llegada de los fondos europeos de recuperación.

En la actualidad estos bots, se limitan a procesar información y al cruce de datos en busca de posibles inconsistencias en las declaraciones de empresas, particulares y autónomos, pero en un futuro cercano estarán en disposición de predecir errores –intencionados o no– en las declaraciones de impuestos, detectarlos en una serie anual y enviar a esos contribuyentes una carta para avisarles de las irregularidades continuadas para que las subsanen en el menor tiempo posible antes de abrir un expediente sancionador.

Hacienda no tiene intención de que estos bots tengan la potestad de abrir investigaciones ni capacidad sancionadora. Simplemente utilizarán los datos para informar de ello, tanto al propio contribuyente como a los inspectores y técnicos tributarios. «En ningún caso podrán abrir ninguna investigación ni tener una capacidad sancionadora sin tener antes el visto bueno del personal de la Agencia. Este recurso de Big Data facilita mucho el proceso de información y ayuda a detectar errores, pero nunca podrá reemplazar el factor humano. No hay tecnología que pueda sustituir una investigación seria, que debe analizar no solo datos objetivos, sino una serie de parámetros de intangibles que hay que tener en cuenta con los contribuyentes», explicó a LA RAZÓN José María Mollinedo, secretario general del sindicato de los Técnicos de Hacienda (Gestha).

Gracias al Big Data, la AEAT va a iniciar una campaña de envío de cartas a microempresas y autónomos –generalmente comercios– tras detectar que muchos de ellos únicamente declaran los ingresos que coinciden con el cobro por banco o con tarjeta, sin consignar ningún pago en metálico. El Ejecutivo quiere regular la generalización de este tipo de tecnología y para ello está elaborando un decreto ley que le dé soporte jurídico.

Fuente Gestha

Así afectará a los autónomos el nuevo plan de control tributario que ha diseñado Hacienda para este año

Los inspectores de Hacienda explican cuáles son los cambios recogidos en el nuevo plan de control tributario que afectarán a los autónomos en 2021. 

La Agencia Tributaria ya ha publicado las directrices del nuevo Plan de Control Tributario 2021, con el que Hacienda modificará algunos de sus procedimientos para la detección y prevención del fraude en los negocios a lo largo de este año.

Como novedad, se estrechará el cerco sobre los nuevos negocios digitales, los autónomos que se van a otros países para eludir impuestos y las declaraciones a compensar en el Impuesto de Sociedades. Así mismo, Hacienda pondrá en el punto de mira a los autónomos y empresarios cuyo medio de pago principal es el efectivo -siempre y cuando no pertenezcan a actividades perjudicadas por la crisis del COVID-19-. De hecho, se ampliará el control sobre este tipo de transacciones a todos los pagos, independientemente de la cantidad que se trate. También se intensificará la vigilancia en aquellos negocios ‘reincidentes’ en fraude tributario y en los modelos de negocio emergentes.

No obstante, para los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), son especialmente “destacables y positivas” las nuevas herramientas para asistir a los contribuyentes –especialmente a los autónomos – a la hora de presentar sus impuestos, como IVA, IRPF, o Sociedades. De hecho, se introducen para este año novedades como un aviso personalizado a cada contribuyente que alertará de posibles errores en su declaración de la RENTA; o una especie de borrador parecido al de IVA o IRPF para el Impuesto de Sociedades. También se pondrá en marcha un nuevo buscador de epígrafes de IAE, que indicará al autónomo en qué actividad debería encuadrarse al darse de alta, con tan sólo introducir una breve descripción de su negocio. 

También, como novedad -y especialmente importante en tiempos de pandemia- se implantarán las nuevas ADIs, administraciones de ayuda al contribuyente, que podrán ayudar a los autónomos a distancia a resolver trámites importantes para su negocio o requerimientos. Y se abundará en el uso de la videollamada para reducir al máximo las visitas presenciales de los inspectores y resolver a distancia buena parte de las actuaciones. A continuación, los inspectores de Hacienda explican éstas y otras novedades del plan de control tributario que afectarán a los autónomos en 2021.

Por último, y como ya adelantó este medio digital, en este ejercicio se investigará más el fraude en los negocios que hayan salido menos perjudicados por la pandemia -y se levantará el pie de aquellos sectores más perjudicados para favorecer su recuperación-.

Novedades en el control e inspecciones a autónomos 

Si bien las actuaciones de este ejercicio irán en consonancia con el Plan Estratégico que se puso en marcha el año pasado, hay algunas novedades importantes en materia de inspección que afectarán a los autónomos.

Actividades prioritarias para la inspección en 2021

“Por todo lo que ha ocurrido, este año se ha hecho mención expresa en los planes de control a que se va a respetar, en la medida de lo posible, a los sectores más afectados. Es decir, en general, se van a priorizar las actuaciones inspectoras en los negocios que han salido menos afectados por la pandemia“, explicó Francisco Vázquez, inspector del área de recaudación y secretario de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). 

Además, según señala el plan de control, también se seguirá poniendo el foco en los negocios que declaran en el impuesto de sociedades ,”reiteradamente”, bases imponibles negativas pendientes de compensar en ejercicios futuros y en los negocios “altamente digitalizados”.

Como novedad, “se puede apreciar que en el plan de este año se hace especial énfasis en aquellos negocios que tienen mucho uso de dinero en efectivo. Esto son, sobre todo, actividades que tratan fundamentalmente con particulares, porque es donde más efectivo se usa y donde más pagos directos de este tipo hay. En esos negocios se va a intensificar el control, salvo que se encuentren en aquellos sectores especialmente perjudicados por la crisis”, explicó Vázquez. 

Más cartas a negocios con facturación por debajo de la media del sector

Sin embargo, para los inspectores, lo más relevante del Plan sean posiblemente los ejes dedicados a la prevención, más que a la propia actuación inspectora. En ese sentido hay una “línea que ha dado muy buen resultado, aunque a veces haya podido resultar molesta, que es la de las visitas a autónomos y pequeños negocios, no para hacer inspecciones, sino para recabar datos y estadísticas de facturación en los sectores. De este modo, se mandan avisos informativos y se les advierte si están declarando por debajo de la media de su sector, para que lo tengan en cuenta y sepan que, si persisten, podría haber una inspección”, apuntó el secretario de los Inspectores de Hacienda. 

De hecho, no sólo se va a seguir en esta línea, sino que se “va a aumentar el número, tanto de visitas para seguir recabando datos más profundos del sector, como de cartas enviadas. Ya no se trata sólo de mandar más misivas, sino de hacer estadísticas más completas para que esa información previa que enviamos sea lo más detallada posible. Es normal, porque un pequeño negocio de un empleado, evidentemente, no va a tener la misma facturación que un restaurante con 20 trabajadores. Así que habrá que hacer diferentes medias para avisar a las diversas actividades si están tributando por debajo de la media”, comentó Francisco Vázquez. 

En todo caso, recordó el inspector, “la idea es dar información al pequeño negocio para corregir posibles malas prácticas, y procedimientos más complejos y desagradables. Pero, si a un autónomo le ha ido mal y tributa menos, pero tributa bien, evidentemente no tiene de qué preocuparse al recibir este tipo de cartas”.  

También se intensifica el control sobre las TPV’s

Y este año no sólo se investigarán en profundidad los pagos en efectivo en los negocios. “También existe el fraude con los pagos con tarjeta. De hecho, hay otra parte del plan que va dirigido a luchar contra los TPVs de conveniencia, es decir, terminales que están a nombre diferente al del obligado tributario para eludir sus obligaciones”, apuntó el secretario de los Inspectores de Hacienda del estado. 

Por tanto, este año, habrá un control especial de las titularidades ‘de conveniencia’ de los terminales punto de venta; es decir, de aquellos supuestos en que los TPV de los negocios se colocan bajo la titularidad de una persona distinta del deudor, habitualmente, para evitar embargos.

Lucha contra la ocultación de ingresos y fraude en el IVA

Así mismo, se reforzará también  la estrategia de lucha contra la ocultación de ingresos, con visitas apoyadas por empleados del área de auditoría informática de la AEAT en los negocios contra los sistemas informáticos que permiten ocultar las ventas reales.

A su vez, habrá una línea específica de control de elusión del recargo de equivalencia en el IVA. La Agencia verificará que los negocios estén correctamente censados en este régimen  y exigirá a sus proveedores el ingreso del recargo si no lo han repercutido.

De igual forma, el control de las tramas de fraude en el IVA se verá reforzado con la puesta en marcha de una nueva herramienta diseñada a nivel europeo para la detección temprana de redes sospechosas. Además, está previsto potenciar el control de los contribuyentes no declarantes, tanto en lo referente al IRPF, como en Sociedades e IVA, gracias a la depuración censal.

Por otro lado, y más allá de lo que se apunta en el plan de control, es previsible que se intensifique el control de las deducciones, especialmente aquellas que se hagan a raíz del contexto especial de crisis que se está atravesando y que son muy necesarias para los autónomos. Ejemplo de ello son las deducciones de los gastos y suministros del hogar de aquellos trabajadores por cuenta propia que pasaron a desarrollar su negocio desde casa. 

Nuevos ‘justificantes’ para pagos online a Hacienda 

Una de las novedades que más llamó la atención de los inspectores y que aparece recogida en este nuevo plan es la utilización del ‘NRC online’, un nuevo sistema de registro y seguimiento de los ingresos a través de bancos que facilitará las labores de seguimiento y control de las deudas. 

Aunque esta novedad pueda pasar desapercibida, “es muy importante, ya que normalmente los bancos tienen un plazo de unos 15 días para ingresar el dinero que ha pagado el contribuyente por sus deudas a Hacienda. En esos días puede llevarse a cabo un embargo, porque la Agencia Tributaria no sabe que esa deuda está pagada. Con este justificante se permite que el contribuyente informe a la Agencia Tributaria de que ya ha pagado la deuda, y se puede cancelar antes de recibir el dinero”, comentó Francisco Vázquez, secretario de los Inspectores de Hacienda del Estado. 

Gentileza de Autónomos y Emprendedores

Guía para no perderse con los impuestos: este es el calendario fiscal para autónomos y pymes en 2021

El nuevo año trae consigo las obligaciones fiscales anuales: IRPF, IVA, declaración de la Renta… Los autónomos y pymes deben estar muy atentos a las fechas marcadas para poner al día sus cuentas y realizar los pagos a la Agencia Tributaria del nuevo ejercicio, así como abonar algunos de los impuestos del cuarto trimestre de 2020 que se pagan este mes de enero. Ante esto, ¿cuándo tienen que pagar los autónomos y las pymes los impuestos?

La Agencia Tributaria ha elaborado un calendario con las obligaciones fiscales de 2021, dónde los contribuyentes pueden comprobar la fecha límite para abonar sus impuestos para evitar sanciones.

Enero

20 de enero: Los trabajadores por cuenta propia y las pequeñas empresas tienen hasta esta fecha para cumplimentar los modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216 o 230, donde se recogen las retenciones e ingresos a cuenta de los rendimientos del trabajo y las actividades económicas.

Febrero

1 de febrero: Esta es la fecha límite en la que las pymes y los autónomos podrán pagar la declaración del IVA y el pago fraccionado del IRPF que se corresponden al último trimestre del año anterior – en los modelos 130, 131 y 303-. Además las empresas deberán presentar el resumen anual del IVA (modelo 390), así como el resumen anual de retenciones e ingresos por rendimientos de trabajo, actividades económicas premios y ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, arrendamientos de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas de todo 2020, rellenado los modelos 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196 y 270.

22 de febrero: Fecha para presentar la declaración de operaciones intracomunitarias referentes al IVA del mes de enero de este año, cumplimentando del modelo 349.

Marzo

1 de marzo: fecha límite para que los autónomos y las pymes presenten la autoliquidación del IVA del mes de enero de 2021, con la presentación del modelo 303.

22 de marzo: fecha para la presentación del modelo 349, correspondiente a la declaración de operaciones intracomunitarias referente al IVA de febrero de 2021.

30 de marzo: la presentación del modelo 303 de autoliquidación del IVA del mes de febrero de 2021.

Abril

7 de abril: se abre el plazo para la presentación de la Declaración de la Renta

20 de abril: presentación de los modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210 y 216 de retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y ganancias patrimoniales e imputaciones de renta del primer trimestre de 2021. También debe presentarse el pago fraccionado del IRPF del primer trimestre de 2021 , el modelo 303 para la autoliquidación del IVA del primer trimestre de 2021.

30 de abril: el modelo 303 de autoliquidación del IVA de marzo de 2021.

Mayo 

6 de mayo: Comienza la declaración de la Renta por teléfono.

20 de mayo: fecha para presentar la declaración del IVA de las operaciones intracomunitarias de abril de 2021, con el modelo 349.

31 de mayo: presentación del modelo 303 correspondiente a la autoliquidación del IVA de abril de 2021.

Junio

2 de junio: Comienza la presentaciones en las oficinas de la Agencia Tributaria de la declaración de la renta de 2020.

21 de junio: presentación del modelo 349 correspondiente a la declaración del IVA de las operaciones intracomunitarias del mes de mayo de 2021.

30 de junio: fecha límite para la entrega de la declaración de la Renta. Se presenta el modelo 303 para la autoliquidación del IVA del mes de mayo de 2021.

Julio

20 de julio: es el tope para presentar las retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y ganancias patrimoniales e imputaciones de renta del segundo trimestre de 2021, cumplimentando los modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210 y 216. También debe presentarse el pago fraccionado del IRPF del segundo trimestre de 2021, el modelo 303 para la autoliquidación del IVA del segundo trimestre.

30 de julio: presentación del modelo 303 de autoliquidación del IVA del mes de junio de 2021.

Agosto

30 de agosto: presentación de la autoliquidación del IVA de julio de 2021.

Septiembre

20 de septiembre: plazo máximo para entregar el modelo 349 de declaración del IVA de las operaciones intracomunitarias de los meses de julio y agosto de 2021.

30 de septiembre: fecha límite  de la autoliquidación del IVA de agosto de 2021, cumplimentando el modelo 303.

Octubre

20 de octubre: es el tope para presentar las retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y ganancias patrimoniales e imputaciones de renta del tercer trimestre de 2021, cumplimentando los modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210 y 216. También debe presentarse el pago fraccionado del IRPF del tercer trimestre de 2021, el modelo 303 para la autoliquidación del IVA del tercer trimestre de 2021.

Noviembre 

2 de noviembre: fecha límite para presentar el modelo 303 para la autoliquidación del IVA de septiembre de 2021.

22 de noviembre: hasta esa fecha podrá presentarse el modelo 349 de declaración del IVA en operaciones intracomunitarias del mes de octubre de 2021.

30 de noviembre: plazo máximo para la entrega del modelo 303 de autoliquidación del IVA del mes de octubre de 2021.

Diciembre

20 de diciembre: fecha para presentar el modelo 349 de declaración del IVA de operaciones intracomunitarias de noviembre de 2021.

30 de diciembre: se entrega el modelo 303 de autoliquidación del IVA del mes de noviembre de 2021.

Nuevo cese de actividad para trabajadores autónomos.

En primer lugar decir, que si se desea optar por cobrar el nuevo cese, hay que solicitarlo, NO se renueva automáticamente.

Los supuestos que se han aprobado en esta ocasión, son los que se enumeran a continuación:

1.- Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por una suspensión de toda la actividad como consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación del virus COVID-19.

Esta modalidad está pensada para cuando una administración decreta el cierre de los negocios, por ejemplo, la hostelería. Los autónomos afectados por esa decisión pueden solicitar esta modalidad la prestación por cese de actividad por suspensión temporal de toda la actividad. “Tiene que ser una suspensión total, no vale que reduzcan el aforo” apuntó Laura Gómez, directora general de la Federación Nacional de Asociación es de Trabajadores Autónomos (ATA).

El profesional afectado por la decisión de la autoridad competente deberá solicitar la prestación en un plazo de 21 días desde que se decretó el cierre. Y se pedirá, como se venía haciendo hasta el momento, ante su mutua.

En estos casos, el autónomo cobrará el 50% de la base mínima de cotización (unos 472,2 euros/mes) y estará exento de pagar la cuota a la Seguridad Social hasta el día del mes siguiente en el que se levante el cierre. Según señaló el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los autónomos recibirán unos 760 euros/mes por esta situación (que serían de la suma de los 472,2 euros mencionados, más la exención del pago de la cuota).

Está cantidad se incrementará un 20% si el autónomo tienen reconocida la condición de familia numerosa y los únicos ingresos de la unidad familiar o análoga provienen de la actividad que ha sido suspendida. Y si conviven en el domicilio dos o más miembros que tengan derecho a esta prestación la cuantía de cada de las prestaciones a las que tendrán derecho se reducen al 40% de la base mínima de cotización de la Seguridad Social. 

  • 2.- La prestación de cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia

Esta modalidad está pensada para cubrir aquellos autónomos que no han conseguido recuperar los niveles de actividad de su negocio y no tienen previsto que eso ocurra en los próximos meses. Para acceder a la prestación hay que cumplir dos requisito: el primero, haber cotizado como mínimo 12 meses anteriores a la fecha de solicitud de la prestación por cese de actividad. “Hay que recordar que desde al pasado enero de 2019, todos los trabajadores por cuenta propia están cotizando por cese de actividad, salvo los que están en tarifa plana que es voluntario, por tanto todos podrían acceder a esta prestación” apuntó Gómez. 

Y el segundo, que su facturación haya bajado un 50% entre el primer semestre de 2021 en comparación con respecto el segundo semestre de 2019. Es importante resaltar que, en el primer semestre de 2021, los rendimientos netos del autónomo que solicite esta modalidad de cese de actividad no deben superar los 7.980 euros.

Los autónomos interesados podrán solicitar resta modalidad desde el momento en el que entre el vigor el decreto, es decir desde el próximo 1 de febrero y hasta el 21 de ese mes. “En los casos en los que se solicite fuera de esa fecha, se empezará a cobrar la prestación a partir de la fecha en la que se solicite” dijo Gómez. Los autónomos que se acojan podrán cobrar el 70% de la base de cotización.

Según la directora general de ATA, “con la exoneración de la cuota de autónomos a la Seguridad Social ocurrirá lo mismo que ahora. El trabajador por cuenta propia no está exento de pagarla, sino que se la devuelven cuando recibe la prestación de la muta. El profesional deberá pagar su cuota y, cuando la mutua le haga el ingreso, cobrará la prestación más la devolución de la cuota que adelantó. Asimismo, Gómez explicó que hay dos conceptos de la cuota de autónomos que no se integrarán dentro de esa devolución: “se dejan fuera de la devolución la cotización por cese de actividad y la cotización por formación, que en base mínima suponen ambas unos 16 euros mensuales”.

  • 3.- Prestación extraordinaria para los trabajadores autónomos de temporada

A partir del 1 de febrero, debería ser más fácil acceder a la prestación por cese de actividad para los autónomos de temporada. Se trata de aquellos profesionales “que estuvieron trabajando como autónomos en los años 2018 y 2019 durante un mínimo de 4 meses y un máximo de 6 en cada uno de esos dos años. Es decir, se deben cumplir los requisitos de tiempo marcados en cada uno de los ejercicios” aseguró la directora general de ATA.

Dos de los meses en donde estos autónomos de temporada han tenido que estar dados de alta al RETA deben ser obligatoriamente entre enero y junio. El último requisito de esta modalidad es que en esta primera mitad del 2021 no se pueden obtener unos ingresos superiores a 6.650 euros

Al igual que en la anterior modalidad, hay que solicitar la prestación en los 21 primero días de febrero si se quiere cobrar el mes que viene. Si se hace más tarde, se empezará a recibir desde el día siguiente al de la solicitud. El importe de la prestación será el 70% de la base mínima (660 euros mensuales).

Uno de los aspectos de esta prestación es que “no obliga a estar dado alta en el RETA cuando se esté disfrutando de la prestación, dado que lo normal para estos autónomos de temporada es estar dado de baja en estos meses. El periodo en el que está cobrando la prestación, la mutua estará cotizando por los autónomos” señaló Gómez.

  • 4.- Prestación extraordinaria por bajos ingresos para quienes no puedan acceder a las anteriores. 

Se crea una modalidad de la prestación para aquellos cuyos ingresos sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) durante el primer semestre. Está pensada, según Gómez, para aquellos profesionales que no cumplan con el requisito de haber cotizado 12 meses por cese de actividad por estar, por ejemplo, en tarifa plana. Éstos cobrarán un mínimo de 760 euros al mes.

Filomena: Quíen paga los gastos y cómo reclamarlos

El paso de Filomena ha dejado media España cubierta de nieve… pero como sucede con los temporales, también ha causado muchos desperfectos: coches inutilizados, daños en viviendas, árboles, etc. ¿Quién se hace cargo de esos daños?.
Las aseguradoras consideran riesgos extraordinarios los daños causados por fenómenos de la naturaleza atípicos y dañinos. También se consideran extraordinarios los daños provocados por actos de terrorismo, tumultos, actuaciones de las fuerzas armadas, por ejemplo. Normalmente estos riesgos extraordinarios no están cubiertos por las aseguradoras privadas, sino que son asumidos por el Consorcio de Compensación de Seguros, un organismo público dependiente del Ministerio de Economía que funciona como aseguradora frente a esos siniestros causados por hechos extraordinarios, siempre que el usuario tuviera previamente contratado un seguro
Daños por la nevada, ¿un riesgo extraordinario?
¿Qué se considera daños causados por fenómenos de la naturaleza? Concretamente el Consorcio habla de inundaciones, embates de mar, huracanes, terremotos, maremotos, erupción volcánica, caída de aerolitos…
¿Y qué pasa con los daños causados por nevadas? No es tan claro si el Consorcio de Compensación de Seguros cubre o no los siniestros producidos directamente por la nieve o por heladas consecuencia de temporales como Filomena, pero sí indemnizará los daños derivados de la inundación por deshielo posterior, por ejemplo, o por fuertes vientos. 
En cualquier caso, si las nevadas de estos días han provocado daños materiales en tu vivienda o vehículo, además de comunicarlo a la aseguradora, es aconsejable ponerlo en conocimiento del Consorcio, lo antes posible.
Revisa tu seguro
Si la nevada ha provocado daños en tu casa o tu vehículo que no provengan de un riesgo extraordinario, es probable que tu propia póliza los cubra y se haga cargo de ellos: revisa tu seguro para ver si tienes contratada la cobertura adecuada:

  • En las viviendas, hay algunos riesgos y fenómenos de la naturaleza que sí están cubiertos por el seguro de hogar cuando, aunque no alcancen la magnitud de riesgo extraordinario, superan una cierta intensidad, como podría suceder en este caso con los daños causados por la nieve y sus consecuencias.
  • En el caso de automóviles, podrán reclamar los daños a las compañías de seguro los usuarios que tengan contratado un seguro de daños propios en la modalidad de todo riesgo.

¿Cómo actuar?
Si el temporal Filomena te ha causado daños, OCU te recomienda cómo reclamar:

  • Reclama tanto a tu aseguradora como al Consorcio: puedes hacerlo en www.consorseguros.es  
  • Es importante recopilar todas las pruebas que puedas para demostrar el origen y consecuencias del daño (desde informes de agencias u observatorios meteorológicos, fotos, informes de emergencias, policía, protección civil, bomberos…). Si tienes testigos, quédate con sus datos.

Viajes cancelados por la nevada 
¿No has podido viajar por causa de la nevada? Es claramente un caso de fuerza mayor, que ha obligado a suspender vuelos, viajes en tren o por carretera… ¿a qué tienen derecho esos viajeros?
Si Filomena ha obligado a cancelar tu vuelo tienes derecho al reembolso del billete o ubicarte en otro vuelo.
Tanto en caso de cancelación como de retraso es de más de dos horas o tres horas (según el tipo de vuelos), tienes derecho a asistencia (en retrasos de más de 2 horas tienen que darte comida, refrescos suficientes y dos comunicaciones cuando sea necesario pernoctar o una estancia adicional, alojamiento y traslados entre aeropuerto y hotel).
Al tratarse de causa de fuerza mayor, no tendrás derecho a la compensación automática prevista por el reglamento de la Unión Europea para estos casos.
Tampoco en otro tipo de transportes (tren, carretera) los retrasos provocados por causas extraordinarias se indemnizan, aunque el viajero puede tener derechoa a que le presten asistencia.
Si tenías una reserva que no has podido utilizar, podrás cancelarla sin gastos ni penalización alguna. Además, si habías adelantado dinero tienes derecho a recuperarlo, o bien, puedes acordar con el establecimiento cambiar la reserva para otra fecha, pero es el usuario quien decide qué prefiere.                                                                         

La justicia autonómica tumba el método de valoración de inmuebles del fisco

Los TSJ andaluz, valenciano y madrileño rechazan el uso de la tasación hipotecaria

Hacienda debe ceñirse a gravar el “valor real” del piso

La justicia autonómica parece decidida a tumbar el método tradicional de valoración de inmuebles aplicado por el fisco para calcular el cobro de impuestos a sus titulares. En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de sumarse al criterio ya defendido por el alto tribunal valenciano o el madrileño declarando que el uso de la tasación hipotecaria no es adecuado como referencia para estimar la tributación correspondiente por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o el de Sucesiones y Donaciones. En su lugar, dictamina, la Administración Tributaria debe de basarse en el “valor real”, aproximándose al precio de mercado de la vivienda.

Tradicionalmente, a la hora de gravar un inmueble la Administración Tributaria viene realizando la comprobación de valores con el método de la “tasación hipotecaria”, previsto en el artículo 57.1.g de la Ley General Tributaria, que da por bueno el importe que figura en la escritura de préstamo hipotecario, como tasación para una futura subasta. Así, aunque el contribuyente adquiera una vivienda por 180.000 euros, si en el crédito figura que es de 250.000 euros, será esta última cifra la que Hacienda tenga en cuenta a la hora de gravarla. El sistema fue amparado por el Tribunal Supremo en la doctrina fijada en 2011, en la que la Administración quedaba eximida de demostrar la coincidencia entre el valor de tasación y el real. La carga de la prueba, a la hora de demostrar que las cifras no eran coincidentes, recaía en el contribuyente, que debía demostrar la disparidad.

En mayo de 2018, sin embargo, el alto tribunal español matizó su doctrina al señalar que “el acto de determinación del valor real de los inmuebles” ha de ser individual, “motivado y fruto de un examen” del mismo, “normalmente mediante una visita al lugar”, abriendo la puerta a extender este criterio a cualquier valoración tributaria. La posibilidad fue aprovechada un año después por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que anuló una valoración del fisco basada en la tasación hipotecaria, al exigir a la Administración autonómica que justificara las diferencias de cálculo frente al valor declarado por el contribuyente. “Lo que no es posible, es identificar el valor real del bien con el de tasación hipotecaria, pues”, decía, dicha “valoración tiene una finalidad distinta”, concluía. Por tanto, agregaba la Administración solo puede usar este cálculo “cuando en la tasación hipotecaria conste reflejado el valor real de mercado del bien en la fecha de transmisión, y solo en dicho caso”.

El fallo supuso la abolición, de facto, de este tipo de valoraciones en la región. De hecho, el propio Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Valencia está anulando este tipo de liquidaciones al amparo del dictamen del tribunal autonómico.

Un criterio similar fue aplicado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid en junio de 2019, cuando sus magistrados decretaron que la tasación hipotecaria no podía considerarse igual al valor real del inmueble, salvo que la autoridad fiscal demuestre que lo es.

Ahora, el alto tribunal andaluz aprovecha también la sentencia del Supremo de 2018 para exponer que “la Administración debe explicar en primer lugar por qué inicia la comprobación de valores, es decir, por qué no acepta el valor real del contribuyente, y seguidamente por qué elige” como alternativa la tasación hipotecaria, existiendo otras. En una sentencia avanzada por el Diario de Sevilla y a la que ha tenido acceso este diario, el Tribunal expone que el fisco debe de basarse en el “valor real”, que define como “el que pactarían dos sujetos de derecho independientes en un contexto de mercado libre”. No hay “una cifra exacta”, admite, pero “se aproxima más el precio de la compraventa” que “el previsto para una venta forzosa como es la realización de la hipoteca”. Después de todo, matiza, el valor de cara a la hipoteca refleja otras cuestiones como “el de una venta futura, que garantizará el cobro del crédito ante posibles cambios y fluctuaciones del mercado”. “Algo por tanto muy distinto al valor real”, aduce, asumiendo que pueden coincidir pero “”habrá que probarlo y explicarlo y la Administración, en este caso, no lo ha hecho”. A tal efecto, ilustra, podría ser necesaria una visita pericial.

“Estamos ante una sentencia que supone un espaldarazo a los contribuyentes que, a día de hoy, siguen recibiendo comprobaciones de valores” del fisco basadas en la tasación hipotecaria, y para “aquellos que tengan recursos contra liquidaciones” de este tipo, expone José María Salcedo, socio del bufete Ático Jurídico, que ganó el caso de Valencia. Salcedo, recalca que este método de comprobación era, hasta ahora, uno de los más difíciles de recurrir, siendo el Tribunal de Valencia el único que estaba anulando estas comprobaciones sin exigir la práctica de prueba a los contribuyentes. Dado que son ya dos los tribunales autonómicos que han fallado en este sentido, el abogado de Ático Jurídico concluye que “lo lógico es pensar que otros Tribunales irán, poco a poco, acogiendo esta doctrina”, por lo que insta a los afectados por este tipo de cálculos a recurrir porque “las posibilidades de que dicha liquidación acabe anulándose, son cada vez mayores” en todo el país.

Gentileza de Cinco Días

Así vigila Hacienda los ingresos y los gastos que realizan los negocios

Hacienda cuenta con innumerables fuentes de información sin necesidad de visitar los negocios.

Hacienda conoce los ingresos y gastos de los autónomos, a veces, mucho antes de que los presenten en las declaraciones de IVA, IRPF o Sociedades. El avance de las nuevas tecnologías ha hecho que la Agencia Tributaria cuente con un flujo de información constante que procede de más de una veintena de fuentes diferentes y que le permiten vigilar muy de cerca cualquier posible fraude en los negocios. 

La introducción de herramientas como el Big Data o la Inteligencia Artificial -que han facilitado los cruces de información-, así como la entrada del SII (Suministro Inmediato de Información), ha hecho que la Agencia Tributaria pueda detectar el fraude de los pequeños negocios en cuestión de días. 

El programa de investigación marca la mayor parte del día a día de los inspectores de Hacienda. En el plan de selección de los técnicos entran algunos de los negocios que presentan discrepancias entre lo que se declara y lo que el Fisco conoce por sus bases de datosCuando nosotros incluimos en este plan a un contribuyente es porque tiene una discrepancia importante”, aseguró José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha). 

Cuantas más discrepancias tiene un contribuyente, más posibilidades tendrá de ser llamado. Esas discrepancia pueden ser muy variadas: “personas que presentan bajas rentas o bajos beneficios y que, sin embargo, tienen desde vehículos de gama alta hasta embarcaciones recreativas o incluso son titulares de una tarjeta visa oro. Ese tipo de cuestiones, que son signos externos, ya nos determinan y levantan las sospechas”, explicó José María Mollinedo. 

Para hallar estos indicios, se utilizan fuentes de datos de todo tipo: “notaría, tráfico, registros públicos de embarcaciones y de aeronaves, de hípica e incluso de procedimientos judiciales. Sin embargo, las más importantes para detectar el fraude de los autónomos son las que se recaban con la ayuda de las entidades financieras: desde líneas de crédito, hasta ingresos y retiradas de las cuentas bancarias. Ésta es posiblemente una de las informaciones más valiosas con las que cuenta la Agencia tributaria, porque permite conocer casi al detalle el dinero que ha movido el autónomo y si la suma coincide con lo que ha declarado “, explicó el secretario general de Gestha.

Control de los movimientos bancarios del autónomo

La Agencia Tributaria lleva años coordinando su acción de prevención del fraude fiscal y lucha contra el blanqueo de capitales con las entidades financieras. Éstas últimas son una pieza clave para Hacienda ya que no sólo tienen la obligación de facilitar los datos sobre cualquier movimiento de un cliente que el Fisco les solicite en el marco de una investigación, sino que también deben informar a la autoridad fiscal sobre las transferencias, ingresos y salidas de efectivo que superen ciertos límites marcados por ley.  

De este modo, Hacienda conoce lo que los autónomos ingresan y sacan de sus cuentas por dos vías diferentes. “La primera de ellas es la información que el banco reporta anualmente a la Agencia Tributaria, sin necesidad de que se le requiera. Estos datos son muy valiosos porque muestran con todo lujo de detalles lo que los autónomos facturan realmente, al margen de lo que declaren en sus modelos. Los bancos tienen la obligación de facilitar la suma de los importes pagados y cobrados en las cuentas”, comentó el secretario general del sindicatos de técnicos de Hacienda.. 

Si, por ejemplo,tiene entradas por valor de un millón, como ingresos, y salidas por 800.000 euros como pagos, ya sabemo”un negocios que puede tener alrededor de 200.000 euros de beneficio. Éste es un indicio del valor añadido bruto que puede tener ese empresario y que nos va a mostrar si, de verdad, declara todo lo que gana”, apuntó José María Mollinedo. 

Pero, además, los autónomos “también tienen la obligación de facilitar a Hacienda cualquier cobro o pago singular que supere los 3.000 euros”, dijo Mollinedo. Es decir que toda retirada o ingreso que el autónomo efectúe en el banco por valor superior a los 3.000 euros será reportado automáticamente a Hacienda para que verifique si coincide con el volumen de ingresos y gastos que declare más adelante, ya que la Agencia Tributaria entiende que todas las entradas en la cuenta del autónomo deberían coincidir con los ingresos declarados en sus respectivos modelos fiscales. Si fueran superiores podría sospecharse de la existencia de ingresos ocultos que se han percibido sin declarar.

Si no hay movimientos en las cuentas, saltan las alarmas

En todo caso, el dinero que se mueve en la cuenta es un indicio incluso cuando los movimientos se hacen fuera del banco. Con cualquier profesional, saltan las alarmas desde el momento en que “no se registra casi ningún movimiento en la cuenta y ningún tipo de consumo diario. Si un autónomo de cualquier oficio cobra en B habitualmente, lo normal es que no saque dinero de su cuenta, porque con lo que ingresa en efectivo y no declara puede vivir y consumir tranquilamente. Cuando nos damos cuenta de que el profesional no ha hecho ningún reintegro para el consumo diario, nos saltan rápido las alarmas porque lo que está claro es que nadie vive del aire”, explicó el secretario general de Gestha.

En estos casos, en los que existe una sospecha fundamentada de que “hay fraude, muchas veces, no hace falta ni siquiera detectar el propio dinero en B.  Aunque no descubras la venta oculta, puedes descubrir fácilmente el incremento patrimonial no justificado. No siempre se puede probar que un profesional que trabaja con clientes particulares está ingresando en efectivo sin declarar ese dinero. En todo caso, siempre se puede demostrar que no es posible que este profesional viva sin sacar ni mover dinero de la cuenta”, añadió José María Mollinedo.

Así pues, se prueba que hay un incremento de patrimonio. “A partir del consumo medio estimado para una familia por el INE, según la composición familiar que esa persona tenga, se le aplicaría el volumen estimado y se llevaría esta ganancia patrimonial no justificada al IRPF,  con su correspondiente escala de gravamen”, explicó el secretario general de Gestha.

También se verifican los cobros y pagos con tarjeta

Actualmente, son cada vez menos los establecimientos que no cuentan con un datáfono para los pagos con tarjeta. Y éste es precisamente otro de los lugares en los que Hacienda se fija para detectar posibles fraudes en el colectivo. ” Muchas de las ocultaciones de dinero en efectivo se logran destapar gracias a las emisiones de tarjeta, con las que se verifican los cobros y pagos”, dijo José María Mollinedo

Según explicó Mollinedo, “si una empresa ha vendido, por ejemplo, 200.000 euros y 190.000 euros los ha ingresado por banco por transferencias o pago con tarjeta, hay que analizar si ese negocio no tiene venta en efectivo, porque la venta en efectivo prácticamente no aparece”. 

En el caso de que se trate de un sector en el que es habitual la venta en efectivo, como bares y pequeños comercios, y sólo se registre el importe de la venta con tarjeta, “eso sería suficiente para que entre en el plan de comprobación porque hay un indicio de que pueda estar ocultando venta pagada en metálico”, apuntó el secretario general de Gestha. 

Limitación de pagos en efectivo a 1.000 euros

Otra de las bazas de Hacienda para luchar contra el fraude fiscal es limitar los pagos en efectivo por parte de autónomos y pequeños negocios. Con estas limitaciones, el profesional se ve obligado muchas veces a utilizar los medios electrónicos que, a diferencia del efectivo, dejan siempre huella y son mucho más fáciles de controlar.

Para tener bien vigilados todos los pagos en efectivo, entró en vigor el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de “modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude”. Con esta norma se estableció un límite de pagos en efectivo respecto de determinadas operaciones.

  • No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros -que bajará a 1.000 en 2021- o su contravalor en moneda extranjera.
  • El citado importe será de 15.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional.

Sin embargo, este límite tiene los días contados. El Gobierno informó de que pondrá en marcha un nuevo límite de pagos en efectivo para autónomos, profesionales y empresas a 1.000 euros. Esto se traduciría en una rebaja del 60% respecto al límite vigente de 2.500 euros fijado en 2012.  Por el momento, la sanción que marca la ley para aquellos que no respeten el actual límite es del 25% de la base de la sanción.

Información de clientes y proveedores

Además de los datos que Hacienda recaba con la colaboración de las entidades financieras, muchas veces, la Agencia Tributaria ya dispone de la mayoría de las facturas de los autónomos sin necesidad de requerirle documentación. De forma automática, la Agencia Tributaria ya cuenta en su base, cada cuatro días, con toda la información sobre las facturas emitidas y recibidas por empresas en el SII.

Por ello“aunque un pequeño negocio no forme parte de este sistema, es probable que alguno de sus proveedores o clientes sí lo estén, y aporten información constante de los ingresos y ventas de este autónomo sin que él lo sepa”, explicó José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda 

Además, los inspectores también cuentan con modelos como el 347 de ingresos y pagos de los empresarios, “en el que también vemos las operaciones que superan los 3.000 euros. Aunque el autónomo no las declare, es probable que sus clientes o proveedores empresarios, sí lo hagan, y ahí también se destaparía el fraude”, concluyó Mollinedo.

Gentileza de autónomos y emprendedores

Novedades fiscales y en Seguridad Social que afectarán al autónomo en 2021

El nuevo año trae novedades fiscales, en la jubilación, en las ayudas e incluso en la cuota de los autónomos.

Los autónomos dejan atrás uno de los años más complicados para el trabajo por cuenta propia y arrancan un nuevo año 2021 que vendrá cargado de novedades fiscales, en la cotización, en las ayudas que todavía siguen manteniendo a flote a buena parte del colectivo, y también en la futura jubilación de la que dependerán miles de nuevos pensionistas que dejarán su negocio para retirarse próximamente. 

2020 ha sido un año marcado por la crisis, pero también por decenas de reales decretos y de normas de Hacienda y Seguridad Social que afectan, en mayor o menor medida, a todos los autónomos. Sin ir más lejos, los trabajadores por cuenta propia ya notaron una subida de entre tres y doce euros en su cuota a la Seguridad Social que se volverá a producir, posiblemente, en los primeros meses de este año, sino en el mismo mes de enero. 

También las ayudas, que preocupan todavía a miles de autónomos, podrían sufrir grandes cambios en 2021. De hecho, a finales de este mismo mes de enero se discutirá la prórroga de los ERTEs y del cese de actividad. Y, aquellos que ya no necesiten de estas ayudas pero sí las hayan percibido, deben saber aún con todo  que en algunas modalidades de prestación, las mutuas revisarán pronto si los autónomos han cumplido con los requisitos para percibir durante el cuarto trimestre de 2020 las ayudas compatibles con la actividad. 

No sólo eso, 2021 promete ser uno de los años que más novedades fiscales traerá para el colectivo. Ya hay cambios que son seguros, como el mantenimiento -no se sabe por cuánto tiempo- de los módulos, las subidas de tributación a determinados umbrales del IRPF, o la aplicación de la famosa Tasa Google, que aunque no afecte directamente a la mayoría del colectivo, si puede afectar a los autónomos que trabajan para estas grandes plataformas. 

casi más importantes pueden ser los cambios para el colectivo que ya se han discutido, que muchas veces están en forma de proyecto de ley, y que podrían aprobarse más pronto que tarde. Desde el cambio del límite máximo para pagos en efectivo entre los autónomos y empresarios a 1.000 euros, hasta la rebaja de recargos para aquellos que presenten tarde sus declaraciones de impuestos.

También llegarán grandes cambios en la pensión. No hay que olvidar que la edad mínima y años cotizados para acceder a la jubilación ha cambiado, las pensiones se han revalorizado y, sobre todo, la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo aprobó varias recomendaciones que interesan mucho al autónomo y que podrían entrar en vigor muy pronto.

Cambios en materia de Seguridad Social

Sube la cuota de autónomos 

En los últimos meses de 2020, los autónomos se vieron sorprendidos por un incremento en los tipos de cotización -que afectan al importe de la cuota a pagar cada mes-, que si bien estaban aprobados y previstos desde el año 2018, habían pasado desapercibidos para la mayoría del colectivo. 

El pasado mes de octubre, la Tesorería General de la Seguridad Social avisó a los trabajadores por cuenta propia de una subida en los tipos de cotización, por contingencias profesionales y por cese de actividad. Esta subida tenía que haberse aplicado a la entrada de 2020 pero, sin embargo, acabó posponiéndose a raíz de la pandemia, según confirmaron a este diario fuentes de la Administración. De este modo, este año se llevó a cabo en octubre un aumento en el tipo de cotización por cese de actividad del 0,7% al 0,8% y por contingencias profesionales del 0,9% a un 1,1%. 

Próximamente, se aplicará un nuevo incremento de los tipos de cotización de otro 0,3% por cese de actividad y contingencias profesionales previsto para 2021, que se traducirá de nuevo en un aumento de entre tres y doce euros más al mes, dependiendo de si el autónomo cotiza por la base mínima o por la máxima. 

Entre 2,8 y 12 euros más al mes

Este nuevo incremento ya venía recogido en la disposición transitoria segunda del Real Decreto Ley del 28 de diciembre de 2018 para la revalorización de las pensiones públicas, y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. En la norma se recogen tres subidas diferentes y correspondientes a tres años: 2019, 2020 y 2021. Actualmente, la única subida de los tipos que quedaría por aplicar sería la de 2021, y se reflejará en un aumento de las cuotas hasta, como mínimo, los 289 euros -una vez más, en el caso de que el autónomo cotice por la base mínima-.  

Si, por ejemplo, el autónomo cotiza por la base mínima, es decir, 944,40 euros al mes, el incremento mensual de los tipos en un 0,3% subirá su cuota en 2,8 euros. Sin embargo, si el trabajador por cuenta propia está por la base máxima, que es de 4.070,10 euros, el aumento será de 12,24 euros mensuales.   

Los autónomos aún tienen que pagar entre 22 y 98 euros de deuda  

Por otro lado, como la subida de los tipos prevista para 2020 se tenía que haber producido en enero del año pasado y no se hizo hasta octubre por la pandemia, la Seguridad Social aún debe cobrarle a los autónomos ocho meses de incremento pendientes, es decir, desde enero hasta octubre, porque el mes de septiembre ya se cargó en la cuota de noviembre.  

La Seguridad Social tenía dos caminos. O subir de golpe la deuda acumulada durante los nueve meses en que no se les aplicó a los autónomos la subida de los tipos pactada en 2018 ( entre 22 y 98 euros según la base de cotización)  o hacerlo poco a poco. Se desconoce aún cuál va a ser el criterio pero si se sabe que a lo largo de 2021 todos los autónomos tendrán que pagar -más o menos- por esta deuda a través de sus cuotas.

La jubilación de los autónomos 

El nuevo año 2021 traerá varias novedades para los autónomos que pretendan acceder a la jubilación y también para los que ya lo hayan hecho. La reforma de las pensiones que entró en vigor en 2013 modifica año tras año, tanto la edad de acceso al retiro, como la forma de calcular la prestación de aquellos que vayan a jubilarse. 

A estas modificaciones que se van introduciendo cada año de forma automática, hay que sumar el reciente acuerdo que alcanzó el Pacto de Toledo para actualizar una veintena de recomendaciones para la futura reforma de las pensiones que podría tener en cuenta el Gobierno. Entre otras cosas, se podría modificar el método de cálculo para ampliar los últimos años que se tienen en cuenta para la pensión; se recuperará el IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones o  se podría aumentar las penalizaciones y los incentivos para los autónomos que adelanten o retrasen su jubilación respecto a la edad legal.

Novedades ya aprobadas: edad de acceso y revalorización de las pensiones

El Ejecutivo introdujo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2021 esta revalorización en base al Índice de Precios de Consumo para asegurar que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.  Este año, al ligar las pensiones a este marcador, la prestación que cobran los jubilados -autónomos y asalariados- subirá un 0,9% respecto a 2020. 

  • Sube el importe de la prestación

Trasladando este porcentaje al colectivo de trabajadores por cuenta propia, que en el mes de julio cobraron una pensión media de jubilación de 777 euros, se puede prever una subida mensual media de 6,8 euros que, por 12 pagas, supondría un aumento medio de 81 euros anuales.

Por otro lado, el Pacto de Toledo también acordó para el año 2021 mantener algunos periodos de cálculo que afectan a los pensionistas: no se modifican por el momento ni los 15 años de mínimo para acceder a la prestación contributiva por jubilación, ni la exigencia de que, al menos, dos de estos años correspondan a los últimos 15 años antes de jubilarse.   

Por el contrario, y en base a la reforma de 2013, este próximo año sí cambiarán tanto los requisitos de acceso a la jubilación en cuanto a la edad exigida y el tiempo mínimo cotizado para cobrar el 100% de la prestación, y también la forma de calcular la base reguladora de la que depende el importe de la prestación.

  • Cambia la edad de acceso

En la anterior reforma de las pensiones se fijó un incremento paulatino a aplicar entre 2016 y 2027 para aumentar de 65 a 67 años la edad para acceder a la jubilación ordinaria, así como del periodo mínimo de cotización, que subirá desde los 35 años en 2019 hasta llegar a los 38 años y 6 meses en 2027.

De este modo, desde enero de 2021, los autónomos que deseen jubilarse a lo largo del próximo año deberán, o bien tener cumplidos los 65 años si tienen 37 años y 3 meses o más cotizados o bien, en caso de no tener este periodo de cotización, haber cumplido los 66 años.  

Además, los autónomo que quieran jubilarse anticipadamente este año tienen que tener, al menos, 64 años y acreditar un periodo mínimo de cotización de 35 años, 15 de ellos anteriores al momento de jubilarse.

Siempre y cuando se cumplan estos requisitos, el autónomo podría acceder a la jubilación anticipada pero debe tener en cuenta que existen cuatro tramos de penalización, y que una de las recomendaciones del Pacto de Toledo al Gobierno es precisamente endurecer estos coeficientes que reducen la cuantía de la pensión. De momento y a la espera de posibles cambios, estos son los cuatro tramos actuales:

  • Cambios en el método para calcular la pensión

Para calcular la pensión que va a cobrar el autónomo se utilizan dos elementos: la base reguladora y los porcentajes aplicables a ésta última. Ambos se modificarán en 2021 y, por tanto, este cambio afectará  -en mayor o menor medida- a las pensiones de aquellos que decidan jubilarse a partir del próximo mes de enero. 

La base reguladora es lo que determina la pensión que va a recibir el autónomo desde el momento de su jubilación, durante el resto de su vida. Este importe se obtiene dividiendo la base de cotización del autónomo durante un determinado periodo de tiempo que cambia todos los años. 

Desde enero de 2021 se ampliará de los 23 a los 24 años el periodo cotizado a tener en cuenta para el cálculo de la pensión. De este modo, aquellos autónomos que se vayan a jubilar el año que viene, para saber cuánto cobrarán de pensión, deben sumar la base de cotización que han tenido durante los últimos 288 meses previos al momento de jubilarse y dividir el resultado por 366 (24 años contando con los dos meses de paga extra anual que les corresponden a los pensionistas). 

Cambios en la jubilación que podrían aprobarse en 2021

Además, en el marco de las recomendaciones trasladadas por el Pacto de Toledo y que podrían entrar en vigor pronto, una de las propuestas más importantes que afectará a los autónomos, sería la necesidad de acercar la edad real de jubilación a la edad legal mediante cambios en los coeficientes reductores que se vienen aplicando cuando un trabajador por cuenta propia pretende jubilarse anticipadamente, endureciéndolos en muchos casos para desincentivar el retiro antes de la edad marcada por la ley (ahora 65 años y 10 meses).  Al mismo tiempo, también se recomendaría incentivar más la jubilación demorada.  

Asimismo, también se propuso un sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos, implantado de manera gradual, atendiendo a las particularidades del colectivo y acordado en el marco del diálogo social.

Además, se trasladó al Gobierno la importancia de evaluar, a la mayor brevedad posible,  la facultad de elección de los años más favorables en la determinación de la base reguladora de la pensión.  Según la comisión, esta solución puede resultar interesante en supuestos como el de personas que, a partir de una determinada edad y durante un largo periodo de tiempo, hayan experimentado una reducción significativa de las bases de cotización. En todo caso, estas propuestas parece que todavía tardarán un tiempo en implementarse. 

Novedades fiscales que podrían afectar a los autónomos

En 2021 habrá una serie de subidas de impuestos, cambios normativos y  modificaciones en los trámites que se producirán a lo largo del año y que cambiarán la manera en la que los autónomos se relacionan con el Fisco. Algunos de estos cambios ya están aprobados y entrarán en vigor a partir de este mes y, otros, todavía están pendientes de aprobación.  Éstas son las que todavía están pendientes de aprobación:

  • Posible reducción de los recargos por presentar impuestos fuera de plazo

Dentro de las reformas incluidas en el proyecto de ley de medidas contra el fraude fiscal, actualmente en trámite parlamentario, estaría la reducción de los recargos a los contribuyentes que presenten fuera de plazo sus autoliquidaciones, como IVA, IRPF o Sociedad. 

Esta novedad, recogida en el artículo 27 de la citada Ley, podría entrar en vigor antes de verano y, según fuentes de Hacienda, “graduaría y suavizaría” estos recargos, haciendo que aumenten mes a mes, y no de golpe como sucede ahora. 

Hasta ahora, los recargos son del 5 % (hasta 3 meses), 10 % (entre 3 y 6 meses), 15% (entre 6 y 12 meses) y 20 % (más de 12 meses) más intereses de demora. Si entrara en vigor la reforma, pasarían a ser de un 1% por cada mes de retraso y a partir de los 12 meses sería del 15 % más intereses de demora. Además, también aumentarían los porcentajes de reducción de sanciones en caso de acuerdo y pago.

  • Se amplía el plazo del procedimiento sancionador tras las inspecciones

Dentro de la misma reforma fiscal se incluiría también una ampliación del plazo para iniciar el procedimiento sancionador relacionado con la inspección de algún tributo de 3 a 6 meses.

Esto significa que, si como resultado de una revisión parcial, el contribuyente debe proceder a regularizar su declaración, Hacienda puede iniciar un proceso sancionador dentro de los seis meses siguientes al momento en que fue notificado el proceso inicial de revisión del impuesto.  

  • Nuevos límites a los pagos en efectivo

Dentro del proyecto de ley de medidas contra el fraude estaría incluido un cambio que afectaría a los autónomos. Se trata de limitar aún más los pagos en efectivo: la ley fijaría un nuevo tope para las operaciones en efectivo entre profesionales y empresarios,  pasando de los 2.500 actuales, a sólo 1.000 euros. 

Cambios fiscales que ya están aprobados

Además, independientemente de si entra o no entra en vigor la nueva reforma fiscal, habrá otros cambios que afectarán a los autónomos. El inicio del nuevo año conlleva la entrada en vigor de diferentes normas fiscales que afectan a los autónomos. Según explicó el secretario técnico del Consejo General de Economistas (CGE), Luis del Amo, las novedades tributarias con las que se encontrarán los autónomos en 2021: :

  • Novedades en IRPF

En el IRPF se incrementará en un 2% el tipo marginal exclusivamente para importes de base liquidable general superiores a 300.000 €, que quedaran gravados al 24,50% (frente al 22,50 vigente hasta ahora). Además, se incrementa un 3 % el tipo marginal exclusivamente para importes de la base liquidable del ahorro superiores a 200.000 €, siendo el tipo aplicable del 26% (frente a 23%).

Por otro lado, en materia de Planes de pensiones se introducen dos importantes novedades. En los planes de pensiones individuales, que habitualmente se contratan a través de las entidades financieras, el importe desgravable de la base imponible del IRPF baja de 8.000 € a 2.000 €.

Se crean los planes de pensiones colectivos o de empresa, concebidos para los empleados. Y se prevé la constitución de un gran plan colectivo público para los autónomos y pymes que no puedan constituir sus propios planes de empresa. En este caso el límite desgravable se sitúa en los 8.000 € y se permitirá desgravar simultáneamente otros 2.000 € en un plan individual. Por tanto, el importe desgravable podría pasar de los 8.000 € a los 10.000 €.

  • Aumento del impuesto sobre primas de seguros

En 2021 habrá una subida del impuesto sobre las primas de seguros, que pasará del 6 % al 8 %. Se trata de un incremento del 33%, que tendrá repercusión, en el caso de los autónomos, en todos aquellos seguros relacionados con su actividad profesional.

  • Nuevo impuesto al plástico

En julio de 2021, la venta y uso de productos de plástico desechables estará prohibido. Ésta será una de las consecuencias más inmediatas que tendrá para el tejido empresarial el anteproyecto de ley de residuos que aprobó que obligará a cientos de negocios a cambiar y a transformar el funcionamiento de su actividad. Vasos para llevar el café a la oficina, toallitas, pajitas para la bebida, cubiertos desechables, la vajilla en muchos negocios de catering, tapones, botellas, fundas, bolsas y embalajes de los comercios,…y un largo etcétera que afecta a cientos de miles de negocios.  

El proyecto de norma, que el Gobierno prevé que esté publicada en el Boletín Oficial del Estado a finales de este año o a principios del siguiente, forma parte del la Estrategia Española de Economía Circular 2030. 

Para conseguirlo, el Gobierno recoge, por primera vez, en un texto legislativo una serie de propuestas. Una de las que más destaca es la limitación del uso de plástico.  Se trata de una medida que afecta muy especialmente a los trabajadores autónomos, ya que muchos de ellos se dedican a sectores como el comercio y la hostelería y la restauración, dónde se hace principalmente venta y uso de estos producto

Aparte de la prohibición del uso del plásticos  el texto del anteproyecto de la nueva de ley de residuos grava también su fabricación. Esto significa que el Ejecutivo pondrá en marcha la creación de un nuevo impuestoque sigue la línea de lo anunciado a principios del mes de marzo por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Este nuevo impuesto será de “carácter indirecto y recaerá sobre la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables que vayan a ser objeto de utilización en el mercado español” afirmó la ministra. 

  • Subida al 21% de bebidas azucaradas y edulcoradas

Además, hay otras medidas fiscales que también podrían afectar a los trabajadores por cuenta propia como la subida al 21% IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas, anunciada por el Gobierno. Si bien la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que se mantendría al 10% actual para bares y restaurantes, el incremento afectará previsiblemente a otras actividades como las máquinas de vending. 

  • La subida del impuesto de matriculación

A partir del 1 de enero de 2021, comprar un coche será más caro. Ese día entrará en vigor el nuevo sistema de medición de emisiones de CO2, el WLTP,  que encarecerá un 5% el coste de adquirir un vehículo en España. De tal forma, que un mismo vehículo pasará de un día para otro a costar entre 800 y 1.000 euros más.

La subida afectará, a todas aquellas personas que quieran renovar su coche, pero sobre todo a los concesionarios, muchos de ellos en manos de trabajadores por cuenta propia. Para estos profesionales la finalización del periodo de adaptación del WLTP llega en el peor momento posible para el sector, pues se produce justo cuando las ventas están cayendo más por la emergencia sanitaria,  las restricciones de movilidad y las limitaciones perimetrales impuestas entre las comunidades autónomas.

  •  La Tasa Google

El pasado mes de octubre, el Gobierno dio luz verde a la Ley de Impuestos sobre servicios digitales, comúnmente conocida como ‘Tasa Google’. Ésta, que entrará en vigor el próximo 16 de enero de 2021, supone la creación de un nuevo impuesto que “grava las prestaciones de determinados servicios digitales en los que exista intervención de usuarios situados en el territorio de aplicación del impuesto, por parte de los contribuyentes definidos en el artículo 8 de la ley”, apuntó del Amo. 

De esta forma, la Tasa Google sólo se impondrá a las personas jurídicas y entidades que el primer día del periodo de liquidación superen los dos umbrales siguientes: el importe neto de la cifra de negocios en el año natural anterior de 750.000.000 euros y el importe total de ingresos derivados de prestaciones de servicios digitales sujetos al Impuesto correspondientes al año natural anterior de 3.000.000 euros.

Si bien el nuevo impuesto no afectará directamente a los pequeños negocios, sino a las grandes plataformas, un informe de PricewaterhouseCoopers (PwC) revelaba que las grandes empresas afectadas repercutirán el sobrecoste generado por el impuesto, en los usuarios y, por lo tanto, en los pequeños negocios. 

Posibles cambios en el cese de actividad y los ERTEs  

El Gobierno puso en marcha varias medidas económicas a raíz de la crisis por el coronavirus que se han ido ampliando desde el pasado mes de marzo. En septiembre, tanto las ayudas por cese de actividad como los ERTEs dejaban de estar en vigor pero, finalmente, el Ejecutivo alcanzó un acuerdo con los agentes sociales para volver a extenderlas hasta enero.

Así, y hasta finales de enero, los autónomos pueden acceder a un total de tres prestaciones extraordinarias: para autónomos de temporada, en tarifa plana o que se hayan visto obligados a cerrar el negocio. Además, también se extendió la Prestación Ordinaria Extraordinaria por cese de actividad (POECATA), que es compatible con el desarrollo del negocio y que va dirigida a aquellos autónomos que prevean grandes caídas en la facturación durante el cuarto trimestre de 2020.  

Con estas ayudas, los autónomos pueden cobrar entre el 50% de la base mínima -unos 480 euros- y el 70% de su base de cotización, dependiendo del tipo de prestación a la que accedan. Además, también estarán exonerados del pago de su cuota a la Seguridad Social. 

Por otro lado, el Gobierno y los agentes sociales alcanzaron, por sexta vez, un acuerdo para prorrogar de nuevo los ERTEs (Expedientes de Regulación Temporal del Empleo), en varias modalidades, hasta el próximo 31 de enero de 2021.  Esta nueva extensión  trajo consigo tres nuevas modalidades de ERTE para cubrir las diferentes circunstancias en las que puede encontrarse un negocio. Por un lado, se pusieron en marcha los expedientes por limitación y por impedimento, que van dirigidos a aquellas actividades que desde octubre hasta enero puedan verse obligadas a cerrar o limitadas por algún decreto de las autoridades sanitarias.  Además, se extendieron los ERTE por fuerza mayor para una lista de 42 actividades 

El 31 de enero dejarían de estar en vigor ambas ayudas

Los autónomos deben marcar el 31 de enero en su calendario porque será ésta la fecha en la que dejarán de estar en vigor tanto las diferentes prestaciones por cese de actividad, como los ERTEs y sus exoneraciones. El Gobierno dio esta vez cuatro meses de vigencia a las ayudas para, después de Navidad, sentarse de nuevo a la mesa con los agentes sociales y analizar la posibilidad de poner en marcha una nueva prórroga. 

A pesar de que todavía queda un mes para que finalicen estas ayudas, el Gobierno ya adelantó en varias ocasiones su intención de mantener las prestaciones y los expedientes, tanto tiempo como sea necesario. Quizás el horizonte que baraja sea Semana Santa. 

En este sentido, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aclaró en su última intervención en la sesión de control al Senado que volverá a reunirse con las organizaciones de autónomos y los agentes sociales en el mes de enero para evaluar cómo está el colectivo de trabajadores por cuenta propia y para ver si se tienen que reajustar algunas de las medidas.

Por otro lado,  la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también señaló en una de sus últimas entrevistas que se van a necesitar ayudas en el marco de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), “probablemente hasta Semana Santa”, y que se mantendrán estos mecanismos “mientras sea necesario”.  

En marzo se comprobará si los autónomos tenían derecho al cese de actividad en 2020

Además, independientemente de la continuidad de las ayudas para autónomos, lo que ya está fijado por ley es que las mutuas comprobarán a partir del mes de marzo si los trabajadores por cuenta propia que percibieron en el cuarto trimestre de 2020 la prestación compatible con la actividad (POECATA) realmente cumplían los requisitos y tenían derecho a ella.

Esta prestación va dirigida sólo a aquellos autónomos que cumplan algunos requisitos como, por ejemplo, que sus ingresos hayan descendido en más de un 75% respecto al mismo trimestre del año anterior.  

La ley ya preveía que estas prestaciones se verificaran por las mutuas “ex post”, para acreditar que realmente los autónomos que accedieron cumplían el requisito de tener una caída media de la facturación superior al 75%. Aunque la norma no fijaba al principio una fecha concreta de revisión, según las gestorías consultadas, las mutuas empezaron a enviar solicitudes de acreditación de la primera prestación – la percibida en el estado de alarma- en el mes de septiembre, “si bien es cierto que todavía no se han recibido muchas”.   

Del mismo modo ocurre con las actuales prestaciones compatibles con la actividad. Según marca la ley, a partir del 1 de marzo de 2021, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, recabaran del Ministerio de Hacienda los datos tributarios de los ejercicios 2019 y 2020 necesarios para el seguimiento y control de las prestaciones reconocidas.

Comprobados los datos por la entidad colaboradora o gestora competente para el reconocimiento de la prestación, se procederá a reclamar las prestaciones percibidas por aquellos trabajadores autónomos que superen los límites de ingresos establecidos en este precepto, o que no acrediten una reducción en la facturación durante el cuarto trimestre del año 2020 de al menos el 75 por ciento en relación con el mismo periodo del año 2019.

La entidad competente para la reclamación fijará la fecha de ingreso de las cantidades reclamadas que deberán hacerse sin intereses o recargo. Transcurrido el plazo fijado, la Tesorería General de la Seguridad Social procederá a reclamar la deuda pendiente, con los recargos e intereses que procedan.

De constatar que no se cumple con las condiciones, la entidad exigiría al autónomo que abone un mínimo de 2.000 euros -correspondientes a 661 euros al mes durante tres meses por el 70% de la base mínima de cotización- junto con las exoneraciones de cuotas del mismo periodo de tiempo, que ascenderían a unos 800 euros -una vez más, en el caso de que se cotice por la mínima-. La devolución deberá hacerse de golpe y en un plazo de alrededor de 10 días.

Gentileza de Autonomos y emprendedores