Alerta por una estafa que suplanta a la Agencia Tributaria aprovechando la Renta 2020-2021

  • El Incibe detecta correos electrónicos que pretenden descargar malware
  • El objetivo de este malware es la obtención de datos personales de los usuarios

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha informado de que, aprovechando la llegada de la Campaña de la Renta, una estrategia de suplantación de la Agencia Tributaria mediante el envío de correos electrónicos tiene como objetivo que los usuarios se descarguen malware dañino para sus equipos.

De acuerdo con la información del Incibe, los primeros correos electrónicos que ya se han detectado tienen como asunto el concepto ‘Acción fiscal’ y tratan de aprovechar los primeros días de la Campaña de la Renta para lograr la descarga de archivos maliciosos.

En concreto, el correo objeto de la amenaza indica al receptor que pulse un enlace para acceder a la Sede Electrónica de la Seguridad Social o para descargar un PDF con indicaciones sobre la información fiscal del individuo. De caer en la trampa, se le llevará a una página web en la que se descargará el malware.

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Gentileza del Economista

Cómo son las nuevas prestaciones por cese de actividad y quién puede pedirlas en 2021

Prestación de cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia

¿Quiénes son los destinatarios?

Son aquellos trabajadores autónomos que prevén reducir sus ingresos por cuenta propia en más del 50% en el primer semestre del 2021 frente al segundo semestre de 2019 y no tienen Tarifa Plana en Seguridad Social.

¿Qué requisitos deben cumplir?

  • Estar afiliados y en alta el 1 de febrero de 2021 y permanecer de alta mientras se cobra la prestación
  • Contar con la cobertura del cese de actividad, 12 meses ininterrumpidos (desde febrero de 2020 a enero de 2021).
  • No haber cumplido la edad de jubilación, salvo si no tiene carencia para jubilarse.
  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas.
  • En caso de tener trabajadores, estar al corriente en sus obligaciones.
  • Reducción de ingresos por cuenta propia de más del 50% en el primer semestre del 2021 vs segundo semestre de 2019.
  • Rendimientos netos en el primer semestre del 2021, inferiores a 7.980 €.

Inicio y fin de la prestación

  • Si se solicita dentro de los primeros 21 días naturales de febrero de 2021, la prestación se inicia el 1 de febrero de 2021.
  • Si se solicita del 22 de febrero en adelante, la prestación se iniciará al día siguiente de la solicitud.
  • Esta prestación finaliza el 31 de mayo de 2021
  • A partir del 31 de mayo de 2021 solo se podrá continuar percibiendo esta prestación solicitando la prestación ordinaria de cese de actividad.

¿Debo cotizar?

Sí, debes ingresar la totalidad de las cotizaciones. La mutua pagará junto a esta prestación la parte de las cotizaciones por contingencia común.

¿Cuál es la cuantía de la prestación?

  • 70% de su base de cotización.
  • 50% de la base de cotización mínima de su actividad (si compatibiliza con trabajo cuenta ajena).

Incompatibilidades

  • Con el trabajo por cuenta ajena cuando los ingresos netos de éste, junto con el trabajo por cuenta propia, superen 2,2 veces el SMI (Salario Mínimo Interprofesional).
  • Y cuando los ingresos por cuenta ajena superen 1,25 veces el SMI.

Prestación extraordinaria para trabajadores autónomos que no tienen cabida en el art.7 o en el cese ordinario

¿Quiénes son los destinatarios?

Son aquellos trabajadores autónomos que no pueden acceder a la prestación ordinaria de cese de actividad (art.327 de la LGSS), ni a la prestación de trabajo por cuenta propia del artículo 7 del RDL 2/2021 por no cumplir los requisitos y que tienen o han tenido Tarifa Plana en Seguridad Social durante estos dos últimos años.

¿Qué requisitos deben cumplir?

  • No tener derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad o a la prestación prevista en el Art. 7 del RDL 2/2021.
  • Estar afiliado y de alta en el RETA antes del 1 de abril de 2020.
  • Continuar dado de alta mientras perciba la prestación.
  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas.
  • No tener rendimientos netos por cuenta propia en el primer semestre del 2021 superiores a 6.650 €.
  • Y, además, acreditar en el primer semestre del 2021 unos ingresos inferiores a los habidos en el primer trimestre de 2020.

¿Cuál es su duración?

  • Si se solicita dentro de los primeros 21 días naturales de febrero de 2021, la prestación se inicia el 1 de febrero de 2021.
  • Si se solicita del 22 de febrero en adelante, la prestación se iniciará el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud.
  • Finaliza el 31 de mayo de 2021.

¿Cuál es la cuantía de la prestación?

  • 50% de la base de cotización mínima de su actividad
  • 40% de la base de cotización mínima de su actividad si conviven en un mismo domicilio dos o más personas con derecho a prestación (hasta primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad)

¿Debo cotizar?

  • Exento de obligación de cotizar

Incompatibilidades

  • Con el trabajo por cuenta ajena cuando los ingresos sean superiores a 1,25 veces el importe del SMI (Salario Mínimo Interprofesional).
  • Con el trabajo de otra actividad por cuenta propia.
  • Percepción de rendimientos procedentes de una sociedad.
  • Percepción de Prestaciones de Seguridad Social, salvo que sean compatibles con su actividad.
  • Ayudas por paralización de flota en los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

Filomena: Quíen paga los gastos y cómo reclamarlos

El paso de Filomena ha dejado media España cubierta de nieve… pero como sucede con los temporales, también ha causado muchos desperfectos: coches inutilizados, daños en viviendas, árboles, etc. ¿Quién se hace cargo de esos daños?.
Las aseguradoras consideran riesgos extraordinarios los daños causados por fenómenos de la naturaleza atípicos y dañinos. También se consideran extraordinarios los daños provocados por actos de terrorismo, tumultos, actuaciones de las fuerzas armadas, por ejemplo. Normalmente estos riesgos extraordinarios no están cubiertos por las aseguradoras privadas, sino que son asumidos por el Consorcio de Compensación de Seguros, un organismo público dependiente del Ministerio de Economía que funciona como aseguradora frente a esos siniestros causados por hechos extraordinarios, siempre que el usuario tuviera previamente contratado un seguro
Daños por la nevada, ¿un riesgo extraordinario?
¿Qué se considera daños causados por fenómenos de la naturaleza? Concretamente el Consorcio habla de inundaciones, embates de mar, huracanes, terremotos, maremotos, erupción volcánica, caída de aerolitos…
¿Y qué pasa con los daños causados por nevadas? No es tan claro si el Consorcio de Compensación de Seguros cubre o no los siniestros producidos directamente por la nieve o por heladas consecuencia de temporales como Filomena, pero sí indemnizará los daños derivados de la inundación por deshielo posterior, por ejemplo, o por fuertes vientos. 
En cualquier caso, si las nevadas de estos días han provocado daños materiales en tu vivienda o vehículo, además de comunicarlo a la aseguradora, es aconsejable ponerlo en conocimiento del Consorcio, lo antes posible.
Revisa tu seguro
Si la nevada ha provocado daños en tu casa o tu vehículo que no provengan de un riesgo extraordinario, es probable que tu propia póliza los cubra y se haga cargo de ellos: revisa tu seguro para ver si tienes contratada la cobertura adecuada:

  • En las viviendas, hay algunos riesgos y fenómenos de la naturaleza que sí están cubiertos por el seguro de hogar cuando, aunque no alcancen la magnitud de riesgo extraordinario, superan una cierta intensidad, como podría suceder en este caso con los daños causados por la nieve y sus consecuencias.
  • En el caso de automóviles, podrán reclamar los daños a las compañías de seguro los usuarios que tengan contratado un seguro de daños propios en la modalidad de todo riesgo.

¿Cómo actuar?
Si el temporal Filomena te ha causado daños, OCU te recomienda cómo reclamar:

  • Reclama tanto a tu aseguradora como al Consorcio: puedes hacerlo en www.consorseguros.es  
  • Es importante recopilar todas las pruebas que puedas para demostrar el origen y consecuencias del daño (desde informes de agencias u observatorios meteorológicos, fotos, informes de emergencias, policía, protección civil, bomberos…). Si tienes testigos, quédate con sus datos.

Viajes cancelados por la nevada 
¿No has podido viajar por causa de la nevada? Es claramente un caso de fuerza mayor, que ha obligado a suspender vuelos, viajes en tren o por carretera… ¿a qué tienen derecho esos viajeros?
Si Filomena ha obligado a cancelar tu vuelo tienes derecho al reembolso del billete o ubicarte en otro vuelo.
Tanto en caso de cancelación como de retraso es de más de dos horas o tres horas (según el tipo de vuelos), tienes derecho a asistencia (en retrasos de más de 2 horas tienen que darte comida, refrescos suficientes y dos comunicaciones cuando sea necesario pernoctar o una estancia adicional, alojamiento y traslados entre aeropuerto y hotel).
Al tratarse de causa de fuerza mayor, no tendrás derecho a la compensación automática prevista por el reglamento de la Unión Europea para estos casos.
Tampoco en otro tipo de transportes (tren, carretera) los retrasos provocados por causas extraordinarias se indemnizan, aunque el viajero puede tener derechoa a que le presten asistencia.
Si tenías una reserva que no has podido utilizar, podrás cancelarla sin gastos ni penalización alguna. Además, si habías adelantado dinero tienes derecho a recuperarlo, o bien, puedes acordar con el establecimiento cambiar la reserva para otra fecha, pero es el usuario quien decide qué prefiere.                                                                         

La justicia autonómica tumba el método de valoración de inmuebles del fisco

Los TSJ andaluz, valenciano y madrileño rechazan el uso de la tasación hipotecaria

Hacienda debe ceñirse a gravar el “valor real” del piso

La justicia autonómica parece decidida a tumbar el método tradicional de valoración de inmuebles aplicado por el fisco para calcular el cobro de impuestos a sus titulares. En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de sumarse al criterio ya defendido por el alto tribunal valenciano o el madrileño declarando que el uso de la tasación hipotecaria no es adecuado como referencia para estimar la tributación correspondiente por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o el de Sucesiones y Donaciones. En su lugar, dictamina, la Administración Tributaria debe de basarse en el “valor real”, aproximándose al precio de mercado de la vivienda.

Tradicionalmente, a la hora de gravar un inmueble la Administración Tributaria viene realizando la comprobación de valores con el método de la “tasación hipotecaria”, previsto en el artículo 57.1.g de la Ley General Tributaria, que da por bueno el importe que figura en la escritura de préstamo hipotecario, como tasación para una futura subasta. Así, aunque el contribuyente adquiera una vivienda por 180.000 euros, si en el crédito figura que es de 250.000 euros, será esta última cifra la que Hacienda tenga en cuenta a la hora de gravarla. El sistema fue amparado por el Tribunal Supremo en la doctrina fijada en 2011, en la que la Administración quedaba eximida de demostrar la coincidencia entre el valor de tasación y el real. La carga de la prueba, a la hora de demostrar que las cifras no eran coincidentes, recaía en el contribuyente, que debía demostrar la disparidad.

En mayo de 2018, sin embargo, el alto tribunal español matizó su doctrina al señalar que “el acto de determinación del valor real de los inmuebles” ha de ser individual, “motivado y fruto de un examen” del mismo, “normalmente mediante una visita al lugar”, abriendo la puerta a extender este criterio a cualquier valoración tributaria. La posibilidad fue aprovechada un año después por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que anuló una valoración del fisco basada en la tasación hipotecaria, al exigir a la Administración autonómica que justificara las diferencias de cálculo frente al valor declarado por el contribuyente. “Lo que no es posible, es identificar el valor real del bien con el de tasación hipotecaria, pues”, decía, dicha “valoración tiene una finalidad distinta”, concluía. Por tanto, agregaba la Administración solo puede usar este cálculo “cuando en la tasación hipotecaria conste reflejado el valor real de mercado del bien en la fecha de transmisión, y solo en dicho caso”.

El fallo supuso la abolición, de facto, de este tipo de valoraciones en la región. De hecho, el propio Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Valencia está anulando este tipo de liquidaciones al amparo del dictamen del tribunal autonómico.

Un criterio similar fue aplicado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid en junio de 2019, cuando sus magistrados decretaron que la tasación hipotecaria no podía considerarse igual al valor real del inmueble, salvo que la autoridad fiscal demuestre que lo es.

Ahora, el alto tribunal andaluz aprovecha también la sentencia del Supremo de 2018 para exponer que “la Administración debe explicar en primer lugar por qué inicia la comprobación de valores, es decir, por qué no acepta el valor real del contribuyente, y seguidamente por qué elige” como alternativa la tasación hipotecaria, existiendo otras. En una sentencia avanzada por el Diario de Sevilla y a la que ha tenido acceso este diario, el Tribunal expone que el fisco debe de basarse en el “valor real”, que define como “el que pactarían dos sujetos de derecho independientes en un contexto de mercado libre”. No hay “una cifra exacta”, admite, pero “se aproxima más el precio de la compraventa” que “el previsto para una venta forzosa como es la realización de la hipoteca”. Después de todo, matiza, el valor de cara a la hipoteca refleja otras cuestiones como “el de una venta futura, que garantizará el cobro del crédito ante posibles cambios y fluctuaciones del mercado”. “Algo por tanto muy distinto al valor real”, aduce, asumiendo que pueden coincidir pero “”habrá que probarlo y explicarlo y la Administración, en este caso, no lo ha hecho”. A tal efecto, ilustra, podría ser necesaria una visita pericial.

“Estamos ante una sentencia que supone un espaldarazo a los contribuyentes que, a día de hoy, siguen recibiendo comprobaciones de valores” del fisco basadas en la tasación hipotecaria, y para “aquellos que tengan recursos contra liquidaciones” de este tipo, expone José María Salcedo, socio del bufete Ático Jurídico, que ganó el caso de Valencia. Salcedo, recalca que este método de comprobación era, hasta ahora, uno de los más difíciles de recurrir, siendo el Tribunal de Valencia el único que estaba anulando estas comprobaciones sin exigir la práctica de prueba a los contribuyentes. Dado que son ya dos los tribunales autonómicos que han fallado en este sentido, el abogado de Ático Jurídico concluye que “lo lógico es pensar que otros Tribunales irán, poco a poco, acogiendo esta doctrina”, por lo que insta a los afectados por este tipo de cálculos a recurrir porque “las posibilidades de que dicha liquidación acabe anulándose, son cada vez mayores” en todo el país.

Gentileza de Cinco Días

Las nuevas restricciones para Madrid: movilidad limitada, aforos al 50% en hostelería y comercio y reuniones de no más de seis personas.

Aunque parece ser que la Comunidad de Madrid va a recurrir a los Tribunales, a continuación indicamos las restricciones que el Estado aprobó hoy jueves para la Comunidad de Madrid (CAM). Estas no serán de aplicación hasta que se pronuncien los Tribunales (en caso de reclamación por parte de la CAM) o así se haga saber de manera general.

Limitación de los desplazamientos. Se restringirá la entrada y salida de personas del municipio como norma general, si bien se permiten muchas excepciones para desplazamientos justificados: asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales; asistencia a centros universitarios, docentes y educativos (incluidas las escuelas de educación infantil); retorno al lugar de residencia habitual; asistencia y cuidado a mayores, menores o dependientes… También se permiten desplazamientos a entidades financieras y de seguros que no puedan aplazarse, actuaciones requeridas ante los órganos públicos, judiciales o notariales, y también renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables. Además, estará permitido moverse para la realización de exámenes o pruebas oficiales, así como por causa de fuerza mayor o situación de necesidad, e incluso en cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada. La resolución no habla de la forma de justificar estos desplazamientos. Además, se realiza una recomendación explícita de evitar todo movimiento o desplazamiento innecesario en los municipios afectados.

Circulación por las carreteras. La circulación por carreteras y viales que transcurran o atraviesen los municipios confinados se permitirá cuando tenga origen y destino fuera de los mismos.

Movilidad en las ciudades. Dentro de los propios municipios, los ciudadanos podrán moverse “siempre respetando las medidas de protección individual y colectiva establecidas por las autoridades sanitarias competentes”, sin excluir que puedan fijarse restricciones más estrictas por parte de las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha establecido limitaciones por zonas de salud en la capital.

Parques infantiles. El texto de Sanidad no incluye finalmente ninguna limitación sobre parques o parques infantiles, como se había anunciado en un primer momento, por lo que en principio no obliga a cerrarlos, aunque la comunidad autónoma puede hacerlo, como ya ha hecho Madrid con los parques infantiles de las zonas sanitarias confinadas.

Reuniones. Las reuniones familiares y sociales estarán limitadas a un máximo de seis personas en todos los casos, ya se celebren en “espacios públicos o privados” a excepción de que “se trate de convivientes y excepto en el caso de actividades laborales e institucionales o en el de actividades en que se establezcan límites o medidas específicas”.

Lugares de culto y velatorios. En los lugares de culto, el aforo máximo será de un tercio, garantizando en todo caso la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros; en los velatorios, 15 personas en espacios al aire libre o 10 en espacios cerrados, sean o no convivientes.

Tiendas, bares y restaurantes. Tiendas, locales de hostelería y de apuestas podrán trabajar con un aforo máximo del 50% (60% en espacios exteriores); el horario de cierre será a las 22.00 para los comercios y a las 23.00 para la hostelería, aunque no se podrán admitir nuevos clientes desde las 22.00. “El consumo en barra no estará permitido”, recoge el documento. En todos los casos, “las mesas o agrupaciones de mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5 metros”, respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de mesas, y tener una ocupación máxima de seis persona.

Autoescuelas y academias. Las academias de formación no reglada y autoescuelas también podrán trabajar al 50% de su aforo, el mismo porcentaje que podrán acoger las instalaciones deportivas en espacios interiores (el 60% en exteriores). “La práctica deportiva en grupos se reducirá a un máximo de seis personas”, sigue el texto.

Rastreadores. El acuerdo también prevé que las comunidades con ciudades en esta situación “reforzarán sus capacidades para la detección precoz y el control de la enfermedad” de acuerdo con los planes ya acordados entre Sanidad y las comunidades.

Revisión de la situación. Las autonomías afectadas y Sanidad “revisarán semanalmente de manera conjunta la situación epidemiológica de los municipios” confinados y decidirán, también de forma conjunta, “la modificación del ámbito de aplicación de las medidas” que permitirá levantar el confinamiento cuando mejoren los indicadores.

El Ministerio de Inclusión y los autónomos acuerdan extender las ayudas hasta el 31 de enero de 2021

Se prorrogan las ayudas para autónomos de temporada y la prestación por cese ordinario compatible con la actividad para trabajadores con fuerte caída de la facturación.

 Quienes no cumplan los requisitos para acceder a la prestación compatible con la actividad podrán solicitar una ayuda si ingresan menos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
 Se crea una nueva prestación para aquellos que sufran el cierre de sus negocios como consecuencia de una decisión de las autoridades sanitarias.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha consensuado con las asociaciones mayoritarias de autónomos la prórroga de las ayudas a los trabajadores por cuenta propia hasta el 31 de enero de 2021. El acuerdo incluye la creación de una nueva prestación extraordinaria por suspensión de la actividad y la prórroga hasta el 31 de enero de 2021 de la prestación por cese compatible con la actividad y para autónomos de temporada. Además, para cubrir a aquellos que no cumplen los requisitos para acceder a la prestación compatible con la actividad (por ejemplo, por tener una tarifa plana o no haber cotizado durante los últimos doce meses) se crea una nueva ayuda por bajos ingresos.

La nueva prestación extraordinaria por suspensión de actividad está
dirigida a aquellos trabajadores autónomos con una suspensión temporal
de toda su actividad como consecuencia de una resolución de las
autoridades administrativas competentes para la contención de la
pandemia de la COVID 19.

Los requisitos para acceder a esta prestación son: estar afiliado y en alta
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta propia o Autónomos (RETA) al menos 30 días naturales antes de la fecha de la resolución. Además, tendrá que estar al corriente de pago de las cuotas. La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización, cantidad que se incrementará un 20% si el trabajador autónomo es miembro de una familia numerosa. El autónomo quedará exonerado de pagar las cuotas a la Seguridad Social, pero ese periodo le contará como periodo cotizado. La exoneración de cuotas se extenderá hasta el último día del mes siguiente al que se levante dicha medida.

Asimismo, el acuerdo incluye la prórroga de la prestación ordinaria de cese
compatible con la actividad hasta el 31 de enero, siempre que durante el
cuarto trimestre de 2020 se sigan cumpliendo los requisitos exigidos para
su concesión, entre ellos, acreditar una reducción en la facturación durante
el cuarto trimestre de 2020 de al menos el 75% en relación con el mismo
periodo de 2019, así como no superar unos rendimientos netos de 5.818,5
euros (1,75 veces el SMI) en el periodo octubre-diciembre de este año.

Quienes no cumplan los requisitos para acceder a esta prestación, por
ejemplo, por tener una tarifa plana o no haber cotizado el período mínimo
necesario (12 meses), podrán solicitar una ayuda por bajos ingresos
siempre y cuando sus ingresos en el último trimestre de 2020 no superen
el salario mínimo interprofesional. La cuantía de la prestación será del 50%
de la base mínima de cotización e igualmente estará exonerado de abonar
las cuotas y le computará como cotizado.

Por último, se prorroga las ayudas para los trabajadores autónomos de
temporada con una flexibilización de los requisitos temporales. Esta
prestación estará condicionada a haber cotizado un mínimo de cuatro
meses entre los meses de junio y diciembre de 2018 y 2019, no superar
los 23.275 euros de ingresos durante 2020 y no haber desarrollado
actividad no haber estado dado de alta o asimilado al alta desde 1 de marzo
al 31 de mayo. La cuantía de esta prestación será equivalente al 70% de
la base mínima de cotización e incluye la exoneración de las cuotas.
Todas las prestaciones comenzarán a devengarse con efectos de 1 de
octubre de 2020 y tendrán una duración máxima de 4 meses, siempre que
la solicitud se presente dentro de los primeros quince días naturales de octubre. En caso contrario los efectos quedan fijados en el primer día del
mes siguiente al de la presentación de la solicitud.

Cambio de criterio de la Seguridad Social: los autónomos societarios tiene el derecho a la tarifa plana

Ante la reciente doctrina jurisprudencial, la TGSS ha tenido que modificar el criterio que venía estableciendo por el que se denegaba el acceso a la tarifa plana por alta en el RETA a los autónomos societarios. De esta forma, se permitirá  ” a los trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles capitalistas (llimitadas o anónimas), acceder a los beneficios previstos”.

Reclamaciones en curso

Ante la nueva interpretación del art. 31 LETA, la TGSS procederá a estimar los recursos de alzada que se formularan al respecto, quedando abierta la posibilidad de revisiones de solicitudes denegadas con anterioridad, si así se insta expresamente por los interesados.

Se acata la doctrina del TS

El acceso a la «Tarifa plana 60 euros» para los autónomos societarios no se encuentra regulado expresamente. Hasta el momento, el criterio restrictivo utilizado por la Entidad Gestora hacia este colectivo implicaba su exclusión de las bonificaciones para alta en el RETA; no obstante, la STS Nº 1669/2019, de 3 de diciembre de 2019, Ecli: ES:TS:2019:3887, creó jurisprudencia reconociendo el derecho a los beneficios del art. 31 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo (Beneficios en la cotización a la Seguridad Social aplicables a los trabajadores por cuenta propia), a una socia administradora única de una sociedad unipersonal de responsabilidad limitada, de 25 años, que no había realizado previamente actividad económica y ha sido dada de alta en el RETA. Se declara el derecho a la aplicación de los beneficios en la cotización a la Seguridad Social aplicable al alta en el RETA de la autónoma societaria, con la consiguiente obligación de la Tesorería General de la Seguridad Social a reintegrar a la recurrente las diferencias de cotizaciones consiguientes.

Posibilidad de reclamar las cuotas recaudadas injustamente hasta cuatro años después de su abono

Como adelantamos en nuestra noticia del pasado 10/02/2020, el fallo de la Sala de lo Contencioso expone concretamente:

“Declaramos el derecho de la recurrente a la aplicación de los beneficios previstos por el artículo 31.1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, con la consiguiente obligación de la Tesorería General de la Seguridad Social de reintegrar a la recurrente las diferencias de cotización consiguientes.”

De esta forma, no sólo se reconoce a los autónomos societarios los mismos derechos e igualdad de condiciones que los autónomos persona física para acceder a la tarifa plana, sino que se posibilita solicitar devoluciones de cuotas abonadas en exceso si la Tesorería General de la Seguridad Social hubiese negado en su momento el acceso a la bonificación a este colectivo.

No obstante, el plazo para solicitar una posible devolución de la cuota de autónomo societarioprescribirá a los cuatro años desde el primer pago.

Aplicación de la deducción por adquisición de vivienda habitual, en caso de sustitución del préstamo por uno nuevo de igual importe que el pendiente por amortizar

Cuestión

Posibilidad de seguir deduciéndose por adquisición de vivienda habitual por las cantidades que satisfaga por amortización del principal e intereses del nuevo préstamo, así como por los gastos ocasionados por el cambio de préstamo.

Descripción

El  consultante constituyó antes de 2010 un préstamo hipotecario para financiar la compra de su vivienda habitual, por el cual viene practicando la deducción por inversión en vivienda habitual. En 2019 quiere, al haberle ofrecido mejores condiciones, hacer una subrogación o cancelarlo y suscribir uno nuevo de igual importe que el pendiente por amortizar del actual.

Contestación

Se parte de la premisa de que al  consultante le es de aplicación, con respecto de la vivienda objeto de  consulta, el régimen transitorio que permite continuar aplicando la deducción por inversión en vivienda habitual a partir del ejercicio 2013, regulado por la disposición transitoria decimoctava de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobada por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (BOE de 29 de noviembre), en adelante LIRPF.

La deducción por inversión en vivienda habitual, en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2012, se recoge en los artículos 68.1, 70 y 78 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (BOE de 29 de noviembre), en adelante LIRPF, siendo el primero de ellos, concretamente en su número 1º, donde se establece la configuración general de la deducción estableciendo que, con arreglo a determinados requisitos y circunstancias, los contribuyentes podrán aplicar una deducción por inversión en su vivienda habitual. Dicha deducción se aplicará sobre “las cantidades satisfechas en el período de que se trate por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual” de los mismos.

Añade que la base de deducción, con el límite de 9.040 euros anuales, “estará constituida por las cantidades satisfechas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda, incluidos los gastos originados que hayan corrido a cargo del adquirente y, en el caso de financiación ajena, la amortización, los intereses, el coste de los instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés variable de los préstamos hipotecarios regulados en el artículo decimonoveno de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica, y demás gastos derivados de la misma. En caso de aplicación de los citados instrumentos de cobertura, los intereses satisfechos por el contribuyente se minorarán en las cantidades obtenidas por la aplicación del citado instrumento”.

Referente a la inversión que es susceptible de deducción, la norma no establece ningún tipo de restricción en cuanto a la procedencia de la financiación -propia o ajena-, y forma en la que esta se compone -uno o varios préstamos o créditos y, en su caso, garantías exigidas para su concesión-. Siendo irrelevante que el préstamo se obtenga de un familiar.

Tratándose de inversión mediante financiación ajena, la deducción se practicará a medida que se vaya devolviendo el principal y se abonen, en su caso, los correspondientes intereses, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos exigidos para la aplicación de la deducción.

La sustitución de un préstamo por otro, cualquiera que fuera la forma acordada -con las garantías y condiciones que cualquiera de ellos tuviese-, no conlleva entender que en ese momento concluye el proceso de financiación de la inversión correspondiente y se agotan las posibilidades de practicar la deducción, ello únicamente implica la modificación de las condiciones de financiación inicialmente acordadas, siempre que, evidentemente, el nuevo préstamo se dedique efectivamente a la amortización del anterior.

Por ello, las anualidades (cuota de amortización e intereses) y demás cuantías que se satisfagan por el nuevo préstamo -en su constitución, vida y cancelación-, en la parte proporcional que del capital obtenido en este sean atribuibles a la amortización o cancelación del préstamo originario y en la que corresponda a la parte indivisa de la vivienda que comenzó a construir con anterioridad a 2013 -habiéndose este primero destinado exclusivamente a la adquisición de la vivienda habitual-, incluida en su caso la cancelación registral hipotecaria, darán derecho a deducción por inversión en vivienda habitual, formando parte de la base de deducción del periodo impositivo en que se satisfagan, siempre que se cumplan los demás requisitos legales y reglamentarios exigidos.

Cuestión distinta sería un supuesto de cancelación, parcial o total, de la deuda y una posterior obtención de crédito, incluso con la garantía de los citados bienes o mismo período de amortización del que quedaba pendiente del precedente, sin continuidad entre ambos. Lo cual habría que entender que son operaciones distintas, e implicaría la pérdida al derecho a practicar la deducción por inversión en vivienda habitual por la nueva financiación. Cosa que no ocurriría si se produjese la cancelación del primero con parte del principal del nuevo que se constituyese en el mismo acto.

Respecto del nuevo préstamo, como de cualquier otro, el  consultante deberá poder acreditar la conexión con el prestamista, su destino  vinculado a la vivienda y la justificación de su devolución; ello deberá efectuarse utilizando cualquiera de los medios de prueba generalmente admitidos en derecho, correspondiendo la valoración de las pruebas aportadas a los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria.

Las otras consecuencias de COVID-19

Termina el mes de agosto y parece ser que el Gobierno de nuestro país y a través de sus agencias de recaudación (Tesorería de la Seguridad Social y Agencia Tributaria), está en la labor de recaudar al máxio posible, ya que la falta de fondos en la caja del Estado debe ser preocupante.

Por un lado la inspección de la Seguridad Social ha emitido una nota titulada:

“NOTA INFORMATIVA SOBRE LA POSIBLE CONSIDERACIÓN COMO CONTINGENCIA PROFESIONAL DE LAS ENFERMEDADES DERIVADAS DE LA EXPOSICIÓN AL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2) Y LA PROCEDENCIA DEL RECARGO DE PRESTACIONES POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD”

Y esto qué quiere decir?.

Pues que la inspección está estudiando la manera de aumentar el pago a la Seguridad Social para aquellas Empresas que tengan de baja a trabajadores por COVID-19 y no puedan demostrar que pusieron todos los medios a su alcance para evitar en la empresa el contangio de dichos trabajadores.

Por otro lado y según hemos podido constatar nosotros mismos, así como por otros prefesionales de la asesoría de empresas, están lloviendo los requerimientos de la Agencia Tributaria sobre todo tipo de cuestiones y a todo tipo de constribuyentes.

Por lo anterior se desprende que nos esperan tiempo difíciles y que las Administraciones mirarán con lupa todos nuestros movimientos.

Estos son los gastos deducibles más difíciles de justificar por un autónomo o PYME

A menudo, los profesionales autónomos se preguntan si deberían haber presentado ciertos gastos en su declaración del IVA para deducirlos. El desconocimiento es la principal causa de ello. Y es que algunos gastos no son tan fácilmente identificables como otros.

En este artículo vamos a recopilar algunos de los gastos más difíciles de justificar ante la Agencia Tributaria. El primero de ellos serían los gastos de representación, y es que no es tan sencillo demostrar que una comida se ha celebrado exclusivamente con fines laborales, y en este caso no bastaría con el ticket del restaurante –como sí ocurre con los gastos de manutención siempre que sea un local de hostelería en horario laboral y el pago se hizo con un medio electrónico-.

Otro de los gastos más complejos a la hora de justificar son los del teléfono móvil. Y es que sería deducible si su uso es 100% con fines profesionales, algo que resulta complejo en el mundo en el que vivimos.

El autónomo tendría que demostrar que las llamadas se realizan únicamente en días hábiles y en horario laboral, algo que no siempre se da, ya que habrá ocasiones en los que tengas que llamar a un cliente fuera de ese horario. Además, tendrás que demostrar que todos los teléfonos se corresponden con clientes. Si lo puedes justificar y la factura viene a tu nombre, podrás deducirte hasta el 100%.

En el caso, de la ropa de trabajo, aquí no hay tantas dificultades si se trata de un uniforme o un vestuario de protección. También si lleva el logotipo de empresa. Pero en el caso de trajes, ropa formal o vestuario para artistas resulta imposible demostrar que solo se usará para tu actividad laboral.

Gastos relacionados con el vehículo

Otra de las dudas más comunes para los profesionales por cuenta propia es la de si pueden deducir los gastos de su vehículo, algo que será posible siempre que se utilice para desarrollar su actividad económica. Podrás deducir hasta el 100% del IVA de la compra de tu vehículo de empresa si tu actividad está relacionada con el transporte –mercancías o personas-.

También ocurre lo mismo si la actividad está relacionada con tareas de seguridad o vigilancia, o si tu actividad se trata de una autoescuela o de promoción de ventas y demostraciones de vehículos. También sería posible si puedes justificar que el vehículo será utilizado para los desplazamientos de tus agentes comerciales.

Por otro lado, se encuentran los gastos derivados del vehículo, como la compra de combustible, los peajes o el pago de una plaza de parking. Por lo general, este tipo de gastos tienen un límite de hasta el 50% para deducir. Eso sí, no es nada sencillo demostrar que el gasto de ese parking ha sido por asuntos laborales, o que la gasolina se ha utilizado para un desplazamiento por motivos de trabajo.

Vivienda y teletrabajo

El trabajo desde casa se reguló de nuevo en 2018, con la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, que permitió a este colectivo deducirse parte de los gastos derivados de su trabajo en casa, como los de suministros o los de Internet. Eso sí, existen diferencias de tratarse de una vivienda en propiedad o en alquiler.

En el caso de los suministros, tendrás que justificar que destinas al menos un 20% de tu hogar a tu actividad profesional, y la deducción será del 30% de ese 20%, lo que suele implicar demasiado papeleo para unos 35 euros que podrán deducirse en total.

Cuando tu vivienda sea de tu propiedad, podrás deducirte un porcentaje del seguro del hogar, el IBI o de los gastos de comunidad si tienes un despacho o un taller que represente el 20% del hogar. La deducción será del 20%, pero no podrás deducirte la hipoteca de esa parte de la vivienda, lo cual es menos beneficioso.

Gentileza de Cinco Días