Medidas tardías e insuficientes: un año de propaganda e improvisación

D. José María Rotellar, profesor de economía de la Universidad Francisco de Victoria, ha realizado unas declaraciones al periódico económico Expansión, en las que resume claramente lo ocurrido hasta ahora con trabajadores autónomos y pequeñas empresas en lo referente a la pandemia, comentando además las ayudas aprobadas por el Gobierno el pasado viernes.

Así, toda la cronología económica de la pandemia ha sido un auténtico despropósito, al basarse en la búsqueda de golpes de efecto, en lugar de pensar en los cientos de miles de personas cuya vida se empobrecía hasta el término de pasar hambre en muchos casos, al ver sus empresas o las empresas en las que trabajaban completamente arrasadas por las medidas impuestas.

Cuando se cumple ahora un año desde que el Gobierno decretó el primer estado de alarma, llega ahora el Ejecutivo con un conjunto de medidas que dicen que son para apoyar al sector productivo. Sin embargo, podemos comprobar que, una vez más, se ha impuesto el gabinete de mercadotécnica que se ha instalado en La Moncloa en lugar del necesario sentido común que está ausente en el banco azul. Las ayudas se moverán en una horquilla de entre 3.000 euros y 200.000 euros (hasta sumar 7.000 millones de euros en el agregado de las ayudas movilizadas), y podrán acceder a ellas empresas del sector de la hostelería, turismo y comercio, así como pymes, además de autónomos que no tributen en módulos, que hayan perdido el 30% o más de sus ingresos y que habrán de ir destinadas a pagar gastos fijos y deudas. Se trata de medidas tardías e insuficientes, envueltas en la propaganda y la improvisación. Son tardías porque no se puede dejar pasar todo un año para tratar de salvar a las empresas por los cierres obligatorios que han tenido que llevar a cabo por imposición del poder público, en un hecho sin precedentes, por mucho que haya sido repetido en la mayoría de los países – alternativa, hay, pues algunos otros no han adoptado esa decisión y no les ha ido peor sanitariamente-.

Estas medidas económicas tenían que haber sido puestas en marcha desde el principio de la pandemia, para poder sostener al tejido productivo. Habría llegado a ser, de hacerlo bien, una inversión y no un gasto, que habría permitido al grueso de empresas continuar y que habría redundado, por tanto, en bienestar para la sociedad española, además de compensar la injusticia que supone la obligación del cierre.

Sin embargo, se prefirió ir por la vía de la propaganda, anunciar que se iban a poner en marcha canales de liquidez por importe de 100.000 millones de euros que movilizarían otros 100.000, con la iniciativa de los créditos ICO, y vender un aplazamiento de impuestos como una concesión relevante al sector empresarial. ¿Qué sucedió? Que ya entonces tardaron mucho en aprobar las escasas medidas, que los créditos no era la solución, pues se veía de lejos que las empresas no iban a poder recuperar su negocio antes de que venciese el plazo de carencia, y que el trasladar hacia delante los impuestos no aliviaba nada. Se optó por medidas vacías de contenido mientras se incrementaban las restricciones, hasta el punto de hundir a la economía nacional, especialmente a las actividades de comercio, ocio, hostelería y turismo, que no dejan de caer.

Es verdad que la liquidez que anunciaron, si la hubiesen ejecutado bien, correctamente, sin retrasos y apoyando más directamente a las empresas a las que obligaban a cerrar, habría sido positivo, y así lo dije en estas páginas en un artículo que publiqué a finales de marzo de 2020, al evaluar las luces y sombras de las medidas que anunció Sánchez, pero el problema es que las expectativas que levantó fueron defraudadas por su márketing. Al profundizar, tras la espuma no había nada, elemento que estranguló financieramente a muchas empresas. Eran falsas expectativas, y no hay nada peor que eso.

Se echaba de menos que a los autónomos no se les suspendiese la cotización a la Seguridad Social, cuando no estaban generando ingresos, ni que, en coherencia, se les condonasen los impuestos. De la misma manera, no era la mejor de las medidas la prolongación del bono social en materia de suministros, porque poco aliviaría y drenaría recursos para dirigirlos a la dotación de liquidez, en la que no han sido, como digo, diligentes. Prefirieron siempre compensar con subsidios que sostener la inversión, que, de haberlo hecho, habría terminado manteniendo por ella misma un cierto nivel de actividad, se habría podido recuperar antes y, con ello, el empleo. Han elegido siempre el camino cortoplacista y populista frente al estructural y riguroso.

Crisis de oferta

En lugar de eso, Sánchez debería darse cuenta de que lo que se ha generado en España es una crisis de oferta, por la prohibición de que el sistema productivo funcione. Tras no evitar dichas medidas con otras tempranas que deberían haber aplicado a finales de enero de 2020, como el cierre de fronteras con China, al obligar a parar el tejido productivo se le puso contra las cuerdas, que ha originado una alta destrucción de este. Por eso, hace mucho que Sánchez debería haber compensado a las empresas con liquidez abundante, sin las trabas y tardanzas iniciales de los préstamos ICO; con ayudas directas y con condonación de impuesto. Todos los recursos deberían haberse destinado a ayudar a las empresas para no morir en el corto plazo, unido a unas medidas estructurales de ortodoxia económica que generasen confianza en el medio y largo plazo y evitasen, así, la asfixia financiera de pymes y autónomos, o su posterior cierre. Sin embargo, no se hizo ni lo uno ni lo otro, y muchas, muchísimas empresas, se han quedado por el camino. Hablamos de 114.716 empresas menos desde febrero de 2020, según datos de la Seguridad Social. Junto a ello, un incremento concursal del 44,7%, que tratan de frenar también con la prórroga de la moratoria concursal, que para lo único que sirve es para ocultar la realidad, porque son empresas a las que mantienen artificialmente por no haberlas ayudado a tiempo tras obligar el cierre de su actividad.

Hoy llega con este conjunto de medidas tardías, pero también insuficientes, pues no puede basarse en unas cuantías tan escasas, cuando se les ha obligado a cerrar, ni confiar en que la banca termine aceptando, al final, quitas de deuda, que empeorarían el panorama de negocio de la banca, ni puede perderse todo en una maraña legal, que puede que retrase el pago al traspasarse la gestión a las CCAA. El retraso provoca que muchas empresas hayan cerrado y que nunca más vuelvan a abrir, a las que se sumarán todas aquellas compañías sujetadas artificialmente por la moratoria concursal.

No se está valorando suficientemente lo que va a ser el día después del fin del virus: puede ser una ruina a la que no se está prestando suficiente atención, con la idea de que la UE ya lo resolverá o que rápidamente saldremos de la misma con un rebote intenso, cosa que no pasará si el tejido productivo se asfixia del todo, ya que pymes y autónomos morirán de falta de liquidez, pese a que tuviesen negocios solventes y prósperos. Cada medida de restricción económica debería haber estado muy pensada y valorada, y debería haberse analizado si realmente tenía un impacto tan determinante en la evolución de la enfermedad provocada por el virus, pero se ha ido actuando con medidas cambiantes y desconcertantes, que han generado otro problema adicional muy grave y más estructural.

El Gobierno debe convencerse de que está en juego toda la economía y de que se trata de adoptar medidas eficaces, no de venta política ni puestas en escena. Se trata de decidir y de acertar en base a criterios robustos. Si no consigue evitar que se destruya el tejido productivo, tras la enfermedad vírica puede que tengamos que enfrentarnos a una depresión sin precedentes. Y eso, aunque ahora no se vea, será socialmente muy dramático, extremadamente dramático, con consecuencias, además, también en el ámbito sanitario.”

Gestileza de Expansión.

¿Tengo que declarar mi cesta de Navidad?

En el mes de diciembre es habitual obsequiar a trabajadores y clientes con las tradicionales cestas de Navidad. Lo que a menudo se desconoce es la manera correcta de imputar estos regalos que, como cabe suponer, no están exentos de tributación.

Fiscalidad para la empresa:

IRPF  y Sociedades:

Las cestas de Navidad que se regalan a los trabajadores son fiscalmente deducibles para la empresa, tanto en Sociedades como en el IRPF,  en la medida en que se trate de una costumbre arraigada en la empresa, tal como establece la resolución vinculante de la Dirección General de Tributos V1905-15. No será necesario que figuren en convenio colectivo o en algún tipo de pacto que les obligue a ello, pues se entiende como un derecho adquirido del trabajador. El propio Tribunal Supremo, en sentencia 313/2016 del 21 de abril de 2016, declaró que “el beneficio de la cesta de navidad no se puede suprimir de manera unilateral por el empresario “.

El mismo tratamiento puede aplicarse a las cenas de empresa.

El mayor problema se presenta a la hora de deducir estos gastos el primer año en que se producen, al no existir una costumbre anterior que justifique su entrega. Lo aconsejable sería no ejercer el derecho a deducción hasta pasado un ejercicio para evitar problemas con Hacienda.

En lo que atañe a los obsequios publicitarios: bolígrafos, calendarios, agendas, llaveros, lotería de Navidad… serán deducibles siempre que su importe no exceda del 1% de la cifra de negocios de la entidad. Eso sí,  hay que tener en cuenta que este tipo de artículos deberá ir serigrafiado con el nombre y/o logo de la empresa para que pueda entenderse como un gasto de relaciones públicas.

El artículo 15 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS) admite la deducibilidad de “los gastos por atenciones a clientes o proveedores, los que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa; los realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios y los que se hallen correlacionados con los ingresos”.

IVA

El IVA soportado en la compra de las cestas de Navidad no será deducible, tanto si entregan a clientes como a empleados, tal y como recoge el Ley del IVA” href=”https://www.iberley.es/legislacion/ley-impuesto-sobre-valor-anadido-iva-ley-37-1992-28-dic-1298236″ target=”_blank” rel=”noopener”>artículo 96  de la Ley del IVANo podrán ser objeto de deducción, en ninguna proporción, las cuotas soportadas como consecuencia de la adquisición, incluso por autoconsumo, (…) de 3ª los alimentos, las bebidas y el tabaco o (…) 5.º Los bienes o servicios destinados a atenciones a clientes, asalariados o a terceras personas”.

No obstante, exceptúan de esta exclusión: “ Las entregas gratuitas de muestras de mercancías sin valor comercial estimable, con fines de promoción de las actividades empresariales o profesionales” y “Las entregas sin contraprestación de impresos u objetos de carácter publicitario”. (art 7 aptdos 2 y 4 de la Ley)

“Se considerarán objetos de carácter publicitario los que carezcan de valor comercial intrínseco, en los que se consigne de forma indeleble la mención publicitaria. (…) Por excepción a lo dispuesto en este número, quedarán sujetas al Impuesto las entregas de objetos publicitarios cuando el coste total de los suministros a un mismo destinatario durante el año natural exceda de 200 euros, a menos que se entreguen a otros sujetos pasivos para su redistribución gratuita”.

De esto se concluye que la entrega gratuita de artículos sin valor comercial no devengará IVA, es decir, no habrá que ingresar el impuesto correspondiente a la entrega de estos productos y sí podrá deducirse el que se ha soportado en su adquisición. Esto siempre y cuando el regalo tenga la consideración de muestra o producto no comercializable y lleve impresa la marca del negocio.  Se consideran productos no comercializables aquéllos cuya entrega no exceda los 200 euros anuales a un mismo destinatario.

Las cenas de empresa tendrán el mismo tratamiento que las cestas de Navidad, en lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido.

Fiscalidad para el trabajador:

En lo que se refiere a IRPF, los obsequios como lotes o cestas de Navidad a trabajadores, se incluyen en la nómina como retribución en especie. Obligan, a su vez a descontar e ingresar el pago a cuenta del IRPF correspondiente. Además, el importe de la cesta de navidad debe incluirse en la base de cotización.

Este tratamiento se recoge en el Art. 42 ,LIRPF, que dice lo siguiente: “Constituyen rentas en especie la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda.”

Por tanto, la cesta de navidad, aún entregada de forma voluntaria por el empleador como gesto hacia sus empleados o mera liberalidad, tiene la consideración fiscal de renta en especie, no encontrándose, además, entre las rentas en especie exentas enumeradas en el Art. 42 ,LIRPF apartado 2.

Encontramos un ejemplo de esta fiscalidad en la Consulta Vinculante V3818-15.

En relación con la valoración de dichas rentas, dispone el Art. 43 ,LIRPF que, con carácter general, las rentas en especie se valorarán por su valor normal en el mercado incluyendo el ingreso a cuenta si este no fuese repercutido al trabajador.

Si la cesta de Navidad se ganara en un sorteo, su tratamiento sería distinto, aunque tampoco estaría libre de tributación. Sería considerada una ganancia patrimonial a efectos del IRPF y formaría parte de la base imponible general por su valor de mercado.

Gentileza de Iberley

El euríbor cierra agosto con un mínimo histórico y abarata las hipotecas variables

A la espera del plan de estímulos de la economía que prepara el BCE, los expertos no ven todavía el final de la caída del indicador

El euríbor cierra agosto con un mínimo histórico y abarata las hipotecas variables.

En su carrera loca hacia nuevos suelos negativos, el euríbor aparece ya desbocado. Este mes, el índice al que está referenciada la aplastante mayoría de las hipotecas a tipo de interés variable en España ha vuelto a despeñarse y la media de agosto cerrará en el -0,356, el nivel más bajo de toda su historia.

El recorrido cuesta abajo empezó hace cinco meses, cuando puso punto final a una remontada que, desde el anterior mínimo (-0,191, en febrero y marzo de 2018) le llevó hasta el -0,108 de febrero de este año. Pero en marzo llegó el primer tropiezo, al que siguió una monumental caída que, desliz tras desliz, le hizo registrar el récord negativo del mes pasado: -0,283.

El euríbor cierra agosto con un mínimo histórico y abarata las hipotecas variables

Esa es otra barrera que el euríbor se ha encargado de romper este mes, sin que los expertos logren todavía vislumbrar el que podría ser su suelo definitivo, la próxima base desde la que emprender el que se anuncia como un largo periplo hacia la vuelta a niveles positivos, valores de los que se despidió hace más de tres años y medio.

Hipotecas variables más baratas

Ya que el tipo de interés variable en un préstamo hipotecario es la suma del euríbor (la parte que realmente varía mes tras mes) más un diferencial (una parte fija), resulta evidente que quien suscriba ahora una hipoteca de esta clase lo hará a un coste especialmente bajo. Bien es verdad que los diferenciales han aumentado en estos meses y en algunos casos pueden hacer de contrapeso a los niveles ínfimos a los que ha descendido el euríbor, pero el tipo medio de las hipotecas variables —el 56% de todas las que se firmaron en mayo, según el INE— se sitúa todavía entre el 1,5% y el 2,5%, señala Joaquín Robles, analista del bróker de inversiones XTB. Una situación que no tiene comparación posible con los préstamos que se concedieron antes de la crisis, cuando el euríbor rozaba el 5%.

No solo estos usuarios están de enhorabuena, sin embargo, sino también los que tengan una hipoteca variable antigua cuya revisión anual les toque ahora. Puesto que en agosto del año pasado el euríbor se situó en -0,169, la variación interanual este mes arroja casi 20 puntos básicos menos. Lo que se traduce en una sensible disminución de los intereses que el usuario tendrá que pagar en su cuota mensual.

Fuente: El País

El subarrendamiento y su tributación

¿La tributación del subarrendamiento de inmuebles coincide con la del arrendamiento? Vamos a analizar cuál es la fiscalidad de estas dos figuras en IRPF e IVA tanto para el propietario o arrendador como para el arrendatario o subarrendador.

Subarriendo

Subarrendar es alquilar un inmueble ya arrendado.  La Ley de Arrendamientos Urbanos señala que se puede subarrendar siempre que el propietario o arrendador del inmueble lo consienta.

Analizaremos la tributación del subarrendamiento a través de un ejemplo:Antonio alquila un piso a Bertín para que lo utilice como su vivienda habitual y éste subarrienda una habitación a Carlos con derecho a utilizar cocina y otras partes de la vivienda, contando previamente con la autorización de Antonio.

Como vemos, intervienen 3 partes:

  • El propietario o arrendador (Antonio) que alquila el inmueble al arrendatario.
  • El arrendatario o subarrendador (Bertín), que lo alquila al subarrendatario.
  • Y el subarrendatario (Carlos), que usa el bien alquilado.

Tributación del subarrendamiento para el propietario-arrendador

IRPF del arrendador en el subarrendamiento

Los ingresos que perciba Antonio por el alquiler se califican como rendimientos de capital inmobiliario siempre que no puedan ser considerados como rendimientos de actividad económica.

El artículo 27.2 de la Ley del IRPF señala que el arrendamiento de inmuebles se realiza como actividad económica cuando se utilice, al menos,  una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa en el desarrollo de la actividad.

Como Antonio no ha contratado a nadie, los ingresos que obtiene se consideran rendimientos de capital inmobiliario. En ¿Cuántos impuestos pagas por alquilar una vivienda de tu propiedad? detallo cómo se determina el rendimiento neto.

¿Y si cobra por permitir el subarriendo?

Puede que el propietario autorice el subarriendo a cambio de una contraprestación económica. Es decir, el arrendatario-subarrendador deberá pagarle una cantidad mayor.En este caso, las cantidades percibidas como contraprestación al subarriendo se consideran también rendimientos de capital inmobiliario sin ninguna particularidad.

¿Puede aplicar el propietario la reducción del 60%?

El subarriendo no impide que Antonio, como propietario, pueda aplicar la reducción del 60% sobre el rendimiento neto si el inmueble se destina a vivienda permanente tanto de Bertín como de Carlos.

IVA del propietario-arrendador

El artículo 20.Uno.23º de la Ley del IVA señala queEstán exentos de IVA los arrendamientos de edificios o parte de los mismos destinados EXCLUSIVAMENTE a viviendas.

La consulta de la Dirección General de Tributos V4706-16 analiza esta exención y determina que sólo será aplicable cuando el arrendatario la utilice exclusivamente como vivienda.

En este caso, Bertín utiliza parte del inmueble como vivienda y el resto lo subarrienda a Carlos. Por eso, para Antonio la operación estará sujeta y no exenta de IVA ya que al permitir el subarriendo el destino no es exclusivamente el alquiler de vivienda.

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Tributación del subarrendamiento para el arrendatario-subarrendador

IRPF del subarrendador

Para Bertín, las cantidades obtenidas tributan como rendimientos de capital mobiliario.

No formarán parte de las rentas del ahorro como lo hacen los rendimientos habituales del capital mobiliario: intereses, dividendos, etc. Los ingresos del subarriendo se integrarán dentro de la base general, tributando al tipo medio del contribuyente.

Los ingresos por subarrendamiento tributan como rendimientos de capital mobiliario que se integran en la base imponible general y no en la del ahorro como lo hacen los intereses o dividendos #Renta2018 Clic para tuitear

¿Qué gastos se puede deducir?

Para calcular el rendimiento neto del capital mobiliario por subarriendo de los ingresos se deducirán todos los gastos necesarios para su obtención.

La única particularidad que existe es que el subarrendador no podrá deducirse como gasto la amortización del inmueble. Según la Consulta vinculante V0781-13 de la Dirección General de Tributos, el gasto por amortización sólo lo puede imputar el propietario del inmueble.

¿Puede aplicar la reducción del 60%?

El subarrendador no podrá aplicar la reducción del 60% del rendimiento neto por alquiler de vivienda.

Aunque se destine a vivienda permanente del inquilino esta reducción se establece para los rendimientos de capital inmobiliario. Y Bertín, como subarrendador, obtiene rendimientos de capital mobiliario.

IVA del arrendatario-subarrendador

Para el arrendatario-subarrendador la operación de subarriendo estará sujeta y exenta de IVA siempre que el subarrendatario utilice el inmueble exclusivamente como vivienda.

En este caso, como Carlos utiliza la habitación subarrendada como vivienda, la operación está exenta de IVA.

Si Bertín prestara servicios propios de la industria hotelera a Carlos tales como los de restaurante, limpieza, lavado de ropa u otros similares no corresponde la exención del artículo 20.Uno.23º LIVA. El subarriendo estaría sujeto al tipo impositivo del 10% aplicable a este tipo de servicios.

Cómo y cuándo practicar la retención sobre el alquiler de inmuebles

El porcentaje de retención sobre el alquiler de inmuebles es el 19% para 2019. Pero, ¿sabes cuándo se aplica? ¿Quién debe retener? ¿Qué se hace con estas cantidades?.

¿Cuándo hay que retener? Alquileres sujetos a retención

Habrá que retener cuando se paguen rentas por el arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos.

Si quieres saber qué es el subarrendamiento y cómo tributa lee Subarrendamiento y su tributación.

Da igual si se trata de un arrendamiento o subarrendamiento. Pero sí debe recaer sobre un inmueble urbano,  no rústico.

Si el arrendador es una persona física, el inquilino le retendrá a cuenta de su IRPF. Si es una persona jurídica, la retención será a cuenta del Impuesto sobre Sociedades.

Rentas excluidas de retención sobre el alquiler

No estarán sujetos a retención:

  • El arrendamiento de vivienda realizado por una empresa para sus empleados
  • Las rentas satisfechas a un mismo arrendador que no superen los 900 euros anuales
  • Las rentas satisfechas a un arrendador que nos entregue un certificado de exención emitido por Hacienda. Puede conseguir este certificado si se dedica al arrendamiento de vivienda y locales y dispone de inmuebles por un valor catastral superior a 601.012,10 euros. Como inquilino debes asegurarte de que el arrendador te entrega un certificado actualizado en cada ejercicio.
  • Las rentas derivadas de contratos de arrendamiento financiero.
  • Las rentas satisfechas a entidades de utilidad pública ya que están totalmente exentas en el Impuesto sobre Sociedades. (no se les debe retener a cuenta de un impuesto que no pagan).

Alquiler de garaje, ¿debes pagar IVA e IRPF?

¿Quién debe retener?

  • Las personas jurídicas y demás entidades, incluidas las comunidades de propietarios y las entidades en régimen de atribución de rentas (comunidades de bienes, sociedades civiles…).
  • Los contribuyentes que ejerzan actividades económicas, cuando satisfagan rentas en el ejercicio de sus actividades.

Los particulares no están obligados, en ningún caso, a practicar retención.

Sólo deberán retener los empresarios o profesionales (tanto personas físicas como entidades) que actúen en el ejercicio de su actividad #alquilerdeinmuebles Clic para tuitear

Si quieres saber más sobre el tema, lee ¿Qué impuestos pagas por el alquiler de un local de tu propiedad?

obligados a retener en el alquiler de inmuebles

Ejemplos de quién debe practicar retención sobre el alquiler de inmuebles

Un abogado alquila un piso para instalar su despacho. Deberá retener en los pagos que realice al propietario o arrendador. Lo mismo sucede si lo alquila como vivienda y despacho.

Este mismo abogado alquila un pequeño local como trastero para guardar muebles de su vivienda. No deberá retener cuando pague la renta ya que no lo hace en el ejercicio de su actividad.

Cuando un particular alquila un local comercial como trastero no deberá retener al pagar la renta ya que no se trata de un empresario o profesional en el ejercicio de su actividad.

¿Sobre qué cantidad se aplica la retención? Base de la retención

La renta del alquiler puede pagarse en dinero o en especie. Se paga en especie cuando se presten servicios o se entregue otro tipo de bienes que no sean dinero.

Rendimientos dinerarios

La base para aplicar la retención sobre el alquiler de inmuebles es la suma de todas las cantidades que se pagan excluido el IVA.

Por lo tanto, están sujetos a retención tanto la renta pactada como cualquier gasto (comunidad, IBI, luz…) que se repercuta al inquilino en virtud del contrato de arrendamiento. Así lo establece el artículo 100 del Reglamento del IRPF y la consulta vinculante V1866-08 de la Dirección General de Tributos.

Centro de negocios: cuando el arrendamiento de oficinas y despachos conlleva la prestación de servicios adicionales como limpieza, secretariado, comunicaciones, electricidad, etc. Es un contrato mixto de arrendamiento de inmuebles y de servicios.

Su finalidad es dotar al inquilino de la infraestructura necesaria (material y personal) para que pueda desarrollar su actividad. Va más allá del simple contrato de arrendamiento. Por eso, la Dirección General de Tributos en su consulta vinculante V3143-14 establece que los rendimientos que se satisfagan no estarán sujetos a retención.

Rendimientos en especie

Cuando se satisfacen rendimientos en especie no se retiene (no hay una renta dineraria sobre la que retener). Se realiza un ingreso a cuenta del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades, dependiendo de si el arrendador es una persona física o jurídica.

Pagados a una persona física

Cuando el arrendador del inmueble sea una persona física, la base sobre la que aplicar el ingreso a cuenta será el valor de mercado de los bienes entregados en pago de la renta.

Pagados a una persona jurídica

Si recibe la renta una entidad con personalidad jurídica, la base también será el valor de mercado.

Pero el artículo 64 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades determina que el valor de mercado será el resultado de incrementar en un 20% el valor de adquisición o coste para el pagador.

Porcentaje de retención sobre el alquiler en 2019

El porcentaje que se aplica para calcular la retención sobre el arrendamiento de inmuebles es el 19%.

El porcentaje se reducirá en un 60% siempre que:

  • El inmueble radique en Ceuta, Melilla y sus dependencias.
  • El arrendador tenga allí su domicilio si se trata de una entidad o tenga derecho a practicar la reducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla establecida en el IRPF para las personas físicas.

Ejemplos de retención sobre el alquiler en 2019

Se alquila una oficina por la que se pagan 900 euros al mes de renta y 100 euros de comunidad de propietarios.

Renta900
Comunidad100
Base imponible1.000
IVA (21%1.000)210
Retención (19%1.000)-190
Total1.020

Da igual que el arrendador o el arrendatario sean sociedades o personas físicas en el ejercicio de sus actividades económicas.

Si el arrendador del ejemplo anterior no satisface la renta en dinero sino prestando servicios de asesoría fiscal y contable (el coste de estos servicios es 1.000 euros):

En este caso habrá que distinguir que el arrendador sea persona física o entidad sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades. La ley de este impuesto establece que el valor de mercado será el resultado de incrementar en un 20% el valor de adquisición o coste para el pagador.

PERSONA FÍSICA                                                                   PERSONA JURÍDICA

Renta900Renta900
Comunidad100Comunidad100
Base imponible1.000Base imponible1.000
IVA (21%1.000)210IVA (21%1.000)210
Retención (19%1.000) 190Retención (19%1.200)1,20×1.000=1.200228
Total1.020Total982

Obligaciones del retenedor: presentar los modelos 115 y 180 en Hacienda

El arrendatario practicará la retención en el momento de abonar la renta. Y deberá ingresar trimestralmente en Hacienda las cantidades retenidas presentando el modelo 115.

Modelo 115. Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos

¿Cómo rellenar el modelo 115?

Los datos que tendrás que rellenar en este modelo son:

  • Número de perceptores
  • Bases de las retenciones e ingresos a cuenta
  • Retenciones e ingresos a cuenta
  • Resultados anteriores declaraciones (sólo deberás rellenar esta casilla cuando presentes una declaración complementaria)
  • Resultado a ingresar

Plazo de presentación del modelo 115

Con carácter general, entre los días 1 y 20 del mes siguiente al día en que finaliza el trimestre correspondiente:

  • Del 1 al 20 de abril para las retenciones practicadas en el primer trimestre.
  • Del 1 al 20 de julio para las practicadas en los meses de abril, mayo y junio.
  • 1 al 20 de octubre para las practicadas en el tercer trimestre.
  • Del 1 al 20 de enero para las retenciones del último trimestre del año anterior.

Las grandes empresas (aquellas cuyo volumen de negocio supera los 6.010.121,04 euros) están obligadas a presentarlo mensualmente.

¿Debes presentar el modelo 115 sin retención?

No es habitual presentar esta declaración sin haber retenido nada. Es decir, presentar una declaración negativa, con cuota cero o sin actividad. Y es que, si has pagado por arrendamientos, es obligatorio retener un porcentaje e ingresar esta cantidad.

Pero puede darse el caso de que durante un trimestre no hayas tenido arrendamientos o no hayas pagado ninguna renta de alquiler. Para ese trimestre, deberás presentar el modelo 115 marcando sólo la casilla Negativa en Tipo de declaración.

También deberás presentar el modelo 115 sin retención si una vez terminado el arrendamiento no te dieras de baja de la obligación de retener marcando la casilla correspondiente en la declaración censal 036.

Te aconsejo que inmediatamente presentes el modelo 036 dándote de baja en esta obligación ya que no debes practicar retención sobre el alquiler y así evitarás tener que presentar el modelo 115.

Modelo 180

Esta declaración informativa es un resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos procedentes de arrendamientos de inmuebles urbanos.

En ella se informa de los datos fiscales de cada perceptor, el importe total que se le ha pagado y el que se le ha retenido y los datos del inmueble arrendado (referencia catastral, dirección…).

Se presenta en enero con los datos del ejercicio anterior.

Como ves,

Con el modelo 115 se ingresan las cantidades en Hacienda. Y es en el modelo 180 donde se le informa de a quién corresponden esas cantidades ingresadas, en qué importe y por cuál inmueble #alquilerdeinmuebles Clic para tuitear

¿Qué ocurre si el inquilino no ingresa las retenciones en Hacienda?

Si tu arrendatario no ingresa las retenciones sobre el alquiler en la Agencia Tributaria, ¿puedes deducirte estas retenciones al calcular tu impuesto sobre la renta o sobre sociedades?

La consulta vinculante V1763-16 de la Dirección General de Tributos establece que podrás deducir de la cuota íntegra las retenciones practicadas que debieron ser retenidas por el inquilino, siempre que puedas probar la contraprestación íntegra devengada.

Ejemplo

Alquilaste una oficina a un abogado por un importe anual de 10.000 euros. El importe total que cobraste fue 10.200 euros (10.000 + 2.100 -1.900 = 10.200 euros). Tu ingresaste en Hacienda el IVA (21%10.000) y él tuvo que retener e ingresar en Hacienda 1.900 euros (19%10.000).

Pero al hacer tu declaración de renta de ese año compruebas que las retenciones no aparecen en tus datos fiscales (Hacienda no tiene constancia de ellas).

En tu declaración, deberás computar como ingresos del alquiler 10.000 euros y podrás deducir de la cuota íntegra las deducciones que has soportado (1.900 euros).

Te aconsejo que aportes como documentación complementaria las facturas de alquiler y los justificantes de cobro. Así aclararás la situación en Hacienda antes de que ésta te lo requiera.

Si necesitas presentar el modelo 115 o el modelo 180 en el plazo de 72 horas desde que nos proporciones toda la información necesaria y por 40 euros más IVA (48,40 euros IVA incluido) te enviaremos el fichero con la declaración/modelo cumplimentado para que lo entregues tú, o bien si lo deseas, realizaremos la presentación telemática ante Hacienda, enviándote posteriormente el justificante de entrega correspondiente.

Si quieres solicitar este servicio de cumplimentación de los modelos 115 o 180 de declaración trimestral o resumen anual de retenciones sobre el alquiler de inmuebles y deseas que nos pongamos en contacto contigo pulsa en el siguiente botón.

Reportaje gentiliza de Jraeconomistas

Consecuencias fiscales de la renuncia de usufructo

Mediante el siguiente artículo, nos acercaremos a las consecuencias fiscales de la operación mediante la cual una persona renuncia, en favor de otra, al usufructo que ostenta sobre un bien concreto. Este tipo de operación puede darse en la práctica por diversas causas. Recordemos que el usufructo es el derecho mediante el cual una persona tiene el goce y disfrute de un bien que no le pertenece. El nacimiento más normal de este derecho suele darse cuando un matrimonio se disuelve por el fallecimiento de uno de los cónyuges; en muchos casos, el hijo o hijos del matrimonio adquiere la nuda propiedad (sin derecho a disfrutar del bien) mientras que el cónyuge viudo conservará el usufructo hasta su fallecimiento. Pues bien, en un caso como el expuesto, analizaremos la tributación de la operación de renuncia de ese usufructo por parte de su titular, en favor del nudo propietario, poniendo como ejemplo la renuncia de usufructo de bien inmueble, pasados más de 4 años desde su adquisición.

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Establece el Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en su artículo 58, que:

3.“La repudiación o renuncia hecha después de prescrito el Impuesto correspondiente a la herencia o legado se reputará a efectos fiscales como donación.”

Según lo anterior, la renuncia, realizada habiendo prescrito el Impuesto de Sucesiones mediante el cual se adquirió el usufructo, tendrá los efectos de donación, en el momento en que se realice.

En relación a la base imponible de tal impuesto, señala el artículo 9.b de la citada Ley del ISD que:

“En las donaciones y demás transmisiones lucrativas “inter vivos” equiparables, el valor neto de los bienes y derechos adquiridos, entendiéndose como tal el valor real de los bienes y derechos minorado por las cargas y deudas que fueren deducibles.”

La Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, establece en su artículo 5, que:

“Estarán obligados al pago del Impuesto a título de contribuyentes, cuando sean personas físicas:

b) En las donaciones y demás transmisiones lucrativas “inter vivos” equiparables, el donatario o el favorecido por ellas.”

Así, la persona favorecida por la renuncia será el obligado a la autoliquidación del impuesto.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

El artículo 33 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, recoge con carácter general el concepto de ganancias y pérdidas patrimoniales, las cuales se relacionan con las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél. En general, estas variaciones se producen cuando un contribuyente transmite bienes de su patrimonio, en cuyo caso el importe de la ganancia o pérdida vendrá determinado por la diferencia entre los valores de transmisión y adquisición.

La renuncia del derecho real de usufructo genera una ganancia patrimonial en IRPF -si la hubiera- por la diferencia entre el valor de transmisión y el de adquisición del citado derecho. En un caso como este, no serán de aplicación los coeficientes de abatimiento, en la medida en que no se trata de una transmisión de un elemento patrimonial, sino de una renuncia de un derecho.

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

El “IITVNU” también es conocido de forma coloquial como la “plusvalía municipal”. Su regulación se encuentra contenida en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Según el artículo 104 de dicha norma:

“1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

2.No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. (…)”

De lo anterior cabe deducir que solo será objeto de tributación por este impuesto la transmisión del derecho real de goce (usufructo) del inmueble urbano situado en Almuñécar, dado que el resto de bienes tienen la consideración de rústicos.

El artículo 106 de la citada Ley de Haciendas Locales indica que:

“1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.”

En un caso como el que nos ocupa, puede ser defendible no proceder a la autoliquidación de este impuesto municipal, dado que existe jurisprudencia que apoya que la extinción de usufructo no estaría comprendida estrictamente en los supuestos gravados.

En definitiva, hemos realizado una aproximación a tales figuras impositivas, en la medida en que la operación de renuncia de usufructo tiene efectos tributarios distintos sobre cada una de ellas.

Artículo gentileza de INEAF

La recompensa del trabajo bien hecho

Son constantes los recursos que tenemos que redactar todos los años en defensa de los intereses de nuestros clientes, pues como todos sabemos, la Agencia Tributaria en su afán de recaudación, a veces olvida que los contribuyentes tienen sus derechos y que estos derechos vienen dterminados por las Leyes tributarias.

En este sentido 2019 ha comenzado de manera inigualable para Rásel y para uno de sus clientes.

En 2015 y después de dos escritos dirigidos a la Agencia Tributaria y ante la negativa de ésta a aceptar determinadas deducciones de nuestro cliente, Rásel interpuso recurso ante el Tribunal Económico – Administrativo Regional de Madrid (TEARM).

En este mes de enero, ha llegado resolución estimatoria del mencionado Tribunal. Hemos tenido que esperar cuatro años, pero ha merecido la pena, pues ahora la Agencia Tributaria tendrá que devolver a nuestro cliente los importes que en su día le obligó a pagar.

El litigio se basaba en la posibilidad de deducir  el IVA abonado en la adquisición de un vehículo industrial y destinado a la actividad de construcción que desarrolla nuestro cliente, así como la deducción del IVA del coste de las llamadas que el contribuyente realizaba desde su teléfono móvil de empresa.

En ambos casos el TEARM ha resuelto que las deducciones eran correctas y enmienda la plana a la Agencia Tributaria.

De lo anterior se desprende, que el trabajo bien hecho da sus frutos y redunda en beneficio de nuestros clientes.

Inseguridad Jurídica (y II)

Parece ser que no somos los únicos que piensan que tributariamente hablando, España se encuentra en una profunda inseguridad jurídica. 

La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), ya publicó en el año 2013 su opinión al respecto y lo hizo de la siguiente manera:

“Con tan completo repertorio de ordenación, la actuación de la Administración y la de los ciudadanos deberían discurrir en el clima de sosiego, de paz social, que
debe derivar de un Estado que proclama en su Constitución como principio esencial el de seguridad jurídica, en todas las proyecciones que la ley y los tribunales reconocen. El conflicto sería la excepción.

El Tribunal Constitucional (S. 46/1990, de 15 de marzo) lo ha dicho así de claro:
“la exigencia del artículo 9.3 relativa al principio de seguridad jurídica
implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión
normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que legisle
sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir
de provocar situaciones objetivamente confusas (…)”

Respecto de la normativa, todo se ha puesto a las órdenes de la recaudación,
como antes pero más. Las modificaciones de la LGT (la Ley 7/2012) no han dejado
títere con cabeza: ampliación de los supuestos y potenciación de las secuelas de la
responsabilidad; medidas cautelares inaudita parte para cualquier actuación
administrativa, admisibles en cualquier momento del procedimiento, incluso antes del inicio de aquélla (es decir, sin saber si habrá o no deuda y a cuánto ascenderá), excluidas de la posibilidad (nominal) de recurso; limitación de las facultades de disposición sobre bienes propios de las sociedades; imposición de obligaciones de información exorbitantes, sometidas a un riguroso régimen sancionador; creación de gravámenes de rentas ficticias (de ficción) que escapan de la prescripción; creación de sanciones inaplicables por manifiestamente injustas; ejercicio por la Administración de funciones típicamente jurisdiccionales en las causas de delito fiscal, etc. Junto a ello, el Gobierno se ha puesto a dictar disposiciones de urgencia, sin ninguna esperanza de ulterior tramitación parlamentaria, que van desde la limitación de la deducibilidad de amortizaciones y gastos financieros (con nuevas evocaciones del motivo económico válido) y las restricciones a la compensación de pérdidas, al incremento de tipos en varios impuestos, o la regularización extraordinaria.

En este orden de cosas tenemos que denunciar la consolidación del régimen de
ingresos a cuenta, cada vez más desconectado de la capacidad económica del
presunto obligado tributario. En efecto, de la triple función con que quiso…”

Pero el fraude, en cuya persecución confirmamos nuestro compromiso, no puede
seguir siendo la excusa, la coartada, para ese recorte progresivo de los derechos y
garantías de los contribuyentes, en un proceso que culmina con la erosión de
nuestro Estado de Derecho, imputable principalmente a una muy defectuosa
legislación que ataca a cuestiones fundamentales en las que se sustenta nuestra
seguridad jurídica.”

Sin duda alguna y en algún momento, el Poder Legislativo deberá corregir todas esas anomalías jurídicas y si es que pretendemos que España sea un país moderno, con un crecimiento económico fuerte, sostenible y con suficiente atractivo, para que nuevos inversores confíen en la solidez de nuestra economía y realicen sus inversiones en nuestro territorio.

La conclusión de todo lo anterior es clara, hay que legislar para crecer y no solamente para recaudar. 

Inseguridad Jurídica (I)

La seguridad jurídica viene definida en Wikipedia como un principio del derecho, universalmente reconocido, que se basa en la «certeza del derecho», tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y que significa la seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder público.

La web “La Voz del Derecho” dice sobre la seguridad jurídica, “que es uno de los principios básicos de todo ordenamiento jurídico y que radica en la certeza del Derecho, es decir, en la convicción por parte de la comunidad acerca de los alcances y el significado de las normas que imperan en el seno de la sociedad, los derechos, deberes y obligaciones emanados de las mismas, y las consecuencias de los actos y hechos producidos bajo su vigencia.”

Y añade, “que todo esto se enmarca dentro del concepto de seguridad jurídica, que corresponde a un valor esencial del Derecho, y qué, complementa y reafirma la idea de justicia, de tal modo que ésta sin aquél carece de eficacia y contenido.”

Ejerzo la profesión de asesor fiscal (derecho tributario), desde hace 35 años y en la última década he visto como esa inseguridad jurídica es cada vez mayor y he podido comprobar, por mis experiencias y mi trabajo diario, que ese término de inseguridad jurídica, es cada día más patente y activo.

Las Leyes y Normas cambian casi a diario, los cambios de criterio de Tribunales y Dirección General tributaria se pueden leer con tanta habitualidad, que casi se hace extraño no ver cada día un cambio sobre alguna Ley o Norma, en mi caso, tributarias.

Y esto, a qué se debe?.

A mi entender, a dos motivos claros:

  1. El Legislador tiene el imperativo de la recaudación, porque no le salen las cuentas. 
  2. Las Leyes que se aprueban no intentan regular, si no, captar votos y se tiran globos sonda a ver qué pasa.

Respecto del punto 1 decir y cómo simple ejemplo, que los Presupuestos Generales del Estado están hechos a la medida de lo que exige la Unión Europea para cubrir el déficit y así poder cumplir los niveles de crecimiento que esa Unión Europea impone.

Clara prueba del punto 2 es, que a los pensionistas no se les sube las pensiones de manera razonable salvo que salgan a la calle a protestar por ello. El Legislador no sube las pensiones, salvo que los implicados protesten, y entonces hay que subirlas para no perder votos. Sí, afortunadamente, hay muchos millones de pensionistas que votarán en la próximas elecciones y en ello tienen su salvación económica.

Y qué tiene que ver todo esto con la inseguridad jurídica?. Pues creo que es bien sencillo, si no se regula con criterio, las Leyes y Normas han de cambiarse continuamente y por tanto, el ciudadano no sabe a qué atenerse, ni en su previsión fiscal, ni en saber a ciencia cierta como cumplir con sus obligaciones frente al Estado.

Llevando todo lo anterior a mi terreno tributario, en la web Congreso.es, se puede leer: ” El deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos es una necesidad tan evidente para el mantenimiento del Estado que realmente lo que genera discusión no es su constitucionalización. sino las condiciones en las que de acuerdo con la Constitución debe cumplirse dicho deber. Por ello, el artículo 31 de la Constitución Española establece en sus tres apartados una serie de principios que marcan las condiciones para cumplir con los deberes tributarios: en el apartado primero, los principios de universalidad, individualidad, igualdad y progresividad, no confiscatoriedad y capacidad económica…..”

Y añade:

“El desarrollo legislativo de los deberes tributarios y de ordenación del gasto público es abundante y de una gran complejidad. Por ello, baste aquí la enumeración de las normas más significativas:

     -Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, reformada por última vez por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre.
     -Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, que en su artículo 103 aprueba la Agencia Estatal de la de la Administración Tributaria.
     -Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del Impuesto de la renta de las personas físicas y de modificación parcial del Impuesto de Sociedades, del impuesto de la renta de los no residentes y del impuesto sobre el patrimonio.
     -Real Decreto Legislativo 5/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta de No Residentes  
     -Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
     –Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio y Real Decreto-Ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal, así como sus sucesivas modificaciones. 
     –Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
     –Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
     –Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
     –Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
     -Real Decreto Legislativo 1/1993 de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido del Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Visto lo anterior, alguien puede asegurar, que no existe inseguridad jurídica?.

Pero antes que alguien pueda contestar, he de decir, que todas las Normas anteriores tienen matices y que determinados artículos han sido “matizados” por Sentencias de los siguientes tribunales:

  • Constitucional.
  • Supremo.
  • Superiores de Justicia.
  • Económicos Administrativos.

Y en ocasiones por la Dirección General Tributaria y la propia Agencia Tributaria.

Puede ahora usted contestar a la pregunta: En España vivimos en inseguridad jurídica?. 

Es justo nuestro sistema Tributario?

La Constitución Española prevé en su Preámbulo, cómo debe regirse la sociedad Española en todos los ámbitos y lo hace de esta manera:

“La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.”

Más tarde en su Artículo 31, la Constitución crea las bases sobre las que deberán promulgarse todas las Leyes Tributarias, haciéndolo de la siguiente manera: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”

En base a lo anterior, se publica la Ley General Tributaria, que a día de hoy tiene su vigencia a través de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,  la cual en su Artículo 2. Concepto, fines y clases de los tributos dicta:

“1. Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos.

Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución.

2. Los tributos, cualquiera que sea su denominación, se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos:

  1. Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.

b) Contribuciones especiales son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.

c) Impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente.”

Y en su Artículo 3 la misma Ley General Tributaria, en Principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario, proclama:

“1. La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.

2. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y asegurará el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios.”

Visto todo lo anterior, se entiende necesaria una justa tributación y en base a la capacidad de cada contribuyente.

Si a continuación repasamos, por ejemplo, la escala general a aplicar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 2016, podremos empezar a obtener respuesta a la cuestión que inicialmente nos planteábamos:

Base liquidable

Tipo Estatal

aplicable

Tipo autonómico

*aplicable

Tipo Total

Euros

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Hasta 12.450,00

9,50

9,50

19,00

Los siguientes 7.750,00

12,00

12,00

24,00

Los siguientes 15.000,00

15,00

15,00

30,00

Los siguientes 24.800,00

18,50

18,50

37,00

En adelante

(a partir de 60.000 euros)

22,50

22,50

45,00

Según elboletin.com, en su edición del día 21 de Julio de 2017, las entidades Tax Foundation y el Foro de regulación Inteligente, elaboraron un ranking de países con los sistemas fiscales más competitivos a partir de un índice de Regulación Fiscal que analizó más de cuarenta variables. La lista está encabezada por Estonia. Según el autor del informe -el economista Kyle Pomerleaudese- este país lidera el ranking por cuatro motivos: el Impuesto de Sociedades se aplica sobre el reparto de dividendos y no sobre beneficios; su Impuesto sobre la Renta es muy sencilla con un tipo general del 20%; su sistema de impuestos a la propiedad se aplica sobre el valor del suelo y su fiscalidad territorial exime al 100% el pago de impuestos por los beneficios obtenidos en el extranjero.

Por detrás se encuentran Nueva Zelanda, Letonia, Suiza y Suecia, que destacan por el diseño simplificado e inteligente de sus regulaciones. España se coloca en la posición número 28 entre los 35 países de la OCDE que analiza el estudio. Nuestro país aparece en ese puesto penalizado por las normas del Impuesto de Sociedades y del IVA, excesivamente complejas y alejadas del paradigma de neutralidad y simplicidad que el autor identifica como rasgos característicos más competitivos. Por detrás de España se encuentran EEUU, Grecia, Portugal, Italia y Francia.

País

Puntos (0-100)

1. Estonia

100

2. Nueva Zelanda

91,6

3. Letonia

88

4. Suiza

84,6

5. Suecia

82,1

6. Países Bajos

81,4

7. Luxemburgo

78,6

8. Australia

78,3

9. Eslovaquia

75

10. Turquía

74,8

28. España

58,9

Fuente: Tax Foundation/Foro de Regulación Inteligente

Termina el artículo concluyendo, “Que la falta de claridad en la normativa, la disparidad de los criterios de los organismos administrativos y judiciales, las incongruencias en el trato de una misma materia en las distintas áreas del derecho y la falta de mecanismos para solventar los problemas que todo ello genera, nos empuja a afirmar que vivimos en un entorno administrativo demasiado cambiante para que exista la seguridad jurídica necesaria que permita atraer y asentar la inversión tan necesaria en el contexto económico actual.

El principio de seguridad jurídica, base de todo ordenamiento jurídico, parece que esté en constante cuestionamiento en el ámbito tributario en España. Ante este escenario, que dificulta la toma de decisiones de los contribuyentes, sería interesante plantearse la creación de los mecanismos adecuados para minimizar estas discrepancias mediante una redacción más clara de la normativa, la coordinación de los distintos organismos y un análisis conjunto de sus efectos en las distintas disciplinas del derecho que redujera la conflictividad disminuyendo el consiguiente coste económico tanto para el contribuyente como para la Administración.

Un sistema tributario competitivo es aquel que incluye pocas deducciones y cuenta con reglas sencillas, trato igualitario y con tipos marginales más moderados.”

A tenor de lo anterior, nos debemos preguntar si se recauda más con una presión fiscal fuerte o con una presión fiscal menor, si es mejor una regulación que fomente el crecimiento o es mejor la que solo busca recaudar. ¿Nuestro sistema tributario es justo según la práctica, según la comparativa con otros países y según nuestra propia Constitución?.

Artículo de Rásel Asesores Legales