La justicia autonómica tumba el método de valoración de inmuebles del fisco

Los TSJ andaluz, valenciano y madrileño rechazan el uso de la tasación hipotecaria

Hacienda debe ceñirse a gravar el “valor real” del piso

La justicia autonómica parece decidida a tumbar el método tradicional de valoración de inmuebles aplicado por el fisco para calcular el cobro de impuestos a sus titulares. En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de sumarse al criterio ya defendido por el alto tribunal valenciano o el madrileño declarando que el uso de la tasación hipotecaria no es adecuado como referencia para estimar la tributación correspondiente por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o el de Sucesiones y Donaciones. En su lugar, dictamina, la Administración Tributaria debe de basarse en el “valor real”, aproximándose al precio de mercado de la vivienda.

Tradicionalmente, a la hora de gravar un inmueble la Administración Tributaria viene realizando la comprobación de valores con el método de la “tasación hipotecaria”, previsto en el artículo 57.1.g de la Ley General Tributaria, que da por bueno el importe que figura en la escritura de préstamo hipotecario, como tasación para una futura subasta. Así, aunque el contribuyente adquiera una vivienda por 180.000 euros, si en el crédito figura que es de 250.000 euros, será esta última cifra la que Hacienda tenga en cuenta a la hora de gravarla. El sistema fue amparado por el Tribunal Supremo en la doctrina fijada en 2011, en la que la Administración quedaba eximida de demostrar la coincidencia entre el valor de tasación y el real. La carga de la prueba, a la hora de demostrar que las cifras no eran coincidentes, recaía en el contribuyente, que debía demostrar la disparidad.

En mayo de 2018, sin embargo, el alto tribunal español matizó su doctrina al señalar que “el acto de determinación del valor real de los inmuebles” ha de ser individual, “motivado y fruto de un examen” del mismo, “normalmente mediante una visita al lugar”, abriendo la puerta a extender este criterio a cualquier valoración tributaria. La posibilidad fue aprovechada un año después por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que anuló una valoración del fisco basada en la tasación hipotecaria, al exigir a la Administración autonómica que justificara las diferencias de cálculo frente al valor declarado por el contribuyente. “Lo que no es posible, es identificar el valor real del bien con el de tasación hipotecaria, pues”, decía, dicha “valoración tiene una finalidad distinta”, concluía. Por tanto, agregaba la Administración solo puede usar este cálculo “cuando en la tasación hipotecaria conste reflejado el valor real de mercado del bien en la fecha de transmisión, y solo en dicho caso”.

El fallo supuso la abolición, de facto, de este tipo de valoraciones en la región. De hecho, el propio Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Valencia está anulando este tipo de liquidaciones al amparo del dictamen del tribunal autonómico.

Un criterio similar fue aplicado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid en junio de 2019, cuando sus magistrados decretaron que la tasación hipotecaria no podía considerarse igual al valor real del inmueble, salvo que la autoridad fiscal demuestre que lo es.

Ahora, el alto tribunal andaluz aprovecha también la sentencia del Supremo de 2018 para exponer que “la Administración debe explicar en primer lugar por qué inicia la comprobación de valores, es decir, por qué no acepta el valor real del contribuyente, y seguidamente por qué elige” como alternativa la tasación hipotecaria, existiendo otras. En una sentencia avanzada por el Diario de Sevilla y a la que ha tenido acceso este diario, el Tribunal expone que el fisco debe de basarse en el “valor real”, que define como “el que pactarían dos sujetos de derecho independientes en un contexto de mercado libre”. No hay “una cifra exacta”, admite, pero “se aproxima más el precio de la compraventa” que “el previsto para una venta forzosa como es la realización de la hipoteca”. Después de todo, matiza, el valor de cara a la hipoteca refleja otras cuestiones como “el de una venta futura, que garantizará el cobro del crédito ante posibles cambios y fluctuaciones del mercado”. “Algo por tanto muy distinto al valor real”, aduce, asumiendo que pueden coincidir pero “”habrá que probarlo y explicarlo y la Administración, en este caso, no lo ha hecho”. A tal efecto, ilustra, podría ser necesaria una visita pericial.

“Estamos ante una sentencia que supone un espaldarazo a los contribuyentes que, a día de hoy, siguen recibiendo comprobaciones de valores” del fisco basadas en la tasación hipotecaria, y para “aquellos que tengan recursos contra liquidaciones” de este tipo, expone José María Salcedo, socio del bufete Ático Jurídico, que ganó el caso de Valencia. Salcedo, recalca que este método de comprobación era, hasta ahora, uno de los más difíciles de recurrir, siendo el Tribunal de Valencia el único que estaba anulando estas comprobaciones sin exigir la práctica de prueba a los contribuyentes. Dado que son ya dos los tribunales autonómicos que han fallado en este sentido, el abogado de Ático Jurídico concluye que “lo lógico es pensar que otros Tribunales irán, poco a poco, acogiendo esta doctrina”, por lo que insta a los afectados por este tipo de cálculos a recurrir porque “las posibilidades de que dicha liquidación acabe anulándose, son cada vez mayores” en todo el país.

Gentileza de Cinco Días

Así vigila Hacienda los ingresos y los gastos que realizan los negocios

Hacienda cuenta con innumerables fuentes de información sin necesidad de visitar los negocios.

Hacienda conoce los ingresos y gastos de los autónomos, a veces, mucho antes de que los presenten en las declaraciones de IVA, IRPF o Sociedades. El avance de las nuevas tecnologías ha hecho que la Agencia Tributaria cuente con un flujo de información constante que procede de más de una veintena de fuentes diferentes y que le permiten vigilar muy de cerca cualquier posible fraude en los negocios. 

La introducción de herramientas como el Big Data o la Inteligencia Artificial -que han facilitado los cruces de información-, así como la entrada del SII (Suministro Inmediato de Información), ha hecho que la Agencia Tributaria pueda detectar el fraude de los pequeños negocios en cuestión de días. 

El programa de investigación marca la mayor parte del día a día de los inspectores de Hacienda. En el plan de selección de los técnicos entran algunos de los negocios que presentan discrepancias entre lo que se declara y lo que el Fisco conoce por sus bases de datosCuando nosotros incluimos en este plan a un contribuyente es porque tiene una discrepancia importante”, aseguró José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha). 

Cuantas más discrepancias tiene un contribuyente, más posibilidades tendrá de ser llamado. Esas discrepancia pueden ser muy variadas: “personas que presentan bajas rentas o bajos beneficios y que, sin embargo, tienen desde vehículos de gama alta hasta embarcaciones recreativas o incluso son titulares de una tarjeta visa oro. Ese tipo de cuestiones, que son signos externos, ya nos determinan y levantan las sospechas”, explicó José María Mollinedo. 

Para hallar estos indicios, se utilizan fuentes de datos de todo tipo: “notaría, tráfico, registros públicos de embarcaciones y de aeronaves, de hípica e incluso de procedimientos judiciales. Sin embargo, las más importantes para detectar el fraude de los autónomos son las que se recaban con la ayuda de las entidades financieras: desde líneas de crédito, hasta ingresos y retiradas de las cuentas bancarias. Ésta es posiblemente una de las informaciones más valiosas con las que cuenta la Agencia tributaria, porque permite conocer casi al detalle el dinero que ha movido el autónomo y si la suma coincide con lo que ha declarado “, explicó el secretario general de Gestha.

Control de los movimientos bancarios del autónomo

La Agencia Tributaria lleva años coordinando su acción de prevención del fraude fiscal y lucha contra el blanqueo de capitales con las entidades financieras. Éstas últimas son una pieza clave para Hacienda ya que no sólo tienen la obligación de facilitar los datos sobre cualquier movimiento de un cliente que el Fisco les solicite en el marco de una investigación, sino que también deben informar a la autoridad fiscal sobre las transferencias, ingresos y salidas de efectivo que superen ciertos límites marcados por ley.  

De este modo, Hacienda conoce lo que los autónomos ingresan y sacan de sus cuentas por dos vías diferentes. “La primera de ellas es la información que el banco reporta anualmente a la Agencia Tributaria, sin necesidad de que se le requiera. Estos datos son muy valiosos porque muestran con todo lujo de detalles lo que los autónomos facturan realmente, al margen de lo que declaren en sus modelos. Los bancos tienen la obligación de facilitar la suma de los importes pagados y cobrados en las cuentas”, comentó el secretario general del sindicatos de técnicos de Hacienda.. 

Si, por ejemplo,tiene entradas por valor de un millón, como ingresos, y salidas por 800.000 euros como pagos, ya sabemo”un negocios que puede tener alrededor de 200.000 euros de beneficio. Éste es un indicio del valor añadido bruto que puede tener ese empresario y que nos va a mostrar si, de verdad, declara todo lo que gana”, apuntó José María Mollinedo. 

Pero, además, los autónomos “también tienen la obligación de facilitar a Hacienda cualquier cobro o pago singular que supere los 3.000 euros”, dijo Mollinedo. Es decir que toda retirada o ingreso que el autónomo efectúe en el banco por valor superior a los 3.000 euros será reportado automáticamente a Hacienda para que verifique si coincide con el volumen de ingresos y gastos que declare más adelante, ya que la Agencia Tributaria entiende que todas las entradas en la cuenta del autónomo deberían coincidir con los ingresos declarados en sus respectivos modelos fiscales. Si fueran superiores podría sospecharse de la existencia de ingresos ocultos que se han percibido sin declarar.

Si no hay movimientos en las cuentas, saltan las alarmas

En todo caso, el dinero que se mueve en la cuenta es un indicio incluso cuando los movimientos se hacen fuera del banco. Con cualquier profesional, saltan las alarmas desde el momento en que “no se registra casi ningún movimiento en la cuenta y ningún tipo de consumo diario. Si un autónomo de cualquier oficio cobra en B habitualmente, lo normal es que no saque dinero de su cuenta, porque con lo que ingresa en efectivo y no declara puede vivir y consumir tranquilamente. Cuando nos damos cuenta de que el profesional no ha hecho ningún reintegro para el consumo diario, nos saltan rápido las alarmas porque lo que está claro es que nadie vive del aire”, explicó el secretario general de Gestha.

En estos casos, en los que existe una sospecha fundamentada de que “hay fraude, muchas veces, no hace falta ni siquiera detectar el propio dinero en B.  Aunque no descubras la venta oculta, puedes descubrir fácilmente el incremento patrimonial no justificado. No siempre se puede probar que un profesional que trabaja con clientes particulares está ingresando en efectivo sin declarar ese dinero. En todo caso, siempre se puede demostrar que no es posible que este profesional viva sin sacar ni mover dinero de la cuenta”, añadió José María Mollinedo.

Así pues, se prueba que hay un incremento de patrimonio. “A partir del consumo medio estimado para una familia por el INE, según la composición familiar que esa persona tenga, se le aplicaría el volumen estimado y se llevaría esta ganancia patrimonial no justificada al IRPF,  con su correspondiente escala de gravamen”, explicó el secretario general de Gestha.

También se verifican los cobros y pagos con tarjeta

Actualmente, son cada vez menos los establecimientos que no cuentan con un datáfono para los pagos con tarjeta. Y éste es precisamente otro de los lugares en los que Hacienda se fija para detectar posibles fraudes en el colectivo. ” Muchas de las ocultaciones de dinero en efectivo se logran destapar gracias a las emisiones de tarjeta, con las que se verifican los cobros y pagos”, dijo José María Mollinedo

Según explicó Mollinedo, “si una empresa ha vendido, por ejemplo, 200.000 euros y 190.000 euros los ha ingresado por banco por transferencias o pago con tarjeta, hay que analizar si ese negocio no tiene venta en efectivo, porque la venta en efectivo prácticamente no aparece”. 

En el caso de que se trate de un sector en el que es habitual la venta en efectivo, como bares y pequeños comercios, y sólo se registre el importe de la venta con tarjeta, “eso sería suficiente para que entre en el plan de comprobación porque hay un indicio de que pueda estar ocultando venta pagada en metálico”, apuntó el secretario general de Gestha. 

Limitación de pagos en efectivo a 1.000 euros

Otra de las bazas de Hacienda para luchar contra el fraude fiscal es limitar los pagos en efectivo por parte de autónomos y pequeños negocios. Con estas limitaciones, el profesional se ve obligado muchas veces a utilizar los medios electrónicos que, a diferencia del efectivo, dejan siempre huella y son mucho más fáciles de controlar.

Para tener bien vigilados todos los pagos en efectivo, entró en vigor el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de “modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude”. Con esta norma se estableció un límite de pagos en efectivo respecto de determinadas operaciones.

  • No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros -que bajará a 1.000 en 2021- o su contravalor en moneda extranjera.
  • El citado importe será de 15.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional.

Sin embargo, este límite tiene los días contados. El Gobierno informó de que pondrá en marcha un nuevo límite de pagos en efectivo para autónomos, profesionales y empresas a 1.000 euros. Esto se traduciría en una rebaja del 60% respecto al límite vigente de 2.500 euros fijado en 2012.  Por el momento, la sanción que marca la ley para aquellos que no respeten el actual límite es del 25% de la base de la sanción.

Información de clientes y proveedores

Además de los datos que Hacienda recaba con la colaboración de las entidades financieras, muchas veces, la Agencia Tributaria ya dispone de la mayoría de las facturas de los autónomos sin necesidad de requerirle documentación. De forma automática, la Agencia Tributaria ya cuenta en su base, cada cuatro días, con toda la información sobre las facturas emitidas y recibidas por empresas en el SII.

Por ello“aunque un pequeño negocio no forme parte de este sistema, es probable que alguno de sus proveedores o clientes sí lo estén, y aporten información constante de los ingresos y ventas de este autónomo sin que él lo sepa”, explicó José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda 

Además, los inspectores también cuentan con modelos como el 347 de ingresos y pagos de los empresarios, “en el que también vemos las operaciones que superan los 3.000 euros. Aunque el autónomo no las declare, es probable que sus clientes o proveedores empresarios, sí lo hagan, y ahí también se destaparía el fraude”, concluyó Mollinedo.

Gentileza de autónomos y emprendedores

Novedades fiscales y en Seguridad Social que afectarán al autónomo en 2021

El nuevo año trae novedades fiscales, en la jubilación, en las ayudas e incluso en la cuota de los autónomos.

Los autónomos dejan atrás uno de los años más complicados para el trabajo por cuenta propia y arrancan un nuevo año 2021 que vendrá cargado de novedades fiscales, en la cotización, en las ayudas que todavía siguen manteniendo a flote a buena parte del colectivo, y también en la futura jubilación de la que dependerán miles de nuevos pensionistas que dejarán su negocio para retirarse próximamente. 

2020 ha sido un año marcado por la crisis, pero también por decenas de reales decretos y de normas de Hacienda y Seguridad Social que afectan, en mayor o menor medida, a todos los autónomos. Sin ir más lejos, los trabajadores por cuenta propia ya notaron una subida de entre tres y doce euros en su cuota a la Seguridad Social que se volverá a producir, posiblemente, en los primeros meses de este año, sino en el mismo mes de enero. 

También las ayudas, que preocupan todavía a miles de autónomos, podrían sufrir grandes cambios en 2021. De hecho, a finales de este mismo mes de enero se discutirá la prórroga de los ERTEs y del cese de actividad. Y, aquellos que ya no necesiten de estas ayudas pero sí las hayan percibido, deben saber aún con todo  que en algunas modalidades de prestación, las mutuas revisarán pronto si los autónomos han cumplido con los requisitos para percibir durante el cuarto trimestre de 2020 las ayudas compatibles con la actividad. 

No sólo eso, 2021 promete ser uno de los años que más novedades fiscales traerá para el colectivo. Ya hay cambios que son seguros, como el mantenimiento -no se sabe por cuánto tiempo- de los módulos, las subidas de tributación a determinados umbrales del IRPF, o la aplicación de la famosa Tasa Google, que aunque no afecte directamente a la mayoría del colectivo, si puede afectar a los autónomos que trabajan para estas grandes plataformas. 

casi más importantes pueden ser los cambios para el colectivo que ya se han discutido, que muchas veces están en forma de proyecto de ley, y que podrían aprobarse más pronto que tarde. Desde el cambio del límite máximo para pagos en efectivo entre los autónomos y empresarios a 1.000 euros, hasta la rebaja de recargos para aquellos que presenten tarde sus declaraciones de impuestos.

También llegarán grandes cambios en la pensión. No hay que olvidar que la edad mínima y años cotizados para acceder a la jubilación ha cambiado, las pensiones se han revalorizado y, sobre todo, la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo aprobó varias recomendaciones que interesan mucho al autónomo y que podrían entrar en vigor muy pronto.

Cambios en materia de Seguridad Social

Sube la cuota de autónomos 

En los últimos meses de 2020, los autónomos se vieron sorprendidos por un incremento en los tipos de cotización -que afectan al importe de la cuota a pagar cada mes-, que si bien estaban aprobados y previstos desde el año 2018, habían pasado desapercibidos para la mayoría del colectivo. 

El pasado mes de octubre, la Tesorería General de la Seguridad Social avisó a los trabajadores por cuenta propia de una subida en los tipos de cotización, por contingencias profesionales y por cese de actividad. Esta subida tenía que haberse aplicado a la entrada de 2020 pero, sin embargo, acabó posponiéndose a raíz de la pandemia, según confirmaron a este diario fuentes de la Administración. De este modo, este año se llevó a cabo en octubre un aumento en el tipo de cotización por cese de actividad del 0,7% al 0,8% y por contingencias profesionales del 0,9% a un 1,1%. 

Próximamente, se aplicará un nuevo incremento de los tipos de cotización de otro 0,3% por cese de actividad y contingencias profesionales previsto para 2021, que se traducirá de nuevo en un aumento de entre tres y doce euros más al mes, dependiendo de si el autónomo cotiza por la base mínima o por la máxima. 

Entre 2,8 y 12 euros más al mes

Este nuevo incremento ya venía recogido en la disposición transitoria segunda del Real Decreto Ley del 28 de diciembre de 2018 para la revalorización de las pensiones públicas, y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. En la norma se recogen tres subidas diferentes y correspondientes a tres años: 2019, 2020 y 2021. Actualmente, la única subida de los tipos que quedaría por aplicar sería la de 2021, y se reflejará en un aumento de las cuotas hasta, como mínimo, los 289 euros -una vez más, en el caso de que el autónomo cotice por la base mínima-.  

Si, por ejemplo, el autónomo cotiza por la base mínima, es decir, 944,40 euros al mes, el incremento mensual de los tipos en un 0,3% subirá su cuota en 2,8 euros. Sin embargo, si el trabajador por cuenta propia está por la base máxima, que es de 4.070,10 euros, el aumento será de 12,24 euros mensuales.   

Los autónomos aún tienen que pagar entre 22 y 98 euros de deuda  

Por otro lado, como la subida de los tipos prevista para 2020 se tenía que haber producido en enero del año pasado y no se hizo hasta octubre por la pandemia, la Seguridad Social aún debe cobrarle a los autónomos ocho meses de incremento pendientes, es decir, desde enero hasta octubre, porque el mes de septiembre ya se cargó en la cuota de noviembre.  

La Seguridad Social tenía dos caminos. O subir de golpe la deuda acumulada durante los nueve meses en que no se les aplicó a los autónomos la subida de los tipos pactada en 2018 ( entre 22 y 98 euros según la base de cotización)  o hacerlo poco a poco. Se desconoce aún cuál va a ser el criterio pero si se sabe que a lo largo de 2021 todos los autónomos tendrán que pagar -más o menos- por esta deuda a través de sus cuotas.

La jubilación de los autónomos 

El nuevo año 2021 traerá varias novedades para los autónomos que pretendan acceder a la jubilación y también para los que ya lo hayan hecho. La reforma de las pensiones que entró en vigor en 2013 modifica año tras año, tanto la edad de acceso al retiro, como la forma de calcular la prestación de aquellos que vayan a jubilarse. 

A estas modificaciones que se van introduciendo cada año de forma automática, hay que sumar el reciente acuerdo que alcanzó el Pacto de Toledo para actualizar una veintena de recomendaciones para la futura reforma de las pensiones que podría tener en cuenta el Gobierno. Entre otras cosas, se podría modificar el método de cálculo para ampliar los últimos años que se tienen en cuenta para la pensión; se recuperará el IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones o  se podría aumentar las penalizaciones y los incentivos para los autónomos que adelanten o retrasen su jubilación respecto a la edad legal.

Novedades ya aprobadas: edad de acceso y revalorización de las pensiones

El Ejecutivo introdujo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2021 esta revalorización en base al Índice de Precios de Consumo para asegurar que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.  Este año, al ligar las pensiones a este marcador, la prestación que cobran los jubilados -autónomos y asalariados- subirá un 0,9% respecto a 2020. 

  • Sube el importe de la prestación

Trasladando este porcentaje al colectivo de trabajadores por cuenta propia, que en el mes de julio cobraron una pensión media de jubilación de 777 euros, se puede prever una subida mensual media de 6,8 euros que, por 12 pagas, supondría un aumento medio de 81 euros anuales.

Por otro lado, el Pacto de Toledo también acordó para el año 2021 mantener algunos periodos de cálculo que afectan a los pensionistas: no se modifican por el momento ni los 15 años de mínimo para acceder a la prestación contributiva por jubilación, ni la exigencia de que, al menos, dos de estos años correspondan a los últimos 15 años antes de jubilarse.   

Por el contrario, y en base a la reforma de 2013, este próximo año sí cambiarán tanto los requisitos de acceso a la jubilación en cuanto a la edad exigida y el tiempo mínimo cotizado para cobrar el 100% de la prestación, y también la forma de calcular la base reguladora de la que depende el importe de la prestación.

  • Cambia la edad de acceso

En la anterior reforma de las pensiones se fijó un incremento paulatino a aplicar entre 2016 y 2027 para aumentar de 65 a 67 años la edad para acceder a la jubilación ordinaria, así como del periodo mínimo de cotización, que subirá desde los 35 años en 2019 hasta llegar a los 38 años y 6 meses en 2027.

De este modo, desde enero de 2021, los autónomos que deseen jubilarse a lo largo del próximo año deberán, o bien tener cumplidos los 65 años si tienen 37 años y 3 meses o más cotizados o bien, en caso de no tener este periodo de cotización, haber cumplido los 66 años.  

Además, los autónomo que quieran jubilarse anticipadamente este año tienen que tener, al menos, 64 años y acreditar un periodo mínimo de cotización de 35 años, 15 de ellos anteriores al momento de jubilarse.

Siempre y cuando se cumplan estos requisitos, el autónomo podría acceder a la jubilación anticipada pero debe tener en cuenta que existen cuatro tramos de penalización, y que una de las recomendaciones del Pacto de Toledo al Gobierno es precisamente endurecer estos coeficientes que reducen la cuantía de la pensión. De momento y a la espera de posibles cambios, estos son los cuatro tramos actuales:

  • Cambios en el método para calcular la pensión

Para calcular la pensión que va a cobrar el autónomo se utilizan dos elementos: la base reguladora y los porcentajes aplicables a ésta última. Ambos se modificarán en 2021 y, por tanto, este cambio afectará  -en mayor o menor medida- a las pensiones de aquellos que decidan jubilarse a partir del próximo mes de enero. 

La base reguladora es lo que determina la pensión que va a recibir el autónomo desde el momento de su jubilación, durante el resto de su vida. Este importe se obtiene dividiendo la base de cotización del autónomo durante un determinado periodo de tiempo que cambia todos los años. 

Desde enero de 2021 se ampliará de los 23 a los 24 años el periodo cotizado a tener en cuenta para el cálculo de la pensión. De este modo, aquellos autónomos que se vayan a jubilar el año que viene, para saber cuánto cobrarán de pensión, deben sumar la base de cotización que han tenido durante los últimos 288 meses previos al momento de jubilarse y dividir el resultado por 366 (24 años contando con los dos meses de paga extra anual que les corresponden a los pensionistas). 

Cambios en la jubilación que podrían aprobarse en 2021

Además, en el marco de las recomendaciones trasladadas por el Pacto de Toledo y que podrían entrar en vigor pronto, una de las propuestas más importantes que afectará a los autónomos, sería la necesidad de acercar la edad real de jubilación a la edad legal mediante cambios en los coeficientes reductores que se vienen aplicando cuando un trabajador por cuenta propia pretende jubilarse anticipadamente, endureciéndolos en muchos casos para desincentivar el retiro antes de la edad marcada por la ley (ahora 65 años y 10 meses).  Al mismo tiempo, también se recomendaría incentivar más la jubilación demorada.  

Asimismo, también se propuso un sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos, implantado de manera gradual, atendiendo a las particularidades del colectivo y acordado en el marco del diálogo social.

Además, se trasladó al Gobierno la importancia de evaluar, a la mayor brevedad posible,  la facultad de elección de los años más favorables en la determinación de la base reguladora de la pensión.  Según la comisión, esta solución puede resultar interesante en supuestos como el de personas que, a partir de una determinada edad y durante un largo periodo de tiempo, hayan experimentado una reducción significativa de las bases de cotización. En todo caso, estas propuestas parece que todavía tardarán un tiempo en implementarse. 

Novedades fiscales que podrían afectar a los autónomos

En 2021 habrá una serie de subidas de impuestos, cambios normativos y  modificaciones en los trámites que se producirán a lo largo del año y que cambiarán la manera en la que los autónomos se relacionan con el Fisco. Algunos de estos cambios ya están aprobados y entrarán en vigor a partir de este mes y, otros, todavía están pendientes de aprobación.  Éstas son las que todavía están pendientes de aprobación:

  • Posible reducción de los recargos por presentar impuestos fuera de plazo

Dentro de las reformas incluidas en el proyecto de ley de medidas contra el fraude fiscal, actualmente en trámite parlamentario, estaría la reducción de los recargos a los contribuyentes que presenten fuera de plazo sus autoliquidaciones, como IVA, IRPF o Sociedad. 

Esta novedad, recogida en el artículo 27 de la citada Ley, podría entrar en vigor antes de verano y, según fuentes de Hacienda, “graduaría y suavizaría” estos recargos, haciendo que aumenten mes a mes, y no de golpe como sucede ahora. 

Hasta ahora, los recargos son del 5 % (hasta 3 meses), 10 % (entre 3 y 6 meses), 15% (entre 6 y 12 meses) y 20 % (más de 12 meses) más intereses de demora. Si entrara en vigor la reforma, pasarían a ser de un 1% por cada mes de retraso y a partir de los 12 meses sería del 15 % más intereses de demora. Además, también aumentarían los porcentajes de reducción de sanciones en caso de acuerdo y pago.

  • Se amplía el plazo del procedimiento sancionador tras las inspecciones

Dentro de la misma reforma fiscal se incluiría también una ampliación del plazo para iniciar el procedimiento sancionador relacionado con la inspección de algún tributo de 3 a 6 meses.

Esto significa que, si como resultado de una revisión parcial, el contribuyente debe proceder a regularizar su declaración, Hacienda puede iniciar un proceso sancionador dentro de los seis meses siguientes al momento en que fue notificado el proceso inicial de revisión del impuesto.  

  • Nuevos límites a los pagos en efectivo

Dentro del proyecto de ley de medidas contra el fraude estaría incluido un cambio que afectaría a los autónomos. Se trata de limitar aún más los pagos en efectivo: la ley fijaría un nuevo tope para las operaciones en efectivo entre profesionales y empresarios,  pasando de los 2.500 actuales, a sólo 1.000 euros. 

Cambios fiscales que ya están aprobados

Además, independientemente de si entra o no entra en vigor la nueva reforma fiscal, habrá otros cambios que afectarán a los autónomos. El inicio del nuevo año conlleva la entrada en vigor de diferentes normas fiscales que afectan a los autónomos. Según explicó el secretario técnico del Consejo General de Economistas (CGE), Luis del Amo, las novedades tributarias con las que se encontrarán los autónomos en 2021: :

  • Novedades en IRPF

En el IRPF se incrementará en un 2% el tipo marginal exclusivamente para importes de base liquidable general superiores a 300.000 €, que quedaran gravados al 24,50% (frente al 22,50 vigente hasta ahora). Además, se incrementa un 3 % el tipo marginal exclusivamente para importes de la base liquidable del ahorro superiores a 200.000 €, siendo el tipo aplicable del 26% (frente a 23%).

Por otro lado, en materia de Planes de pensiones se introducen dos importantes novedades. En los planes de pensiones individuales, que habitualmente se contratan a través de las entidades financieras, el importe desgravable de la base imponible del IRPF baja de 8.000 € a 2.000 €.

Se crean los planes de pensiones colectivos o de empresa, concebidos para los empleados. Y se prevé la constitución de un gran plan colectivo público para los autónomos y pymes que no puedan constituir sus propios planes de empresa. En este caso el límite desgravable se sitúa en los 8.000 € y se permitirá desgravar simultáneamente otros 2.000 € en un plan individual. Por tanto, el importe desgravable podría pasar de los 8.000 € a los 10.000 €.

  • Aumento del impuesto sobre primas de seguros

En 2021 habrá una subida del impuesto sobre las primas de seguros, que pasará del 6 % al 8 %. Se trata de un incremento del 33%, que tendrá repercusión, en el caso de los autónomos, en todos aquellos seguros relacionados con su actividad profesional.

  • Nuevo impuesto al plástico

En julio de 2021, la venta y uso de productos de plástico desechables estará prohibido. Ésta será una de las consecuencias más inmediatas que tendrá para el tejido empresarial el anteproyecto de ley de residuos que aprobó que obligará a cientos de negocios a cambiar y a transformar el funcionamiento de su actividad. Vasos para llevar el café a la oficina, toallitas, pajitas para la bebida, cubiertos desechables, la vajilla en muchos negocios de catering, tapones, botellas, fundas, bolsas y embalajes de los comercios,…y un largo etcétera que afecta a cientos de miles de negocios.  

El proyecto de norma, que el Gobierno prevé que esté publicada en el Boletín Oficial del Estado a finales de este año o a principios del siguiente, forma parte del la Estrategia Española de Economía Circular 2030. 

Para conseguirlo, el Gobierno recoge, por primera vez, en un texto legislativo una serie de propuestas. Una de las que más destaca es la limitación del uso de plástico.  Se trata de una medida que afecta muy especialmente a los trabajadores autónomos, ya que muchos de ellos se dedican a sectores como el comercio y la hostelería y la restauración, dónde se hace principalmente venta y uso de estos producto

Aparte de la prohibición del uso del plásticos  el texto del anteproyecto de la nueva de ley de residuos grava también su fabricación. Esto significa que el Ejecutivo pondrá en marcha la creación de un nuevo impuestoque sigue la línea de lo anunciado a principios del mes de marzo por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Este nuevo impuesto será de “carácter indirecto y recaerá sobre la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables que vayan a ser objeto de utilización en el mercado español” afirmó la ministra. 

  • Subida al 21% de bebidas azucaradas y edulcoradas

Además, hay otras medidas fiscales que también podrían afectar a los trabajadores por cuenta propia como la subida al 21% IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas, anunciada por el Gobierno. Si bien la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que se mantendría al 10% actual para bares y restaurantes, el incremento afectará previsiblemente a otras actividades como las máquinas de vending. 

  • La subida del impuesto de matriculación

A partir del 1 de enero de 2021, comprar un coche será más caro. Ese día entrará en vigor el nuevo sistema de medición de emisiones de CO2, el WLTP,  que encarecerá un 5% el coste de adquirir un vehículo en España. De tal forma, que un mismo vehículo pasará de un día para otro a costar entre 800 y 1.000 euros más.

La subida afectará, a todas aquellas personas que quieran renovar su coche, pero sobre todo a los concesionarios, muchos de ellos en manos de trabajadores por cuenta propia. Para estos profesionales la finalización del periodo de adaptación del WLTP llega en el peor momento posible para el sector, pues se produce justo cuando las ventas están cayendo más por la emergencia sanitaria,  las restricciones de movilidad y las limitaciones perimetrales impuestas entre las comunidades autónomas.

  •  La Tasa Google

El pasado mes de octubre, el Gobierno dio luz verde a la Ley de Impuestos sobre servicios digitales, comúnmente conocida como ‘Tasa Google’. Ésta, que entrará en vigor el próximo 16 de enero de 2021, supone la creación de un nuevo impuesto que “grava las prestaciones de determinados servicios digitales en los que exista intervención de usuarios situados en el territorio de aplicación del impuesto, por parte de los contribuyentes definidos en el artículo 8 de la ley”, apuntó del Amo. 

De esta forma, la Tasa Google sólo se impondrá a las personas jurídicas y entidades que el primer día del periodo de liquidación superen los dos umbrales siguientes: el importe neto de la cifra de negocios en el año natural anterior de 750.000.000 euros y el importe total de ingresos derivados de prestaciones de servicios digitales sujetos al Impuesto correspondientes al año natural anterior de 3.000.000 euros.

Si bien el nuevo impuesto no afectará directamente a los pequeños negocios, sino a las grandes plataformas, un informe de PricewaterhouseCoopers (PwC) revelaba que las grandes empresas afectadas repercutirán el sobrecoste generado por el impuesto, en los usuarios y, por lo tanto, en los pequeños negocios. 

Posibles cambios en el cese de actividad y los ERTEs  

El Gobierno puso en marcha varias medidas económicas a raíz de la crisis por el coronavirus que se han ido ampliando desde el pasado mes de marzo. En septiembre, tanto las ayudas por cese de actividad como los ERTEs dejaban de estar en vigor pero, finalmente, el Ejecutivo alcanzó un acuerdo con los agentes sociales para volver a extenderlas hasta enero.

Así, y hasta finales de enero, los autónomos pueden acceder a un total de tres prestaciones extraordinarias: para autónomos de temporada, en tarifa plana o que se hayan visto obligados a cerrar el negocio. Además, también se extendió la Prestación Ordinaria Extraordinaria por cese de actividad (POECATA), que es compatible con el desarrollo del negocio y que va dirigida a aquellos autónomos que prevean grandes caídas en la facturación durante el cuarto trimestre de 2020.  

Con estas ayudas, los autónomos pueden cobrar entre el 50% de la base mínima -unos 480 euros- y el 70% de su base de cotización, dependiendo del tipo de prestación a la que accedan. Además, también estarán exonerados del pago de su cuota a la Seguridad Social. 

Por otro lado, el Gobierno y los agentes sociales alcanzaron, por sexta vez, un acuerdo para prorrogar de nuevo los ERTEs (Expedientes de Regulación Temporal del Empleo), en varias modalidades, hasta el próximo 31 de enero de 2021.  Esta nueva extensión  trajo consigo tres nuevas modalidades de ERTE para cubrir las diferentes circunstancias en las que puede encontrarse un negocio. Por un lado, se pusieron en marcha los expedientes por limitación y por impedimento, que van dirigidos a aquellas actividades que desde octubre hasta enero puedan verse obligadas a cerrar o limitadas por algún decreto de las autoridades sanitarias.  Además, se extendieron los ERTE por fuerza mayor para una lista de 42 actividades 

El 31 de enero dejarían de estar en vigor ambas ayudas

Los autónomos deben marcar el 31 de enero en su calendario porque será ésta la fecha en la que dejarán de estar en vigor tanto las diferentes prestaciones por cese de actividad, como los ERTEs y sus exoneraciones. El Gobierno dio esta vez cuatro meses de vigencia a las ayudas para, después de Navidad, sentarse de nuevo a la mesa con los agentes sociales y analizar la posibilidad de poner en marcha una nueva prórroga. 

A pesar de que todavía queda un mes para que finalicen estas ayudas, el Gobierno ya adelantó en varias ocasiones su intención de mantener las prestaciones y los expedientes, tanto tiempo como sea necesario. Quizás el horizonte que baraja sea Semana Santa. 

En este sentido, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aclaró en su última intervención en la sesión de control al Senado que volverá a reunirse con las organizaciones de autónomos y los agentes sociales en el mes de enero para evaluar cómo está el colectivo de trabajadores por cuenta propia y para ver si se tienen que reajustar algunas de las medidas.

Por otro lado,  la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también señaló en una de sus últimas entrevistas que se van a necesitar ayudas en el marco de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), “probablemente hasta Semana Santa”, y que se mantendrán estos mecanismos “mientras sea necesario”.  

En marzo se comprobará si los autónomos tenían derecho al cese de actividad en 2020

Además, independientemente de la continuidad de las ayudas para autónomos, lo que ya está fijado por ley es que las mutuas comprobarán a partir del mes de marzo si los trabajadores por cuenta propia que percibieron en el cuarto trimestre de 2020 la prestación compatible con la actividad (POECATA) realmente cumplían los requisitos y tenían derecho a ella.

Esta prestación va dirigida sólo a aquellos autónomos que cumplan algunos requisitos como, por ejemplo, que sus ingresos hayan descendido en más de un 75% respecto al mismo trimestre del año anterior.  

La ley ya preveía que estas prestaciones se verificaran por las mutuas “ex post”, para acreditar que realmente los autónomos que accedieron cumplían el requisito de tener una caída media de la facturación superior al 75%. Aunque la norma no fijaba al principio una fecha concreta de revisión, según las gestorías consultadas, las mutuas empezaron a enviar solicitudes de acreditación de la primera prestación – la percibida en el estado de alarma- en el mes de septiembre, “si bien es cierto que todavía no se han recibido muchas”.   

Del mismo modo ocurre con las actuales prestaciones compatibles con la actividad. Según marca la ley, a partir del 1 de marzo de 2021, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, recabaran del Ministerio de Hacienda los datos tributarios de los ejercicios 2019 y 2020 necesarios para el seguimiento y control de las prestaciones reconocidas.

Comprobados los datos por la entidad colaboradora o gestora competente para el reconocimiento de la prestación, se procederá a reclamar las prestaciones percibidas por aquellos trabajadores autónomos que superen los límites de ingresos establecidos en este precepto, o que no acrediten una reducción en la facturación durante el cuarto trimestre del año 2020 de al menos el 75 por ciento en relación con el mismo periodo del año 2019.

La entidad competente para la reclamación fijará la fecha de ingreso de las cantidades reclamadas que deberán hacerse sin intereses o recargo. Transcurrido el plazo fijado, la Tesorería General de la Seguridad Social procederá a reclamar la deuda pendiente, con los recargos e intereses que procedan.

De constatar que no se cumple con las condiciones, la entidad exigiría al autónomo que abone un mínimo de 2.000 euros -correspondientes a 661 euros al mes durante tres meses por el 70% de la base mínima de cotización- junto con las exoneraciones de cuotas del mismo periodo de tiempo, que ascenderían a unos 800 euros -una vez más, en el caso de que se cotice por la mínima-. La devolución deberá hacerse de golpe y en un plazo de alrededor de 10 días.

Gentileza de Autonomos y emprendedores

La Justicia da la razón al 50% de los recursos que plantean los autónomos contra Hacienda

La Justicia estima más del 50% de los recursos que presentan los autónomos contra Hacienda sobre impuestos como el del IVA o el de sociedades.

Casi la mitad de los recursos que interpusieron el año pasado los autónomos y empresarios a raíz de actuaciones de Hacienda fueron estimados por los Tribunales. Esto significa que los jueces entienden que en el 50% o más de los actos de la Agencia Tributaria que reclaman los contribuyentes en algunos de los impuestos más comunes como IVA, IRPF o Sociedades, hay algún error de forma o fondo. 

Así lo desvela la última memoria de 2019 de los Tribunales económico-administrativos, que son los encargados de llevar los recursos que hacen los autónomos y demás contribuyentes cuando están en desacuerdo con alguna actuación de la Administración Fiscal, ya sea la central o las autonómicas.  En muchas de estas reclamaciones, la Justicia da la razón los negocios, de forma total o parcial. Es decir estima el conjunto del recurso o, al menos, una parte de él. 

Los autónomos tienen una serie de obligaciones con Hacienda y su incumplimiento puede acarrear sanciones proporcionales a la gravedad de la infracción, que pueden ser levesgraves y muy graves. En función de la gravedad del incumplimiento se aplicarán sanciones de entre el 50% (en el caso de las leves) y el 150% (muy graves) sobre el importe de la infracción, además de posibles recargos. Si el autónomo no está de acuerdo, siempre puede alegar o recurrir.

Aunque, como señalaron fuentes de la Agencia Tributaria “no todas las actuaciones que se recurren son por sanciones”, lo cierto es que muchas sí acaban en multa. Estas sanciones se producen porque, supuestamente, se ha incumplido alguna norma, tal y como establece la Ley 58/2003 de 17 de diciembre o la Ley General Tributaria, “son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en ésta u otra ley”. 

Hasta un 54% de los recursos por IVA o IRPF son estimados

La mayoría de las sanciones impuestas a autónomos y pequeños negocios suelen venir por no presentar de forma correcta o completa las declaraciones, no ingresar la deuda tributaria en plazo, u obtener indebidamente beneficios fiscales o devoluciones tributarias, que muchas veces son recurribles.  

Sin embargo, desde el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, reconocieron a través de un comunicado “que sólo el 7,3% de los actos de la Agencia Tributaria fueron reclamados por los contribuyentes, principalmente, porque algunas liquidaciones de importes menores o denegaciones de aplazamientos o recursos se consienten y no son reclamados“. 

A pesar del escaso número de actuaciones que acaban siendo reclamadas, las que sí se recurren, en casi la mitad de los casos, son corregidas por los tribunales. Concretamente, según datos de Gestha, de los recursos que presentan los contribuyentes por alguna actuación por impuestos, la Agencia Tributaria y demás Administraciones fiscales pierden el 42%.  

Estos datos concuerdan con la memoria de los tribunales económico-administrativos de 2019.  De hecho, en el documento, se refleja que el porcentaje de recursos que ganan los autónomos es todavía mayor en algunos impuestos como IVA, en los que hasta el 54% de las reclamaciones contra el Fisco son estimadas y, por tanto, se corrige o anula la actuación.

Por ejemplo, como se puede apreciar en la tabla, de las 25.358 reclamaciones de autónomos y empresarios por actuaciones de Hacienda en el IVA en 2019, nada menos que 13.697 fueron estimadas por los Tribunales. Esto significa que los trabajadores por cuenta propia ganaron el recurso en el 54,01% de los casos.

En cuanto al IRPF, impuesto por el que también tributan los autónomos persona física, de las 65.937 reclamaciones interpuestas contra actos de la Agencia Tributaria, 34.841 fueron estimadas. Es decir, los tribunales dieron la razón -total o parcialmente- a los contribuyentes en el 52% de los casos.

Lo mismo ocurre en el Impuesto de Sociedades, por el que tributan las empresas y autónomos societarios: de los 10.136 recursos de los negocios contra alguna actuación de la Agencia Tributaria, 4.563 fueron estimados. Esto es algo más del 45%.  

¿Por qué los autónomos no suelen recurrir las actuaciones de Hacienda?

A pesar de lo llamativo de los datos, lo cierto es que el número de litigios contra la Administración por liquidaciones de impuestos, errores en las declaraciones anuales, u ocultación de ingresos sigue siendo muy bajo. De hecho, sólo un 0,3% del total de actos que dicta la Agencia Tributaria se reclaman y son finalmente anulados por los tribunales, bien en la vía económico-administrativa (un 0,27%) o bien en la vía contencioso-administrativa (un 0,03%), según el Plan de Actuación de este organismo.

Esto se puede interpretar de dos formas. O bien porque los “negocios en general recurren sólo cuando ven razones muy evidentes y, por ello, los pocos recursos que hacen son estimados en muchas ocasiones”, como apuntan fuentes de la Agencia Tributaria. O  bien porque, como señalan diferentes expertos, la mayoría de veces, son sólo las grandes empresas las que recurren y los pequeños negocios, por más que tengan razones de peso para hacerlo, prefieren ahorrarse los trámites y posibles costes de reclamar cantidades que, en realidad, suelen ser pequeñas.

Según la mayoría de gestorías y expertos consultados, además del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), el escaso número de recursos se debe a que, a la mayoría de autónomos y pequeños negocios, “no les sale casi nunca a cuenta reclamar. En primer lugar porque, hacerlo, ya supone un mínimo de unos 3.000 euros en gastos jurídicos. Eso ya disuade a la mayoría, porque muchas veces lo que puede obtener el autónomo si gana la reclamación económico administrativa, es menos de lo que está gastando. Eso, sin contar la incertidumbre de que, en muchos casos, puede perder el recurso”, explicó Domingo Gallego, asesor fiscal.   

“Lo cierto es que se está primando la cantidad a la calidad de las inspecciones, se tiende a hacer que el número de liquidaciones sea mayor, en vez de investigar a los que defraudan por importes millonarios. Y esto es porque,  en la mayoría de las ocasiones, los autónomos no reclaman. O bien porque no les sale rentable, o bien porque no están asesorados”, explicó el secretario general del sindicato Gestha, José María Mollinedo. 

Causas que disuaden a los negocios de recurrir más

Además de los gastos en los que incurren y del riesgo de reclamar y perder, los pequeños negocios se ven disuadidos de recurrir “por las reducciones de las que se pueden beneficiar si muestran conformidad con el pago de la sanción y, además, la abonan en plazo. Esta estrategia hace que la Agencia Tributaria se asegure en la mayoría de los casos la recaudación por liquidaciones y sanciones a autónomos, sean correctas o no”, explicó Domingo Gallego.

La finalidad de estas reducciones es estimular el pago de las sanciones, para rebajar los recursos y reclamaciones económico-administrativas. Por tanto, en el momento en que se recurra la sanción, se perderá el derecho a todas las reducciones, que se aplican únicamente en caso de conformidad.

Según los expertos consultados, cuando el autónomo ya ha recibido una carta de pago con el importe de la multa, normalmente, tiene ya pocas opciones para conseguir librarse de la sanción. Sin embargo, si se atiene a los plazos, la Administración ofrece reducciones en la cuantía.

El autónomo que asuma el hecho que ha causado el trámite y acepte la propuesta de imposición de sanción podrá optar a reducciones, por un lado, del 30% de la sanción si se está conforme con la liquidación original; y, además, de un 25% sobre la cantidad ya reducida anteriormente, si se ingresa la sanción en el plazo indicado.

Ambas reducciones sólo son posibles si no se presenta recurso y si se respetan los plazos que serán precisados en la carta de pago que envía la Administración y que están recogidos en el artículo 62 de la Ley General Tributaria (LGT). En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, el pago se tendrá que llevar a cabo:

  • Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
  • Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Gentileza de Autónomos y emprendedores

Feliz Navidad!

2020 ha sido un año complicado para todos y en especial para autónomos y empresas, que han visto como todos sus planes quedaban desmontados y sin posibilidad de reacción.

La tragedia humana en pérdidas de vidas está siendo demoledora y la crisis que veníamos arrastrando desde 2008, se ha visto acentuada por el COVID-19.

Todo lo anterior no da para la alegría y la celebración, pero tal vez este año la Navidad pueda ser la excusa perfecta que nos haga olvidar y aunque sea por unos días, todo lo ocurrido en 2020.

Por ese motivo, el Equipo de Rásel quiere desearles una muy Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.

Modelo 202 de pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades a pagar el 21 de diciembre

El mes de diciembre toca pagar impuestos, pero como las empresas que realizan sus autoliquidaciones trimestrales de IVA e IRPF no liquidan estas hasta el mes de enero, conviene recordar que aquellas que estén obligadas a presentar pagos fraccionados a cuenta del impuesto sobre sociedades  y del impuesto sobre la renta de no residentes tienen que presentar el modelo 202.

Sin embargo, si la cuota íntegra del impuesto sobre sociedades del ejercicio anterior es cero o negativa, no existe obligación de presentar esta declaración, aunque hay que estar atentos al primer ejercicio en el que la cuota íntegra de este impuesto sea positiva, ya que, en ese caso, en los primeros 20 días de octubre se tendrá que presentar el primer pago a cuenta.

En el caso de que se olvide su presentación, o no se realice en el plazo establecido por la Agencia Tributaria, los sujetos pasivos obligados a su presentación se exponen a tener que pagar recargos, sanciones e intereses de demora, aunque siempre será mejor presentarlo aunque sea fuera de plazo, ya que, si no se ha recibido un requerimiento de la Agencia Tributaria, no se recibirá sanción, debiéndose pagar solo un recargo en función del tiempo de retraso y los intereses de demora correspondientes.

Este año como el día 20 cae en domingo, se puede presentar hasta el día 21.

¿Cuál es la finalidad del modelo 202?

El modelo 202 se utiliza para anticipar pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades del ejercicio en curso, de manera que las cantidades ingresadas con estos pagos fraccionados, junto con otras retenciones, como las relativas a alquileres y rendimientos del capital mobiliario, se restarán del importe a pagar en el impuesto sobre sociedades que se presente el 25 de julio.

Si el resultado del modelo 200 es inferior a lo que se ha pagado con las autoliquidaciones de los modelos 202 y otros pagos a cuenta realizados, la empresa podrá pedir la devolución de la diferencia ingresada de más en la Agencia Tributaria.

¿Quiénes están obligados a presentar el modelo 202 de pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades?

La presentación del modelo 202 será obligatoria para aquellos contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea superior a 6 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo al que corresponda el pago fraccionado, hayan tenido o no beneficio, así como para todas las empresas que en el ejercicio anterior tuvieran un resultado positivo.

HAY MÁS PARO, MENOS AFILIADOS A 30 DE NOVIEMBRE QUE EL 30 DE OCTUBRE, MÁS TRABAJADORES EN ERTE.

Los datos de hoy reflejan la dura realidad de un tejido empresarial asfixiado.

Madrid, 2 de diciembre de 2020. “No son buenos los datos de empleo en noviembre, no son satisfactorios. Hay más parados, menos afiliados a 30 de noviembre que el 30 de octubre, más trabajadores en ERTE que meses anteriores, más de 150.000”, ha asegurado Lorenzo Amor, presidente de ATA. “A lo que hay que sumar que 430.000 autónomos han solicitado la prestación por cese de actividad y al 20% se le ha denegado. Esta es la dura realidad de un tejido empresarial asfixiado. Algo está fallando”.

Por otro lado, hay que reconocer que los mecanismos de protección están funcionando. Si no fuera por los ERTE y ayudas de cese de actividad hubiéramos tenido una hecatombe en los datos de afiliación y empleo. “Se ve claramente lo mal que lo están pasando los autónomos, la asfixia del tejido empresarial. Por eso es necesario cuanto antes poner en marcha nuevas prórrogas en ERTE y ayudas por cese”, ha añadido el presidente de ATA.

Desde ATA exigen dar seguridad y certidumbre a los autónomos, dar confianza a los empresarios y a los trabajadores. Es necesario que no esperemos al último minuto para aprobar estas prórrogas.

Gentileza de ATA

Consecuencias del Brexit en el IVA

La salida de Reino Unido (R.U.) de la Unión Europea conllevará cambios en la facturación y liquidación de IVA para las empresas Españolas que tengan negocios con Empresas o particulares de esa zona.

Si su Empresa exporta o importa productos o servicios de R.U. es importante que conozca cómo funcionará el IVA desde 1 de enero de 2021.

Entregas de bienes

La salida supone, entre otras cuestiones, que los flujos de mercancías entre España y Reino Unido dejarán de tener la consideración de operaciones intracomunitarias para pasar a estar sujetos a formalidades aduaneras.

Esto implica, en el caso de la entrada de mercancías en el territorio de aplicación del IVA español (Península y Baleares) procedentes de Reino Unido, la liquidación del IVA en el momento de la importación por la Aduana, salvo que la empresa opte por el pago del IVA diferido. Para ello deberá presentar el IVA mensualmente.

La base imponible del IVA en la importación es el Valor en Aduana añadiendo los siguientes conceptos en cuanto no estén comprendidos en el mismo:

a. Los impuestos, derechos, exacciones y demás gravámenes que se devenguen con motivo de la importación, salvo el IVA

b. Los gastos accesorios, como las comisiones y los gastos de embalaje, transporte y seguro que se produzcan hasta el primer lugar de destino de los bienes en el interior de la Comunidad.

Las mercancías que sean transportadas desde el territorio de aplicación del IVA español (Península y Baleares) al Reino Unido serán exportaciones y estarán exentas de IVA.

En el caso de que el empresario español efectúe entregas de bienes a particulares ingleses no será de aplicación el régimen de ventas a distancia.

Los intercambios de mercancías con Irlanda del Norte tendrán el mismo tratamiento que los efectuados con un Estado miembro de acuerdo con el protocolo Irlanda-Irlanda del Norte. Este tratamiento no se extiende a los servicios.

Movimientos de mercancías desde el Reino Unido a los 27 Estados miembros que se haya iniciado el transporte con anterioridad al 01 de enero de 2021.

Para evitar una doble tributación, las mercancías cuyo transporte desde Reino Unido a uno de los 27 Estados miembros se inicie antes del 1 de enero de 2021 y lleguen a su destino con posterioridad a dicha fecha, deberán presentarse ante la Aduana pero no tributarán como importación sino como adquisición intracomunitaria, teniendo que incluirse en los estados recapitulativos (modelo 349 en el caso de España). Las autoridades aduaneras podrán requerir al importador la prueba del inicio del transporte antes del 1 de enero de 2021 mediante los documentos de transporte.

Prestaciones de servicios

Se aplicarán las reglas de localización previstas en los artículos 69 y 70 LIVA, teniendo en cuenta que el Reino Unido deja de pertenecer a la Unión Europea y en particular, la regla de uso efectivo recogida en el artículo 70. Dos LIVA, de tal forma que estarán sujetos al IVA español los servicios enumerados en dicho artículo cuando se localicen en Reino Unido pero su utilización o explotación efectiva se realice en el territorio de aplicación del IVA español.

Para determinar dónde se localiza un servicio prestado a un cliente establecido en el Reino Unido o recibido de empresarios de dicho País se encuentra disponible la herramienta de ayuda “Localizador de prestaciones de servicios”:

Modelo 349

Dado que las operaciones realizadas entre España y Reino Unido dejan de calificarse como intracomunitarias no deberán informarse a través de la declaración recapitulativa modelo 349.

En el caso de realizar operaciones aduaneras (importaciones o exportaciones), deberán disponer de un número EORI.

Representante fiscal

Los empresarios establecidos en Reino Unido que realicen operaciones sujetas al IVA en Península y Baleares, deben nombrar un representante a efectos del cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Ley 37/1992, del impuesto sobre el Valor Añadido, salvo que existan con Reino Unido instrumentos de asistencia mutua análogos a los instituidos en la Comunidad (art. 164. Uno. 7º LIVA).

Fuente: Agencia Tributaria: Consecuencias de la aplicación del BREXIT en el IVA.

Tributación en el IRPF de la reducción de la renta del arrendamiento por el COVID-19

La Dirección General de Tributos lo explica en la consulta vinculante V2739-20 de 7 de septiembre.

La Dirección General de Tributos emite una interesante consulta vinculante (V2739-20) en relación con la epidemia de COVID-19 que estamos sufriendo. Estudia el caso de un matrimonio, en régimen de gananciales, que son arrendadores de varias viviendas y que, en una de ellas, el arrendatario les ha solicitado una reducción de la renta del alquiler debido a la crisis del COVID-19.

Esta reducción fue pactada por ambas partes de la siguiente forma: totalidad de la primera mensualidad y de un 12,5% de las siguientes.

Preguntan, los arrendadores, cómo tributa en el IRPF esta reducción de la renta.

En primer lugar, la DGT parte de la hipótesis de que el arrendamiento no constituye una actividad económica, por reunir los requisitos previstos en el artículo 27.2 de la LIRPF, y continúa explicando lo siguiente:

“Para el cálculo del rendimiento neto del capital inmobiliario debe tenerse en cuenta que las modificaciones en el importe fijado como precio del alquiler (cualquiera que sea el importe de la reducción), determinará que el rendimiento íntegro del capital inmobiliario correspondiente a los periodos a los que afecte será el correspondiente a los nuevos importes acordados por las partes.

Por su parte, serán deducibles los gastos necesarios para el alquiler incurridos durante el periodo al que afecte la modificación, en los términos establecidos en los referidos artículos 23 de la LIRPF y artículos 13 y 14 del Reglamento del Impuesto, sin que, en ningún caso proceda la imputación de rentas inmobiliarias prevista en el artículo 85 de la ;LIRPF. A su vez, será aplicable la reducción establecida en el citado artículo 23.2 de la LIRPF cuando se trate de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda.

Por otra parte, en los casos en los que se pacte el diferimiento de los pagos por el alquiler, no procederá reflejar un rendimiento de capital inmobiliario en los meses en los que se ha diferido dicho pago, al haberse diferido la exigibilidad de la renta (no procede la imputación de la renta porque esta no es exigible), en aplicación de lo establecido en el artículo 14.1.a) de la ;LIRPF, que dispone que los rendimientos del trabajo y del capital se imputarán al período impositivo en que sean exigibles por su perceptor.

No obstante, al igual que en el supuesto anterior, se podrán deducir los gastos incurridos en dicho periodo, sin que tampoco proceda la imputación de rentas inmobiliarias prevista en el artículo 85 de la ;LIRPF, resultando de aplicación la reducción establecida en el citado artículo 23.2 de la LIRPF cuando se trate de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda”.

Tributación de los premios compartidos obtenidos en juegos de “Loterías y Apuestas del Estado”

La disposición adicional trigésima tercera la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), dispone lo siguiente:

“1. Estarán sujetos a este Impuesto mediante un gravamen especial los siguientes premios obtenidos por contribuyentes de este Impuesto:

a) Los premios de las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y por los órganos o entidades de las Comunidades Autónomas, así como de los sorteos organizados por la Cruz Roja Española y de las modalidades de juegos autorizadas a la Organización Nacional de Ciegos Españoles.

b) Los premios de las loterías, apuestas y sorteos organizados por organismos públicos o entidades que ejerzan actividades de carácter social o asistencial sin ánimo de lucro establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y que persigan objetivos idénticos a los de los organismos o entidades señalados en la letra anterior.

El gravamen especial se exigirá de forma independiente respecto de cada décimo, fracción o cupón de lotería o apuesta premiados.

2. Estarán exentos del gravamen especial los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 40.000,00 euros. Los premios cuyo importe íntegro sea superior a 40.000,00 euros se someterán a tributación respecto de la parte del mismo que exceda de dicho importe.

En el supuesto de que el premio fuera de titularidad compartida, la base imponible se prorrateará entre los cotitulares en función de la cuota que les corresponda.

En lo que se refiere a la forma de justificar la titularidad compartida del premio, la misma se podrá acreditar por cualquiera de los medios de prueba admitidos en Derecho, tal como pueden ser contratos o documentos donde figuren los tantos por cientos que pertenecen a cada agraciado por el premio. Es recomendable que dichos documentos estén debidamente firmados.