Consecuencias del Brexit en el ámbito fiscal – Últimas novedades

El Acuerdo de Retirada del Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (aprobado el 31-01-2020) contempla un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020, durante el que se seguirá aplicando la legislación comunitaria en el Reino Unido en relación al mercado interior, unión aduanera y las políticas comunitarias. La Unión Europea tratará al Reino Unido como si fuese un Estado miembro, excepto en lo referente a su participación en las instituciones de la UE y en las estructuras de gobernanza. En particular, durante ese periodo las empresas no tendrán que realizar formalidades aduaneras.

El periodo transitorio puede ser extendido una vez hasta uno o dos años. Tal decisión debe ser tomada conjuntamente por la UE y el Reino Unido antes del 1 de julio de 2020.

Por tanto, como consecuencia del Acuerdo de Retirada del Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a efectos de IRPF e IS y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes no habrá cambios en el ámbito fiscal hasta el 1 de enero de 2021.

Ahora bien, a efectos del IVA hay que tener en cuenta lo siguiente:

Régimen transitorio a aplicar en IVA respecto a las operaciones intracomunitarias con el Reino Unido.

Con el Acuerdo de Retirada del Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (aprobado el 31-01-2020), en el que se busca una salida ordenada de este país de la UE. Con ese objetivo, se ha establecido un periodo transitorio que llega hasta el 31-12-2020, durante el cual el derecho de la Unión es todavía aplicable en el Reino Unido.

Partiendo de la anterior premisa, a efectos de IVA se ha acordado que (Acuerdo Brexit art.51):

 a) La 2006/112/CE sigue aplicándose:

  • A los bienes que se expidan o transporten durante ese periodo, siempre que esas prestaciones de servicios se hayan iniciado antes del final del periodo transitorio y finalicen con posterioridad.
  • Hasta cinco años después del fin del periodo transitorio, respecto a los derechos y obligaciones relacionados con las operaciones con un elemento transfronterizo que haya tenido lugar antes del final de periodo transitorio.

 b)  Las solicitudes de devolución del impuesto por no establecidos en el Reino Unido y de estos a los países miembros de acuerdo con lo establecido en 2008/9/CE, deben presentarse como fecha límite el 31-3-2021.

 c)  En cuanto a la modificación de las declaraciones presentadas en relación a las prestaciones de servicios acogidas al Régimen especial aplicable a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión o electrónicos (Dir. 2006/112/CE art.364 y 369 septies), durante el periodo transitorio, estas se podrán presentar hasta el 31-12-2021.

Durante el periodo transitorio el Reino Unido puede acceder a las redes, sistemas de información y base de datos de la UE para cumplir las obligaciones que le incuben respecto a estos procedimientos.

Efectos del Brexit para autónomos y PYMES

Ahora que el Brexit es un hecho, debemos tener en cuenta que todas las operaciones que realicemos con Reino Unido, ya sea por compra o venta de mercancías o por prestación de servicios, ya no se considerarán operaciones intracomunitarias, si no, operaciones de importación y exportación.

En materia de IVA, los envíos a Reino Unido estarán exentos como exportaciones, siendo la declaración aduanera de exportación uno de los medios de prueba admitidos a efectos de justificar dicha exención. Por el contrario, las importaciones desde Reino Unido estarán sujetas al pago del IVA a la importación. Dicho impuesto se liquida en la declaración aduanera y debe ingresarse en los plazos correspondientes.

Anteriormente y para operar con Reino Unido como país perteneciente a la Unión europea, las empresas españolas (Autónomos, PYMES, etc.), debían estar inscritas en el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI). A partir de ahora, las empresas que realicen operaciones con este país, deberán estar inscritas en el Registro de Importadores y Exportadores de la Unión Europea (EORI).

Según comenta la Agencia Tributaria, ésta actuará de oficio para dar de alta en EORI a todas aquellas empresas que ya vinieran realizando operaciones con Reino Unido. No obstante, es recomendable comprobar que nuestra empresa está inscrita en dicho registro.

Desde el punto de vista aduanero, la salida implicará, entre otras cuestiones, que los flujos de mercancías entre España y Reino Unido dejarán de tener la consideración de operaciones intracomunitarias para pasar a estar sujetos a formalidades aduaneras. Dichas formalidades incluyen la presentación de una declaración aduanera de importación/exportación o vinculación a otro régimen aduanero para cada envío, la realización de controles aduaneros, el pago de derechos arancelarias y otros gravámenes que se devenguen a la introducción o la necesidad de obtener certificaciones sanitarias, fitosanitarias, de calidad o de otro tipo para poder disponer de sus mercancías.

Las principales novedades fiscales para este 2020

Novedades fiscales tras el nombramiento del nuevo ejecutivo

Dada la actual volatilidad política, bien es cierto que desde este ejecutivo se han planteado reformas fiscales y contables de calado que vaticinan profundos cambios, durante este año 2020.

Otro año más los presupuestos se han prorrogado automáticamente con la entrada de 2020, por lo que el actual gobierno no tiene plena capacidad de modificar las partidas y asignaciones económicas con total libertad, pero la ministra Montero ha confirmado que su intención es aprobar unas nuevas cuentas lo antes posible.

Si observamos el documento firmado por el actual gobierno vemos los potenciales cambios en materia fiscal y contable, aunque no se haya presentado definitivamente un proyecto de presupuestos estable.

Cambios en la tributación del IRPF y el Impuesto de sociedades

Se prevé una subida en IRPF para aquellas declaraciones que superen los 130.000€ en un 2% y un 4% para aquellas rentas superiores a 300.000€.

En cuanto al Impuesto de Sociedades, se prevén dos grandes cambios:

  • Aumenta la presión fiscal a empresas grandes, es decir, las que no se consideran pequeñas y medianas, a las que se impondrá un tipo mínimo del 15% que aumentará hasta un 18% si se trata de entidades financieras y empresas de hidrocarburos. A su vez, se prevé la eliminación de exenciones fiscales en los convenios de doble imposición en dividendos y participación en otras compañías.
  • En cuanto a las pequeñas y medianas empresas, y de cara a dotar de un sentido estético a la nueva sensibilidad del ejecutivo, se prevé una simbólica disminución de un 2% de este impuesto para pymes, que pasará de un 25% a un 23%.

Cambios contables.

La modificación más sustancial será la obligación de los autónomos de incluir el número de NIF de los clientes en sus libros de ventas, gastos y compras.

Los obligados a esta medida serán:

  • Los autónomos que se acojan al régimen de estimación directa simplificada, independientemente del tipo de actividad empresarial o profesional que desarrollen.
  • Los autónomos que realicen una actividad empresarial en estimación directa que no tenga carácter mercantil de acuerdo con el Código de Comercio.
  • A los autónomos incluidos en el método de estimación objetiva, solo les afectará en el caso de que deduzcan amortizaciones. También en actividades cuyo rendimiento neto se determine teniendo en cuenta el volumen de operaciones.
  • Y no se verá afectado ningún autónomo que lleve su contabilidad según el Código de Comercio ni tampoco los pequeños negocios, como bares o comercios, acostumbrados a emitir facturas simplificadas. No tendrán la obligación de identificar al destinatario, bastará con dejar constancia de un resumen diario de todas las ventas -siempre y cuando el total de las operaciones de ese día no supere los 6.000 euros-.

Aparece la “fiscalidad verde”

A través de la creación de sendos impuestos, se intentará disuadir comportamientos contaminantes o perjudiciales para el medio ambiente, intentando con su aplicación que no afecten a pymes o autónomos.

Todo parece indicar que se encamina a gravar el transporte por carretera, o todo aquél dependiente de combustible fósil.

Aumentan las tasas e impuestos que no afectan ni a autónomos ni a pequeñas PYMES.

Tasa Google o Impuesto sobre Actividades Digitales

El objetivo de este impuesto es el de gravar a compañías de gran magnitud en las que su negocio troncal sea la publicidad online, la intermediación online o transmisión de datos a usuarios, que acaben facturando más de tres millones de euros en España y más de 750 millones de euros en el mundo.

El planteamiento es que estas empresas tributen donde acaban por generar más ingresos, evitando así que deslocalicen sus sedes para eludir el pago de un gravamen más alto en el tipo impositivo.

Las mayores novedades fiscales son dos impuestos, de carácter redistributivo, y que se espera su aprobación durante este año 2020, siendo estos:

Tasa Tobin o Impuesto Sobre transacción Financieras (ITF)

También denominado Impuesto Robin Hood, supone una novedad. Desde su planteamiento teórico pretendía combatir la especulación a corto plazo capaz de  mermar el valor monetario de las divisas de algunos países. Ante esto, se pretendía aplicar una tasa que disuadiera estas operaciones cortoplacistas.

A día de hoy, el uso de esta tasa se ha extendido a varios países de la UE. Lo que plantea es la aplicación de un 0.2% de gravamen a las compras de acciones financieras realizadas por operadores (brokers), si parten de una sociedad radicada en bolsa con un capital superior a 1.000 millones de euros. No se aplicaría, por lo tanto, a las operaciones de empresas no cotizadas en la bolsa, no gravando la compra de deuda –ni pública ni privada-.

Habrá que analizar si lo que parece una “medida social”, ya que no repercute directamente en el “ciudadano de a pie”, tiene una repercusión positiva en el flujo económico, y si la imposición de tasas en el devenir del mercado acaba favoreciendo o entorpeciendo el crecimiento económico.

Díaz trae la contrarreforma laboral

Díaz se propone obstaculizar el despido con una indemnización de 20 días de salario por año de trabajo y restaurar la prioridad del convenio sectorial frente al de empresa.

La nueva ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, hizo ayer una rotunda declaración de intenciones sobre su objetivo de derogar la reforma laboral, que promulgó el Gobierno del Partido Popular en 2012. “Debemos derogar la reforma laboral para recuperar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras”, dijo Díaz, que forma parte de los cuatro ministros y una vicepresidencia que ha aportado Unidas Podemos al nuevo Gobierno. La declaración de intenciones tiene lugar también en medio de la fuerte desaceleración económica que ya sitúa el crecimiento de España por debajo del 2% del Producto Interior Bruto (PIB). Incluso, y como consecuencia de ello, cuando el ritmo de generación de empleo y de descenso del paro es el más moderado desde que terminó la depresión económica en 2013.

Díaz realizó este anuncio en su toma de posesión como nueva ministra de Trabajo, en sustitución de Magdalena Valerio, y delante de Nadia Calviño, la nueva vicepresidenta para Asuntos Económicos y de Transformación Digital. Precisamente, y en la última legislatura, Calviño se ha mostrado contraria a derogar la totalidad de la reforma laboral. Sí acaso, frente a la intención de Díaz de suprimir toda la propuesta laboral del PP, Calviño defiende la “derogación de los aspectos más lesivos”, como los “abusos en las subcontratas” y luchar contra la “precarización”, además de regular las relaciones laborales de los repartidores de comida y otros productos, como uno de los resultados de la economía digital.

Hay que recordar que en el capítulo de la reforma laboral, el acuerdo entre el PSOE y Podemos busca “recuperar los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral en 2012”. Entre otros puntos, y “con carácter urgente”, los siguientes: la posibilidad del despido del trabajador por absentismo [laboral] frecuentemente causado por bajas por enfermedad. Así se recoge en el artículo 52d del Estatuto de los Trabajadores, respaldado el pasado 29 de octubre por el Tribunal Constitucional.

Por esta razón, el acuerdo entre el PSOE y Podemos secunda una de las reivindicaciones de los sindicatos, como también otros puntos. El Ejecutivo se propone restaurar la prioridad del convenio sectorial sobre el de empresa. Los sindicatos consideran que, con este precepto, y en medio de la depresión económica, las empresas aprovecharon para rebajar los salarios, abandonando el convenio sectorial. Es decir, el ámbito de negociación donde predominan CEOE y Cepyme, pero también CCOO y UGT.

Muy importante también es el propósito del Gobierno de dificultar el despido de los trabajadores por causas objetivas y, con ellos, los expedientes de regulación de empleo. Las causas de este despido son económicas, técnicas, organizativas o de producción. La indemnización para el trabajador es de 20 días de salario por año de trabajo, hasta una cuantía máxima equivalente a doce meses de retribución. Hay que recordar que Calviño no está de acuerdo en que esa indemnización por despido sea particularmente, como defienden el PSOE, Unidas Podemos y los sindicatos. “Que se considere que eso es muy barato es relativo. Cuando hacemos una comparación internacional nuestro país no sale particularmente bajo en ese sentido”, dijo la ministra el pasado 19 de noviembre en Radio 4, la emisora catalana de Radio Nacional.

Las palabras de Yolanda Díaz son relevantes también porque en la toma de posesión de su cargo, estaban los secretarios generales de los sindicatos CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, y los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y de Cepyme, Gerardo Cuerva. Es necesario recordar que los empresarios ya han comunicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su disgusto por haber escogido a Podemos como socio del Ejecutivo, y por su propósito de derogar la reforma laboral de 2012. Incluso, CEOE y Cepyme también han manifestado su rechazo a una subida de 100 euros del Salario Mínimo Interprofesional para 2020, hasta situarlo en los 1.000 euros mensuales.

El Gobierno quiere situar esta renta en 1.200 euros mensuales al final de la legislatura. Hoy supondría en torno al 60% del salario medio. La patronal amenaza al Gobierno con obstaculizar la negociación colectiva. No obstante, Yolanda Díaz, militante de Izquierda Unida y del Partido Comunista, dentro de Unidas Podemos, defendió el diálogo social, “como centro de la acción de Trabajo, pero también hizo hincapié en sus objetivos: “Frente a la precariedad, trabajo decente; frente a los bajos ingresos, salarios que permitan vivir con dignidad; frente al paro, trabajo, protección social e igualdad”, afirmó Díaz.

Gentileza de Expansión

La Comunidad refuerza las inspecciones laborales y el control del registro de jornada, con más de 62.000 actuaciones

La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, tiene programadas para este año un total de 62.185 actuaciones de inspección de trabajo y Seguridad Social.

Se busca aflorar el empleo irregular, los falsos contratos, falsos autónomos, empresas fantasmas, las horas extras que no se cobran así como perseguir los abusos laborales de todo tipo, según ha adelantado el ‘El Mundo’ y han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno regional.

“Luchar contra el fraude laboral es luchar contra la precariedad, la siniestralidad, la desigualdad, la brecha de género y es apostar por unas condiciones laborales justas para todos”, ha afirmado el consejero, Manuel Giménez.

Las actuaciones se enmarcan en el Programa Territorial de Objetivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad social para el año 2020, que se desarrollará en colaboración con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Así, el próximo año se reforzarán las inspecciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales en los sectores con mayor índice de incidencia de accidentes de trabajo en jornada laboral y mayor número de trabajadores.

De las 13.992 actuaciones que se desarrollarán en esta área, 5.170 se dedicarán a comprobar condiciones de seguridad en el trabajo, especialmente en el sector de la construcción, y otras 3.860 a la gestión de la prevención.

El segundo gran bloque de inspecciones tiene que ver con empleo y relaciones laborales y está orientado a luchar contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos laborales.

De las 13.992 actuaciones previstas, 5.179 vigilarán especialmente evitar el fraude en la contratación temporal y a tiempo parcial, y otras 3.829 controlarán las condiciones de trabajo y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

En materia de Seguridad Social se llevarán a cabo 15.391 actuaciones para verificar el correcto encuadramiento de empresas y trabajadores en los correspondientes regímenes de la Seguridad Social, comprobaciones que se extenderán también a cotizaciones, bonificaciones o prestaciones. EVITAR FRAUDES COMO LA CONTRATACIÓN ILEGAL

También se van a dedicar 18.810 actuaciones a evitar fraudes como la contratación ilegal de trabajadores extranjeros o la vulneración del principio de igualdad de trato en sus condiciones de trabajo, especialmente en los sectores que registran una mayor incidencia de trabajadores extranjeros como la construcción, el comercio o la hostelería.

Por su parte, las actuaciones de control de jornada son 2099. Hay 300 nuevas específicas de registro de jornada que se suman a las 1799 sobre control de tiempo de trabajo.

A estas actuaciones, que han sido consensuadas con los sindicatos CC.OO. y UGT y la patronal CEIM-CEOE, se sumarán todas aquellas que se soliciten por parte de los trabajadores de la Comunidad de Madrid o de sus organismos públicos.

AEAT podrá hacer tributar por indemnizaciones de despido de 4 años atrás

AEAT podrá hacer tributar por indemnizaciones de despido de 4 años atrás según el criterio de la Audiencia Nacional y el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).

Indemnizaciones exentas de tributar en caso de despido

Recordamos que, desde el 7 de julio de 2012, sólo estarán exentas las indemnizaciones reconocidas en acto de conciliación o en resolución judicial.

El artículo 7 de la Ley del Impuesto del IRPF, establece que estarán exentas de tributar todas aquellas indemnizaciones por despido, desde el 1 de agosto de 2014, cuya cuantía sea inferior a 180.000 euros.

También se incluirán en dicha exención los despidos colectivos o de ERE si el inicio se ha aprobado antes del 1 de agosto de 2014.

Para que el trabajador se pueda acoger a la exención de tributar debe existir una desvinculación real efectiva de éste respecto a la empresa.

Se presumirá que no existe desvinculación si el trabajador vuelve a trabajar para la misma empresa en los 3 años siguientes al despido. Por tanto, no podría aplicarse la exención en estos casos.

Hacienda podría hacer tributar por indemnizaciones de despido de hasta hace 4 años atrás

Recientes resoluciones de la Audiencia Nacional y TEAC abren la puerta a que el Fisco pueda reclamar la tributación a personas que hayan recibido indemnizaciones en los últimos 4 años.

Según informa Víctor Villagra, en el periódico CincoDías, ambos organismos coinciden en su criterio: ya no será suficiente que haya un acto de conciliación.

La existencia de un acto de conciliación, no determina la naturaleza de ese despido. Por tanto, los motivos que dieron lugar a la extinción serán una prueba fundamental.

A partir de ahora, Hacienda presumirá que cualquier indemnización podría ser sospechosa de pacto entre empresa y trabajador. Para ello, tendría en cuenta indicios como la antigüedad o tener una edad cercana a la jubilación.

El periódico prevé que en breve AEAT puede iniciar inspecciones sobre las indemnizaciones que hayan sido consideradas exentas en los últimos años.

Aplicar la exención ya no será tan sencillo. Inspección intentará reunir indicios que prueben un pacto entre empresa y trabajador.

Gentileza de Grupo2000

Subida de pensiones, salario mínimo y bases de cotización para 2020 pendiente de la formación de Gobierno.

A la espera de una hipotética investidura antes de final de año, con toda probabilidad, dado el escaso tiempo que faltaría para el término de 2019, comenzaremos el nuevo año con las cantidades y reglamentación vigentes con anterioridad.

Con el panorama actual, todo evidencia que a 1 de enero de 2020 no se producirá la anunciada subida de las pensiones en un 0,9 %, el salario mínimo o las bases de cotización.

Subida de las pensiones en un 0,9 % para 2020

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ya ha declarado que ve “complejo” aprobar la subida de las pensiones del 0,9% -y la del salario mínimo- estando en funciones. En este sentido la posibilidad de revalorización en un último Consejo de Ministros del año para que entre en vigor el 1 de enero del próximo año es poco probable.

En cualquier caso, “por seguridad jurídica”, antes de que finalice el año se ha adelantado la intención del actual Gobierno en funciones de aprobar un decreto que despeje lo que sucederá con las pensiones el próximo año.

Salario mínimo para 2020 ¿1.000 euros?

A pesar de no existir, ni siquiera, un proyecto de Real Decreto que pudiésemos considerar orientativo, tras las declaraciones realizadas por Pedro Sanchez prometiendo a los sindicatos una subida a 1.000 euros del SMI para 2020, todo evidencia que se volverá a producir una fuerte subida del 11,11% hasta situarlo en los 1.000 € mensuales (33,33 €/día).

Bases de cotización para 2020: Topes máximo y mínimo de cotización

Como hemos dicho, todavía no se ha revelado oficialmente la propuesta del SMI, de confirmarse su incremento, ello va a determinar, conforme establece el artículo 19.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que a partir del 1 de enero de 2020 (o cuando se establezca) el tope mínimo de las bases de cotización aplicable a todos los regímenes del sistema se incremente hasta la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente en dicho ejercicio, incrementada en un sexto, salvo disposición expresa en contrario.

Del mismo modo, el tope mínimo de cotización para las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional será equivalente al salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementado por el prorrateo de las percepciones de vencimiento superior al mensual que perciba el trabajador.

Gentileza de las Asesorías

Fricciones del sistema tributario español con el derecho de la UE

A nuestra legislación le cuesta mucho adaptarse a la comunitaria, especialmente, en lo relativo a los derechos de los contribuyentes

En las últimas semanas el derecho de la Unión Europea ha producido tres noticias que afectan al sistema tributario español y que demandan una reflexión. El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) Hogan opina (conclusiones Banco de Santander) que el Tribunal Económico-Administrativo Central no tiene legitimación para dirigir al Tribunal de Justicia preguntas prejudiciales.

La razón es que esa instancia no es un órgano jurisdiccional que pueda dialogar con el TJUE, pues carece de independencia. En el horizonte se vislumbra un posible pronunciamiento desde Luxemburgo que deslegitime la vía económico-administrativa como cauce independiente para garantizar los derechos de los contribuyentes frente a las Haciendas públicas.

De otro lado, la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) acaba de pronunciar dos sentencias en las que resuelve que la Administración tributaria discrimina a los fondos de inversión establecidos en USA en relación con los fondos equivalentes residentes en España, con vulneración de la libertad de circulación de capitales que les reconoce el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

La discriminación viene de haberles exigido por los dividendos que obtienen mediante sus inversiones en acciones cotizadas españolas unas sumas superiores a las que reclama, ante iguales beneficios, a los fondos locales. Dichas decisiones se añaden a las sentencias en las que el alto tribunal había ya emitido igual juicio en relación con fondos residentes en otros Estados miembros de la Unión.

En este conjunto de pronunciamientos, el TS concluye que la infracción del derecho de la UE es clara. Singularmente clara en el caso de los fondos europeos, hasta el punto de que fue admitida por el legislador estatal. El criterio sentado por el TS deja la puerta abierta para que los fondos foráneos reclamen al fisco la devolución de las sumas indebidamente ingresadas.

Finalmente, la Comisión Europea ha comunicado su decisión de demandar a España ante el TJUE porque la regulación legal de la obligación del Estado de indemnizar a los administrados por los daños que les cause mediando incumplimientos del derecho de la Unión se opone a este ordenamiento jurídico transnacional.

Estas tres malas nuevas evidencian las dificultades de nuestro sistema tributario para adaptarse al derecho de la Unión. En particular, cuando se trata de dar efectividad en el orden interno a los derechos que la normativa europea reconoce a sus ciudadanos.

Los contribuyentes en España, sean residentes o no, tienen derecho a que sus reclamaciones frente a Hacienda sean atendidas por órganos técnicamente preparados, como sin discusión lo están nuestros tribunales económico-administrativos, pero también independientes, condición sobre la que empieza a dudar el TJUE. También tienen derecho a que no se les otorgue un trato fiscal injustificadamente distinto en función de su residencia. Y tampoco se les puede limitar indebidamente su derecho a ser indemnizados por perjuicios por infracciones de la normativa europea.

Gestileza de Cinco Días

El complemento de maternidad en la pensión no debe ser solo para mujeres

Con efectos de 01/01/2016, el art. 60 LGSS, había establecido un complemento en la pensión a las mujeres que hayan tenido hijos naturales o adoptados y sean beneficiarias en cualquier régimen de Seguridad Social de pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente, por su aportación demográfica a la Seguridad Social.

La concesión de este complemento únicamente para mujeres fue convalidada por el Pleno del Tribunal Constitucional el pasado 26 de octubre de 2018, cuando en su auto señalaba que “no resulta arbitrario ni irracional excluir del complemento de maternidad a aquellas madres (de dos o más hijos) que, al acceder voluntariamente a la jubilación anticipada, opten por acortar su período de cotización”.

No obstante, la reciente STJUE de 12 de diciembre de 2019, la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, se opone a una norma nacional, como la española, que establece el derecho a un complemento de pensión para las mujeres que hayan tenido al menos dos hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias de pensiones contributivas de incapacidad permanente en cualquier régimen del sistema de Seguridad Social nacional, mientras que los hombres que se encuentren en una situación idéntica no tienen derecho a tal complemento de pensión.

En este caso el Tribunal de Justicia considera que la normativa española vulnera la directiva europea al conceder un trato menos favorable a los hombres que han tenido al menos dos hijos biológicos o adoptados. Este trato menos favorable basado en el sexo constituye una discriminación directa en el sentido del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7.

Discriminación directa por razón de sexo

Según Luxemburgo la concesión únicamente a mujeres del complemento controvertido constituye una discriminación directa por razón de sexo y, por lo tanto, está prohibida.

Posible modificación normativa 

Según Europa, el actual art. 60.1 LGSS supone una discriminación directa por razón de género prohibida por la Directiva 79/7/CEE, lo que afectaría a su lucro en paralelo a las pensiones contributivas de jubilación, viudedad e incapacidad permanente, y obliga a una adaptación normativa al reciente pronunciamiento.

Dada la actual situación “en funciones” del Gobierno, todo evidencia a que la adaptación se realizará mediante un cambio de criterio en la concesión del suplemento por parte de la Seguridad Social, como sucedió ante el caso de reconocimiento del derecho al complemento por maternidad en el supuesto de hijos biológicos dados en adopción reclamado por una pareja formada por dos mujeres (Criterio de gestión nº 1/2018 del INSS de 1 de febrero de 2018).

Lo adaptación al fallo del TJUE, no obstante, supondrá condicionar uno de los objetivos principales por los que se creó la medida: la lucha contra la brecha de género en las pensiones y pone de nuevo de relieve críticas surgidas en 2015 como la exclusión de la medida a las mujeres ya jubiladas y a gran parte de las que soportó el “baby boom” o la concesión a partir del segundo hijo.

Gestileza de las Asesorías

¿Tengo que declarar mi cesta de Navidad?

En el mes de diciembre es habitual obsequiar a trabajadores y clientes con las tradicionales cestas de Navidad. Lo que a menudo se desconoce es la manera correcta de imputar estos regalos que, como cabe suponer, no están exentos de tributación.

Fiscalidad para la empresa:

IRPF  y Sociedades:

Las cestas de Navidad que se regalan a los trabajadores son fiscalmente deducibles para la empresa, tanto en Sociedades como en el IRPF,  en la medida en que se trate de una costumbre arraigada en la empresa, tal como establece la resolución vinculante de la Dirección General de Tributos V1905-15. No será necesario que figuren en convenio colectivo o en algún tipo de pacto que les obligue a ello, pues se entiende como un derecho adquirido del trabajador. El propio Tribunal Supremo, en sentencia 313/2016 del 21 de abril de 2016, declaró que “el beneficio de la cesta de navidad no se puede suprimir de manera unilateral por el empresario “.

El mismo tratamiento puede aplicarse a las cenas de empresa.

El mayor problema se presenta a la hora de deducir estos gastos el primer año en que se producen, al no existir una costumbre anterior que justifique su entrega. Lo aconsejable sería no ejercer el derecho a deducción hasta pasado un ejercicio para evitar problemas con Hacienda.

En lo que atañe a los obsequios publicitarios: bolígrafos, calendarios, agendas, llaveros, lotería de Navidad… serán deducibles siempre que su importe no exceda del 1% de la cifra de negocios de la entidad. Eso sí,  hay que tener en cuenta que este tipo de artículos deberá ir serigrafiado con el nombre y/o logo de la empresa para que pueda entenderse como un gasto de relaciones públicas.

El artículo 15 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS) admite la deducibilidad de “los gastos por atenciones a clientes o proveedores, los que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa; los realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios y los que se hallen correlacionados con los ingresos”.

IVA

El IVA soportado en la compra de las cestas de Navidad no será deducible, tanto si entregan a clientes como a empleados, tal y como recoge el Ley del IVA” href=”https://www.iberley.es/legislacion/ley-impuesto-sobre-valor-anadido-iva-ley-37-1992-28-dic-1298236″ target=”_blank” rel=”noopener”>artículo 96  de la Ley del IVANo podrán ser objeto de deducción, en ninguna proporción, las cuotas soportadas como consecuencia de la adquisición, incluso por autoconsumo, (…) de 3ª los alimentos, las bebidas y el tabaco o (…) 5.º Los bienes o servicios destinados a atenciones a clientes, asalariados o a terceras personas”.

No obstante, exceptúan de esta exclusión: “ Las entregas gratuitas de muestras de mercancías sin valor comercial estimable, con fines de promoción de las actividades empresariales o profesionales” y “Las entregas sin contraprestación de impresos u objetos de carácter publicitario”. (art 7 aptdos 2 y 4 de la Ley)

“Se considerarán objetos de carácter publicitario los que carezcan de valor comercial intrínseco, en los que se consigne de forma indeleble la mención publicitaria. (…) Por excepción a lo dispuesto en este número, quedarán sujetas al Impuesto las entregas de objetos publicitarios cuando el coste total de los suministros a un mismo destinatario durante el año natural exceda de 200 euros, a menos que se entreguen a otros sujetos pasivos para su redistribución gratuita”.

De esto se concluye que la entrega gratuita de artículos sin valor comercial no devengará IVA, es decir, no habrá que ingresar el impuesto correspondiente a la entrega de estos productos y sí podrá deducirse el que se ha soportado en su adquisición. Esto siempre y cuando el regalo tenga la consideración de muestra o producto no comercializable y lleve impresa la marca del negocio.  Se consideran productos no comercializables aquéllos cuya entrega no exceda los 200 euros anuales a un mismo destinatario.

Las cenas de empresa tendrán el mismo tratamiento que las cestas de Navidad, en lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido.

Fiscalidad para el trabajador:

En lo que se refiere a IRPF, los obsequios como lotes o cestas de Navidad a trabajadores, se incluyen en la nómina como retribución en especie. Obligan, a su vez a descontar e ingresar el pago a cuenta del IRPF correspondiente. Además, el importe de la cesta de navidad debe incluirse en la base de cotización.

Este tratamiento se recoge en el Art. 42 ,LIRPF, que dice lo siguiente: “Constituyen rentas en especie la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda.”

Por tanto, la cesta de navidad, aún entregada de forma voluntaria por el empleador como gesto hacia sus empleados o mera liberalidad, tiene la consideración fiscal de renta en especie, no encontrándose, además, entre las rentas en especie exentas enumeradas en el Art. 42 ,LIRPF apartado 2.

Encontramos un ejemplo de esta fiscalidad en la Consulta Vinculante V3818-15.

En relación con la valoración de dichas rentas, dispone el Art. 43 ,LIRPF que, con carácter general, las rentas en especie se valorarán por su valor normal en el mercado incluyendo el ingreso a cuenta si este no fuese repercutido al trabajador.

Si la cesta de Navidad se ganara en un sorteo, su tratamiento sería distinto, aunque tampoco estaría libre de tributación. Sería considerada una ganancia patrimonial a efectos del IRPF y formaría parte de la base imponible general por su valor de mercado.

Gentileza de Iberley