Díaz trae la contrarreforma laboral

Díaz se propone obstaculizar el despido con una indemnización de 20 días de salario por año de trabajo y restaurar la prioridad del convenio sectorial frente al de empresa.

La nueva ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, hizo ayer una rotunda declaración de intenciones sobre su objetivo de derogar la reforma laboral, que promulgó el Gobierno del Partido Popular en 2012. “Debemos derogar la reforma laboral para recuperar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras”, dijo Díaz, que forma parte de los cuatro ministros y una vicepresidencia que ha aportado Unidas Podemos al nuevo Gobierno. La declaración de intenciones tiene lugar también en medio de la fuerte desaceleración económica que ya sitúa el crecimiento de España por debajo del 2% del Producto Interior Bruto (PIB). Incluso, y como consecuencia de ello, cuando el ritmo de generación de empleo y de descenso del paro es el más moderado desde que terminó la depresión económica en 2013.

Díaz realizó este anuncio en su toma de posesión como nueva ministra de Trabajo, en sustitución de Magdalena Valerio, y delante de Nadia Calviño, la nueva vicepresidenta para Asuntos Económicos y de Transformación Digital. Precisamente, y en la última legislatura, Calviño se ha mostrado contraria a derogar la totalidad de la reforma laboral. Sí acaso, frente a la intención de Díaz de suprimir toda la propuesta laboral del PP, Calviño defiende la “derogación de los aspectos más lesivos”, como los “abusos en las subcontratas” y luchar contra la “precarización”, además de regular las relaciones laborales de los repartidores de comida y otros productos, como uno de los resultados de la economía digital.

Hay que recordar que en el capítulo de la reforma laboral, el acuerdo entre el PSOE y Podemos busca “recuperar los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral en 2012”. Entre otros puntos, y “con carácter urgente”, los siguientes: la posibilidad del despido del trabajador por absentismo [laboral] frecuentemente causado por bajas por enfermedad. Así se recoge en el artículo 52d del Estatuto de los Trabajadores, respaldado el pasado 29 de octubre por el Tribunal Constitucional.

Por esta razón, el acuerdo entre el PSOE y Podemos secunda una de las reivindicaciones de los sindicatos, como también otros puntos. El Ejecutivo se propone restaurar la prioridad del convenio sectorial sobre el de empresa. Los sindicatos consideran que, con este precepto, y en medio de la depresión económica, las empresas aprovecharon para rebajar los salarios, abandonando el convenio sectorial. Es decir, el ámbito de negociación donde predominan CEOE y Cepyme, pero también CCOO y UGT.

Muy importante también es el propósito del Gobierno de dificultar el despido de los trabajadores por causas objetivas y, con ellos, los expedientes de regulación de empleo. Las causas de este despido son económicas, técnicas, organizativas o de producción. La indemnización para el trabajador es de 20 días de salario por año de trabajo, hasta una cuantía máxima equivalente a doce meses de retribución. Hay que recordar que Calviño no está de acuerdo en que esa indemnización por despido sea particularmente, como defienden el PSOE, Unidas Podemos y los sindicatos. “Que se considere que eso es muy barato es relativo. Cuando hacemos una comparación internacional nuestro país no sale particularmente bajo en ese sentido”, dijo la ministra el pasado 19 de noviembre en Radio 4, la emisora catalana de Radio Nacional.

Las palabras de Yolanda Díaz son relevantes también porque en la toma de posesión de su cargo, estaban los secretarios generales de los sindicatos CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, y los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y de Cepyme, Gerardo Cuerva. Es necesario recordar que los empresarios ya han comunicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su disgusto por haber escogido a Podemos como socio del Ejecutivo, y por su propósito de derogar la reforma laboral de 2012. Incluso, CEOE y Cepyme también han manifestado su rechazo a una subida de 100 euros del Salario Mínimo Interprofesional para 2020, hasta situarlo en los 1.000 euros mensuales.

El Gobierno quiere situar esta renta en 1.200 euros mensuales al final de la legislatura. Hoy supondría en torno al 60% del salario medio. La patronal amenaza al Gobierno con obstaculizar la negociación colectiva. No obstante, Yolanda Díaz, militante de Izquierda Unida y del Partido Comunista, dentro de Unidas Podemos, defendió el diálogo social, “como centro de la acción de Trabajo, pero también hizo hincapié en sus objetivos: “Frente a la precariedad, trabajo decente; frente a los bajos ingresos, salarios que permitan vivir con dignidad; frente al paro, trabajo, protección social e igualdad”, afirmó Díaz.

Gentileza de Expansión

La Comunidad refuerza las inspecciones laborales y el control del registro de jornada, con más de 62.000 actuaciones

La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, tiene programadas para este año un total de 62.185 actuaciones de inspección de trabajo y Seguridad Social.

Se busca aflorar el empleo irregular, los falsos contratos, falsos autónomos, empresas fantasmas, las horas extras que no se cobran así como perseguir los abusos laborales de todo tipo, según ha adelantado el ‘El Mundo’ y han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno regional.

“Luchar contra el fraude laboral es luchar contra la precariedad, la siniestralidad, la desigualdad, la brecha de género y es apostar por unas condiciones laborales justas para todos”, ha afirmado el consejero, Manuel Giménez.

Las actuaciones se enmarcan en el Programa Territorial de Objetivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad social para el año 2020, que se desarrollará en colaboración con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Así, el próximo año se reforzarán las inspecciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales en los sectores con mayor índice de incidencia de accidentes de trabajo en jornada laboral y mayor número de trabajadores.

De las 13.992 actuaciones que se desarrollarán en esta área, 5.170 se dedicarán a comprobar condiciones de seguridad en el trabajo, especialmente en el sector de la construcción, y otras 3.860 a la gestión de la prevención.

El segundo gran bloque de inspecciones tiene que ver con empleo y relaciones laborales y está orientado a luchar contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos laborales.

De las 13.992 actuaciones previstas, 5.179 vigilarán especialmente evitar el fraude en la contratación temporal y a tiempo parcial, y otras 3.829 controlarán las condiciones de trabajo y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

En materia de Seguridad Social se llevarán a cabo 15.391 actuaciones para verificar el correcto encuadramiento de empresas y trabajadores en los correspondientes regímenes de la Seguridad Social, comprobaciones que se extenderán también a cotizaciones, bonificaciones o prestaciones. EVITAR FRAUDES COMO LA CONTRATACIÓN ILEGAL

También se van a dedicar 18.810 actuaciones a evitar fraudes como la contratación ilegal de trabajadores extranjeros o la vulneración del principio de igualdad de trato en sus condiciones de trabajo, especialmente en los sectores que registran una mayor incidencia de trabajadores extranjeros como la construcción, el comercio o la hostelería.

Por su parte, las actuaciones de control de jornada son 2099. Hay 300 nuevas específicas de registro de jornada que se suman a las 1799 sobre control de tiempo de trabajo.

A estas actuaciones, que han sido consensuadas con los sindicatos CC.OO. y UGT y la patronal CEIM-CEOE, se sumarán todas aquellas que se soliciten por parte de los trabajadores de la Comunidad de Madrid o de sus organismos públicos.

AEAT podrá hacer tributar por indemnizaciones de despido de 4 años atrás

AEAT podrá hacer tributar por indemnizaciones de despido de 4 años atrás según el criterio de la Audiencia Nacional y el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).

Indemnizaciones exentas de tributar en caso de despido

Recordamos que, desde el 7 de julio de 2012, sólo estarán exentas las indemnizaciones reconocidas en acto de conciliación o en resolución judicial.

El artículo 7 de la Ley del Impuesto del IRPF, establece que estarán exentas de tributar todas aquellas indemnizaciones por despido, desde el 1 de agosto de 2014, cuya cuantía sea inferior a 180.000 euros.

También se incluirán en dicha exención los despidos colectivos o de ERE si el inicio se ha aprobado antes del 1 de agosto de 2014.

Para que el trabajador se pueda acoger a la exención de tributar debe existir una desvinculación real efectiva de éste respecto a la empresa.

Se presumirá que no existe desvinculación si el trabajador vuelve a trabajar para la misma empresa en los 3 años siguientes al despido. Por tanto, no podría aplicarse la exención en estos casos.

Hacienda podría hacer tributar por indemnizaciones de despido de hasta hace 4 años atrás

Recientes resoluciones de la Audiencia Nacional y TEAC abren la puerta a que el Fisco pueda reclamar la tributación a personas que hayan recibido indemnizaciones en los últimos 4 años.

Según informa Víctor Villagra, en el periódico CincoDías, ambos organismos coinciden en su criterio: ya no será suficiente que haya un acto de conciliación.

La existencia de un acto de conciliación, no determina la naturaleza de ese despido. Por tanto, los motivos que dieron lugar a la extinción serán una prueba fundamental.

A partir de ahora, Hacienda presumirá que cualquier indemnización podría ser sospechosa de pacto entre empresa y trabajador. Para ello, tendría en cuenta indicios como la antigüedad o tener una edad cercana a la jubilación.

El periódico prevé que en breve AEAT puede iniciar inspecciones sobre las indemnizaciones que hayan sido consideradas exentas en los últimos años.

Aplicar la exención ya no será tan sencillo. Inspección intentará reunir indicios que prueben un pacto entre empresa y trabajador.

Gentileza de Grupo2000

Subida de pensiones, salario mínimo y bases de cotización para 2020 pendiente de la formación de Gobierno.

A la espera de una hipotética investidura antes de final de año, con toda probabilidad, dado el escaso tiempo que faltaría para el término de 2019, comenzaremos el nuevo año con las cantidades y reglamentación vigentes con anterioridad.

Con el panorama actual, todo evidencia que a 1 de enero de 2020 no se producirá la anunciada subida de las pensiones en un 0,9 %, el salario mínimo o las bases de cotización.

Subida de las pensiones en un 0,9 % para 2020

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ya ha declarado que ve “complejo” aprobar la subida de las pensiones del 0,9% -y la del salario mínimo- estando en funciones. En este sentido la posibilidad de revalorización en un último Consejo de Ministros del año para que entre en vigor el 1 de enero del próximo año es poco probable.

En cualquier caso, “por seguridad jurídica”, antes de que finalice el año se ha adelantado la intención del actual Gobierno en funciones de aprobar un decreto que despeje lo que sucederá con las pensiones el próximo año.

Salario mínimo para 2020 ¿1.000 euros?

A pesar de no existir, ni siquiera, un proyecto de Real Decreto que pudiésemos considerar orientativo, tras las declaraciones realizadas por Pedro Sanchez prometiendo a los sindicatos una subida a 1.000 euros del SMI para 2020, todo evidencia que se volverá a producir una fuerte subida del 11,11% hasta situarlo en los 1.000 € mensuales (33,33 €/día).

Bases de cotización para 2020: Topes máximo y mínimo de cotización

Como hemos dicho, todavía no se ha revelado oficialmente la propuesta del SMI, de confirmarse su incremento, ello va a determinar, conforme establece el artículo 19.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que a partir del 1 de enero de 2020 (o cuando se establezca) el tope mínimo de las bases de cotización aplicable a todos los regímenes del sistema se incremente hasta la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente en dicho ejercicio, incrementada en un sexto, salvo disposición expresa en contrario.

Del mismo modo, el tope mínimo de cotización para las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional será equivalente al salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementado por el prorrateo de las percepciones de vencimiento superior al mensual que perciba el trabajador.

Gentileza de las Asesorías

Fricciones del sistema tributario español con el derecho de la UE

A nuestra legislación le cuesta mucho adaptarse a la comunitaria, especialmente, en lo relativo a los derechos de los contribuyentes

En las últimas semanas el derecho de la Unión Europea ha producido tres noticias que afectan al sistema tributario español y que demandan una reflexión. El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) Hogan opina (conclusiones Banco de Santander) que el Tribunal Económico-Administrativo Central no tiene legitimación para dirigir al Tribunal de Justicia preguntas prejudiciales.

La razón es que esa instancia no es un órgano jurisdiccional que pueda dialogar con el TJUE, pues carece de independencia. En el horizonte se vislumbra un posible pronunciamiento desde Luxemburgo que deslegitime la vía económico-administrativa como cauce independiente para garantizar los derechos de los contribuyentes frente a las Haciendas públicas.

De otro lado, la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) acaba de pronunciar dos sentencias en las que resuelve que la Administración tributaria discrimina a los fondos de inversión establecidos en USA en relación con los fondos equivalentes residentes en España, con vulneración de la libertad de circulación de capitales que les reconoce el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

La discriminación viene de haberles exigido por los dividendos que obtienen mediante sus inversiones en acciones cotizadas españolas unas sumas superiores a las que reclama, ante iguales beneficios, a los fondos locales. Dichas decisiones se añaden a las sentencias en las que el alto tribunal había ya emitido igual juicio en relación con fondos residentes en otros Estados miembros de la Unión.

En este conjunto de pronunciamientos, el TS concluye que la infracción del derecho de la UE es clara. Singularmente clara en el caso de los fondos europeos, hasta el punto de que fue admitida por el legislador estatal. El criterio sentado por el TS deja la puerta abierta para que los fondos foráneos reclamen al fisco la devolución de las sumas indebidamente ingresadas.

Finalmente, la Comisión Europea ha comunicado su decisión de demandar a España ante el TJUE porque la regulación legal de la obligación del Estado de indemnizar a los administrados por los daños que les cause mediando incumplimientos del derecho de la Unión se opone a este ordenamiento jurídico transnacional.

Estas tres malas nuevas evidencian las dificultades de nuestro sistema tributario para adaptarse al derecho de la Unión. En particular, cuando se trata de dar efectividad en el orden interno a los derechos que la normativa europea reconoce a sus ciudadanos.

Los contribuyentes en España, sean residentes o no, tienen derecho a que sus reclamaciones frente a Hacienda sean atendidas por órganos técnicamente preparados, como sin discusión lo están nuestros tribunales económico-administrativos, pero también independientes, condición sobre la que empieza a dudar el TJUE. También tienen derecho a que no se les otorgue un trato fiscal injustificadamente distinto en función de su residencia. Y tampoco se les puede limitar indebidamente su derecho a ser indemnizados por perjuicios por infracciones de la normativa europea.

Gestileza de Cinco Días

El complemento de maternidad en la pensión no debe ser solo para mujeres

Con efectos de 01/01/2016, el art. 60 LGSS, había establecido un complemento en la pensión a las mujeres que hayan tenido hijos naturales o adoptados y sean beneficiarias en cualquier régimen de Seguridad Social de pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente, por su aportación demográfica a la Seguridad Social.

La concesión de este complemento únicamente para mujeres fue convalidada por el Pleno del Tribunal Constitucional el pasado 26 de octubre de 2018, cuando en su auto señalaba que “no resulta arbitrario ni irracional excluir del complemento de maternidad a aquellas madres (de dos o más hijos) que, al acceder voluntariamente a la jubilación anticipada, opten por acortar su período de cotización”.

No obstante, la reciente STJUE de 12 de diciembre de 2019, la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, se opone a una norma nacional, como la española, que establece el derecho a un complemento de pensión para las mujeres que hayan tenido al menos dos hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias de pensiones contributivas de incapacidad permanente en cualquier régimen del sistema de Seguridad Social nacional, mientras que los hombres que se encuentren en una situación idéntica no tienen derecho a tal complemento de pensión.

En este caso el Tribunal de Justicia considera que la normativa española vulnera la directiva europea al conceder un trato menos favorable a los hombres que han tenido al menos dos hijos biológicos o adoptados. Este trato menos favorable basado en el sexo constituye una discriminación directa en el sentido del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7.

Discriminación directa por razón de sexo

Según Luxemburgo la concesión únicamente a mujeres del complemento controvertido constituye una discriminación directa por razón de sexo y, por lo tanto, está prohibida.

Posible modificación normativa 

Según Europa, el actual art. 60.1 LGSS supone una discriminación directa por razón de género prohibida por la Directiva 79/7/CEE, lo que afectaría a su lucro en paralelo a las pensiones contributivas de jubilación, viudedad e incapacidad permanente, y obliga a una adaptación normativa al reciente pronunciamiento.

Dada la actual situación “en funciones” del Gobierno, todo evidencia a que la adaptación se realizará mediante un cambio de criterio en la concesión del suplemento por parte de la Seguridad Social, como sucedió ante el caso de reconocimiento del derecho al complemento por maternidad en el supuesto de hijos biológicos dados en adopción reclamado por una pareja formada por dos mujeres (Criterio de gestión nº 1/2018 del INSS de 1 de febrero de 2018).

Lo adaptación al fallo del TJUE, no obstante, supondrá condicionar uno de los objetivos principales por los que se creó la medida: la lucha contra la brecha de género en las pensiones y pone de nuevo de relieve críticas surgidas en 2015 como la exclusión de la medida a las mujeres ya jubiladas y a gran parte de las que soportó el “baby boom” o la concesión a partir del segundo hijo.

Gestileza de las Asesorías

¿Tengo que declarar mi cesta de Navidad?

En el mes de diciembre es habitual obsequiar a trabajadores y clientes con las tradicionales cestas de Navidad. Lo que a menudo se desconoce es la manera correcta de imputar estos regalos que, como cabe suponer, no están exentos de tributación.

Fiscalidad para la empresa:

IRPF  y Sociedades:

Las cestas de Navidad que se regalan a los trabajadores son fiscalmente deducibles para la empresa, tanto en Sociedades como en el IRPF,  en la medida en que se trate de una costumbre arraigada en la empresa, tal como establece la resolución vinculante de la Dirección General de Tributos V1905-15. No será necesario que figuren en convenio colectivo o en algún tipo de pacto que les obligue a ello, pues se entiende como un derecho adquirido del trabajador. El propio Tribunal Supremo, en sentencia 313/2016 del 21 de abril de 2016, declaró que “el beneficio de la cesta de navidad no se puede suprimir de manera unilateral por el empresario “.

El mismo tratamiento puede aplicarse a las cenas de empresa.

El mayor problema se presenta a la hora de deducir estos gastos el primer año en que se producen, al no existir una costumbre anterior que justifique su entrega. Lo aconsejable sería no ejercer el derecho a deducción hasta pasado un ejercicio para evitar problemas con Hacienda.

En lo que atañe a los obsequios publicitarios: bolígrafos, calendarios, agendas, llaveros, lotería de Navidad… serán deducibles siempre que su importe no exceda del 1% de la cifra de negocios de la entidad. Eso sí,  hay que tener en cuenta que este tipo de artículos deberá ir serigrafiado con el nombre y/o logo de la empresa para que pueda entenderse como un gasto de relaciones públicas.

El artículo 15 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS) admite la deducibilidad de “los gastos por atenciones a clientes o proveedores, los que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa; los realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios y los que se hallen correlacionados con los ingresos”.

IVA

El IVA soportado en la compra de las cestas de Navidad no será deducible, tanto si entregan a clientes como a empleados, tal y como recoge el Ley del IVA” href=”https://www.iberley.es/legislacion/ley-impuesto-sobre-valor-anadido-iva-ley-37-1992-28-dic-1298236″ target=”_blank” rel=”noopener”>artículo 96  de la Ley del IVANo podrán ser objeto de deducción, en ninguna proporción, las cuotas soportadas como consecuencia de la adquisición, incluso por autoconsumo, (…) de 3ª los alimentos, las bebidas y el tabaco o (…) 5.º Los bienes o servicios destinados a atenciones a clientes, asalariados o a terceras personas”.

No obstante, exceptúan de esta exclusión: “ Las entregas gratuitas de muestras de mercancías sin valor comercial estimable, con fines de promoción de las actividades empresariales o profesionales” y “Las entregas sin contraprestación de impresos u objetos de carácter publicitario”. (art 7 aptdos 2 y 4 de la Ley)

“Se considerarán objetos de carácter publicitario los que carezcan de valor comercial intrínseco, en los que se consigne de forma indeleble la mención publicitaria. (…) Por excepción a lo dispuesto en este número, quedarán sujetas al Impuesto las entregas de objetos publicitarios cuando el coste total de los suministros a un mismo destinatario durante el año natural exceda de 200 euros, a menos que se entreguen a otros sujetos pasivos para su redistribución gratuita”.

De esto se concluye que la entrega gratuita de artículos sin valor comercial no devengará IVA, es decir, no habrá que ingresar el impuesto correspondiente a la entrega de estos productos y sí podrá deducirse el que se ha soportado en su adquisición. Esto siempre y cuando el regalo tenga la consideración de muestra o producto no comercializable y lleve impresa la marca del negocio.  Se consideran productos no comercializables aquéllos cuya entrega no exceda los 200 euros anuales a un mismo destinatario.

Las cenas de empresa tendrán el mismo tratamiento que las cestas de Navidad, en lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido.

Fiscalidad para el trabajador:

En lo que se refiere a IRPF, los obsequios como lotes o cestas de Navidad a trabajadores, se incluyen en la nómina como retribución en especie. Obligan, a su vez a descontar e ingresar el pago a cuenta del IRPF correspondiente. Además, el importe de la cesta de navidad debe incluirse en la base de cotización.

Este tratamiento se recoge en el Art. 42 ,LIRPF, que dice lo siguiente: “Constituyen rentas en especie la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda.”

Por tanto, la cesta de navidad, aún entregada de forma voluntaria por el empleador como gesto hacia sus empleados o mera liberalidad, tiene la consideración fiscal de renta en especie, no encontrándose, además, entre las rentas en especie exentas enumeradas en el Art. 42 ,LIRPF apartado 2.

Encontramos un ejemplo de esta fiscalidad en la Consulta Vinculante V3818-15.

En relación con la valoración de dichas rentas, dispone el Art. 43 ,LIRPF que, con carácter general, las rentas en especie se valorarán por su valor normal en el mercado incluyendo el ingreso a cuenta si este no fuese repercutido al trabajador.

Si la cesta de Navidad se ganara en un sorteo, su tratamiento sería distinto, aunque tampoco estaría libre de tributación. Sería considerada una ganancia patrimonial a efectos del IRPF y formaría parte de la base imponible general por su valor de mercado.

Gentileza de Iberley

Premios sorteo lotería de Navidad

La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, somete a tributación, a través de un gravamen especial, entre otros, los premios pagados correspondientes a las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

La referida norma establece que los perceptores de estos premios, cualquiera que sea su naturaleza, en el momento del cobro, soportarán una retención o ingreso a cuenta que debe practicarles el organismo pagador del premio, es decir, la SELAE.

Se exigirá de forma independiente respecto de cada décimo, fracción o cupón de lotería o apuesta premiado.

Estarán exentos los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 20.000 euros. Los premios cuyo importe íntegro sea superior a 20.000 euros solo tributarán respecto de la parte del mismo que exceda de dicho importe.

La base de la retención del gravamen especial estará formada por el importe del premio que exceda de la cuantía exenta. El porcentaje de retención o ingreso a cuenta será del 20 por ciento.

Así, por ejemplo un premio de 100.000 €, tributaría al 20% sobre 80.000 € (100.000 – 20.000), por lo que se practicaría una retención de 16.000 € y se percibirían 84.000 €.

La SELAE deberá proceder a identificar a los ganadores de los premios sometidos a gravamen, es decir, los que sean superiores a 20.000 € por décimo, independientemente de que el premio haya sido obtenido por uno solo o bien conjuntamente por varias personas o entidades.

En el caso de premios compartidos (grupo de amigos o parientes, peñas, cofradías…),  en los que el premio se reparte entre todos los participantes, se deben distribuir los 20.000 € que están exentos, entre todos los beneficiarios en proporción a su porcentaje de participación, y quien proceda al reparto del premio que  figure como beneficiario único (o como gestor de cobro) por haberlo manifestado así en el momento del cobro del premio, deberá estar en condiciones de acreditar ante la Administración Tributaria que el premio ha sido repartido a los titulares de participaciones, siendo por tanto necesaria la identificación de cada ganador así como de su porcentaje de participación.

Los contribuyentes del IRPF o los contribuyentes no residentes sin establecimiento permanente que resulten agraciados y hayan soportado la retención en el momento del abono del premio no tendrán que presentar ninguna otra autoliquidación.

Adicionalmente, los contribuyentes no residentes sin establecimiento permanente que resulten agraciados y hayan soportado la retención en el momento del abono del premio podrán solicitar la devolución que pudiera corresponderles por aplicación de un convenio para evitar la doble imposición internacional.

Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades que obtengan un premio sujeto al gravamen especial deberán incluir, tal como hacían antes del 1 de enero de 2013, el importe del premio entre las rentas del periodo sujetas al impuesto y la retención/ingreso a cuenta del 20% soportado como un pago a cuenta más.

Fuente: Agencia Tributaria

No es procedente pagar plusvalía municipal, si el importe de ésta es superior a la ganancia obtenida por la venta del inmueble

El pasado miércoles 13 de noviembre se hizo pública la Sentencia del Tribunal Constitucional, de 31 de octubre, en la que, ante una cuestión de inconstitucionalidad planteada con el objeto de determinar si es constitucional o no que, aun habiendo existido ganancia en la transmisión del inmueble, el importe a pagar por plusvalía municipal sea superior a la ganancia obtenida por el contribuyente en su transmisión, concluye el Tribunal que es inconstitucional “en aquellos casos en los que la cuota a satisfacer es superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente” por ir contra el principio de capacidad económica y de la prohibición de la confiscatoriedad.

Asimismo, el tribunal limita el alcance de su sentencia únicamente a aquellos casos en que la cuota a pagar sea superior a la ganancia obtenida por el contribuyente y que la liquidación no haya ganado firmeza por haber sido impugnada en tiempo y forma. Finalmente, el tribunal recuerda e insta al Gobierno a que modifique la Ley de Haciendas Locales para adaptarla a las exigencias constitucionales puestas de manifiesto en esta sentencia y en la Sentencia 59/2017, de 11 de mayo.

Recordemos que, en la sentencia 59/2017, el TC ya declaró igualmente que era inconstitucional exigir el Impuesto en los casos de ventas con pérdidas, permitiendo acreditarse esta circunstancia mediante una prueba indiciaria, como son los valores consignados en las correspondientes escrituras de adquisición y transmisión. De hecho, el TC, en su Sentencia 107/2019, de 30 de septiembre de 2019, ha considerado que no haber valorado las escrituras de adquisición y venta de un inmueble en un caso ya resuelto mediante sentencia firme vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

A nuestro entender, el Tribunal Constitucional ha perdido una gran oportunidad para pronunciarse respecto a los numerosos casos en que, aun no siendo la cuota a pagar por la plusvalía municipal superior al beneficio obtenido, sí que significa una parte tan sustanciosa del mismo que resulta excesivo por confiscatorio, teniendo en cuenta, además, que de ese beneficio ya se detrae mediante IRPF una cantidad significativa.

No obstante lo anterior, podemos afirmar que, sin privar a los ayuntamientos de los recursos necesarios, se debe establecer un nuevo Impuesto que permita que se respete el principio de capacidad económica y la no confiscatoriedad.

Recordemos que la última crisis económica puso, por primera vez, en el punto de mira de la opinión pública la plusvalía municipal al gravar sistemática e inmisericordemente las transmisiones de inmuebles por contribuyentes que habían tenido grandes pérdidas en la venta de sus viviendas, incluyéndose aquellas transmisiones forzosas consecuencia de las numerosísimas ejecuciones hipotecarias que se produjeron.

Esta circunstancia se vio agravada por las necesidades recaudatorias de unos ayuntamientos virtualmente en quiebra que presionaron (y consiguieron) que se aprobaran por el Gobierno de turno, multitud de revisiones catastrales que fueron claramente abusivas, no solamente por elevar artificialmente los valores catastrales sino porque, en dichas revisiones, aumentó proporcionalmente en mucha mayor medida el valor catastral que se atribuía al terreno, elevando así el Importe que se tomaba como base imponible para calcular el Impuesto.

Este expolio intencionado del contribuyente queda acreditado por el hecho de que el Gobierno, mediante el real decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, convirtió de obligatoria en voluntaria la reducción de entre un 40% y un 60% que debían aplicar los Ayuntamientos en los cinco primeros año de vigencia de los nuevos valores catastrales para determinar la base imponible del impuesto. Así, los ayuntamientos más endeudados la eliminaron en cuanto les fue posible, como el de Madrid.

Lógicamente, estos abusos propiciaron un gran aumento de la litigiosidad en torno a este Impuesto, siendo las últimas Sentencias del Constitucional buen ejemplo de hasta dónde han llegado muchos contribuyentes en defensa de sus derechos y patrimonio. Pero ¿es esto suficiente? En absoluto, puesto que la litigiosidad en torno al Impuesto continua (y continuará) siendo elevada.

En consecuencia, estamos asistiendo a los estertores de un Impuesto que se ha quedado obsoleto por ser un anacronismo tributario que no tiene cabida en un sistema fiscal moderno, justo y progresivo, siendo necesario establecer una nueva figura impositiva que conjugue tanto la obligatoriedad de que el impuesto grave la capacidad económica real del contribuyente como que este no tenga carácter confiscatorio.

Somos de la opinión de que esta nueva figura debería establecer su base imponible por la diferencia entre el valor de transmisión y adquisición del inmueble, y que sea esta diferencia sobre la cual se aplique por cada ayuntamiento un tipo impositivo entre un mínimo y un máximo que se determine en la Ley de Haciendas Locales, dejando, así, exentas de tributación aquellas transmisiones de inmuebles que hayan causado pérdidas y evitando que el importe a pagar suponga una carga fiscal excesiva para el contribuyente que atente contra el principio de capacidad económica y la prohibición de la confiscatoriedad.

Gentileza de Expansión

Los abuelos pueden aplicarse el mínimo por descendientes en IRPF cuando conviven con hijos y nietos carentes de ingresos

Consulta Vinculante V2330-19, de 10 de Septiembre de 2019, de la SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas

Cuestión

Si puede aplicarse el mínimo por descendientes por sus dos nietos y en qué porcentaje. – Si al padre de sus dos nietos le corresponde aplicar algún porcentaje del mínimo por descendientes, teniendo en cuenta que desconoce las rentas que pueda percibir éste.

Descripción

La  consultante convive en su vivienda familiar, con su hija y sus dos nietos menores de edad. Su hija, madre soltera sin ningún vínculo con el padre de sus hijos, no percibe rentas superiores a 8.000 euros anuales. No existe ningún convenio regulador ni sentencia judicial, y el padre no pasa ninguna cantidad de dinero a sus hijos. Los nietos, dependen económicamente de la abuela, en tanto la madre no tenga ingresos. Los nietos no presentan declaración de IRPF ni tienen rentas que sobrepasen los 1.800 euros.

Contestación

A partir del 1 de enero de 2015, como consecuencia de la aprobación de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias (BOE de 28 de noviembre), el artículo 58 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), en adelante LIRPF, en relación al mínimo por descendientes establece lo siguiente:

“1. El mínimo por descendientes será, por cada uno de ellos menor de veinticinco años o con discapacidad cualquiera que sea su edad, siempre que conviva con el contribuyente y no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros, de:

2.400 euros anuales por el primero.

2.700 euros anuales por el segundo.

4.000 euros anuales por el tercero.

4.500 euros anuales por el cuarto y siguientes.

A estos efectos, se asimilarán a los descendientes aquellas personas vinculadas al contribuyente por razón de tutela y acogimiento, en los términos previstos en la legislación civil aplicable. Asimismo, se asimilará a la convivencia con el contribuyente, la dependencia respecto de este último salvo cuando resulte de aplicación lo dispuesto en los artículos 64 y 75 de esta Ley.

2. Cuando el descendiente sea menor de tres años, el mínimo a que se refiere el apartado 1 anterior se aumentará en 2.800 euros anuales.

En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, dicho aumento se producirá, con independencia de la edad del menor, en el período impositivo en que se inscriba en el Registro Civil y en los dos siguientes. Cuando la inscripción no sea necesaria, el aumento se podrá practicar en el período impositivo en que se produzca la resolución judicial o administrativa correspondiente y en los dos siguientes.”.

Conforme al precepto transcrito, tienen la consideración de descendientes para la aplicación del mínimo por este concepto, los hijos, nietos, bisnietos, etc., que descienden del contribuyente y que están unidos a éste por vínculo de parentesco en línea recta por consanguinidad, por adopción y, por asimilación, a estos efectos, cuando se trate de vinculación por razón de tutela o acogimiento, en los términos previstos en la legislación civil aplicable.

En definitiva, la norma tributaria se adecua a las disposiciones del Código Civil, esto es, al artículo 108 y siguientes que regulan la filiación y sus efectos, al artículo 172 y siguientes que tratan de acogimiento, al artículo 175 y siguientes que se refieren a la adopción y al artículo 222 y siguientes referentes a la tutela.

Por otro lado, hay que tener en cuenta a estos efectos, lo establecido en las disposiciones adicionales segunda y sexta de Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (BOE de 29 de julio), que establecen lo siguiente:

“Disposición adicional segunda. Referencias al acogimiento preadoptivo y al acogimiento simple y a las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional.

Todas las referencias que en las leyes y demás disposiciones se realizasen al acogimiento preadoptivo deberán entenderse hechas a la delegación de guarda para la convivencia preadoptiva prevista en el artículo 176 bis del Código Civil. Las que se realizasen al acogimiento simple deberán entenderse hechas al acogimiento familiar temporal previsto en el artículo 173 bis del Código Civil; y cuando lo fueran a las Entidades colaboradoras de adopción internacional se entenderán hechas a los organismos acreditados para la adopción internacional.”.

“Disposición adicional sexta. Equiparación de regímenes jurídicos en materia de acogimiento.

A los efectos de las normas y leyes existentes con anterioridad a la presente ley y de las legislaciones correspondientes de las Comunidades Autónomas con Código Civil propio o con leyes civiles que lo regulen, se equipara la situación de acogimiento familiar temporal con acogimiento familiar simple, y la situación de guarda con fines de adopción con el acogimiento preadoptivo.”.

Por otro lado, de acuerdo con la norma 1ª del artículo 61 de la LIRPF, en cuanto a las normas comunes para la aplicación del mínimo del contribuyente y por descendientes, ascendientes y discapacidad se refiere:

“1.ª Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación del mínimo por descendientes, ascendientes o discapacidad, respecto de los mismos ascendientes o descendientes, su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales.

No obstante, cuando los contribuyentes tengan distinto grado de parentesco con el ascendiente o descendiente, la aplicación del mínimo corresponderá a los de grado más cercano, salvo que éstos no tengan rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros, en cuyo caso corresponderá a los del siguiente grado.”.

De acuerdo con lo anterior, la aplicación del mínimo por descendiente corresponderá a los contribuyentes de grado más cercano, en este caso la hija de la  consultante (100% en su totalidad), salvo que ésta no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros, como ocurre en este caso, por lo que la aplicación de dicho mínimo corresponderá a los del siguiente grado –la  consultante que es la abuela de los descendientes objeto de  consulta–.

En consecuencia, en virtud de lo establecido en el segundo párrafo de la norma 1ª del artículo 61 de la LIRPF, el mínimo por descendientes respecto a los dos nietos corresponderá a la  consultante en su totalidad (100%), teniendo en cuenta que de acuerdo con la información dada en el escrito de  consulta se cumple el requisito de convivencia de ésta con dichos descendientes (nietos), y siempre que estos últimos no hayan obtenido en el ejercicio rentas superiores a 8.000 euros anuales, excluidas las exentas del impuesto, y que no presenten declaración de IRPF con rentas superiores a 1.800 euros de acuerdo con lo establecido en la norma 2ª del artículo 61 de la LIRPF.

Por último, se le aclara que al padre de sus nietos no le corresponde la aplicación del mínimo por descendientes, dado que de acuerdo con la información contenida en el escrito de  consulta no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 58 de la LIRPF para ello (que conviva el hijo con su padre, teniendo en cuenta que se asimilará a la convivencia con el padre la dependencia respecto a este último).

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Gentileza de las Asesorías