Nuevo intento de ataque de phishing contra la Agencia Tributaria

La Agencia Tributaria informa:

Se ha detectado una campaña de un supuesto correo enviado por la Agencia Tributaria en relación con una denuncia de facturas no declaradas.

En todos los casos detectados se han tomado las medidas necesarias para bloquear las páginas a las que dirige el enlace del correo y así evitar que los ciudadanos puedan ser engañados.

No es la primera vez que se utiliza este tipo de correos con el fin de robar datos personales y bancarios. Por este motivo, la concienciación y la información son esenciales. Por ello les recomendamos:

  • No abrir correos de usuarios desconocidos o que no hayan solicitado, elimínelos directamente.
  • No contestar en ningún caso a estos correos.
  • Precaución al seguir enlaces en correos aunque sean de contactos conocidos.
  • Precaución al descargar ficheros adjuntos de correos aunque sean de contactos conocidos.

La Agencia Tributaria insiste en que nunca solicita por correo electrónico información confidencial, económica o personal, números de cuenta ni números de tarjeta de los contribuyentes.

Por último, es preciso indicar que los correos enviados por la Agencia Tributaria pueden ser verificados por los servidores de correo destinatarios, de forma que la mayor parte de los ciudadanos no habrán recibido correos que suplanten la identidad de la Agencia Tributaria.

Comunicación de la Agencia Tributaria

Autónomos y pymes no llegan al pago de impuestos

Los asesores fiscales lamentan que el Gobierno no haya concedido un aplazamiento en los procedimientos tributarios.

Cuando la Agencia Tributaria (AEAT) advirtió a los contribuyentes que el Gobierno preparaba un cambio normativo inminente para alargar los plazos de los procedimientos tributarios, muchos respiraron aliviados. Y no solo porque los problemas de liquidez por la falta de ingresos puedan ser un problema para abonar las autoliquidaciones, sino porque con las medidas de confinamiento se hace más complicada la toda la logística de los trámites burocráticos. Sin embargo, las esperanzas desaparecieron el pasado martes cuando el Consejo de Ministros especificó que el pago de impuestos no se verá prorrogado pese a que se han paralizado el resto de procedimientos administrativos.

Eso significa que los contribuyentes tienen que ceñirse a los plazos ya establecidos por la normativa tributaria y la AEAT. Y muchos no llegarán a tiempo. Así de claro lo alertan los asesores fiscales consultados por este periódico que dicen que en los últimos días están saturados de consultas de contribuyentes. Tampoco tendrán aplazamientos en el pago de las cuotas a la Seguridad Social, como ha recordado el propio ministerio a través de Twitter. Nadie se librará de pagar impuestos y cotizaciones pese al coronavirus.

En las próximas semanas hay citas importantes con la Agencia Tributaria que coincidirán con el periodo de aislamiento decretado por el Gobierno para frenar el contagio del coronavirus. Pero no solo eso: muchos negocios han tenido que cerrar por el establecimiento del estado de alarma, y la mayoría de los demás están haciendo teletrabajo. Todo esto complica la logística interna para recopilar las facturas, los gastos corrientes, los cobros, etc.

Toda la comunidad tributaria estamos muy defraudados con las medidas, porque no se ha pensado en el contribuyente.

 

“Toda la comunidad tributaria estamos muy defraudados con las medidas que se han tomado, porque no se ha pensado en el contribuyente en absoluto”, lamenta Stella Raventós, presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF). En su opinión, los más perjudicados serán las pequeñas empresas y los autónomos, ya que son quienes tienen menos recursos técnicos para realizar toda la gestión tributaria. En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en una carta remitida al presidente del Gobierno: “Muy poco o ningún protagonismo se ha atribuido dentro de la política económica de emergencia a la política fiscal y tributaria”.

El Gobierno aprobó una moratoria en el pago de impuestos para autónomos y pymes de seis meses por un máximo de 30.000 euros. Sin embargo, los asesores fiscales lamentan que es una cuantía muy pequeña, porque con las retenciones del IRPF y el IVA, en la mayoría de los casos ya se supera esta cuantía. Además, este aplazamiento exige a las empresas que realicen todos los cálculos para comprobar si se pasan de esta cuantía y hacer la declaración o la autoliquidación correspondiente. La asociación de autónomos UPTA también ha solicitado a la Agencia Tributaria una moratoria extraordinaria ante la “dificultad para la presentación de estas declaraciones tributarias”. En concreto, UPTA ha pedido a Hacienda que prolongue tres meses el plazo para presentar declaraciones y autoliquidaciones, hasta el 20 de julio, “a fin de evitar las sanciones correspondientes”.

Desde AEDAF lamentan que el Gobierno haya sido muy sensible con la normativa laboral y no haya tenido la misma consideración con los procedimientos tributarios. De hecho, las empresas están actualmente desbordadas por los cambios en materia laboral y en adaptar sus plantillas al nuevo entorno económico. Muchas empresas están en medio de la gestión de Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) y esto está consumiendo la mayor parte de los recursos que tienen para la gestión administrativa. De ahí que la negativa de Hacienda a conceder un retraso en los procedimientos tributarios haya complicado mucho más toda la planificación.

“Hemos consultado a la Agencia Tributaria si va a aplazar los procedimientos como anunció hace unos días, pero no nos dicen nada”, señala Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). Y no son solo los contribuyentes quienes tienen un problema para llegar a tiempo, también los despachos de asesoría y consultoría están saturados por las solicitudes de ERTE y ahora por las declaraciones tributarias.

“Los despachos tienen el problema de que tienen a su personal teletrabajando, o enfermo y, además, tienen que conseguir la documentación de sus clientes, que son empresas que están cerradas y que tienen que gestionarse para recopilar toda esa información”, alerta del Amo. “No va a ser fácil, los despachos están ahogados con tantas operaciones y asimilando la nueva normativa, yo no paro de responder correos electrónicos”, explica. Esta es la sensación generalizada entre los asesores fiscales.

Existe una gran incertidumbre sobre todos los procedimientos y la Agencia Tributaria no despeja las dudas existentes. “Yo tengo la sensación de que la AEAT va a hacer algo, no pueden mantenerse los plazos actuales”, afirma del Amo. “Nosotros enviamos a la Agencia una carta para que nos resolviera las dudas sobre los plazos y no hemos tenido respuesta”, explica Raventós, “ni siquiera nos aclaran si prevén suavizar las sanciones por incumplimiento de los plazos”. Estas sanciones van desde el 5% si la declaración es voluntaria o, si se realiza a instancias de la AEAT, pueden ascender desde el 50% hasta el 150% del importe de la declaración a pagar.

El calendario tributario se aprieta

Las próximas semanas serán muy intensas en la Agencia Tributaria como consecuencia del fin de mes y de trimestre, situación que coincidirá con la parálisis en la que está sumida toda España. La primera cita importante se produce el próximo 30 de marzo, en menos de diez días, cuando las empresas que estén dentro del Suministro Inmediato de Información (SII) tendrán que liquidar el IVA de febrero antes del 30 de marzo.

El día 31 los contribuyentes con bienes en el extranjero tendrán que declararlos en el modelo 720. Esta declaración es meramente informativa, ya que no se tiene que realizar autoliquidación y, por tanto, Hacienda no realiza ninguna recaudación. Sin embargo, este plazo tampoco ha sido ampliado. Los asesores explican que esta declaración puede generar problemas porque en ocasiones los contribuyentes no tienen toda la información actualizada de sus bienes en el extranjero y tienen que solicitarla, con las complicaciones que eso genera por la pandemia del coronavirus, que afecta también a terceros países.

El siguiente día importante será el 20 de abril, cuando se tienen que realizar las autoliquidaciones del primer trimestre de las principales figuras tributarias, desde el IVA, hasta las retenciones del IRPF o el impuesto sobre sociedades. En este último caso, las empresas tienen que calcular los resultados económicos obtenidos en los tres primeros meses del año, lo que exige un esfuerzo extra para recopilar los datos de todo el negocio.

Algunas empresas pequeñas que no tributen por resultados reales, sino por beneficios del pasado, se pueden encontrar con que, habiendo sufrido pérdidas en el primer trimestre, tienen que hacer un pago a Hacienda por tener la base positiva del año 2018. La Agencia Tributaria no permite cambiar a estas alturas de modalidad de tributación, lo que puede agravar los problemas de liquidez de muchas pequeñas y medianas empresas si no autoriza este cambio. Además, los autónomos y profesionales tendrán que presentar la autoliquidación por los ingresos generados en el primer trimestre del año.

Gentileza de El Confidencial

 

 

Medidas económicas frente al COVID19

Algunos de nuestros clientes nos hacen llegar su preocupación, respecto de las posibles ayudas, subvenciones o créditos a los que podrán acceder para intentar paliar las pérdidas que esta pandemia les pueda causar en sus actividades comerciales.

También nos llegan las lógicas preocupaciones que surgen sobre los contratos de trabajo de sus empleados.

Y por último cuándo y cómo se podrán solicitar dichas ayudas una vez sean probadas.

En primer lugar decir, que hay que mantener la calma y ver qué soluciones aporta el Gobierno de la Nación e incluso la propia Unión Europea.

A estas horas lo único que podemos trasladar es, que presumiblemente mañana martes se reúna de nuevo el Consejo de Ministros, precisamente para abordar los problemas a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas, así como los trabajadores autónomos.

De la prensa extraemos algunas cuestiones sobre estos asuntos:

“Los expertos piden medidas urgentes para evitar el colapso económico.”

“Economistas, patronal y sindicatos reclaman al Gobierno instrumentos para garantizar la liquidez y evitar despidos masivos.”

 “La crisis del coronavirus está desencadenando un parón económico de consecuencias imprevisibles. La profundidad de la herida dependerá de la duración de la pandemia y las medidas que se adopten para mitigar las pérdidas derivadas del estado de alarma y la caída de actividad. Los expertos reclaman al Gobierno medidas urgentes para evitar el colapso económico e impedir una ola de despidos masivos. La mayoría de economistas coincide en que el Ejecutivo tiene que garantizar la liquidez en el sistema, mediante programas de garantías, avales o créditos condicionados, para que las empresas viables puedan superar este trimestre. También reclaman un paquete laboral para asegurar puestos de trabajo y minimizar el golpe sobre el empleo.

 Expertos, economistas, patronal y sindicatos han logrado ponerse de acuerdo por una vez para reclamar de forma casi unánime al Gobierno que adopte medidas de forma inmediata para paliar la crisis del coronavirus. La situación casi distópica provocada por la Covid-19 amenaza con golpear la economía española con la fuerza de un Godzilla. Por lo pronto, la declaración del Estado de alarma paralizará el país durante al menos 15 días. Sectores como el transporte o el turismo llevaban dos semanas tratando de taponar las vías de agua y ahora solo luchan por mantener el bote a flote. “Sufriremos dificultades transitorias como consecuencia de la emergencia económica derivada del coronavirus”, reconoció Pedro Sánchez, el pasado sábado, tras aprobar el decreto que aísla el país por la pandemia.

El Gobierno, no obstante, aplazó las medidas económicas hasta este martes.”

“La receta que prescriben los expertos se resume en tres o cuatro principios activos: aumentar el gasto sanitario hasta donde sea necesario para combatir la pandemia, arbitrar medidas de liquidez para garantizar que las empresas (grandes y pequeñas) puedan superar los meses de incertidumbre y reclamar a las instituciones europeas un plan coordinado de inversiones para relanzar la demanda interna. También proponen un salvavidas para pymes y autónomos en forma de ayudas fiscales y flexibilidad laboral que endulcen el trago amargo y mitiguen los despidos.”

Precauciones a tomar en el ámbito laboral y social frente al Coronavirus

La Comunidad de Madrid ha publicado con fecha de hoy día 10 de marzo, las siguientes recomendaciones para evitar la propagación del Coronavirus:

Recomendaciones

1. Recomendaciones en el ámbito laboral:

a) La promoción por parte de las empresas para que se realice la actividad laboral mediante el sistema de teletrabajo.

b) La elaboración y actualización, en su caso, de planes de continuidad de actividad de la empresa donde se prevean las actuaciones a llevar a cabo ante la situación originada por el coronavirus (COVID 19).

c) El fomento por parte de las empresas de la flexibilidad horaria y turnos escalonados.

d) El fomento de las reuniones por videoconferencia.

2. Otras recomendaciones:

a) Todas las personas que inicien síntomas respiratorios y/o fiebre deberán permanecer en su domicilio, evitando acudir a su lugar de trabajo y a centros sanitarios siempre que su condición clínica se lo permita.

b) Todas las personas mayores o que padecen enfermedades crónicas o pluripatológicas o con estados de inmunosupresión congénita o adquirida, deberán evitar abandonar su hogar o residencia salvo por casos de estricta necesidad y, en cualquier caso, deberán evitar lugares concurridos en los que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro.

c) Fomentar el cuidado domiciliario de los mayores.

d) Evitar los viajes que no sean estrictamente necesarios.

Fuente: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

La Inspección de Trabajo ha regularizado 36.241 falsos autónomos desde agosto de 2018

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social regularizó 36.241 falsos autónomos entre agosto de 2018 y diciembre de 2019, y se liquidaron por cuotas a la Seguridad Social 238,8 millones de euros.

Así se refleja en el balance del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020 actualizado a diciembre de 2019. Se trata de 36.241 personas que han sido dadas de alta en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena, lo que ha supuesto 1.534 infracciones con propuestas de sanción y una liquidación por cuotas sociales de 238,84 millones de euros. La mayoría de los afectados son hombres (24.751) y una minoría, mujeres (11.490).

Si se observa la evolución de los falsos autónomos por años naturales destaca el impacto del Plan Director, ya que en 2018 se regularizaron 18.851 falsos autónomos y en 2019 fueron 19.867, mientras que en los años precedentes no alcanzaban las 2.000 regularizaciones anuales.

En el refuerzo de las inspecciones para detectar estos trabajadores se llevó a cabo en 2019 una campaña específica en las plataformas y el comercio electrónico que dio como resultado 9.005 altas en el Régimen General de la Seguridad Social y liquidaciones de cuotas por importe de 16,44 millones de euros.

Los falsos autónomos forman parte de los 187.210 empleos aflorados desde agosto de 2018 hasta diciembre de 2019 y que generaron una recaudación en cotizaciones de 1.570,4 millones de euros.

Solo en 2019 afloraron 122.608 empleos, por encima de los 117.738 regularizados en 2018, que suponen un incremento frente a los años precedentes en los que afloraban algo más de 85.000 empleos anuales.

Salarios recuperados

Por otra parte, la Inspección de Trabajo recuperó en beneficio de los trabajadores 20,94 millones en 2019, correspondientes a salarios no abonados o retrasados por parte de las empresas.

Se trata de la primera vez que se ejecuta una campaña que persigue los impagos y retrasos en el pago de los salarios a los trabajadores y la primera vez, desde enero de 2019, que se registra el importe de las retribuciones abonadas como consecuencia de las inspecciones.

Los 20,94 millones recuperados por los trabajadores el año pasado son fruto de 21.194 actuaciones inspectoras en esta materia, 1.444 infracciones y 4.679 requerimientos realizados a lo largo de 2019. Si se compara con 2018, las actuaciones aumentaron un 28,4%, las infracciones crecieron un 36,9% y los requerimientos se incrementaron en un 29,7%.

Fuente Expansión

Las personas autónomas societarias tienen derecho a Tarifa Plana.

La sentencia, tras exponer el marco normativo aplicable, concluye que la recurrente es acreedora de la reducción de cuotas prevista por el artículo 31 de la ley 20/2007 (Tarifa Plana). Para ello tiene en cuenta que su artículo 1.2 c) considera trabajador autónomo también a quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios a una sociedad mercantil capitalista, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, cuando posean el control efectivo, directo o indirecto, de aquélla en los términos de la disposición adicional vigésimo séptima, dos c), del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Entiende, por tanto la sentencia, que las deducciones previstas por el artículo 31 de la Ley 20/2007 alcanzan, no sólo a los comprendidos en su artículo 1.1 sino, también, a los mencionados en el artículo 1.2 c). Reprocha seguidamente a la Administración que su interpretación no está avalada por el elemento gramatical, ni por el sistemático ya que no es cierto que la defendida por la demanda y aceptada por la Sala de Bilbao haga superfluo el apartado 3 del artículo 31. Este último incluye entre los beneficiarios de este tratamiento a los socios de sociedades laborales y a los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado encuadrados en el RETA, si cumplen los requisitos del precepto. Dice la sentencia que dicho apartado 3 del artículo 31 responde a que dichos socios de unas y otras sociedades no están incluidos en el ámbito subjetivo del Estatuto del Trabajador Autónomo definido por el artículo 1 de la Ley 20/2007. De ahí que, de no ser por el apartado 3 del artículo 31, no podrían ser los beneficiarios de las deducciones.

Tampoco acepta la sentencia el argumento de la Tesorería General de la Seguridad Social según el cual la finalidad de las ayudas del artículo 31 de promover el autoempleo y la cultura emprendedora mediante la reducción de los costes de inicio de la actividad de determinados colectivos de jóvenes es contradictoria con el reconocimiento del acceso a las deducciones a socios capitalistas, administradores de sociedades cuya incorporación al RETA se justifica por ejercer el control efectivo de la sociedad. Dice la sentencia al respecto:

‘Sin negar la fuerza de convicción de dicho argumento, se trata más de una crítica al Legislador que de un elemento interpretativo de la norma, argumento que no resulta definitivo a juicio de la Sala si tenemos en cuenta que en el colectivo de trabajadores autónomos contemplado por el artículo 1.2.c) LETA queda comprendida una variedad tipológica muy amplia de personas, entre las que se incluyen supuestos como el de la recurrente, persona joven sin actividad laboral previa, que inicia una actividad económica y, en lugar de hacerlo personalmente, opta por su personificación jurídica societaria por estrictas razones de utilidad económica. Además, el artículo 312.2 TRLGSS15 exceptúa de la base mínima de cotización prevista por el número 1, entre otros, al colectivo del artículo 305.2.b) (en el que se encuentra la recurrente) durante los 12 primeros meses de su actividad a contar desde la fecha de alta, si ésta es inicial, lo que pone de manifiesto que el legislador pretende también favorecer el inicio de la actividad laboral de dicho colectivo.

Fuente: Iberley

 

Montero impondrá Patrimonio y Sucesiones a las autonomías del PP

  • Este año presenará el esqueleto del sistema de financiación autonómica
  • Hacienda señala “la intención” de Sánchez de tener Cuentas “antes del verano”
  • Montero impondrá Patrimonio y Sucesiones a las autonomías del PP

 

El Gobierno está decidido a intervenir en la política fiscal de las comunidades autónomas y propiciar la armonización de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones en un posible marco de 2021. Es decir, dispuesto a subir estos tributos a las comunidades que tienen bonificada dicha carga fiscal, como es el caso de la Comunidad de Madrid, Cantabria, Castilla y León o, Andalucía. Así lo hizo saber este jueves la ministra de Hacienda, en la comparecencia que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados para presentar las líneas maestras de la cartera que dirige.

María Jesús Montero, que también aseguró que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene la “intención de acelerar” el trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado de 2020 para tener nuevas Cuentas Públicas “antes del verano” -a diferencia de lo que venía diciendo hasta ahora, señalando la fecha a finales del verano-, indicó que su negociado tiene previsto calcular el coste efectivo de los servicios básicos y armonizar los impuestos cedidos para “atenuar situaciones de dumping”.

El primer esqueleto

Vestido bajo el epígrafe de la seguridad para estos impuestos, Montero adelantó que su ministerio ya “trabaja con las CCAA el valor de referencia”, para que haya “una base responsable” de los citados impuestos. Aseguró Montero que ésta ha sido una medida “demandada” por las autonomías, al tiempo “que no haya problemas” de seguridad en las cesiones a las comunidades. Dicho de otro modo, que está dispuesta a legislar la armonización fiscal y subir estos impuestos.

En materia autonómica, la ministra también afirmó que en noviembre espera tener el primer esqueleto de la reforma de la Financiación Autonómica, subrayando que, el Gobierno de Sánchez tiene la intención de flexibilizar la regla de gasto, “para adaptarse” al nuevo momento económico.

Asimismo, Hacienda anunció una propuesta de desarrollo de la autonomía financiera, estableciendo “una hoja de ruta para que estas administraciones salgan de los mercados”, simplificando por tanto, los fondos de financiación.

Las líneas maestras

Entre las cuatro grandes líneas maestras del ministerio de Montero se encuentran aprobar los Presupuestos de 2020 y años sucesivos, una fiscalidad acorde a los tiempos que vivimos -lo que contempla nuevos impuestos, un nuevo sistema de financiación autonómica que “vertebre de manera más justa y que garantice la igualdad de los españoles” y, el buen uso de los fondos públicos, siempre con “la voluntad de cumplir el objetivo de consolidación fiscal”.

En alusión a los Presupuestos de 2020, Montero sostuvo que éstos, de aprobarse a lo largo del año, incorporarán “por primera vez tres ejes transversales”: objetivos de desarrollo sostenible, impacto de género y políticas destinadas a la infancia, la juventud y la familia.

Con el objeto de “avanzar en la transparencia”, adelantó la ministra de Hacienda que estos Presupuestos Generales “se acercarán a la ciudadanía” para que acceda a la información de los gastos de una manera didáctica, sin especificar nada en lo relativo a los ingresos.

Gentileza de El Economista

 

Hacienda prepara un nuevo sistema para que los autónomos salden sus deudas

Hacienda lanzará el próximo mes de mayo dos nuevos modelos para que los autónomos puedan saldar sus deudas tributarias con la Administración de forma rápida y reducir los recargos hasta un 25%. Así serán el 770 y el 771. 

La Agencia Tributaria hizo público a mediados de enero su plan de Control Tributario para este año 2020. Uno de los ejes más importantes de la nueva estrategia de Hacienda es la mejora del cumplimiento voluntario por parte del contribuyente. Y justo en este sentido viene trabajando la Administración en los últimos días.

A principios de febrero, el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria sometió a trámite de información pública un proyecto sin precedentes: la puesta en marcha de dos modelos con los que el contribuyente podrá saldar sus deudas tributarias voluntariamente, en tiempo récord y reducir hasta un 25% los recargos.

La medida viene a mejorar un mecanismo que ya existe. Hasta que se pongan en marcha ambos modelos, los contribuyentes que quieran regularizar su situación fiscal voluntariamente podrán hacerlo con el procedimiento actual: una declaración fuera de plazo (extemporánea). Ésta refleja los ingresos no declarados y, después, es la propia Agencia Tributaria la que cobra el importe de la deuda y los correspondientes recargos. Este procedimiento suele alargarse más de la cuenta y, al final, el contribuyente paga todavía más tarde sus impuestos atrasados.

Esto, en principio, desaparecerá desde el próximo mes de mayo. A partir de esta fecha, está previsto que entren en vigor los modelos 770 y 771. Con ellos, el contribuyente podrá liquidar de forma voluntaria las deudas que mantiene con la Administración  – y sus respectivos recargos e intereses-. La presentación podrá hacerse online y en menos tiempo que a través de la declaración extemporánea.

Nuevos modelos 770 y 771

Como se ha explicado, el proyecto se encuentra sometido a trámite de información pública y su entrada en vigor está prevista para el próximo 1 de mayo de 2020. Estos dos nuevos modelos irán dirigidos exclusivamente a saldar deudas tributarias de autoliquidaciones, es decir, importes pendientes de pago que los autónomos y empresarios hayan eludido por error, pero siempre en relación a impuestos como el IRPF, IVA o Sociedades.

Para regularizar sus deudas, normalmente, el contribuyente deberá hacer uso de ambos modelos, ya que uno va destinado a saldar los recargos e intereses -que serán siempre de un mínimo del 5% del importe- y otro, a pagar el  importe de los impuestos que no se abonaron en el ejercicio en cuestión.

Eso sí, hay dos requisitos imprescindibles para poder saldar las deudas tributarias a través de estos modelos:

  • Que el pago sea voluntario (sin requerimiento previo de Hacienda)
  • Que sean de autoliquidaciones de impuestos

Por un lado, el modelo 770 irá destinado a la autoliquidación e ingreso de intereses de demora y recargos legalmente devengados para la regularización voluntaria. Es decir, lo que cobrará Hacienda al autónomo por declarar fuera de plazo sus impuestos voluntariamente. Así, habrá que pagar intereses pero no sanciones, como sí ocurriría si la Agencia Tributaria requiriera el pago.

Por otro lado, el modelo 771 irá dirigido a la autoliquidación e ingreso de cuotas correspondientes a conceptos impositivos y ejercicios, cuyo modelo de presentación no se encuentre disponible en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria en ese momento.

Se presentará un modelo 770 y, en su caso, un modelo 771, por cada concepto impositivo y ejercicio o hecho imponible que se pretenda regularizar,

Consecuencias de declarar impuestos fuera de plazo

Declarar la renta o el IVA fuera de plazo tiene consecuencias aunque el error lo subsane el contribuyente sin previo requerimiento por parte de Hacienda. Así lo prevé el Fisco en la Ley General Tributaria que, en su artículo 27, aclara que “los recargos por declaración extemporánea son prestaciones accesorias que deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria”.

Si la declaración se efectúa fuera de plazo sin que Hacienda la reclame previamente, el autónomo no se enfrentará a sanción alguna aunque sí tendrá que hacer frente a recargos. La cuantía de éstos dependerán, según la Agencia Tributaria, del tiempo que se haya demorado el contribuyente en presentar la declaración.

Si el autónomo tarda menos de seis meses en subsanar la deuda, el recargo será de un 5% sobre el valor de la misma. Si supera los seis meses de demora, el recargo ascenderá al 10% y, si tarda entre seis y doce meses en subsanar el error, será de un 15%. A partir de los 12 meses, el autónomo tendrá  que pagar un 20% de recargo sobre la cuantía y unos intereses de demora.

La base sobre la que se imponen estos recargos será el importe a ingresar resultante de la liquidación de las declaraciones. El autónomo puede reducir la cuantía hasta un 25%, siempre y cuando lo ingrese en un periodo voluntario. 

Declaración con requerimiento previo

La situación empeora si el autónomo no utiliza las vías que la AEAT pone a su disposición para subsanar sus deudas de forma voluntaria. En el caso de que la declaración extemporánea sea con requerimiento previo por parte de Hacienda se entenderá que el contribuyente ha cometido una infracción. Por tanto, ya se contemplarían sanciones. Estas multas pueden ir del 50 al 150% sobre el importe de lo que debería haber abonado.

En este caso, la cantidad dependerá del grado de perjuicio económico que se haya causado a Hacienda, de si el contribuyente tiene a sus espaldas otras infracciones tributarias o de la intencionalidad con la que se entiende que se produjo la deuda. En caso de aceptar la sanción o pagarla en el periodo voluntario establecido, el contribuyente también podrá beneficiarse de reducciones sobre la sanción.

Con un sencillo ejemplo se puede observar la diferencia entre subsanar una deuda con requerimiento o de forma voluntaria (en los próximos meses a través del 770 y 771).

Si, por ejemplo, un autónomo ha dejado de declarar 100 euros por un error en su declaración trimestral del IVA, si liquidara su deuda al mes siguiente, tan sólo tendría que pagar la deuda más un 5%, es decir, en vez de 100 euros, 105.

Sin embargo, si liquida la deuda en el mismo tiempo pero con requerimiento previo de Hacienda, lo más normal es que se le imponga el mismo recargo, además de una sanción del 50%. Es decir, en este caso -que sería de los más leves- el contribuyente tendría que pagar 155 euros, en vez de 100.

Por tanto, lo más recomendable es que si el autónomo detecta un error en cualquiera de sus autoliquidaciones de impuestos, lo subsane cuanto antes y de forma voluntaria.

Gentileza de AE

Consecuencias del Brexit en el ámbito fiscal – Últimas novedades

El Acuerdo de Retirada del Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (aprobado el 31-01-2020) contempla un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020, durante el que se seguirá aplicando la legislación comunitaria en el Reino Unido en relación al mercado interior, unión aduanera y las políticas comunitarias. La Unión Europea tratará al Reino Unido como si fuese un Estado miembro, excepto en lo referente a su participación en las instituciones de la UE y en las estructuras de gobernanza. En particular, durante ese periodo las empresas no tendrán que realizar formalidades aduaneras.

El periodo transitorio puede ser extendido una vez hasta uno o dos años. Tal decisión debe ser tomada conjuntamente por la UE y el Reino Unido antes del 1 de julio de 2020.

Por tanto, como consecuencia del Acuerdo de Retirada del Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a efectos de IRPF e IS y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes no habrá cambios en el ámbito fiscal hasta el 1 de enero de 2021.

Ahora bien, a efectos del IVA hay que tener en cuenta lo siguiente:

Régimen transitorio a aplicar en IVA respecto a las operaciones intracomunitarias con el Reino Unido.

Con el Acuerdo de Retirada del Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (aprobado el 31-01-2020), en el que se busca una salida ordenada de este país de la UE. Con ese objetivo, se ha establecido un periodo transitorio que llega hasta el 31-12-2020, durante el cual el derecho de la Unión es todavía aplicable en el Reino Unido.

Partiendo de la anterior premisa, a efectos de IVA se ha acordado que (Acuerdo Brexit art.51):

 a) La 2006/112/CE sigue aplicándose:

  • A los bienes que se expidan o transporten durante ese periodo, siempre que esas prestaciones de servicios se hayan iniciado antes del final del periodo transitorio y finalicen con posterioridad.
  • Hasta cinco años después del fin del periodo transitorio, respecto a los derechos y obligaciones relacionados con las operaciones con un elemento transfronterizo que haya tenido lugar antes del final de periodo transitorio.

 b)  Las solicitudes de devolución del impuesto por no establecidos en el Reino Unido y de estos a los países miembros de acuerdo con lo establecido en 2008/9/CE, deben presentarse como fecha límite el 31-3-2021.

 c)  En cuanto a la modificación de las declaraciones presentadas en relación a las prestaciones de servicios acogidas al Régimen especial aplicable a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión o electrónicos (Dir. 2006/112/CE art.364 y 369 septies), durante el periodo transitorio, estas se podrán presentar hasta el 31-12-2021.

Durante el periodo transitorio el Reino Unido puede acceder a las redes, sistemas de información y base de datos de la UE para cumplir las obligaciones que le incuben respecto a estos procedimientos.

Efectos del Brexit para autónomos y PYMES

Ahora que el Brexit es un hecho, debemos tener en cuenta que todas las operaciones que realicemos con Reino Unido, ya sea por compra o venta de mercancías o por prestación de servicios, ya no se considerarán operaciones intracomunitarias, si no, operaciones de importación y exportación.

En materia de IVA, los envíos a Reino Unido estarán exentos como exportaciones, siendo la declaración aduanera de exportación uno de los medios de prueba admitidos a efectos de justificar dicha exención. Por el contrario, las importaciones desde Reino Unido estarán sujetas al pago del IVA a la importación. Dicho impuesto se liquida en la declaración aduanera y debe ingresarse en los plazos correspondientes.

Anteriormente y para operar con Reino Unido como país perteneciente a la Unión europea, las empresas españolas (Autónomos, PYMES, etc.), debían estar inscritas en el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI). A partir de ahora, las empresas que realicen operaciones con este país, deberán estar inscritas en el Registro de Importadores y Exportadores de la Unión Europea (EORI).

Según comenta la Agencia Tributaria, ésta actuará de oficio para dar de alta en EORI a todas aquellas empresas que ya vinieran realizando operaciones con Reino Unido. No obstante, es recomendable comprobar que nuestra empresa está inscrita en dicho registro.

Desde el punto de vista aduanero, la salida implicará, entre otras cuestiones, que los flujos de mercancías entre España y Reino Unido dejarán de tener la consideración de operaciones intracomunitarias para pasar a estar sujetos a formalidades aduaneras. Dichas formalidades incluyen la presentación de una declaración aduanera de importación/exportación o vinculación a otro régimen aduanero para cada envío, la realización de controles aduaneros, el pago de derechos arancelarias y otros gravámenes que se devenguen a la introducción o la necesidad de obtener certificaciones sanitarias, fitosanitarias, de calidad o de otro tipo para poder disponer de sus mercancías.