El Gobierno planea subir los impuestos 6.000 millones en 2021

Tras el profundo bache de este año, el Gobierno prevé empezar a salir pronto del túnel. Según el plan presupuestario que ha enviado este jueves a Bruselas, los ingresos públicos aumentarán en 33.447 millones en 2021, gracias al intenso rebote del PIB que se pronostica para el año que viene —aunque no suficiente para volver a la situación precrisis— y, en menor medida, a la introducción de nuevas figuras fiscales. Entre ellas, una subida del IVA hasta el 21% a las bebidas azucaradas, la introducción del impuesto al plástico, las tasas Google y Tobin y la nueva norma sobre el fraude fiscal, por un importe total de 6.847 millones de euros.

La pandemia ha obligado al Gobierno a aplazar la “profunda reforma fiscal” que planeaba poner en marcha cuando llegó a La Moncloa. Pero sí habrá ajustes fiscales el año que viene, como ya había anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Estos brindarán ingresos por valor de 6.847 millones en 2021 y 2.323 millones en 2022, según recoge el plan presupuestario que el Ejecutivo remitió a Bruselas este jueves. Si a esta cifra se resta el efecto de la nueva ley contra el fraude fiscal —que se prevé aporte unos 828 millones al año—, el impacto de las nuevas figuras fiscales ronda los 6.000 millones para 2021 y de unos 8.350 millones en el conjunto de los dos años.

El año que viene entrarán en vigor tanto el nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales, más conocido como tasa Google, como el impuesto sobre transacciones financieras o tasa TobinAmbos acaban de recibir luz verde definitiva en el Senado y empezarán a funcionar en unos tres meses. El Gobierno calcula que con ellos recaudará unos 1.800 millones en conjunto.

El plan presupuestario también recoge una subida de los impuestos verdes. Varios organismos, desde la Comisión Europea al Banco de España o la OCDE, han recomendado tocar estas figuras para financiar parte de la recuperación. En España, la presión de estos tributos sobre el PIB es inferior a la de la media de la UE (del 1,8%, frente al 2,4%).

En concreto, el plan remitido a Bruselas prevé impulsar la fiscalidad medioambiental ?sin detallar cómo? para recaudar unos 1.311 millones en 2021. En materia de impuestos verdes, el plan presupuestario también contempla la creación del gravamen sobre envases de plástico de un solo uso, que ya ha superado el trámite de información pública tras haber sido aprobado el pasado junio por el Consejo de Ministros. Las previsiones de recaudación de esta nueva figura son de 491 millones de euros para 2021.

Otro cambio fiscal que verá la luz el año que viene, según los planes del Gobierno, es el incremento del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas, que pasará del 10% al 21%. La medida ya se contemplaba en el acuerdo de coalición y brindará ingresos por 340 millones en 2021 y 60 millones en 2022. El plan presupuestario también recoge, sin explicarlas, una subida de los impuestos directos, previsiblemente en el IRPF de las rentas altas y en sociedades, con un impacto de 2.548 millones en los próximos dos años, y otra en los indirectos, con 1.724 millones.

Que dentro de la subida de impuestos directos va un ascenso del IRPF para las rentas más altas se puede deducir de la afirmación de que la subida permitirá “reforzar la progresividad del sistema impositivo”. Si eso se traduce en eliminar deducciones a las aportaciones a fondos de pensiones o en tipos marginales más altos para las mayores rentas no se aclara. Además, también se apunta a cambios en el impuesto de sociedades porque el documento señala que la recaudación aumentará por la subida de los beneficios y por la “adopción de ciertas medidas”, que tampoco se explican.

En cuanto a los impuestos indirectos tampoco hay muchas pistas aún. El documento señala que la recaudación crecerá por el “efecto de las medidas tributarias, que supondrán un incremento de la recaudación del IVA y de los Impuestos Especiales”. Se podría subir la imposición sobre el diésel o excluir en el IVA a algunos productos de los tipos reducidos pasándolos al general, como el Gobierno estudia hacer con la educación privada. Lo que dice el documento es que la subida será por “razones de equidad”, pero en su listado final prevé 1.500 millones extra en “otros impuestos“, en un capítulo en principio separado del IVA.

Más gasto público

Aun así, estos cambios fiscales no serán los principales responsables del repunte en los ingresos previsto para el año que viene, estimados en 33.447 millones de euros. Esa cifra, sin embargo, se reducirá en porcentaje sobre el PIB al 40,3%, frente al 41,7% de este año por la fuerte caída de la actividad.

El Gobierno, que remitió este jueves el plan presupuestario a tiempo pero trastocando la habitual liturgia presupuestaria —que prevé que antes se aprueben las cuentas y que luego Bruselas las corrija—, estima para el año que viene un rebote del PIB del 7,2% tras el derrumbe del 11,2% pronosticado para este año. Esta cifra, que se presentó la semana pasada en la actualización del cuadro macro, podría sin embargo verse empujada hacia cotas más elevadas gracias las ayudas europeas. La incorporación de más de 25.000 millones del primer tramo del fondo de reconstrucción llevaría el alza del PIB hasta el 9,8% en 2021. Gracias a este dinero extra, el año que viene también estará marcado por una subida sin precedentes del techo de gasto, de casi un 54% hasta los 196.000 millones de euros. La deuda, por otra parte, empezará a reducirse en 2021 al alcanzar el 117,4% del PIB frente al 118,8% de 2020.

Por el lado del gasto, el Gobierno estima que el desembolso público total aumentará en 2021 en 2.419 millones, aunque bajará con respecto al PIB del 53% al 48% en 2021 gracias a la mejora de la actividad. El plan presupuestario recoge también el impacto del aumento gradual del permiso de paternidad, que sube de 12 a 16 semanas, y del ingreso mínimo vital.

Gentileza de las Asesorías

El cambio de cotización de los autónomos encara otra semana clave

El Gobierno y las principales organizaciones de autónomos de autónomosATAUPTA Uatae, se reunirán el próximo miércoles con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para hablar del nuevo sistema de cotización por ingresos reales.

La semana pasada, el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad SocialJosé Luis Escrivá, informó al Congreso de que presentaría a las asociaciones de autónomos sus “primeras ideas” para el nuevo sistema, que permitirá que “la gran mayoría” cotice menos. “Los que van a tener que cotizar menos porque tienen ingresos menores supera ampliamente a los que van a cotizar más”, aseguró Escrivá, señalando además que entre aquellos que tendrán que abonar más, “muchos se han dado cuenta en la pandemia de que cotizar más es más prestación”.

Sistemas

Agencia Tributaria y Seguridad Social ya cruzan datos

Aunque no quiso ofrecer más detalles durante su intervención ante los diputados de la Comisión de Trabajo, sí aseguró que su propuesta pasa por “un sistema muy gradual”, tanto en los tramos de cotización como en el despliegue de este sistema. “Es una petición de los propios autónomos, también está entre las recomendaciones del Pacto de Toledo y ya existe un cruce de datos de la Seguridad Social con la Agencia Tributaria”, recordó Escrivá.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) advirtió esta semana al Gobierno de que, aunque tiene “todo el sentido” adecuar progresivamente las cotizaciones a sus ingresos reales, no es el momento de hacerlo en el contexto actual ni parece “factible” desde un punto de vista operativo y práctico.

Según ATA, se traduciría en un aumento de las cotizaciones para el 70% de los autónomos. “No vamos a apoyar ningún cambio en el sistema de cotización de los autónomos que implique un aumento de las cuotas. Ni es el momento ni pueden los autónomos, que están asfixiados. Hay que bajar cuotas, no subirlas a nadie”, dijo su presidente, Lorenzo Amor.

ATA ha subrayado que aunque un sistema de cotización proporcional a los ingresos debería buscar la equidad, podría producir el efecto contrario: producir mayor desigualdad y precariedad. Para ATA, este cambio en el sistema no es “factible” porque no existen los medios ni los procesos para determinar los ingresos reales de los autónomos y aplicar la proporcionalidad en la cuota en tiempo real. Además, ha advertido de que los datos disponibles corresponderían a los rendimientos netos del ejercicio cerrado anterior, lo que no tiene por qué corresponder con el nivel de ingresos del ejercicio en curso.

De su lado, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que está a favor del cambio, ha pedido que haya “justicia contributiva”. “Todos los autónomos deberían poder elegir libremente entre el mínimo y el máximo que se establezca en los distintos tramos, pero la regularización por exceso o por defecto debe hacerse cuando tengamos los datos de los rendimientos de trabajo una vez finalizado el año fiscal”, señalan.

Para el presidente de UPTA, Eduardo Abad, el sistema actual es “absolutamente injusto y poco solidario”. “Podemos debatir sobre los tramos, sobre como lo tendrán que hacer aquellos autónomos que tributen en estimación objetiva (módulos), o los que lo harán por estimación directa normal o simplificada. En cualquier caso, la cotización de cada uno de los trabajadores por cuenta propia deberá tener un principio fundamental: la justicia contributiva”, ha remarcado UPTA.

Seguridad Social

Más justicia y solidaridad en la cotización

Por otra parte, Uatae ha reclamado que España debe empezar por “acelerar la reforma justa y solidaria” de la cotización de los autónomos, que refuerce el Estado del Bienestar.

Uatae, dirigida por María José Landaburu, ha planteado que “sin un trabajo autónomo decente, no habrá recuperación económica justa”. Para Uatae, este modelo debe reforzar el carácter contributivo y redistributivo del sistema, “para que aporten más quienes más ganan”, mientras la inmensa mayoría pueda ver su cuota reducida o pagar lo mismo que ahora, y las prestaciones y pensiones de todos se mejoran. Por ello, emplazó al Gobierno a que su compromiso se materialice “lo antes posible”.

Gentileza de La Vanguardia

Guía con los requisitos para acceder desde octubre al nuevo cese de actividad

El Gobierno aprobó la extensión de las ayudas para autónomos a partir de octubre. Presentamos una guía con todos los requisitos para acceder a las tres prestaciones hasta el próximo 31 de enero.

Las organizaciones de autónomos alcanzaron un acuerdo el pasado martes 29 de septiembre con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para extender las ayudas por cese de actividad a partir de octubre. Un día después, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros extraordinario esta prórroga de las prestaciones hasta el próximo 31 de enero y centrada en tres perfiles. 

La nueva norma no sólo extendió las prestaciones para los autónomos, sino que también “las reajustó” para incluir a algunos trabajadores por cuenta propia que necesitaban las ayudas pero que, sin embargo, “podrían haber quedado en una situación menos protegida”, reconoció el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.  

De este modo, las nuevas ayudas hasta el mes de enero quedaron articuladas a través de tres prestaciones que protegerán a varios perfiles de autónomos. En primer lugar, se mantuvo la prestación que se había puesto en marcha en julio, la denominada POECATA -Prestación Ordinaria Extraordinaria por cese de actividad-. Esta prestación continúa dirigiéndose a los autónomos que sigan en el cuarto trimestre de 2020 con una caída de facturación superior al 75% respecto al trimestre anterior. También se mantendrá la misma condición que ya se impuso para centrar la ayuda en los autónomos que tienen rentas más bajas y, por tanto, que tienen unos rendimientos netos por debajo de 1,75 veces el SMI .

Por otro lado, en segundo lugar,  también se extendió hasta la misma fecha la prestación extraordinaria para autónomos de temporada. En estas ayudas se ajustaron algunas condiciones “para cubrir situaciones de este colectivo que se nos podrían haber escapado.  Por ejemplo, los periodos de cotización por los que se define al trabajador de temporada”, señaló el ministro Escrivá. 

Por último y como novedad, tal y como habían solicitado las organizaciones de autónomos, y en especial la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), se reestableció la prestación extraordinaria aunque, esta vez, centrada sólo para aquellos que vean su negocio cerrado por decreto de la Administración o que, a causa de sus cotizaciones, no puedan acceder a ninguna de las demás prestaciones por cese de actividad. Éste último sería el caso de los autónomos en Tarifa Plana. 

Dudas más frecuentes sobre las nuevas prestaciones

Precisamente ATA (www.ata.es) elaboró una guía para responder a todas las dudas que puedan surgirle a los autónomos respecto a las tres nuevas prestaciones que se han extendido desde octubre hasta el próximo 31 de enero. En esta guía se recogen todos los requisitos y condiciones necesarias para acceder a estas ayudas, así como las particularidades de cada prestación y lo que cobraría el autónomo que acceda a cada una de ellas. 

Nueva prestación extraordinaria por cese de actividad

Como novedad, el decreto prevé la puesta en marcha de una nueva prestación extraordinaria por cese de actividad, similar en sus condiciones de acceso a la que estuvo en vigor durante el estado de alarma y que cubrió a alrededor de 1,5 millones de autónomos. 

Esta vez, sin embargo, será sólo para aquellos que o bien hayan tenido que cerrar su negocio por decisión de las autoridades sanitarias, o que no hayan podido acceder a la extensión del actual cese de actividad ordinario porque sus cotizaciones no se lo permiten o porque están acogidos a la bonificación conocida como “Tarifa Plana”. 

1. Prestación extraordinaria para autónomos cuya actividad haya sido suspendida

A partir del 1 de octubre, aquellos autónomos que se vean obligados a suspender su actividad económica a consecuencia de las medidas restrictivas que adopte la autoridad competente, tendrán derecho a una prestación extraordinaria.

  • ¿Cuánto se cobra?

El importe a percibir por el autónomo ya no será del 70%, sino del 50% de la base mínima (alrededor de 472 euros). Ésta se incrementará en un 20% (hasta 661 euros) en el caso de que el autónomo tenga reconocida la condición de familia numerosa y los únicos ingresos de la unidad familiar provengan de esa actividad suspendida.

Sin embargo, en el caso de que en el domicilio del autónomo haya dos o más miembros con vínculo familiar que tengan derecho a esta prestación extraordinaria, la cuantía se reducirá a un 40%. 

  • ¿Hay que pagar cuota ?

No. En caso de acceder a esta prestación, el autónomo tendrá exoneradas las cuotas a la Seguridad Social desde el primer día del mes en el que se adopte la medida y hasta el ultimo día del mes siguiente al que se levante dicha medida.

  • ¿Qué requisitos hay que cumplir?

Para acceder a la prestación, el autónomo tiene que:

-Esta afiliado y dado de alta en el RETA desde, al menos, 30 días naturales antes de la fecha de la resolución que le obliga a cerrar el negocio.

-Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Aún con todo, en el caso de que en la fecha de suspensión de la actividad no se cumpla este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que, en el plazo improrrogable de treinta días naturales, ingrese las cuotas debidas

  • ¿Hay incompatibilidades en esta prestación?

Sí. El cese de actividad extraordinario será incompatible con:

El cobro de un salario como trabajador por cuenta ajena, excepto que los ingresos (netos) que se perciban por ese trabajo sean inferiores al 1,25 veces el SMI. Es decir, los autónomos en pluriactividad que cesen en su negocio podrán seguir percibiendo un salario y cobrar la prestación, siempre y cuando no ingresen como asalariados por encima de este umbral.

– Con el desarrollo de cualquier otra actividad por cuenta propia.

– Con la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el cierre.

– Con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba. Es decir, seguirá siendo compatible la prestación con pensiones como la de viudedad, orfandad, o con la pensión en modalidad de jubilación activa, por ejemplo.

  • ¿Cómo y cuándo se puede solicitar la prestación?

Como todas las demás modalidades de cese de actividad, el autónomo deberá solicitarla ante su mutua colaboradora con la Seguridad Social.

Además, deberá solicitar esta nueva prestación dentro de los primeros quince días siguientes a la entrada en vigor de las medidas restrictivas, para percibir la prestación desde el primer día de la entrada en vigor de las medidas -para cobrar de forma retroactiva-. En caso contrario, se empezará a cobrar a partir del día de la presentación de solicitud

2. Nueva prestación extraordinaria para autónomos en Tarifa Plana o que no se dieron de alta antes del 1 de abril

El segundo supuesto por el que se podría solicitar la nueva prestación extraordinaria sería si  el autónomo no ha podido acceder a la extensión del actual cese de actividad ordinario porque sus cotizaciones no se lo permiten o porque están acogidos a la bonificación conocida como “Tarifa Plana”. 

Por tanto, a partir del 1 de octubre aquellos trabajadores autónomos que no hayan cotizado 12 meses por la contingencia de cese de actividad y que se hayan dado de alta antes del 1 de abril de 2020, podrán acceder a una prestación extraordinaria.

  • ¿Cuánto se cobra?

Lo mismo que en el cese extraordinario para supuestos en los que se haya decretado el cierre de la actividad. El autónomo tendrá derecho a percibir el 50% de la base mínima (480 euros). 

La cuantía también se reducirá a 40% para el caso de que convivan en un mismo domicilio personas con vínculo familiar o análogas donde dos o más miembros tengan derecho a esta prestación. En este supuesto, los autónomos también estarán exentos de pagar la cuota de autónomos

  • ¿Qué requisitos hay que cumplir?

Podrán acceder a la nueva prestación extraordinaria los autónomos que, o bien estén en Tarifa Plana o bien no tengan el mínimo cotizado y que cumplan los siguientes requisitos: 

-Estar afiliados y  de alta en RETA antes del 1 de abril de 2020.

-Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, como en el anterior supuesto, si en la fecha de la suspensión de la actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas

– No tener derecho a la prestación de cese de actividad que estuvo en vigor desde el pasado mes de julio y que también se ha prorrogado. Se trata de la POECATA (Prestación Ordinaria extraordinaria por cese de actividad) que, entre otras cosas,  exige un periodo mínimo de cotización, y también una caída de la facturación del 75% o más respecto al mismo trimestre del año anterior.

– No tener ingresos (rendimientos netos) procedentes de la actividad por cuenta propia durante el tercer trimestre de 2020 superiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

– Prever que se va a tener una reducción de ingresos (rendimientos netos) en el cuarto trimestre de 2020 de al menos el 50% en relación a los ingresos del primer trimestre de 2020.

  •  ¿Hay incompatibilidades con esta prestación?

Sí. Al igual que en el anterior supuesto, esta nueva prestación extraordinaria será incompatible:

-Con la percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena. Salvo que los ingresos (netos) que se perciban por ese trabajo sean inferiores al 1,25 del SMI.

– Con el desarrollo de otra actividad por cuenta propia.

– Con la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el cierre.

– Con la percepción de una prestación de Seguridad Social, salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.

  • ¿Cómo y hasta cuándo se puede solicitar?

Al igual que cualquier otra prestación por cese de actividad, el autónomo la tendrá que solicitar ante su mutua colaboradora con la Seguridad Social. En cuanto al periodo para hacer la solicitud, se podrá acceder, siempre que se cumpla con los requisitos, en cualquier momento hasta el 31 de enero.  Pero hay que tener en cuenta que: 

– Si se solicita entre el día 1 y el 15 de octubre de 2020, se percibirá desde el día 1 de octubre y durante 4 meses.
– Si se solicita más allá del 15 de octubre, se percibirá desde el día siguiente a la fecha en la que preséntate la solicitud y su duración no podrá exceder del 31 de enero de 2021. 

  • ¿Cuánto dura? 

La prestación sólo durará hasta el último día del mes en que, por el motivo que sea, el autónomo pase a cumplir los requisitos para acceder a la POECATA -Prestación Ordinaria Extraordinaria por cese de actividad-, o hasta el 31 de enero. Además, hay que tener en cuenta que, una vez se agote la prestación, y a partir del mes siguiente, el autónomo se verá obligado a cotizar por la contingencia de cese de actividad.

Prórroga de la prestación de cese de actividad compatible con la actividad (POECATA)

El pasado mes de julio, el Gobierno ya extendió una prestación por cese de actividad para autónomos con fuertes caídas de ingresos. Esta ayuda se volverá a ampliar con las mismas condiciones y de forma automática para todos aquellos autónomos que ya la vinieran percibiendo a la entrada en vigor de esta norma.

Además, también podrán acceder a la extensión del cese de actividad ordinario/extraordinario los autónomos que no hayan accedido hasta ahora a la prestación pero que, a partir de octubre, cumplan con los requisitos de caída de ingresos y con el mínimo exigido de rendimientos netos para el cuarto trimestre. 

Los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo la prestación por cese de actividad prevista en el artículo 9 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio podrán continuar percibiéndola hasta el 31 de enero de 2021, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos y condiciones.

  • ¿Qué requisitos tengo que cumplir para seguir cobrando la prestación?

Podrán acceder automáticamente a la prórroga del cese de actividad que se puso en marcha a partir de julio todos aquellos autónomos que:

-Estén afiliados y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de los
Trabajadores del Mar, en su caso.                                                                                                                                                       

– Hayan cotizado por cese de actividad como mínimo durante 12 meses inmediatamente anteriores de forma continuada.     

– No hayan cumplido la edad ordinaria de jubilación o, de haberlo hecho, no cumplan con el resto de requisitos para poder acceder a la pensión.

– Se hallen al corriente de pago con la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de cese de actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas.

– Acrediten una reducción de la facturación durante el cuarto trimestre de 2020 de al menos el 75% en relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante el cuarto trimestre de 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75€ al trimestre.

Los requisitos serán los mismos para los nuevos solicitantes, con el único cambio de que, además, deberán haber percibido la prestación extraordinaria del estado de alarma hasta el 30 de junio de 2020.

  • ¿Cuánto se cobra y qué sucederá con la cuota?

Al igual que la anterior prestación que se puso en marcha a partir del mes de julio, este cese de actividad permitirá cobrar a los autónomos un 70% de su base de cotización (661 euros si cotizan por la base mínima) 

En cuanto a la cuota, el procedimiento también será el mismo que hasta la fecha: durante el tiempo que esté percibiendo el autónomo esta prestación deberá ingresar a la Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad de sus cotizaciones.
Luego, será la mutua quién abone al autónomo – junto con el importe de la prestación-, el importe de las cotizaciones
 por contingencias comunes, es decir, un 98,2%. En otras palabras, el autónomo sólo tendrá que pagar un 1,8% de su cuota, lo que serán unos 16 euros, si cotiza por la base mínima.

  • Y si estoy en pluriactividad, ¿Puedo solicitar esta prestación?

Sí, los autónomos que compaginan a la vez una actividad por cuenta propia y ajena podrán solicitar esta prestación siempre y cuando: 
– Los ingresos netos (rendimientos netos) procedentes del trabajo por cuenta propio y los ingresos (netos) procedentes del trabajo por cuenta ajena no superen 2,2 veces el salario mínimo interprofesional10. Y en todo caso, los ingresos (netos) del trabajo por cuenta ajena no podrán superar 1,25 el salario mínimo interprofesional11

Eso sí, la cuantía de la prestación, en estos casos, ya no será del 70%, sino del 50% de la base mínima.

  • ¿Cómo y cuándo se solicita?

En el caso de que el autónomo no hubiera accedido antes del 30 de septiembre a la prestación ordinaria compatible con la actividad, el procedimiento será el mismo que con las demás prestaciones. Podrá solicitarla, siempre que cumpla los requisitos, hasta el próximo 31 de enero pero: 

-Si se solicita entre el día 1 y el 15 de octubre de 2020, se percibirá desde el día 1 de octubre y durante 4 meses.
-Si se solicita más allá del 15 de octubre, se percibirá desde el día siguiente a la fecha en la que preséntate la solicitud y su duración no podrá exceder del 31 de enero de 2021.

  • ¿Qué documentación hay que aportar?

Al igual que con la anterior prestación:

– Hay que rellenar el modelo de solicitud que ponga a disposición cada mutua en el que se podrá autorizar a la mutua a consultar del Ministerio de Hacienda los datos tributarios de los ejercicios 2019 y 2020 necesarios para el seguimiento y control de las prestaciones reconocidas.

Si no se autorizara por parte del interesado a consultar esos datos por la mutua o la mutua no pudiera tener acceso a ellos, el trabajador autónomo deberá aportar a la mutua en los diez días siguientes al requerimiento la siguiente documentación:

Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), correspondiente a las declaraciones cuarto
trimestre de los años 2019 y 2020.
Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) del segundo y cuarto trimestres de los años 2019 y 2020 a los efectos de poder determinar lo que corresponde al tercer y cuarto trimestre de esos años.

– Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la documentación necesaria o cualquier otro medio de prueba que sirva para acreditar los ingresos exigidos en  este precepto.

  • ¿Y si se observa que no se van a cumplir las condiciones?

Si el autónomo, tras haber accedido a esta prestación, constata que no va a cumplir los requisitos de caída de facturación o rendimientos netos, siempre podrá:

 Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2020.
– Devolver por iniciativa propia la prestación cuando considere que los ingresos (rendimientos netos) percibidos durante el cuarto trimestre de 2020 superarán los umbrales indicados.

Ampliación de la prestación extraordinaria para autónomos de temporada

Por último, el decreto también “extiende y reajusta” la prestación para autónomos con negocios marcados por la estacionalidad, es decir, los denominados “autónomos de temporada”. El pasado mes de julio se logró poner en marcha por vez primera una prestación específica para los denominados autónomos de temporada. Colectivo que, en su mayoría, quedó fuera de las ayudas para autónomos a raíz de la crisis y que, ahora, cuenta con una prestación específica que se alargará hasta el 31 de octubre.

Por este motivo, la ley actual no sólo extiende  hasta el 31 de enero la prestación para estos autónomos, sino que también modifica algunas condiciones que se imponían anteriormente en cuanto a las cotizaciones para ser considerado autónomo de temporada.

  • ¿Qué requisitos hay que cumplir para acceder?

-Haber estado de alta y cotizando como trabajador autónomo al menos durante 4 meses durante los meses de junio a diciembre de cada uno de los años 2018 y 2019.

– No haber estado de alta o asimilado al alta por cuenta ajena durante más de 120 días durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de julio de 2020

– No haber estado dado de alta o asimilado al alta en ningún régimen desde el 1 marzo al 31 de mayo de 2020.

No haber percibido prestación alguna de la seguridad social durante los meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera compatible con el trabajo autónomo.

No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos (rendimientos netos) que superen los 23.275 euros.

– Hallarse al corriente de pago con la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de cese de actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas.

  • ¿Cuánto se cobra y cuánto hay que pagar de cuota?

Al igual que con la antigua prestación extraordinaria que estuvo en vigor durante el estado de alarma, la cuantía de la prestación será la equivalente al 70% de la base mínima de cotización que corresponda (661 euros si se cotiza por la base mínima). 

En cuanto a la cotización, durante la percepción de la prestación no será obligatorio cotizar, permaneciendo el trabajador autónomo en situación de alta.

  • ¿Durante cuánto tiempo se cobrará?

La prestación se podrá empezar a percibir desde el 1 de octubre de 2020 y tendrá una duración máxima de 4 meses, siempre que se presente la solicitud entre el 1 y el 15 de octubre. En caso contrario, los efectos quedan fijados al día siguiente la presentación de solicitud.

Se podrá solicitar este cese de actividad en cualquier momento durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la norma y el mes de enero de 2021.

  • ¿Hay incompatibilidades con esta prestación?

Sí. La prestación será incompatible con el trabajo por cuenta ajena y con cualquier prestación de la Seguridad Social que no fuera compatible con su alta como trabajador autónomo.  Además, la prestación será incompatible con el trabajo autónomo o por cuenta propia si los ingresos (rendimientos netos) que se perciban durante el año 2020 superen los 23.275 euros.

  • ¿Y si luego el autónomo ve que no cumplirá con los requisitos?

Si, tras haber accedido a la prestación, el autónomo constata que no va a cumplir con los requisitos, siempre podrá: 

 -Renunciar aella en cualquier momento antes del 31 de diciembre de  2020.

Devolver por iniciativa propia la prestación cuando considere que los ingresos percibidos durante el ejercicio de la actividad superarán los umbrales indicados.

  • ¿Qué documentación hay que aportar?

Al igual que sucede con el cese de actividad para autónomos con fuertes caídas de ingresos, para solicitar esta prestación extraordinaria:

-Hay que rellenar el modelo de solicitud que ponga a disposición cada mutua en el cual podrás autorizar a la mutua a consultar del Ministerio de Hacienda los datos tributarios correspondientes al segundo semestre del año 2020.

Si no se autorizara por parte del interesado a consultar esos datos por la mutua o la mutua no pudiera tener acceso a ellos, los trabajadores autónomos deberán aportar:

-Copia del modelo 390 de declaración resumen anual IVA del año 2020.

-Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) del cuarto trimestres del año 2020.

– Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la documentación necesaria para acreditar los ingresos exigidos en este precepto.

Gentileza de Autónomos y emprendedores

La Seguridad Social cobró en septiembre dos cuotas a cientos de autónomos

La Seguridad Social cobró este miércoles a cientos de autónomos dos cuotas, en vez de una. Los expertos explican que esto podría deberse a la regularización de un error que se cometió en julio al aplicar las exoneraciones de las ayudas que disfrutan estos trabajadores por cuenta propia.

El pasado martes 30 de septiembre, cientos de autónomos se encontraron en su cuenta bancaria con dos recibos, en vez de uno, de su cuota a la Seguridad Social. Varias gestorías aseguraron haber recibido en tan sólo un día una avalancha de decenas de quejas cada una por parte de sus clientes, trabajadores por cuenta propia que, sin esperarlo, tuvieron que pagar sus cotizaciones por duplicado.

Normalmente, a partir del día 15 de cada mes, la Tesorería General de la Seguridad Social gira el cobro de una cuota para cada autónomo, que suele llegar el día 30. Sin embargo, este mes han sido muchos los que han tenido que hacer frente, de golpe, al pago de dos cuotas por un importe total de más de 550 euros, en el caso de que coticen por la base mínima.

La propia Administración reconoció que cobró en varios casos, dos veces las cotizaciones de varios autónomos a final del mes pasado: “en el periodo de recaudación de septiembre se ha emitido, además de la cuota de autónomos del mes de septiembre, la cuota del mes de julio. En los casos en los que proceda, se va a hacer la devolución”, confirmaron a este medio fuentes de la Seguridad Social.

Al parecer, según explican diferentes expertos a este medio, todo se debe a que, en julio, la Administración aplicó las exoneraciones que les correspondían a algunos autónomos, sin tener todavía los datos de los que habían accedido a la nueva prestación y que, por lo tanto, no tendrían derecho a esta exoneración

A muchos se les devolvió en julio una cuota que no habían pagado

Los agentes sociales llegaron a un acuerdo ese mes con el Gobierno para extender desde julio y hasta septiembre las ayudas para autónomos centradas en tres perfiles: los autónomos de temporada, los autónomos que estuvieron acogidos al cese de actividad extraordinario, y una nueva prestación para autónomos con fuertes caídas de ingresos. 

El problema, según explicaron los expertos, es que se juntaron en julio, por error, las exoneraciones de las dos últimas ayudas. Por norma general y de forma automática, la Seguridad Social aplicó la exoneración en las cuotas a principios de julio para todos aquellos autónomos que estuvieron acogidos al cese de actividad extraordinario.

Sin embargo, parte de estos autónomos accedieron también, a la vez, en ese mismo mes al nuevo cese de actividad por fuertes caídas de ingresos, que daba derecho no a una exoneración de las cuotas pero sí a una devolución de éstas, junto a la prestación. Es decir, tenían que pagar primero su cuota como cada mes, y luego se les devolvía.

Y así fue: se les devolvió la cuota. El problema es que también se les había exonerado ese mes de sus cotizaciones y, por tanto, se les devolvió una cuota que, en realidad, no habían pagado.

Gentileza de Autónomos y emprendedores

Las nuevas restricciones para Madrid: movilidad limitada, aforos al 50% en hostelería y comercio y reuniones de no más de seis personas.

Aunque parece ser que la Comunidad de Madrid va a recurrir a los Tribunales, a continuación indicamos las restricciones que el Estado aprobó hoy jueves para la Comunidad de Madrid (CAM). Estas no serán de aplicación hasta que se pronuncien los Tribunales (en caso de reclamación por parte de la CAM) o así se haga saber de manera general.

Limitación de los desplazamientos. Se restringirá la entrada y salida de personas del municipio como norma general, si bien se permiten muchas excepciones para desplazamientos justificados: asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales; asistencia a centros universitarios, docentes y educativos (incluidas las escuelas de educación infantil); retorno al lugar de residencia habitual; asistencia y cuidado a mayores, menores o dependientes… También se permiten desplazamientos a entidades financieras y de seguros que no puedan aplazarse, actuaciones requeridas ante los órganos públicos, judiciales o notariales, y también renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables. Además, estará permitido moverse para la realización de exámenes o pruebas oficiales, así como por causa de fuerza mayor o situación de necesidad, e incluso en cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada. La resolución no habla de la forma de justificar estos desplazamientos. Además, se realiza una recomendación explícita de evitar todo movimiento o desplazamiento innecesario en los municipios afectados.

Circulación por las carreteras. La circulación por carreteras y viales que transcurran o atraviesen los municipios confinados se permitirá cuando tenga origen y destino fuera de los mismos.

Movilidad en las ciudades. Dentro de los propios municipios, los ciudadanos podrán moverse “siempre respetando las medidas de protección individual y colectiva establecidas por las autoridades sanitarias competentes”, sin excluir que puedan fijarse restricciones más estrictas por parte de las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha establecido limitaciones por zonas de salud en la capital.

Parques infantiles. El texto de Sanidad no incluye finalmente ninguna limitación sobre parques o parques infantiles, como se había anunciado en un primer momento, por lo que en principio no obliga a cerrarlos, aunque la comunidad autónoma puede hacerlo, como ya ha hecho Madrid con los parques infantiles de las zonas sanitarias confinadas.

Reuniones. Las reuniones familiares y sociales estarán limitadas a un máximo de seis personas en todos los casos, ya se celebren en “espacios públicos o privados” a excepción de que “se trate de convivientes y excepto en el caso de actividades laborales e institucionales o en el de actividades en que se establezcan límites o medidas específicas”.

Lugares de culto y velatorios. En los lugares de culto, el aforo máximo será de un tercio, garantizando en todo caso la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros; en los velatorios, 15 personas en espacios al aire libre o 10 en espacios cerrados, sean o no convivientes.

Tiendas, bares y restaurantes. Tiendas, locales de hostelería y de apuestas podrán trabajar con un aforo máximo del 50% (60% en espacios exteriores); el horario de cierre será a las 22.00 para los comercios y a las 23.00 para la hostelería, aunque no se podrán admitir nuevos clientes desde las 22.00. “El consumo en barra no estará permitido”, recoge el documento. En todos los casos, “las mesas o agrupaciones de mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5 metros”, respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de mesas, y tener una ocupación máxima de seis persona.

Autoescuelas y academias. Las academias de formación no reglada y autoescuelas también podrán trabajar al 50% de su aforo, el mismo porcentaje que podrán acoger las instalaciones deportivas en espacios interiores (el 60% en exteriores). “La práctica deportiva en grupos se reducirá a un máximo de seis personas”, sigue el texto.

Rastreadores. El acuerdo también prevé que las comunidades con ciudades en esta situación “reforzarán sus capacidades para la detección precoz y el control de la enfermedad” de acuerdo con los planes ya acordados entre Sanidad y las comunidades.

Revisión de la situación. Las autonomías afectadas y Sanidad “revisarán semanalmente de manera conjunta la situación epidemiológica de los municipios” confinados y decidirán, también de forma conjunta, “la modificación del ámbito de aplicación de las medidas” que permitirá levantar el confinamiento cuando mejoren los indicadores.

El Ministerio de Inclusión y los autónomos acuerdan extender las ayudas hasta el 31 de enero de 2021

Se prorrogan las ayudas para autónomos de temporada y la prestación por cese ordinario compatible con la actividad para trabajadores con fuerte caída de la facturación.

 Quienes no cumplan los requisitos para acceder a la prestación compatible con la actividad podrán solicitar una ayuda si ingresan menos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
 Se crea una nueva prestación para aquellos que sufran el cierre de sus negocios como consecuencia de una decisión de las autoridades sanitarias.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha consensuado con las asociaciones mayoritarias de autónomos la prórroga de las ayudas a los trabajadores por cuenta propia hasta el 31 de enero de 2021. El acuerdo incluye la creación de una nueva prestación extraordinaria por suspensión de la actividad y la prórroga hasta el 31 de enero de 2021 de la prestación por cese compatible con la actividad y para autónomos de temporada. Además, para cubrir a aquellos que no cumplen los requisitos para acceder a la prestación compatible con la actividad (por ejemplo, por tener una tarifa plana o no haber cotizado durante los últimos doce meses) se crea una nueva ayuda por bajos ingresos.

La nueva prestación extraordinaria por suspensión de actividad está
dirigida a aquellos trabajadores autónomos con una suspensión temporal
de toda su actividad como consecuencia de una resolución de las
autoridades administrativas competentes para la contención de la
pandemia de la COVID 19.

Los requisitos para acceder a esta prestación son: estar afiliado y en alta
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta propia o Autónomos (RETA) al menos 30 días naturales antes de la fecha de la resolución. Además, tendrá que estar al corriente de pago de las cuotas. La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización, cantidad que se incrementará un 20% si el trabajador autónomo es miembro de una familia numerosa. El autónomo quedará exonerado de pagar las cuotas a la Seguridad Social, pero ese periodo le contará como periodo cotizado. La exoneración de cuotas se extenderá hasta el último día del mes siguiente al que se levante dicha medida.

Asimismo, el acuerdo incluye la prórroga de la prestación ordinaria de cese
compatible con la actividad hasta el 31 de enero, siempre que durante el
cuarto trimestre de 2020 se sigan cumpliendo los requisitos exigidos para
su concesión, entre ellos, acreditar una reducción en la facturación durante
el cuarto trimestre de 2020 de al menos el 75% en relación con el mismo
periodo de 2019, así como no superar unos rendimientos netos de 5.818,5
euros (1,75 veces el SMI) en el periodo octubre-diciembre de este año.

Quienes no cumplan los requisitos para acceder a esta prestación, por
ejemplo, por tener una tarifa plana o no haber cotizado el período mínimo
necesario (12 meses), podrán solicitar una ayuda por bajos ingresos
siempre y cuando sus ingresos en el último trimestre de 2020 no superen
el salario mínimo interprofesional. La cuantía de la prestación será del 50%
de la base mínima de cotización e igualmente estará exonerado de abonar
las cuotas y le computará como cotizado.

Por último, se prorroga las ayudas para los trabajadores autónomos de
temporada con una flexibilización de los requisitos temporales. Esta
prestación estará condicionada a haber cotizado un mínimo de cuatro
meses entre los meses de junio y diciembre de 2018 y 2019, no superar
los 23.275 euros de ingresos durante 2020 y no haber desarrollado
actividad no haber estado dado de alta o asimilado al alta desde 1 de marzo
al 31 de mayo. La cuantía de esta prestación será equivalente al 70% de
la base mínima de cotización e incluye la exoneración de las cuotas.
Todas las prestaciones comenzarán a devengarse con efectos de 1 de
octubre de 2020 y tendrán una duración máxima de 4 meses, siempre que
la solicitud se presente dentro de los primeros quince días naturales de octubre. En caso contrario los efectos quedan fijados en el primer día del
mes siguiente al de la presentación de la solicitud.

Criterio Técnico de la Inspección de Trabajo para vigilar el cumplimiento frente al COVID-19 en los centros de trabajo

En el artículo 7 del Real Decreto-ley 21/2020, dentro del capítulo II que lleva por título Medidas de prevención e higiene, y en relación con los centros de trabajo, se establece la siguiente regulación:

Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y del resto de la normativa laboral que resulte de aplicación, el titular de la actividad económica o, en su caso, el director de los centros y entidades deberá:

a) Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan en cada caso.

b) Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.

c) Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.

d) Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor afluencia.

e) Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral sea posible”

  • La Inspección de la Seguridad Social a enviará a sus inspectores a las empresas para:
  1. Vigilar el cumplimiento de las medidas en las empresas y centros de trabajo
  2. Exigir el cumplimiento de las mismas mediante requerimiento.
  3. Extender actas de infracción en los casos de incumplimiento.

Por todo lo anterior, es de gran importancia que el empresario cumpla y haga cumplir los puntos a, b, c, d y e anteriores, pues de no ser así, se podría enfrentar al pago de sanciones.

Cambio de criterio de la Seguridad Social: los autónomos societarios tiene el derecho a la tarifa plana

Ante la reciente doctrina jurisprudencial, la TGSS ha tenido que modificar el criterio que venía estableciendo por el que se denegaba el acceso a la tarifa plana por alta en el RETA a los autónomos societarios. De esta forma, se permitirá  ” a los trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles capitalistas (llimitadas o anónimas), acceder a los beneficios previstos”.

Reclamaciones en curso

Ante la nueva interpretación del art. 31 LETA, la TGSS procederá a estimar los recursos de alzada que se formularan al respecto, quedando abierta la posibilidad de revisiones de solicitudes denegadas con anterioridad, si así se insta expresamente por los interesados.

Se acata la doctrina del TS

El acceso a la «Tarifa plana 60 euros» para los autónomos societarios no se encuentra regulado expresamente. Hasta el momento, el criterio restrictivo utilizado por la Entidad Gestora hacia este colectivo implicaba su exclusión de las bonificaciones para alta en el RETA; no obstante, la STS Nº 1669/2019, de 3 de diciembre de 2019, Ecli: ES:TS:2019:3887, creó jurisprudencia reconociendo el derecho a los beneficios del art. 31 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo (Beneficios en la cotización a la Seguridad Social aplicables a los trabajadores por cuenta propia), a una socia administradora única de una sociedad unipersonal de responsabilidad limitada, de 25 años, que no había realizado previamente actividad económica y ha sido dada de alta en el RETA. Se declara el derecho a la aplicación de los beneficios en la cotización a la Seguridad Social aplicable al alta en el RETA de la autónoma societaria, con la consiguiente obligación de la Tesorería General de la Seguridad Social a reintegrar a la recurrente las diferencias de cotizaciones consiguientes.

Posibilidad de reclamar las cuotas recaudadas injustamente hasta cuatro años después de su abono

Como adelantamos en nuestra noticia del pasado 10/02/2020, el fallo de la Sala de lo Contencioso expone concretamente:

“Declaramos el derecho de la recurrente a la aplicación de los beneficios previstos por el artículo 31.1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, con la consiguiente obligación de la Tesorería General de la Seguridad Social de reintegrar a la recurrente las diferencias de cotización consiguientes.”

De esta forma, no sólo se reconoce a los autónomos societarios los mismos derechos e igualdad de condiciones que los autónomos persona física para acceder a la tarifa plana, sino que se posibilita solicitar devoluciones de cuotas abonadas en exceso si la Tesorería General de la Seguridad Social hubiese negado en su momento el acceso a la bonificación a este colectivo.

No obstante, el plazo para solicitar una posible devolución de la cuota de autónomo societarioprescribirá a los cuatro años desde el primer pago.

Aplicación de la deducción por adquisición de vivienda habitual, en caso de sustitución del préstamo por uno nuevo de igual importe que el pendiente por amortizar

Cuestión

Posibilidad de seguir deduciéndose por adquisición de vivienda habitual por las cantidades que satisfaga por amortización del principal e intereses del nuevo préstamo, así como por los gastos ocasionados por el cambio de préstamo.

Descripción

El  consultante constituyó antes de 2010 un préstamo hipotecario para financiar la compra de su vivienda habitual, por el cual viene practicando la deducción por inversión en vivienda habitual. En 2019 quiere, al haberle ofrecido mejores condiciones, hacer una subrogación o cancelarlo y suscribir uno nuevo de igual importe que el pendiente por amortizar del actual.

Contestación

Se parte de la premisa de que al  consultante le es de aplicación, con respecto de la vivienda objeto de  consulta, el régimen transitorio que permite continuar aplicando la deducción por inversión en vivienda habitual a partir del ejercicio 2013, regulado por la disposición transitoria decimoctava de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobada por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (BOE de 29 de noviembre), en adelante LIRPF.

La deducción por inversión en vivienda habitual, en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2012, se recoge en los artículos 68.1, 70 y 78 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (BOE de 29 de noviembre), en adelante LIRPF, siendo el primero de ellos, concretamente en su número 1º, donde se establece la configuración general de la deducción estableciendo que, con arreglo a determinados requisitos y circunstancias, los contribuyentes podrán aplicar una deducción por inversión en su vivienda habitual. Dicha deducción se aplicará sobre “las cantidades satisfechas en el período de que se trate por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual” de los mismos.

Añade que la base de deducción, con el límite de 9.040 euros anuales, “estará constituida por las cantidades satisfechas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda, incluidos los gastos originados que hayan corrido a cargo del adquirente y, en el caso de financiación ajena, la amortización, los intereses, el coste de los instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés variable de los préstamos hipotecarios regulados en el artículo decimonoveno de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica, y demás gastos derivados de la misma. En caso de aplicación de los citados instrumentos de cobertura, los intereses satisfechos por el contribuyente se minorarán en las cantidades obtenidas por la aplicación del citado instrumento”.

Referente a la inversión que es susceptible de deducción, la norma no establece ningún tipo de restricción en cuanto a la procedencia de la financiación -propia o ajena-, y forma en la que esta se compone -uno o varios préstamos o créditos y, en su caso, garantías exigidas para su concesión-. Siendo irrelevante que el préstamo se obtenga de un familiar.

Tratándose de inversión mediante financiación ajena, la deducción se practicará a medida que se vaya devolviendo el principal y se abonen, en su caso, los correspondientes intereses, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos exigidos para la aplicación de la deducción.

La sustitución de un préstamo por otro, cualquiera que fuera la forma acordada -con las garantías y condiciones que cualquiera de ellos tuviese-, no conlleva entender que en ese momento concluye el proceso de financiación de la inversión correspondiente y se agotan las posibilidades de practicar la deducción, ello únicamente implica la modificación de las condiciones de financiación inicialmente acordadas, siempre que, evidentemente, el nuevo préstamo se dedique efectivamente a la amortización del anterior.

Por ello, las anualidades (cuota de amortización e intereses) y demás cuantías que se satisfagan por el nuevo préstamo -en su constitución, vida y cancelación-, en la parte proporcional que del capital obtenido en este sean atribuibles a la amortización o cancelación del préstamo originario y en la que corresponda a la parte indivisa de la vivienda que comenzó a construir con anterioridad a 2013 -habiéndose este primero destinado exclusivamente a la adquisición de la vivienda habitual-, incluida en su caso la cancelación registral hipotecaria, darán derecho a deducción por inversión en vivienda habitual, formando parte de la base de deducción del periodo impositivo en que se satisfagan, siempre que se cumplan los demás requisitos legales y reglamentarios exigidos.

Cuestión distinta sería un supuesto de cancelación, parcial o total, de la deuda y una posterior obtención de crédito, incluso con la garantía de los citados bienes o mismo período de amortización del que quedaba pendiente del precedente, sin continuidad entre ambos. Lo cual habría que entender que son operaciones distintas, e implicaría la pérdida al derecho a practicar la deducción por inversión en vivienda habitual por la nueva financiación. Cosa que no ocurriría si se produjese la cancelación del primero con parte del principal del nuevo que se constituyese en el mismo acto.

Respecto del nuevo préstamo, como de cualquier otro, el  consultante deberá poder acreditar la conexión con el prestamista, su destino  vinculado a la vivienda y la justificación de su devolución; ello deberá efectuarse utilizando cualquiera de los medios de prueba generalmente admitidos en derecho, correspondiendo la valoración de las pruebas aportadas a los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria.

El TEAC aclara la duración de la obligación de aportar a la Administración tributaria información

En su extensa Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central (Núm. 0/00760/2018/00/00) de 01 de junio de 2020, el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) analiza, dentro de un Procedimiento de inspección, la obligación de una sociedad mercantil de conservación y suministro de información.

La obligación formal de aportar a la Administración tributaria información que el obligado tributario deba conservar en relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias propias o de terceros, así como cualquier dato, informe, antecedente y justificante con trascendencia tributaria, sólo podría exigirse en el plazo previsto en la normativa mercantil o mientras no hubiera expirado el plazo de prescripción del derecho para determinar la obligación material vinculada a ella, si este último fuese superior. Al tratarse de una sociedad mercantil, sujeta a la obligación de conservar la documentación concerniente al negocio durante seis años establecido en el Código de Comercio, la obligación formal de aportar información es exigible en los términos señalados en el requerimiento controvertido.

Aplicado al requerimiento concreto, se concluye que “el contenido del requerimiento, referido a datos concretos de informes o dictámenes emitidos por el Ilustre Colegio de Abogados en los ejercicios de referencia, relativos a minutas de sus colegiados, refleja sin necesidad de mayores explicaciones o razonamientos, y por ende justifica, la trascendencia tributaria de la información solicitada, respecto de la cual se manifiesta que resulta necesaria para las actuaciones que tiene encomendada la Inspección de los tributos. Dichos colegiados son potenciales contribuyentes de impuestos y se hallan vinculados con la entidad requerida por razón de su actividad mercantil y/o económica, constatándose también que la información solicitada se halla acotada en un ámbito temporal determinado“.

En este sentido, teniendo en cuenta que la entidad requerida es una sociedad limitada, procede aplicar lo dispuesto en el artículo 30 del Código de Comercio, que es del siguiente tenor:

“1. Los empresarios conservarán los libros, correspondencia, documentación y justificantes concernientes a su negocio, debidamente ordenados, durante seis años, a partir del último asiento realizado en los libros, salvo lo que se establezca por disposiciones generales o especiales.

2. El cese del empresario en el ejercicio de sus actividades no le exime del deber a que se refiere el párrafo anterior y si hubiese fallecido recaerá sobre sus herederos. En caso de disolución de sociedades, serán sus liquidadores los obligados a cumplir lo prevenido en dicho párrafo.”

A la vista de los indicados preceptos [se recuerda también en la Resolución el art. 70 de la Ley 58/2003 donde se recogen los efectos de la prescripción en relación con dichas obligaciones formales impuestas a los obligados tributarios a los últimos seis años], resulta que la obligación formal de aportar a la Administración tributaria información que el obligado tributario deba conservar en relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias propias o de terceros, así como cualquier dato, informe, antecedente y justificante con trascendencia tributaria, sólo podría exigirse en el plazo previsto en la normativa mercantil o mientras no hubiera expirado el plazo de prescripción del derecho para determinar la obligación material vinculada a ella, si este último fuese superior.