Renta 2018: cómputo uno o dos pagadores para determinar la obligación de declarar

La Dirección General de Tributos (DGT) se pronuncia en consulta Vinculante número: V0446-19 de fecha 28/02/2019 con relación a la Cuestión Planteada de una trabajadora por cuenta ajena en un determinado centro de trabajo, que en el transcurso del año 2018 se produce una subrogación empresarial al producirse el cambio de entidad titular o responsable de dicho centro. Si a efectos de determinar la obligación de declarar por el período 2018, se pregunta sobre la existencia de uno o dos pagadores como consecuencia de la subrogación empresarial.

En la respuesta a la consulta se especifica que el artículo 96 de la Ley de IRPF: referido únicamente a los rendimientos del trabajo (no consistentes en prestaciones pasivas) y a la existencia de más de un pagador— exime de la obligación de declarar a los contribuyentes cuyos rendimientos no excedan de 22.000 euros anuales, salvo que procedan de más de un pagador, en cuyo caso el límite anterior será de 12.000 euros siempre que las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, superen en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales, si no se supera esta cantidad el límite se mantiene en los 22.000 euros.

Esta configuración en dos niveles de la obligación de declarar respecto a los rendimientos del trabajo —hasta 22.000 euros y hasta 12.000 euros— encuentra su explicación en el sistema de retenciones aplicable sobre estos rendimientos, sistema que busca una igualdad entre las retenciones practicadas y la cuota impositiva.

Evidentemente, esa igualdad sólo puede lograrse en el primero de los niveles referidos, pues la intervención de un único pagador de rendimientos permite alcanzar esa igualdad, operando así la retención como impuesto definitivo, sin necesidad de tener que presentar la declaración del impuesto, pues el ingreso ya se ha efectuado a través de las retenciones.

Por el contrario, en el segundo nivel, el hecho de intervenir dos pagadores independientes, que por tanto el uno no tiene en cuenta las retribuciones satisfechas por el otro (por lo que no se ha producido la igualdad, antes referida, entre las retenciones practicadas y la cuota impositiva), ha forzado al legislador a bajar el límite de la obligación de declarar a 12.000 euros.

Dicho esto, en la consulta se indica que hay que atender además a la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas reguladora de las retenciones:

Tanto la Ley del IRPF (artículo 99.2) como el Reglamento del IRPF (artículo 76.1) al establecer quiénes están obligados a retener o ingresar a cuenta incluyen en primer lugar a “las personas jurídicas y demás entidades”. Por tanto, en el presente caso nos encontramos, en principio, con dos pagadores distintos: las dos entidades titulares durante 2018 del centro de trabajo donde viene prestando sus servicios la consultante.

Ahora bien, este Centro (la DGT) viene manteniendo como criterio interpretativo que en cuanto en los supuestos de subrogación empresarial (de un centro de trabajo en este caso) la empresa cesionaria esté obligada a subrogarse (en todos los derechos y obligaciones) en los contratos de los trabajadores adscritos a dicho centro, por lo que respecta al IRPF, el cesionario (el nuevo empresario) mantiene su condición de mismo empleador, a efectos de la determinación del tipo de retención aplicable sobre los rendimientos del trabajo a percibir por los trabajadores “procedentes” de la empresa cedente.

La Dirección General de Tributos concluye por tanto, que en este caso concreto de más de un pagador (supuesto de subrogación empresarial) no se produce la existencia de más de un pagador, a efectos del límite determinante de la obligación de declarar respecto a los rendimientos del trabajo, por lo que el límite excluyente de la obligación de presentar declaración en relación con la obtención de rendimientos del trabajo (y siempre que ninguno de estos rendimientos estuviera sujeto a tipo fijo de retención) será el recogido en el párrafo a) del artículo 96.2 de la Ley del Impuesto, es decir: 22.000 euros anuales.

El TJUE considera discriminatorio contra las mujeres el cálculo de pensiones a tiempo parcial.

En la STJUE de 8 de mayo de 2019 (asunto C-161/18), Luxemburgo analiza el caso de una española que impugnó el cálculo de su pensión de jubilación realizado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, alegando que la diferencia de trato establecida por la normativa nacional da lugar a una discriminación indirecta por razón de sexo, ya que la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial o (es decir, personas que han trabajado, de media, menos de dos tercios de la jornada ordinaria de un trabajador a tiempo completo comparable) son mujeres.

En respuesta a las cuestiones prejudiciales planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para dilucidar si en cálculo de las prestaciones de jubilación a tiempo parcial es contrario a la normativa Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materias de seguridad social

La inclusión de dos elementos que pueden reducir el importe de la pensión a tiempo parcial en la normativa española se opone a la Directiva de igualdad de trato si ésta se revela especialmente desventajosa para las trabajadoras. 

Normativa española

Según esta normativa, el importe de la pensión de jubilación de tipo contributivo de un trabajador a tiempo parcial se calcula multiplicando una base reguladora, determinada en función de los salarios efectivamente percibidos y de las cotizaciones efectivamente satisfechas, por un porcentaje que depende de la duración del período de cotización. A este período se aplican un coeficiente de parcialidad equivalente a la relación existente entre la jornada a tiempo parcial efectivamente trabajada y la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo comparable, y un incremento de un coeficiente de 1,5.

Visión del Tribunal de Justicia

El Tribunal de Justicia declara que la Directiva se opone a la normativa española si ésta se revela especialmente desventajosa para las trabajadoras, señalando que la Directiva analizada prohíbe toda discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirectamente, en lo relativo, entre otras cosas, al cálculo de las prestaciones en materia de seguridad social.

Tras descartar la existencia de una discriminación directa, el Tribunal de Justicia recuerda que constituye discriminación indirecta por razón de sexo una situación en la que una disposición aparentemente neutra sitúa a personas de un sexo determinado en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo. Esa desventaja existe cuando una normativa afecta negativamente a una proporción de personas de un sexo significativamente más alta que la de las personas del otro sexo.  

Igualmente, el Tribunal de Justicia pone de manifiesto que «que las disposiciones nacionales controvertidas tienen en la mayoría de los casos efectos desfavorables para los trabajadores a tiempo parcial respecto de los trabajadores a tiempo completo. Por lo que se refiere a los trabajadores a tiempo parcial reducido (es decir, los que han trabajado, de media, menos de dos tercios de la jornada ordinaria de un trabajador a tiempo completo comparable), el porcentaje aplicable a su base reguladora es inferior al aplicable a la base reguladora de los trabajadores a tiempo completo. De lo anterior se deduce que esos trabajadores, que según la información que obra en poder del Tribunal de Justicia representan el 65 % de los trabajadores a tiempo parcial, sufren una desventaja como consecuencia de la aplicación de dicho porcentaje.»

En el análisis de la norma Luxemburgo observa que la normativa nacional controvertida comporta dos elementos que pueden reducir el importe de las pensiones de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial:

1.- La base reguladora de la pensión de jubilación se calcula a partir de las bases de cotización, integradas por la remuneración efectivamente percibida en función de las horas trabajadas. Ello tiene como resultado que dicha base reguladora sea, en el caso de un trabajador a tiempo parcial, inferior a la de un trabajador a tiempo completo comparable. 

2.- Mientras que dicha base reguladora se multiplica por un porcentaje que depende del número de días cotizados, se aplica a ese mismo número de días un coeficiente de parcialidad que refleja la relación entre el tiempo de trabajo a tiempo parcial efectivamente realizado por el trabajador de que se trate y el tiempo de trabajo realizado por un trabajador a tiempo completo comparable. Aunque este segundo elemento queda atenuado por la circunstancia de que el número de días cotizados resultante de la aplicación del coeficiente de parcialidad se incrementa con la aplicación de un coeficiente de 1,5

De esta forma para Europa, el primer elemento permite ya lograr el objetivo perseguido, que consiste, en particular, en salvaguardar el sistema de seguridad social de tipo contributivo. Por lo tanto, aplicar adicionalmente un coeficiente de parcialidad (art. 247 LGSS) relativo al trabajo a tiempo parcial va más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo y representa, para el grupo de los trabajadores que prestaron sus servicios a tiempo parcial reducido, una reducción del importe de la pensión de jubilación superior a la que resultaría únicamente de tomar en consideración su jornada de trabajo “pro rata temporis”.

Fuente: Comunicado de prensa TJUE nº 59/19

Entra en vigor el control horario de jornadas de trabajo

Con efectos de 12 de mayo de 2019 el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, modifica el art. 34 ET, instaurando el deber de la empresa de garantizar el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria existente.

El Artículo 10. Registro de jornada, “Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo” modifica el Artículo 34. Jornada del Estatuto de los Trabajadores, para incluir un nuevo apartado 9 que obliga a las empresas a realizar un «registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora», sin perjuicio de la flexibilidad horaria establecida en el Estatuto de los Trabajadores, pero sin concretar la forma de realizar dicho registro. La empresa tendrá que conservar los registros durante cuatro años. Incumplir esta obligación será una infracción grave que supone una multa de 206 a 6.250 euros (el Artículo 11. Infracciones laborales modifica el Artículo 7. Infracciones graves).

¿Cómo realizar este Control de Jornada?

Se obliga a la llevanza de un registro del horario de entrada y salida, pero no concreta la forma de realizar dicho registro, dejándola en manos de la empresa, previa consulta con los representantes de los empleados. Solo en caso de no existir tal representación será la empresa unilateralmente la que establecerá el modo de documentar ese registro y acreditarlo.

Por lo tanto, la gran incógnita es cómo se va a llevar a cabo ese registro. Habrá empresas a las que les será más sencillo implementarlo, siempre que todos sus trabajadores tengan el mismo horario y todos trabajan en su sede, pero el registro puede ser bastante más complicado cuando no toda la plantilla tiene el mismo horario, o cuando algunos empleados teletrabajen o se tengan varios centros de trabajo.

Es cierto que el sistema no indica en principio que se deba hacer el control con una APP o programa informático y desde las Asociaciones de Asesores llegan noticias que con hojas firmadas podremos realizar este control sin complicarnos, pudiendo defender ante la Inspección o Seguridad Social su cumplimiento. Recordar que hay que guardar el registro de los últimos cuatro años y que la obligación se inicia el 12 de mayo de 2019.

Es una nueva obligación, que responde a un mandato europeo y a una de las mayores preocupaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.


Renta presentada en base a datos fiscales o confeccionada por Hacienda ¿Garantía de no sanción?

La no inclusión en la declaración de rentas que no figuran en los datos fiscales facilitados por la AEAT puede constituir infracción tributaria si existe culpabilidad del contribuyente.

Así se pronuncia el  Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 9 de Abril de 2019, y que resuelve en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio que en los supuestos en los que se presente la declaración del IRPF de conformidad con una información errónea o no completa suministrada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria -en adelante AEAT- en los datos fiscales, es posible que se produzca una infracción tributaria si existe culpabilidad del contribuyente.

Las conclusiones de la Sentencia se pueden resumir en:

El hecho de que a la Administración tributaria no le conste la existencia de una renta, no ampara al contribuyente a que no declare dicha renta, ya que el IRPF grava todas las rentas que el contribuyente haya obtenido en el período de imposición, sean dichas rentas conocidas por la Hacienda Pública o no. Así, si una renta que efectivamente se ha obtenido no se incluye en la pertinente declaración-autoliquidación, ello terminará produciendo ineluctablemente un resultado que encajará en alguno de los tipos infractores.

En cuanto a la existencia de culpabilidad habrá que analizar el caso concreto, como siempre ocurre respecto de esta cuestión cuando se trata de discernir si concurrió culpabilidad en una conducta, pues podrá haber desde casos en los que efectivamente no quepa apreciar culpabilidad alguna en el contribuyente, a otros en los que no sólo se aprecie en él una simple negligencia, sino una culpabilidad gravemente dolosa, con presencia de ocultación o de medios fraudulentos.

En conclusión, cuando el contribuyente es sabedor de que ha obtenido unas rentas que no figuran en los datos o en el borrador facilitados por la AEAT, el que declare y autoliquide el Impuesto en base a esos datos o borrador, no puede ser nunca una causa exculpatoria per se. Lejos de eso, el haber actuado así, puede ser un elemento adicional a la hora de apreciar la existencia de culpabilidad en la conducta de tal contribuyente, si es que la hay.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que, si el declarar y autoliquidar el Impuesto en base a los datos o borrador facilitados por la AEAT pudiera considerarse una causa exculpatoria, ello supondría, lisa y llanamente, desincentivar el recto cumplimiento voluntario respecto de las rentas no conocidas por la Administración, ya que los contribuyentes que estuviesen en esa situación, podrían verse inducidos a no declarar esas rentas -no conocidas por la Administración- y esperar a ver, sabiendo que en ningún caso iban a ser sancionados por ello.

Fuente La Asesorías

Es ilegal que el banco cobre comisiones de mantenimiento por la cuenta que sirve para el pago de la hipoteca.

La Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de 31/01/2019, declara abusiva la práctica bancaria de cobrar comisiones de mantenimiento por la cuenta abierta en la entidad para el pago del préstamo hipotecario, como obligación derivada de la contratación del préstamo hipotecario.

En este caso, el demandante impugna la cláusula sobre domiciliación del pago de las cuotas de amortización en una cuenta de la entidad prestamista, por la que se impone que sea en una cuenta de la entidad prestamista por el uso o práctica abusiva que de ella realiza la parte demandada al cobrar semestralmente comisiones de mantenimiento indebidas al ser una cuenta instrumental para dicho pago.

Para la AP de Barcelona esta cláusula se trata de una condición general de la contratación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación.

Según el texto de la sentencia:

“(…) como reconoce la propia demandante no se trata de que la cláusula en sí misma sea abusiva, sino del uso o práctica que de la misma hace el banco demandado, pues en la cuenta abierta para pagar el préstamo hipotecario se cargan al consumidor comisiones de mantenimiento indebidas, al ser una cuenta instrumental para dicha finalidad”.

La AP de Barcelona señala que, aunque al contrato de préstamo hipotecario (firmado en 1998, y subrogado en 2001) le resultaría de aplicación la anterior Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 1984, la práctica abusiva se realiza estando en vigor la vigente ley, y en particular, el artículo 82.1 que establece el concepto de cláusulas abusivas.

Por ello, la AP declara que “no cabe declarar la nulidad de la cláusula impugnada por no ser abusiva en sí misma, sino la de la práctica abusiva que la parte demandada realiza con el cobro indebido de comisiones en relación con la cuenta que constituye el lugar del pago del préstamo hipotecario. Es su reconocido carácter indebido, lo que la convierte en abusiva, por no corresponderse con ningún servicio prestado. Ello debe conllevar el cese de dicha práctica…”.

Además, la AP reconoce el derecho del cliente a ser indemnizado por los daños y perjuicios causados por el cobro de comisiones indebidas, y obliga a la entidad bancaria a pagarle 500 euros por el daño moral sufrido.

Fuente las Asesorías

Las cláusulas abusivas en los contratos con consumidores y usuarios

Las cláusulas abusivas son estipulaciones no negociadas de forma individual que sean contrarias a la buena fe y que perjudiquen al consumidor, causando un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones que las partes tengan en virtud del contrato. Dichas obligaciones son nulas de pleno derecho, y se tendrán por no puestas.


Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho, y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas.

NO ES POSIBLE LA CONVALIDACIÓN DE UNA CLÁUSULA SUELO NULA

La sentencia dictada por el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de fecha 16 de octubre de 2017, fundamenta su fallo basándose en que, “la falta de transparencia de la cláusula suelo determina su nulidad absoluta por tener carácter abusivo”, y por lo tanto, no cabe posibilidad de convalidación mediante acuerdo con la entidad bancaria.

Fuente: Las Asesorías

Deducibilidad del gasto de teléfono móvil, según la Dirección General de Tributos

Según la DGT y en respuesta a consulta V2731/2018 de 15/10/2018, para que el gasto de teléfono móvil utilizado en la actividad económica de los trabajadores autónomos o empresas, sea considerado como deducible, éste debe utilizarse únicamente para realizas o recibir llamadas de dicha actividad, es decir, clientes, proveedores y de todos aquellos que intenvengan directamente en la actividad. Es por ello conveniente disponer de un teléfono móvil para utilizarlo en la actividad y otro para la vida privada.


La factura de teléfono móvil utilizado indistintamente para la actividad económica y para fines particulares, no es deducible de los ingresos de la actividad económica:

Lo habitual al ejercer una actividad económica es utilizar para el desarrollo de la misma el mismo teléfono móvil que se usa para los fines particulares. Sin embargo, la compañía telefónica emite una única factura, incluyendo, además del teléfono móvil, el teléfono fijo, internet y televisión, sin desglosar el importe total entre todos los servicios prestados.

De acuerdo con el principio de correlación entre ingresos y gastos de la actividad, la Dirección General de Tributos ha venido manteniendo que los gastos derivados del uso de una línea de telefonía móvil serán deducibles incurridos en la medida en que esta línea se utilice exclusivamente para el desarrollo de la actividad económica. Es decir, que, si una línea telefónica se utiliza exclusivamente para el ejercicio de la actividad, dicho gasto será deducible de los ingresos de la misma. Por otro lado, si la línea de telefonía móvil se utiliza indistintamente para fines particulares como para fines profesionales, no podrá deducir gasto alguno.

Consecuencias fiscales de la renuncia de usufructo

Mediante el siguiente artículo, nos acercaremos a las consecuencias fiscales de la operación mediante la cual una persona renuncia, en favor de otra, al usufructo que ostenta sobre un bien concreto. Este tipo de operación puede darse en la práctica por diversas causas. Recordemos que el usufructo es el derecho mediante el cual una persona tiene el goce y disfrute de un bien que no le pertenece. El nacimiento más normal de este derecho suele darse cuando un matrimonio se disuelve por el fallecimiento de uno de los cónyuges; en muchos casos, el hijo o hijos del matrimonio adquiere la nuda propiedad (sin derecho a disfrutar del bien) mientras que el cónyuge viudo conservará el usufructo hasta su fallecimiento. Pues bien, en un caso como el expuesto, analizaremos la tributación de la operación de renuncia de ese usufructo por parte de su titular, en favor del nudo propietario, poniendo como ejemplo la renuncia de usufructo de bien inmueble, pasados más de 4 años desde su adquisición.

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Establece el Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en su artículo 58, que:

3.“La repudiación o renuncia hecha después de prescrito el Impuesto correspondiente a la herencia o legado se reputará a efectos fiscales como donación.”

Según lo anterior, la renuncia, realizada habiendo prescrito el Impuesto de Sucesiones mediante el cual se adquirió el usufructo, tendrá los efectos de donación, en el momento en que se realice.

En relación a la base imponible de tal impuesto, señala el artículo 9.b de la citada Ley del ISD que:

“En las donaciones y demás transmisiones lucrativas “inter vivos” equiparables, el valor neto de los bienes y derechos adquiridos, entendiéndose como tal el valor real de los bienes y derechos minorado por las cargas y deudas que fueren deducibles.”

La Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, establece en su artículo 5, que:

“Estarán obligados al pago del Impuesto a título de contribuyentes, cuando sean personas físicas:

b) En las donaciones y demás transmisiones lucrativas “inter vivos” equiparables, el donatario o el favorecido por ellas.”

Así, la persona favorecida por la renuncia será el obligado a la autoliquidación del impuesto.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

El artículo 33 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, recoge con carácter general el concepto de ganancias y pérdidas patrimoniales, las cuales se relacionan con las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél. En general, estas variaciones se producen cuando un contribuyente transmite bienes de su patrimonio, en cuyo caso el importe de la ganancia o pérdida vendrá determinado por la diferencia entre los valores de transmisión y adquisición.

La renuncia del derecho real de usufructo genera una ganancia patrimonial en IRPF -si la hubiera- por la diferencia entre el valor de transmisión y el de adquisición del citado derecho. En un caso como este, no serán de aplicación los coeficientes de abatimiento, en la medida en que no se trata de una transmisión de un elemento patrimonial, sino de una renuncia de un derecho.

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

El “IITVNU” también es conocido de forma coloquial como la “plusvalía municipal”. Su regulación se encuentra contenida en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Según el artículo 104 de dicha norma:

“1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

2.No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. (…)”

De lo anterior cabe deducir que solo será objeto de tributación por este impuesto la transmisión del derecho real de goce (usufructo) del inmueble urbano situado en Almuñécar, dado que el resto de bienes tienen la consideración de rústicos.

El artículo 106 de la citada Ley de Haciendas Locales indica que:

“1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.”

En un caso como el que nos ocupa, puede ser defendible no proceder a la autoliquidación de este impuesto municipal, dado que existe jurisprudencia que apoya que la extinción de usufructo no estaría comprendida estrictamente en los supuestos gravados.

En definitiva, hemos realizado una aproximación a tales figuras impositivas, en la medida en que la operación de renuncia de usufructo tiene efectos tributarios distintos sobre cada una de ellas.

Artículo gentileza de INEAF

Hacienda suprime la ‘predeclaración’ de la renta en papel

El Ministerio de Hacienda ha decidido suprimir la llamada “predeclaración” de la renta en papel porque en ocasiones esos documentos generaban duplicidades de presentación que posteriormente había que corregir y que podían generar retrasos en el caso de las declaraciones con resultado a devolver.

Fuentes de la Agencia Tributaria (AEAT) ha explicado que, en todo caso, el contribuyente podrá seguir imprimiendo una vista previa de su borrador, si lo que quiere es hacer una comprobación en formato físico antes de presentar la declaración.

La eliminación de la predeclaración se incluye en la Orden Ministerial, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que aprueba el modelo 100 de IRPF para la próxima campaña de la renta.

En la AEAT recuerdan que en 2014 ya se eliminaron las declaraciones “a bolígrafo”, en un contexto de paulatino incremento de las declaraciones por internet.

La pasada campaña se cerró con el 87 % de las declaraciones presentadas por internet, cuando a comienzos de esta década ese porcentaje no llegaba al 50 %

Un Juzgado de lo Social inadmite grabaciones para acreditar el despido disciplinario en virtud del Reglamento general de protección de datos (RGPD)

El Juzgado de lo Social nº 3 Pamplona, ha declarado la nulidad de la prueba de video vigilancia en el centro de trabajo aportado como prueba para justificar un despido disciplinario por vulnerar el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales del trabajador. La importancia del fallo radica en que se examina por primera vez si la doctrina aplicable a esta materia ha quedado afectada por la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y si la ley española respeta las exigencias del reglamento europeo de protección de datos personales. Según la Sentencia Juzgado de lo Social – Pamplona/Iruña Nº 52/2019, e 18 de Febrero de 2019, la doctrina «flexibilizadora» sobre el cumplimiento del deber informativo del Tribunal Constitucional y del Juzgado de lo Social inadmite grabaciones para acreditar el despido disciplinario.

El Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016, sobre protección de datos personales, que en la regulación de la transparencia y del deber informativo impone unas exigencias que no cabe obviar y que, además, extiende su ámbito aplicativo al control empresarial de la actividad laboral a través de otros medios tecnológicos.
El RGPD no excepciona el deber informativo en supuestos de video vigilancia, por lo que para el control empresarial con fines disciplinarios es necesario cumplir con un deber informativo previo, concreto y preciso, que incluya la finalidad del sistema implantado, sin reducir su contenido a las menciones de las reglas prohibitivas generales que existan en las empresas o a la mera colación del cartel informativo.
Siguiendo el RGPD y la LOPDGDD (art. 89), los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo. Los empleadores habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de esta medida.

Fuente: Iberley