Lluvia de recursos contra Hacienda: hay más de 350.000 reclamaciones de los contribuyentes sin resolver

Los Tribunales Económico-Administrativos acumulan un volumen creciente de expedientes, con retrasos medios de dos años.

Los Tribunales Económico Administrativos (TEA) están total y absolutamente bloqueados por la acumulación de recursos contra la Agencia Tributaria. El retraso medio en los procesos admitidos supera ya los dos años. Esto implica, además, que los contribuyentes afectados no pueden acudir a la vía judicial para resolver sus discrepancias, puesto que los TEA son el paso previo para ello.

Los últimos datos disponibles apuntan que hay cerca de 20.000 millones de euros pillados en procesos de este tipo. Por lo tanto, el parón afecta tanto a la recaudación como a la seguridad jurídica, perjudicando tanto al sector público como al privado. Solo en Madrid, el TEA acumula 60.000 expedientes iniciados por empresas o ciudadanos.

Sin embargo, los datos de Madrid son solo un ejemplo de la situación que se observa en buena parte del país. De hecho, hay más de 350.000 reclamaciones pendientes de resolución en los distintos TEA, que de hecho ni siquiera constan de un sistema informático integrado que permita agilizar los procedimientos y facilitar el desbloqueo.

Según la Memoria del Tribunal Económico Administrativo correspondiente a 2019, el 45% de las reclamaciones fueron avaladas por estos organismos, lo que confirma la discrecionalidad de muchas actuaciones de la Agencia Tributaria. El ministerio de Hacienda ha planteado la posibilidad de ofrecer descuentos a los contribuyentes que renuncien a explorar esta vía, pero ello podría terminar generando un sobrecoste fiscal indebido a quienes acepten dicho trato, puesto que casi la mitad de los expedientes se resuelven de manera favorable para los reclamantes.

Los inspectores denuncian una “demora exasperante”

La asociación que agrupa a los inspectores de hacienda denunció el pasado mes de abril que esta situación elimina el incentivo para que existen estos organismos, puesto que se produce una “demora exasperante” que anula la utilidad de tales instancias y genera un problema tanto en lo referido a la recaudación como en lo relativo al funcionamiento de la economía.

Los inspectores recuerdan que existe un riesgo de prescripción de estas deudas cuando la reclamación no se resuelve dentro de un periodo de cuatro años. Asimismo, recalcan que el número de empleados de estos organismos se ha mantenido constante durante la última década, a pesar del fuerte crecimiento en las reclamaciones.

La dictadura de la Agencia Tributaria

Ha jugado en tres de los equipos (Liverpool, Real Madrid y Bayer Múnich) más potentes de Europa, ha marcado goles decisivos y ha conseguido casi todos los trofeos, pero el partido más importante de su vida lo está jugando contra la Hacienda Pública española y su brazo armado, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Xabi Alonso, 40 años, va ganando el choque por 2 goles a 0, pero el equipo contrario, en el que juegan la Fiscalía y la Abogacía del Estado, además de la Inspección de Hacienda, no se resigna a perder. Un particular no puede torcerle el pulso al aparato del Estado, obligado a apabullar, reducir a cenizas al contrario, aunque sea empleando juego sucio. Crearía un precedente peligroso para los enemigos de la libertad individual. Desde 2019 Alonso vive en un sin vivir a cuenta de su choque con la AEAT, tras haberse negado a aceptar un acta de conformidad y no rendirse a las puertas mismas del juicio penal, como terminaron haciendo otras estrellas del balompié (Messi, Cristiano Ronaldo y tantos otros, que finalmente claudicaron). “Hubiera sido mucho más cómodo llegar a un acuerdo con Hacienda y conformar, pero entendimos que lo que habíamos hecho era lo correcto y que no podíamos ceder al chantaje. Ha sido una cuestión de principios”. 

El conflicto tiene que ver con la sociedad constituida por Alonso, explotadora de sus derechos de imagen, que según Hacienda no pasa de ser una ficción creada por el futbolista para reducir indebidamente el pago de impuestos. Con el pleito en vía penal, la Audiencia Provincial de Madrid se pronunció en noviembre de 2019 absolviendo de forma concluyente al deportista. De nada valieron las trampas empleadas por la Inspección en la vista ni la agresividad con la que se emplearon las inspectoras declarantes. El equipo perdedor recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), quien, sin poner en cuestión el cumplimiento por parte del denunciado de sus obligaciones tributarias, argumentó que la Audiencia estaba obligada a motivar con mayor claridad en este caso la aplicación del régimen de los derechos de imagen, cosa que ha terminado haciendo cumplidamente en una nueva sentencia conocida en abril pasado, con todos los pronunciamientos favorables a Alonso. Pero el “conglomerado” AEAT, Abogacía del Estado y Fiscalía no se resigna a perder, por lo que días después, finales de abril, presentó nuevo recurso, arremetiendo duramente (“irracional motivación fáctica”) contra los jueces de la Audiencia que no les dan la razón y exigiendo repetir el juicio, con argumentos nuevos y un tribunal diferente, además. Es la dictadura de la Agencia Tributaria.

Pleitear con la Agencia Tributaria es exponerse a perder hasta la camisa

Conviene aclarar que Alonso y su representante legal han rechazado reiteradas ofertas del “conglomerado” para suscribir un pacto extrajudicial mediante el cual el futbolista se declararía culpable a cambio de una reducción considerable en las penas solicitadas, como han hecho tantos famosos, habiendo resistido, además, la inclusión de su abogado, Iván Zaldúa, en la acusación como un elemento más de presión para alcanzar ese pacto. Alonso y Zaldúa han demostrado que no siempre ganan los malos, pero es justo reconocer que constituye una heroicidad el solo hecho de enfrentarse a Hacienda y rechazar su ‘diktat’. Tras la sensación de pánico inicial, la inmensa mayoría de los afectados por una inspección fiscal sienten la inmediata tentación de plegarse a las exigencias del inspector de turno. Pleitear con la Agencia Tributaria es exponerse a perder hasta la camisa.

La modificación de la LGT del año 2003, junto a un real decreto de 2007, permiten al inspector actuario culminar su labor de comprobación e investigación en un “acta con acuerdo” cuando el resultado de sus pesquisas no aporte datos ciertos por la dificultad en la apreciación de los hechos o en su cuantificación. En otras palabras, cuando el inspector no tenga claro por dónde meter la navaja al investigado. La vaguedad de los supuestos determinantes de estas “actas con acuerdo” es tal que, en la práctica, basta la voluntad de acordar y transigir (más la constitución de las correspondientes garantías de pago) para que se formalicen las mismas. Gana la Inspección, que se asegura el cobro de una deuda tributaria y el importe de una sanción pecuniaria, irrecurrible además. Y pierde el obligado tributario, que acepta el canje a cambio de una reducción del 50% de las sanciones impuestas y de quitarse la inspección de encima. Todo el proceso conlleva un claro atropello a algunas garantías constitucionales como la seguridad jurídica, la igualdad (art 14 de la CE) en la aplicación de la Ley, o la capacidad económica como criterio y medida de contribución al sostenimiento de los gastos públicos, y condición de posibilidad del “sistema tributario justo”, tal como establece el art 31 de la CE.

El bonus de los inspectores depende del número de actas que sean capaces de levantar, con la peculiaridad de que si el afectado recurre y la sanción llega a anularse, ya se ha embolsado el plus y no tiene ninguna obligación de devolverlo

La AEAT recauda casi el 90% de los ingresos no financieros del Estado, lo que habla de papel clave que el organismo juega para cualquier Gobierno a la hora de reducir déficit (derecha) o poder gastar a más y mejor (izquierda). La presión para calcular los ingresos fiscales en los PGE anuales es máxima, y se reparte en cascada desde el ministro del ramo hasta el último de los inspectores, a quienes se fijan objetivos de los que depende en gran medida su remuneración anual. No hay un solo organismo del Estado en el que el sueldo del funcionario dependa en tal grado de los variables como en la AEAT. Los inspectores matan por lograr esos objetivos, concretados en lo que en el argot de llama “liquidar deuda”. Su bonus depende del número de actas que sean capaces de levantar, con la peculiaridad de que si el afectado recurre y la sanción llega a anularse (los tribunales económico administrativos suelen anular el 50% de lo que se recurre y otro tanto sucede cuando el litigio llega a lo contencioso administrativo), el inspector ya se ha embolsado su plus y no tiene ninguna obligación de devolverlo. Peor aún, no recibe ningún apercibimiento, no es objeto de ninguna penalización. Ninguna responsabilidad personal que pueda derivarse de una mala práctica, una injusticia flagrante o un caso de presunta corrupción. Su prestigio personal y/o profesional no está en juego. Ni el inspector ni el abogado del Estado ni el fiscal aparecen con nombre y apellidos en el procedimiento. El velo de opacidad que envuelve su trabajo es total. Tiran con pólvora del rey.

El inspector, conviene insistir, cobra por acta levantada, con independencia de la suerte que, en caso de recurso, corra luego el pleito en Hacienda o en los tribunales de lo contencioso. Es un sistema que contiene en sí mismo incentivos perversos para el abuso sistemático. El “conglomerado” no tiene que preocuparse de los costes del proceso. La AEAT no incurre en costas propias, pero si gana repercute al contribuyente las tarifas del Colegio de Abogados, cosa que el juez no le permite hacer al particular en su caso. El variable puede llegar a representar hasta el 40% de los ingresos totales de un inspector que parte de un salario anual bruto de 60.000 euros recién ingresado en la AEAT, porcentaje que explica que el funcionario despliegue sus mejores esfuerzos en la maximización de la bolsa de productividad. En el caso de los inspectores encargados de elevar las denuncias a la vía penal (delito fiscal), su bonus es más problemático por cuanto es el juez quien termina liquidando la deuda, lo que explica que las denuncias infundadas surjan como las setas en primavera. Los hay, en fin, que se dedican a recaudar lo que otros ya han liquidado, cuyo variable depende de los embargos que sean capaces de efectuar: embargo por deuda en firme o embargo cautelar (para evitar alzamiento de bienes), posibilidades ambas susceptibles de ser usadas de forma tan arbitraria como torticera.

Es duro alcanzar la meta de ser inspector de la AEAT, y es también obvio que el recién llegado está por lo general muy bien preparado y con la autoestima por las nubes, creídos y crecidos

Es verdad que la lista de quienes van a ser investigados se hace de forma automática sin la intervención del cuerpo de inspección, lo cual no es un alivio menor en tanto en cuanto excluye de la ecuación ab initio potenciales venganzas personales o enemistades políticas. No puede afirmarse lo mismo una vez que el investigado está en manos del inspector de turno. Un candidato a ingresar en la AEAT suele terminar la carrera con 22/24 años, emplea entre dos y cuatro más en aprobar la oposición y pasa después año y medio en el centro de formación de nuevos funcionarios. Es duro alcanzar esa meta, y es también obvio que el recién llegado está por lo general muy bien preparado y con la autoestima por las nubes, creídos y crecidos. El aterrizaje en la realidad suele ocurrir cuando, ya metido en faena, se tropieza con el dosier de un constructor, un albañil enriquecido titulado en la universidad de la calle, haciendo alarde de cuentas millonarias ante un muchacho/a (porque ahora casi todas son mujeres) que las ha pasado canutas para alcanzar su objetivo.

“Las nuevas hornadas de inspectores son mucho más duras, más intransigentes, más impermeables a los derechos del contribuyente que las viejas”, asegura un fiscalista madrileño, “seguramente porque tienen que hacer méritos, de modo que en lugar de someterse al principio de legalidad actúan con la arbitrariedad por bandera”. Son los nuevos Robin Hood, dispuestos a quitar el dinero a los ricos no para dárselo a los pobres, sino para engordar las arcas de un Estado elefantiásico que devora recursos con desprecio absoluto a la más elemental relación coste/beneficio. Son los nuevos corsarios, gente que actúa con total libertad –¿impunidad?– para exprimir a sus presas –en general pymes y clases medias, porque las grandes empresas, como las grandes fortunas, disponen de un ejército de abogados listo para pleitear con la AEAT lo que sea menester– a cambio de allegar fondos para ese Estado siempre necesitado de dinero. Aunque es notable la nómina de funcionarios de la AEAT que deben ser calificados como perfectos demócratas, hay una parte que solo concibe su existencia actuando en funciones de inspección, que pasan 20 o 30 años de su vida haciendo lo mismo y que terminan con la mente deformada, de modo y manera que el contribuyente que tiene la desgracia de caer en sus manos puede tener la seguridad de ser considerado como un defraudador y tratado como tal. No hay derechos y libertades que valgan.

Nadie se atreve a denunciar la indefensión en que se encuentran los inspeccionados por miedo a represalias

El resultado es que la Agencia Tributaria causa miedo, terror, acojono. Un asunto tabú en los medios de comunicación. Nadie se atreve a denunciar la indefensión en que se encuentran los inspeccionados por miedo a represalias. Nadie, a revelar la sistemática conculcación de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. El resultado es que, lejos de ser una institución más que respetable a tenor de la importancia de su labor, centrada en la persecución del fraude fiscal, la imagen pública de la AEAT no puede ser peor. “La Hacienda pública se ha convertido en agente de la razón de Estado. Una razón que descansa sobre un solo pilar, el de la recaudación. En el margen del camino ha ido quedando, primero, la ley; más tarde, la seguridad jurídica, y unos metros más allá, las garantías y los derechos del contribuyente”. Es una frase contenida en la llamada ‘Declaración de Granada’, documento suscrito por 35 catedráticos de Derecho Financiero y Tributario que en mayo de 2018 se reunieron en la capital andaluza para analizar el funcionamiento de la Hacienda Pública en su relación con los contribuyentes.

Desde entonces las cosas no han hecho sino empeorar, porque nada puede mejorar en una democracia cuya proverbial pobre calidad viene siendo conculcada en los últimos tiempos por todo tipo de atropellos, muchos de ellos tolerados, si no inducidos, desde la propia esfera del poder político. Hacienda acaba de anunciar la contratación de 2.600 empleados más (entre inspectores, técnicos y administrativos) para engordar la plantilla de la AEAT. Todo sea por recaudar, mientras el presidente de los inspectores, Julio Pérez Boga, reclama, en una reciente entrevista, “más competencias investigadoras” para su gente, y el director general de la AT, Jesús Gascón, ha anunciado la preparación de una norma para permitir que los inspectores puedan entrar en los domicilios de los contribuyentes y en las sedes de las empresas sin previo aviso. El terror avanza.

El Gobierno Aznar intentó poner remedio a este estado de cosas con la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, pero desde que se aprobó todas las normas que han ido apareciendo han estado dirigidas a rebajar el contenido de la ley, a reducir exigencias y podar garantías, tarea en la que se distinguió ese triste dúo formado por Mariano Rajoy y su amigo Cristóbal Montoro, representantes de la peor derecha imaginable. Urge democratizar la Agencia Tributaria, acabar con la tiranía de los inspectores de Hacienda. Urge emprender una reforma como la que en su día llevó a cabo el presidente Reagan en Estados Unidos con un Internal Revenue Service (IRS) en profunda crisis, víctima de los mismo abusos que hoy se denuncian en la AEAT, para convertirlo en una institución encargada del cumplimiento de las leyes tributarias y de la recaudación fiscal perfectamente democrática, es decir, respetuosa con los derechos y libertades del ciudadano contribuyente.    

Fuente: Voz Populi – Opinión de Jesús Cacho

El Congreso aprobó el martes, tras siete meses de espera, la ley contra el fraude fiscal.

Las tres medidas que más afectan a los autónomos no han sufrido ninguna modificación y a falta de su ratificación por el Senado, podrían entrar en vigor antes del 30 de junio.

El Congreso finalmente ha aprobado el proyecto de ley de medidas contra el fraude fiscal que llevaba siete meses en un limbo legal tras su aprobación el pasado mes de octubre en Consejo de Ministros. La Comisión de Hacienda del Parlamento dio su visto bueno el pasado martes a la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, con 21 votos favorables, 14 en contra y una abstención, y será ahora el Senado el encargado de ratificar la norma para su entrada en vigor, que se espera que sea antes de julio.

Según fuentes parlamentarias y de expertos consultados, lo más probable es que el Senado ratifique con similar mayoría que en el Congreso esta ley, y que se publique seguramente antes del fin de sesiones parlamentarias, es decir, como tarde, el 30 de junio. La norma, incluidos todos los cambios que afectan directamente al colectivo de autónomos, “entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”, según recoge la disposición final cuarta del texto aprobado por el Congreso, al que tuvo acceso este diario.

El paquete que recoge decenas de cambios dirigidos a estrechar el cerco sobre los presuntos defraudadores incorpora tres importantes novedades que afectan directamente a los autónomos, y que no han sufrido ninguna modificación en el trámite parlamentario respecto al proyecto del Gobierno, ni tampoco hay visos de que sufran alteraciones en el Senado. Una de las novedades más sonadas que traerá esta ley de medidas contra el fraude es la bajada del límite de pago permitido en efectivo entre profesionales -empresarios o trabajadores por cuenta propia- de los 2.500 euros a los 1.000 euros, según el informe aprobado por el Parlamento.

También se incorpora como infracción tributaria la fabricación, producción, comercialización e incluso simple tenencia de sistemas informáticos que no cumplan las especificaciones exigidas por la normativa aplicable con el fin de acabar con los softwares de doble uso, que se utilizan para ocultar ventas al Fisco. La gran novedad que contempla la ley -además del régimen sancionador- a este respecto es la posibilidad de emitir próximamente un nuevo certificado de uso obligatorio entre todos los autónomos y comercios para demostrar que el sistema utilizado no registra ventas en B. Así mismo, la Ley de medidas contra el fraude también da respaldo legal a la realización de las polémicas visitas sorpresa, un cauce intermedio entre la vía penal y la notificación de la inspección. Según los expertos, esta vía, que había sido puesta en duda por el propio Tribunal Supremo, pasaría a ser legítima y supondría la posibilidad para el Fisco de entrar en algunos negocios en los que existe la posibilidad de destrucción de pruebas, sin notificación previa.

Especialmente positivo para los autónomos es el nuevo régimen transitorio en materia de recargos y reducción de sanciones. Esto afectará a los trabajadores por cuenta propia que, en algún momento, sobrepasen la fecha límite de presentación y abono de sus autoliquidaciones de impuestos. Con la entrada en vigor de la ley, el recargo pasará a ser del 1% más otro 1% adicional por cada mes completo de retraso con que se presente la autoliquidación o declaración respecto al término del plazo establecido.  Hoy, estos recargos son del 5% sobre el importe que les salió a pagar en los primeros tres meses; un 10% entre el tercer y sexto mes y un 15% del sexto al doceavo. A partir del año, el recargo ya sería de un 20%. Por tanto, se reducirían de forma sustancial estas ‘sanciones’ durante los primeros meses de retraso para incentivar que se abonen cuanto antes. También aumentarían, por otro lado, las reducciones por conformidad y pronto pago en sanciones tributarias.

Los autónomos tendrán sanciones por pagar o cobrar más de 1.000 euros en efectivo

Entre las medidas más importantes para los autónomos que han sido aprobadas por el Congreso está la de rebajar el límite permitido en los pagos en efectivo. La ley establecería un nuevo tope para las operaciones entre profesionales y empresarios pasando de 2.500 a 1.000 euros. De la misma manera que con la prohibición del software de doble uso, la intención del Gobierno es restringir cualquier posible vía que facilite el fraude fiscal. En este sentido, castiga los pagos con dinero efectivo por ser operaciones “más difícilmente rastreables”.  

Precisamente ésta es, según José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) “una de las medidas que entrarían en vigor al día siguiente de la publicación en el BOE de la Ley contra el fraude. Además, no tiene muchos visos de ir a sufrir cambios en el Senado, por lo que es muy probable que entre finales de junio y principios de julio ya tenga efectos”, y los autónomos no podrían pagar desde ese mismo momento más de 1.000 euros en efectivo en sus transacciones comerciales.

Sanciones de un 25% de la operación

Así, con los cambios aprobados que se introducen en  la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, aquellos que paguen “en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros”, se enfrentarán a sanciones cuya base “será la cuantía pagada en efectivo”. Se trata de una “multa pecuniaria proporcional del 25 por ciento de la base de la sanción prevista”

Esto, según consta en el documento, será “aplicable a los procedimientos sancionadores que se inicien a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley”. 

La novedad podría repercutir, por ejemplo, en los pagos a los proveedores por parte de muchos autónomos que se verían obligados por la nueva normativa a pagar mediante transferencias bancarias. Precisamente, para no perjudicar a este colectivo, el Gobierno pretende “minimizar los daños colaterales” de esta nueva imposición. Lo hará manteniendo el límite de 2.500 euros, actualmente vigente, en aquellos casos en los que haya un particular de por medio.

Se sancionará la “mera tenencia” de softwares de doble uso

Así mismo, según consta en la ley, “con el objetivo de no permitir la producción y tenencia de programas y sistemas informáticos que permitan la manipulación de los datos contables y de gestión”, se establece la obligación de que estos sistemas contables o de gestión empresarial “se ajusten a ciertos requisitos que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros”.

Hacienda estima que 200.000 millones de euros se ocultan al fisco a través del ‘software de doble uso’, es decir, programas informáticos que permiten desviar a una caja B los ingresos y ventas reales de los negocios, y que se emplea con el objetivo de evadir impuestos (IVA y Sociedades). Para acabar con este fraude, asegurar el cumplimiento de los nuevos requisitos y facilitar la labor de la inspección, la ley incluye la posibilidad de que estas condiciones en los sistemas de venta de los autónomos y empresarios y “su especificación técnica puedan ser objeto de desarrollo reglamentario, incluyendo la posibilidad de someterlo a certificación”.  

Nuevas sanciones, incluso por no tener certificado

Por ello, se establece un nuevo régimen sancionador específico por la “mera producción de estos sistemas o programas o la tenencia de los mismos sin la adecuada certificación”. Así, aquellos autónomos, comercios y empresas que dispongan del ‘software de doble uso’, que permite desviar a una caja B las ventas e ingresos, se podrán enfrentar a multas ‘fijas’ de 50.000 euros. Además, las empresas que fabriquen o comercialicen este tipo de programas se enfrentarán a sanciones que ascienden a 150.000 euros.   

De hecho, una vez se desarrollen y exijan los certificados, la Ley penalizará con 1.000 euros a los “productores, comercializadores y usuarios” por simplemente no facturar o llevar la contabilidad de sus negocios con programas o sistemas debidamente certificados y garanticen “la integridad, conservación, trazabilidad e inviolabilidad” de los registros contables y su “legibilidad” por parte de la inspección. Esto, independientemente de que Hacienda demuestre la desviación de las ventas a una caja B.

Cambios en recargos por presentar tarde los impuestos y reducción de sanciones

Por último, la disposición transitoria primera de la Ley de medidas contra el fraude recoge algunas novedades fiscales importantes para los autónomos. Ésta prevé -sin cambios- la reducción de las sanciones a los contribuyentes que presenten fuera de plazo, pero sin requerimiento previo por parte de la Agencia Tributaria, sus declaraciones de impuestos como IVA, IRPF o Sociedades, entre otros.

Esto afectará especialmente a los autónomos que en algún momento sobrepasen la fecha límite de presentación y abono de sus autoliquidaciones. El recargo pasará a ser “del 1% más otro 1% adicional por cada mes completo de retraso con que se presente la autoliquidación o declaración respecto al término del plazo establecido”.  

Es decir, se pretende que no haya cambios tan bruscos como hay ahora mismo de un mes a otro, ya que un autónomo que presente con un día de retraso su declaración trimestral de IVA tendría el mismo recargo que uno que lo haga con dos meses y medio de retraso. Sin embargo, si lo presentara a los tres meses y medio pasaría a tener, de golpe, del 5% al 10% de penalización.

No obstante, con el nuevo sistema, cada mes sería un 1% más durante los doce primeros meses, lo que podría animar a los contribuyentes a no esperar y pagar más tarde sus declaraciones porque le salga al mismo precio devolver los impuestos en el primero que en el segundo mes.

También aumenta la reducción de sanciones por conformidad y pronto pago

Así mismo, el proyecto eleva las reducciones a las que pueden optar los contribuyentes, tanto por conformidad como por pronto pago. De este modo, se eleva del 50% al 65% la reducción de la sanción impuesta en el caso de que haya un acta de acuerdo.

También se aumenta del 25% al 40% la reducción cuando se realice el abono del importe total de la sanción en periodo voluntario -‘pronto pago’ 

Respaldo legal para las inspecciones sorpresa 

Otra de las novedades de esta ley es que los inspectores de Hacienda podrán seguir haciendo inspecciones sorpresa en los domicilios de los contribuyentes. A pesar de que una sentencia del Supremo obligaba a avisar con antelación , la Ley contra el Fraude aporta los instrumentos legales para seguir visitando domicilios sin previo aviso.

El procedimiento deberá, en todo caso, contar con la autorización de un juez y estar debidamente justificado.  Aunque, como aseguró el director general de Hacienda, “sólo un 3% de las entradas por inspección son a personas físicas y el 97% son a empresas”, la AEAT busca la manera de ocultar a los dueños sus inspecciones, para así poder destapar las ilegalidades que estén cometiendo. 

Desde la AEAT explicaron que “sin avisar previamente al contribuyente nos hemos encontrado todo tipo de intentos por ocultar o eliminar sus datos más comprometidos a nivel legal”. Es por ello que la Agencia Tributaria tiene “muy claro”,  que si se informa al contribuyente con antelación, lo que hará éste será “borrarlo todo”, señalaron. Además, desde el organismo quisieron hacer hincapié en que no importa que la notificación al contribuyente no sea del día exacto en el que se entra a su negocio, “en el momento en que se les tiene que notificar que se va a iniciar una comprobación, si alguien está ocultando contabilidad, lo que hará será deshacerse de todo”. 

Las medidas entrarán en vigor un día después de la publicación en BOE

Desde el pasado 10 de octubre, cuando el Gobierno dio luz verde al paquete, este proyecto quedó bloqueado, aprobado por Consejo de Ministros pero pendiente de su aprobación por el Congreso. Tras siete meses de espera, con todo un paquete de medidas fiscales atascadas, la ley podría tener efectos desde muy pronto.

Ahora que ya ha pasado el filtro parlamentario, “y a falta de que alguna enmienda pueda alargar su ratificación en el Senado, la idea del Gobierno era y sigue siendo que la Ley esté en vigor antes del 30 de junio, fecha en la que terminan las sesiones parlamentarias. Y es muy probable que se cumplan los plazos, ya que lo normal sería que se replicaran las mayorías habidas en el Congreso, también en el Senado” explicó José María Mollinedo, secretario general de Gestha. 

Si así fuera finalmente, y el Gobierno cumpliera su voluntad, “el grueso de las medidas entrarían en vigor antes de julio, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esto es así por norma general”, dijo Mollinedo. Eso sí, exceptuando aquellas medidas precisadas en la Disposición final cuarta, donde se detalla una entrada en vigor diferente para algunos preceptos que no afectan a los autónomos, pero sí a grandes empresas, como por ejemplo los referidos a las SICAVS, cuya entrada se demorará unos meses.

Los técnicos de Hacienda creen que la Ley no acabará con la economía sumergida

A pesar de que la Ley contra el fraude incluye varias medidas para estrechar el cerco sobre empresas y autónomos que evaden sus impuestos, los Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, consideran que la nueva ley contra el fraude fiscal no reducirá la economía sumergida porque no incorpora medidas de control para que se asegure su aplicación, pese a reconocer avances en el proyecto aprobado este martes en el Congreso.

En concreto, Gestha valora que se hayan incluido una decena de medidas que han propuesto desde hace años, como la limitación de pagos a 1.000 euros, la baja tributación para considerar paraíso fiscal, incluir en la lista de deudores tributarios las deudas desde 600.000 euros añadiendo a los responsables solidarios, el control sobre los premios de Loterías obtenidos por las empresas, o el endurecimiento del régimen de SICAV y SOCIMI para evitar los abusos, entre otras medidas.

También piensa que es muy relevante que se haya aprobado una larga reclamación para la evaluación de la economía sumergida, a pesar del voto contrario del Grupo Socialista y del criterio desfavorable del Ministerio de Hacienda.

Por el contrario, rechaza que la Ley no recoja un aumento de las competencias y responsabilidades de los técnicos de Hacienda, por lo que en la próxima década se seguirán centrando el 75% de las actuaciones de control en el IRPF de particulares y autónomos para descubrirles una deuda

Fuente: Gestha

No es sólo la cuota: el plan de Escrivá ‘devorará’ los beneficios de los autónomos que más ganan

Con la propuesta, el Estado se comerá un tercio de los ingresos de un autónomo que gane 32.000 euros. “Es trabajar para Seguridad Social”, denuncian.

La propuesta del Gobierno para obligar a los autónomos a cotizar por los ingresos reales ha hecho saltar las alarmas entre los trabajadores por cuenta propia. El Ministerio de Seguridad Social ha puesto sobre la mesa las primeras cifras de un plan que acabará con la posibilidad de que los autónomos puedan elegir la base en la que tributar. Por tanto, a partir de 2023, su cuota estará exclusivamente ligada a sus rendimientos.

En un documento filtrado a varios medios la semana pasada, el departamento de José Luis Escrivá ha planteado que la cuota de los autónomos comience a oscilar en 13 tramos en 2023. Será entonces cuando se ponga en marcha el periodo transitorio de una reforma de 180 grados para el sistema de cotizaciones de los autónomos. Esta reforma durará 9 años, por lo que acabará en 2031.

Teniendo en cuenta que el 80% de los autónomos físicos cotiza en España por la base mínima, será una gran mayoría entre los que ingresen más de 22.000 euros al año los que empezarán a pagar más en 2023, mientras que los que ganen menos de esa cuantía, pagarán menos, como ya publicó Libre Mercado.

Pasados esos 9 años, el sablazo será mayor, porque pagarán más todos los autónomos a partir de 17.000 euros, lo que podría estar cerca del millón de afectados (no hay datos oficiales sobre las bases en las que cotiza exactamente cada autónomo). Así, los trabajadores por cuenta propia que obtengan ingresos de más de 17.000 euros tendrán que desembolsar 228 euros más al año. Los que obtengan entre 22.000 y los 27.000 euros (una cifra de ingresos nada opulenta) tendrán que pagar 1.668 euros anuales más. Y así, se van multiplicando las cuotas hasta llegar a los autónomos que más ganan, que son los que ingresan más de 48.841 euros. Estos últimos son unas 280.000 personas en nuestro país y, con la fórmula de Escrivá, buena parte de ellas pagarán cinco veces más que ahora: ni más ni menos que 11.208 euros al año extra.

El Estado se come sus ingresos

Si a este golpe fiscal le sumamos las cuotas de IRPF, que también pagan religiosamente los autónomos, la cantidad de gastos fijos que Hacienda no les permite deducirse o el IVA que les obliga a recaudar periódicamente, estaríamos ante uno de los colectivos peor tratados por Hacienda.

Así, en la siguiente tabla elaborada por el REAF puede verse el monto total que se quedaría el Estado tras las nuevas cotizaciones de Escrivá. Los datos incluyen las deducciones en el IRPF a las que puede acogerse un autónomo de 40 años, soltero y sin hijos. Los economistas le han aplicado la tarifa de Castilla-La Mancha por ser una media respecto a la estatal (por ejemplo, en Madrid pagarían menos IRPF).

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El resultado de este ejemplo es demoledor. Como vemos, un autónomo que gane la irrisoria cuantía de 3.000 euros al año tiene que entregar a Hacienda un tercio de sus ingresos. Los que ganen 22.000 euros, con las nuevas cotizaciones de Escrivá, tendrían que abonar a la Seguridad Social 3.660 euros en cuotas y 2.504 euros en IRPF, por lo que les quedarían limpios 15.835 euros.

En la mitad alta de la tabla, suma y sigue. El autónomo que obtenga rendimientos netos de 32.000 euros (los rendimientos netos son el resultado de eliminar los gastos deducibles) tendrá que pagar en cotizaciones 6.540 euros al año y en IRPF, 4.367 euros, por lo que solo podrá disponer de 21.092 euros para subsistir. En este caso, Hacienda se lleva más de un tercio de toda la riqueza que genera el autónomo.

Pero los mayores damnificados de la reforma de Escrivá son los autónomos que más ganan. Por ejemplo, para rendimientos de más de 47.000 euros, Hacienda confiscaría casi el 50% de los ingresos del autónomo entre cotizaciones e IRPF, un golpe sin precedentes al trabajo de estos profesionales y un desincentivo a la generación de riqueza y actividad. Un detalle que llama la atención es que, con los cálculos del Gobierno, hay un tremendo castigo en cotizaciones al autónomo que gane 49.000 euros, pero curiosamente esto hace que la deducción en el IRPF sea mayor y acabe pagando un impuesto sobre la renta menor que los ganan 47.000 y 48.841 euros.

Aunque el Ejecutivo de Sánchez se escude en el “bien” de los autónomos para vender su reforma, ya que más de la mitad de ellos pagará menos y a los que paguen más, les ofrecerán más prestaciones sociales, la propuesta de Escrivá ha indignado sobremanera a las asociaciones de autónomos.

Desde ATA, que han hecho cálculos muy parecidos a los anteriores, declaran que el planteamiento de Escrivá “es absolutamente inasumible. Eso es trabajar y producir para la Seguridad Social“, denunciaba su presidente, Lorenzo Amor. El presidente de ATA también ha criticado el argumento de que se les dará a los autónomos más protección del Estado con esas elevadas cotizaciones.

“Digo yo, que si quieren que los autónomos coticemos como los asalariados también tendríamos que tener los mismos derechos. ¡Ya se tendría que plantear la Seguridad Social pagarnos el mes de vacaciones! ¡Ah claro, eso no! Eso lo pagan los autónomos a sus trabajadores y lo asumen ellos”, clamaba ayer martes Amor en su cuenta oficial de Twitter. Si el Gobierno sigue el modus operandi que ha estado llevando en las negociaciones con los agentes sociales, es muy probable que suavice la propuesta para vender su capacidad de diálogo. Mientras tanto, la situación de los autónomos, en plena crisis del coronavirus, no podría ser más tensa.

Indignación entre los autónomos por la nueva cotización que les pide Escrivá

Las organizaciones del sector piden al Gobierno una negociación y más flexibilidad en los plazos de pago y en las cuantías de las cotizaciones.

Las dos organizaciones más importantes de autónomos, ATA, integrada en CEOE, y UPTA, rechazaron ayer, en declaraciones a EXPANSIÓN, la última propuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sobre la nueva fórmula de cotización al sistema de protección de estos pequeños empresarios y trabajadores: están afectados por la reforma 2,6 millones de personas, con rendimientos por actividades económicas.

El Gobierno está negociando con el sector que, en un plazo de nueve años, todos los autónomos coticen a la Seguridad Social en función de sus ingresos reales. Con este fin, el Ejecutivo ha propuesto que estos pequeños empresarios y trabajadores puedan escoger entre trece tipos de bases de cotización, para que en 2030 ya tengan una cuota fija, más la inflación, que aportar a la Seguridad Social, tal como se aprecia en el gráfico de esta página.

Lorenzo Amor, presidente de ATA, que es la organización más representativa del sector, dijo que los autónomos “están indignados” con la propuesta del Gobierno, “que aleja cualquier posibilidad de acuerdo”. Por esta razón, Amor pidió al Ejecutivo que “la retire de la mesa de diálogo y se tome tiempo para su discusión”. El dirigente de los autónomos, que también es uno de los vicepresidentes de la CEOE, dijo que el plan del Gobierno “es una locura y absolutamente confiscatorio”.

El contexto es el siguiente: en el primer año, que sería 2023, el Gobierno ha planteado una primera etapa de cotización, con una horquilla comprendida entre los 200 euros y los 400 euros al mes. 200 euros, para unos ingresos de 3.000 euros anuales, y de 400 euros, para una cuantía máxima de 49.000 euros y superiores.

El presidente de ATA sostiene que, en 2023, un autónomo no puede pagar 2.400 euros de cuota al año, que es el resultado de multiplicar 200 euros por doce meses, cuando sólo ingresa 3.000 euros. Ni tampoco al final del periodo, 14.640 euros por ingresar 49.000 euros al año. Amor sostiene que “está mal diseñada la propuesta del Gobierno” para la cotización de los autónomos. Sobre todo, porque, en su opinión, el Ejecutivo “confunde los salarios con los ingresos de los autónomos, y no es lo mismo”. No es lo mimo, porque el autónomo tiene que pagar los gastos que le origina su medio de vida. Por ejemplo, el transporte, el vehículo de trabajo, la electricidad, la alimentación o el material de trabajo.

El secretario general de UPTA, Eduardo Abad, coincide con el dirigente de ATA en que el Gobierno “no ha negociado con el sector” la nueva escala de cotizaciones que propone ahora. Más bien su organización reivindica al Ejecutivo que adelante los plazos, a 2023, las cuotas para todos aquellos autónomos que ingresan menos del Salario Mínimo Interprofesional. Es decir, 950 euros al mes y, con doce mensualidades, 11.400 euros. Por lo tanto, aproximadamente, para todos aquellos que tienen ingresos comprendidos, en el plan del Gobierno, entre los 3.000 y los 12.600 euros. Por lo tanto, UPTA pide que a partir de 2023 los empresarios y los trabajadores abonen entre 90 y 235 euros. No como plantea el Ejecutivo, que en 2023, en el primer año del plan, paguen entre 200 y 245 euros al mes.

Además, Abad reclama al Gobierno que rebaje de nueve a tres años el plazo de transición para la cuota de todos aquellos que ingresan más de 27.000 euros. La razón es que el 40% de los autónomos tiene 57 o más años. No llegarán como activos al final del periodo transitorio de nueve años. Ello daría la posibilidad a estos trabajadores de tener más pensión al final de la vida laboral, porque, según la Seguridad Social, el 85% de los autónomos cotiza por la base mínima -944 euros al mes- que con la aplicación del tipo del 30,6% se queda en una cuota de 290 euros al mes. Además, Abad advierte al Gobierno de que una reforma “pactada y bien hecha” del sistema de autónomos permitiría salir de la economía sumergida a muchos de los que hay entre los 3,5 millones de personas que están en esta situación.

El Gobierno ha ofrecido a los autónomos trece bases distintas de cotización a la Seguridad Social para que a partir de 2023 puedan contribuir al sistema de protección de acuerdo con sus ingresos reales. Para conseguir este objetivo, el Ejecutivo ha planteado una transición de nueve años, al final de la cual, en 2030, el abanico de cotizaciones sociales de los autónomos comprenda entre una media de 90 euros al mes por un ingreso anual de 3.000 euros y los 1.220 euros al mes, a partir de unos rendimientos anuales de 48.841 euros. Así se recoge en el último borrador sobre la reforma de las pensiones que el Gobierno ha entregado a la patronal y a los sindicatos, y al que ha tenido acceso EXPANSIÓN.

Para calibrar la propuesta del Gobierno a los autónomos, hay que tener en cuenta que, actualmente, según la Seguridad Social, el 85% de estos empresarios y trabajadores cotizan por la base mínima. Este año está en 944 euros mensuales, que al aplicarle el tipo del 30% de este colectivo resulta una aportación mensual inferior a los 300 euros. En este contexto, el Gobierno plantea que, en 2030, aproximadamente, un millón de autónomos, el 60% de los que obtienen rendimientos de actividades económicas, sigan pagando menos o lo mismo, entre 90 y 275 euros.

Bien es verdad que cerca de otro millón de autónomos se concentra entre quienes ingresan al año entre los ya mencionados 12.600 euros y los 27.000 euros. Aquí, la cuota mensual, al final de la transición, en 2030, estará en una horquilla comprendida entre 275 y 425 euros al mes. A partir de ahí, a medida que los ingresos suban de 32.000 euros hasta los 48.841 euros anuales, la horquilla de cotización media estará comprendida entre los 545 euros y 1.220 euros mensuales. En este tramo es donde va a estar realmente la subida de las cotizaciones sociales para los autónomos.

Cambio de bases

De todas maneras, la intención del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es que, en 2023, el primer año de la entrada en vigor del nuevo modelo de cotización de los autónomos, según sus ingresos, la horquilla de cotizaciones sociales sea la siguiente: entre 200 y 400 euros mensuales, para unos ingresos comprendidos entre 3.000 y 48.841 euros anuales.

Hay que tener en cuenta que, en este periodo, los pequeños empresarios podrán elegir su base de cotización hasta seis veces al año, en función de ajustarla a sus rendimientos. Una vez hecha la regularización anual de la cotización, el sistema funcionará como el Impuesto sobre la Renta. Si ha pagado de más, la Seguridad Social le devolverá la cuantía al autónomo. O, por el contrario, la Administración pedirá el abono de una cuantía adicional.

En todo caso, otra propuesta novedosa de Escrivá sobre la reforma de las pensiones es su incentivo a las empresas para que no despidan a los trabajadores de 62 años. El Gobierno ofrece a los empresarios una reducción del 75% de sus cuotas a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal -baja laboral- de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años. Esta es una medida complementaria a otra que afecta a la negociación colectiva. Así, el Gobierno quiere prohibir que los convenios obliguen a jubilarse a los trabajadores hasta que no cumplan los 68 años. Esta propuesta es coherente con el hecho de que la edad legal de jubilación en 2027 será de 67 años. Otra novedad importante en la propuesta del Gobierno a los agentes sociales en la reforma de las pensiones afecta a la cotización de los becarios. El Ejecutivo se compromete a que todas las empresas, administraciones e instituciones coticen a la Seguridad Social por estos jóvenes, en cualquier tipo de actividad de formación, prácticas en empresas, aunque no sean remuneradas. 

UPTA denuncia que Hacienda impide a 1,4 millones de autónomos deducirse los gastos de manutención

Hacienda está torpedeando el derecho que tienen los autónomos a deducirse los gastos de manutención. Esta es la denuncia que ha realizado este jueves la asociación de autónomos UPTA, que cifra en 1,4 millones de autónomos los perjudicados por los criterios «restrictivos» que está aplicando la Agencia Tributaria a la hora de valorar estas deducciones, previstas en la Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo aprobada en octubre de 2017.

UPTA recuerda que esa norma estableció que los trabajadores autónomos podrían deducir los gastos de manutención hasta un máximo de 27,27 euros diarios (48 euros en el extranjero) en concepto de gastos de dietas y manutención.

Los requisitos, señala UPTA, únicamente se referían a que el gasto se generase en el desarrollo de la actividad económica, en establecimientos de restauración, y que el pago se efectuase por medios telemáticos.

La realidad es otra, según denuncia UPTA en un comunicado este jueves. «Continúa siendo imposible deducir los gastos de manutención en los que incurren miles de autónomos cuando por necesidades de su actividad tienen que desplazarse fuera de su domicilio para realizar su trabajo», avisa UPTA.

El presidente de esta organización, Eduardo Abad, ha afirmado que a los autónomos «les mintieron en la negociación de esta Ley». «Lo peor es que siguen sin resolver el problema los que en su día ocupaban la bancada de la oposición y ahora gobiernan. Es un auténtico despropósito y no podemos continuar así», ha añadido.

UPTA afirma haber presentado en «multitud de ocasiones» una propuesta para resolver definitivamente cualquier tipo de interpretación equívoca, mediante un sistema en el que se define claramente la jornada de trabajo, dejando prueba efectiva del gasto legible, y que incorpora los pagos indirectos como un medio adecuado para realizar la transacción dineraria.

La organización también ha reclamado la reforma de la aplicación de las deducciones de los gastos de suministros en la vivienda destinada a la realización de la actividad económica.

«En este caso, la reforma ha sido aún más sangrante, puesto que de poder deducirse el 30% de los gastos de suministros, hemos pasado a poder deducir el 30% de los gastos de un máximo del 30% de los metros cuadrados declarados como superficie útil de trabajo, lo que en realidad se ha convertido en un 9% como máximo de deducción total», se queja Abad.

España, entre los países de la OCDE con impuestos al trabajo más altos

España se sitúa cinco puntos por encima de la media de la OCDE, por encima de Noruega y Dinamarca y es de los pocos países que no ha reducido la carga tributaria en la crisis del Covid.

La fiscalidad sobre el trabajo en los países de la OCDE se redujo de media en 2020 respecto al año anterior 0,39 puntos, hasta el 34,6% de la remuneración bruta, en parte por las políticas fiscales de los gobiernos para capear con la crisis económica del Covid. Así lo concluye el informe Taxing Wages 2021 de la OCDE, difundido ayer, que muestra que España se sitúa entre los países con impuestos al trabajo más altos, hasta cinco puntos más que la media, y que además es de los pocos que no ha tomado medidas para reducir la carga fiscal del trabajo ante la crisis del Covid.

De los 37 países de la OCDE, 29 redujeron la cuña fiscal en el trabajo, entendida como la carga fiscal incluyendo el Impuesto sobre la Renta y las cotizaciones sociales pagadas por la empresa y el trabajador. Esa bajada se debe en parte a una caída del nominal del salario medio en 16 países y también a “cambios de naturaleza política”, que incluyen medidas de exención fiscal y de ayudas en respuesta al Covid.

A la cabeza del ránking, se sitúa Bélgica, con un 51,5%, seguida de Alemania, con un 49%, Austria (47,3%), Francia (46,6%), Italia (46%), República Checa (43,9%) y Hungría (43,6%). Los belgas son los únicos que deben transferir a la Administración y la Seguridad Social una suma mayor de su salario de la que ellos reciben en neto.

España se sitúa en la parte media-alta de la tabla, con el 39,9% del salario medio (la OCDE lo calcula en torno a los 27.000 euros anuales para un soltero sin hijos), casi cinco puntos por encima de la media de la OCDE (34,6%), y por delante de Noruega (35,8%), Dinamarca (35,8%) o Islandia (32,3%).

En el otro extremo, se encuentran Colombia (0%), Chile (7%), Nueva Zelanda (19,1%), México (20,2%), Suiza (22,1%), Israel (22,4%), Corea del Sur (23,3%), Estados Unidos (28,3%) y Australia (28,4%). En Colombia, un trabajador con un salario como el analizado no paga Impuesto sobre la Renta y las cotizaciones sociales de la empresa y trabajador son facultativas.

También están en la parte baja Reino Unido (30,8%), Irlanda (32,3%) y Japón (32,7%).

España es además el octavo país en el ránking de más carga fiscal al trabajo en el caso de parejas con uno y dos sueldos.

Mientras que en la OCDE la carga fiscal sobre los salarios se redujo 0,39 puntos porcentuales respecto a 2019, en España el retroceso se limitó a 0,12 puntos básicos. En este punto, España destaca entre los pocos países que no han tomado medidas para aligerar la carga fiscal del trabajo en 2020, en concreto, seis, aunque cabe señalar que algunos de estos sí han aprobado estímulos en otros impuestos, a diferencia de España. A lo que se añade que España ha subido en 2021 el IRPF.

La OCDE subraya que la bajada de la fiscalidad salarial de 0,39 puntos es “notable”, pero está aún lejos de las de 2008 (0,84 puntos) y 2009 (0,52 puntos), las dos mayores desde que se inició la serie en el año 2000.

En concreto, en España el IRPF pesó un 11,4% sobre el salario, frente al 13,1% de la media de la OCDE. Por su parte, las cotizaciones sociales pagadas por las empresas supusieron el 23% y las abonadas por los trabajadores, un 4,9%, cuando el promedio de los miembros de la organización de los países desarrollados se situó en el 13,1% y el 8,3%, respectivamente.

España es de los países en los que las empresas pagan más cotizaciones sociales, más del 20% de los costes laborales. Respecto a los costes de las empresas, Francia es el país en el que los empleadores pagan más dentro de la OCDE, el 26,6% del salario bruto del trabajador. España, entre los países que están en primera línea, se coloca en quinta posición, con el citado 23%, sólo por detrás, tras Francia, de República Checa (25,3%), Estonia (25,3%), Italia (24%) y Suecia (23,9%).

Gentiliza de Expansión

Estos son los autónomos vigilados por la Agencia Tributaria por usar mucho efectivo

  • El organismo vincula el pago con efectivo con la economía sumergida
  • Se lucha contra el fraude por una falta de repercusión del IVA
  • El Congreso intenta reducir el pago máximo de 2.500 a 1.000 euros

Una de las líneas maestras en materia recaudatoria que la Agencia Tributaria se ha propouesto en el ejercicio 2021 es la lucha contra el fraude asociado al uso de dinero en efectivo, un procedimiento de pago cuyo rastreo y seguimiento es más complicado que, por ejemplo, las transferencias bancarias. Algo que va a afectar a los autónomos.

La razón es que muchos de los sectores en los que operan los profesionales por cuenta propia son en los que tradicionalmente se usa con mayor frecuencia ese dinero en efectivo, objetivo del Plan General de Control Tributario y Aduanero de 2021 de la Agencia Tributaria.

En dicho plan, publicado en el Boletín Oficial del Estado, se especifica que una de las líneas prioritarias de comprobación será “en aquellos sectores y modelos de negocio en los que los niveles de economía sumergida puedan generar una especial percepción social, con especial observancia del uso de efectivo en cantidades superiores a las legalmente establecidas”. En concreto, se refiere al efectivo como un uso “muy vinculado a la economía sumergida”.

Este plan también confirma que se procederá ejecutar actividades de control “para evitar que se produzca una falta de repercusión efectiva en la última fase de la cadena del IVA”, con especial atención en los sectores con una mayor presencia de consumidores finales.

Según el portal especializado Autónomos y Emprendedores, desde el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) se han apuntado una serie de sectores que, en vista de estos planes de la Agencia Tributaria, estarán más sujetos a vigilancia por la mayor presencia de dinero en efectivo en la actividad del día a día.

Así, sectores como la restauración y hostelería, la construcción, el comercio, la recogida de fruta, los arreglos y reformas o las actividades inmobiliarias serán objeto de mayores pesquisas por parte de los efectivos de la Agencia Tributaria.

Esta línea de procedimiento de la Agencia Tributaria tiene lugar mientras que la ley de lucha contra el fraude se atasca en trámites parlamentarios. La ley, que fue aprobada por el Consejo de Ministros en octubre de 2020, ha recibido cerca de 250 enmiendas y todavía no ha pasado por una ponencia que las estudie.

El texto del anteproyecto de ley, publicado en la página web del Congreso de los Diputados, aseguraba que el dinero en efectivo “facilita notablemente los comportamientos defraudatorios”, razón por la cual se propuso limitar el pago en efectivo de 2.500 a 1.000 euros, manteniéndose el límite actual de 2.500 para personas que no tengan la condición de empresarios y profesionales.

Modulos: Recordatorio de la AEAT sobre el pago fraccionado IRPF primer trimestre 2021

La nota explicativa es la que sigue:

Cálculo de los pagos fraccionados

El cálculo de los pagos fraccionados de 2021 deberá realizarse atendiendo a las circunstancias que se produzcan en cada caso:

1. Que se conozcan todos los datos-base a 1 de enero.

  • Regla general: Se deben tener en cuenta los datos-base a día 1 de enero de 2021 (ver punto 5.1 Normas generales para el cálculo del pago fraccionado).
  • Excepción a la regla general: Los kilovatios/hora consumidos y kilómetros recorridos se tomarán los del ejercicio anterior, esto es, los cuantificados a efectos de calcular el rendimiento neto de 2020.

2. Que no se conozca algún dato-base a 1 de enero.

El criterio a aplicar será:

  • Personal no asalariado: Sólo se computarán aquellas personas en activo a 1 de enero, en términos absolutos.Nunca el módulo cuantificado del año anterior.
  • Personal asalariado: Se computarán los trabajadores que se encuentren en activo a 1 de enero. Si algún asalariado está parcialmente en  ERTE solo se computará la parte del contrato de trabajo que esté activa.Nunca el módulo cuantificado del año anterior.
  • Distancia recorrida y consumo de energía: Siempre se debe tomar módulo cuantificado a efectos de calcular el rendimiento neto de 2020.
  • Resto de los módulos: Se computarán las unidades de cada módulo de acuerdo con las condiciones del día 1 de enero.No obstante, si alguno de estos módulos no pudiera cuantificarse a 1 de enero, se tomará el módulo cuantificado a efectos de calcular el rendimiento neto de 2020.

3. Que no se conozca ningún dato-base a 1 de enero.

Como norma general esta circunstancia se producirá cuando se trate de actividades que a 1 de enero estaban cerradas o suspendidas.

En este caso, para la cuantificación de los pagos fraccionados de 2021 deberán aplicar la regla alternativa del 2 por 100 del volumen de ventas o ingresos del trimestre.

4. Actividades de temporada.

Para el cálculo de los pagos fraccionados siempre se tomarán las unidades de módulos cuantificadas para 2020, teniendo en cuenta las normas que se hayan aplicado en caso de haber realizado la actividad durante los días del estado de alarma y/o suspensión de la actividad.

Normas generales para el cálculo del pago fraccionado

Módulos a 1 de enero

Para el cálculo del pago fraccionado, sólo deberán computarse aquellos módulos existentes a 1 de enero de 2021, en función de la situación de cada uno de ellos en esa fecha.

En particular se hacen las siguientes precisiones:

  • Personal no asalariado: El número de personas no asalariadas en activo a 1 de enero, en términos absolutos, sin perjuicio de computar las reducciones previstas para este módulo en la normativa del método de estimación objetiva (discapacidad, reducción del cónyuge 50%, …).
  • Personal asalariado: Los asalariados que estén trabajado a 1 de enero.

Si existieran trabajadores en  ERTE, el personal asalariado se determinará conforme a la situación de los trabajadores en esta circunstancia a 1 de enero:

  • Trabajador en  ERTE al 100 por ciento: no se tendrá en cuenta.
  • Algún trabajador está parcialmente en  ERTE solo se computará la parte del contrato de trabajo que esté activa.
  • Todos los trabajadores en  ERTE al 100 por ciento: el dato-base del personal asalariado sería 0.

Resto de módulos (excepto kilovatios/hora consumidos y kilómetros recorridos).

Habrá que tener en cuenta exclusivamente aquellos módulos que estén operativos a 1 de enero de 2021.

Así, por ejemplo, si un bar a 1 de enero de 2021 no ha podido utilizar la parte interior del local por las normas Covid-19, utilizando exclusivamente la terraza, no computará los módulos correspondientes al interior del local que no se encuentran operativos a 1 de enero (metros de barra, máquina recreativa, …).

Activos amortizables

Para la amortización de todos los activos de la actividad se tendrán en cuenta los 365 días del año.

Cálculo del pago fraccionado.

Una vez determinado el rendimiento neto de la actividad a efectos del pago fraccionado, solamente se tendrá en cuenta el número de días naturales del trimestre en cuestión en los que se haya desarrollado la actividad. Los días de no ejercicio de la actividad comprenderán tanto los días de cierre obligatorio como de cierre voluntario.

Fuente: Agencia Tributaria

Alerta por una estafa que suplanta a la Agencia Tributaria aprovechando la Renta 2020-2021

  • El Incibe detecta correos electrónicos que pretenden descargar malware
  • El objetivo de este malware es la obtención de datos personales de los usuarios

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha informado de que, aprovechando la llegada de la Campaña de la Renta, una estrategia de suplantación de la Agencia Tributaria mediante el envío de correos electrónicos tiene como objetivo que los usuarios se descarguen malware dañino para sus equipos.

De acuerdo con la información del Incibe, los primeros correos electrónicos que ya se han detectado tienen como asunto el concepto ‘Acción fiscal’ y tratan de aprovechar los primeros días de la Campaña de la Renta para lograr la descarga de archivos maliciosos.

En concreto, el correo objeto de la amenaza indica al receptor que pulse un enlace para acceder a la Sede Electrónica de la Seguridad Social o para descargar un PDF con indicaciones sobre la información fiscal del individuo. De caer en la trampa, se le llevará a una página web en la que se descargará el malware.

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Gentileza del Economista