Indignación entre los autónomos por la nueva cotización que les pide Escrivá

Las organizaciones del sector piden al Gobierno una negociación y más flexibilidad en los plazos de pago y en las cuantías de las cotizaciones.

Las dos organizaciones más importantes de autónomos, ATA, integrada en CEOE, y UPTA, rechazaron ayer, en declaraciones a EXPANSIÓN, la última propuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sobre la nueva fórmula de cotización al sistema de protección de estos pequeños empresarios y trabajadores: están afectados por la reforma 2,6 millones de personas, con rendimientos por actividades económicas.

El Gobierno está negociando con el sector que, en un plazo de nueve años, todos los autónomos coticen a la Seguridad Social en función de sus ingresos reales. Con este fin, el Ejecutivo ha propuesto que estos pequeños empresarios y trabajadores puedan escoger entre trece tipos de bases de cotización, para que en 2030 ya tengan una cuota fija, más la inflación, que aportar a la Seguridad Social, tal como se aprecia en el gráfico de esta página.

Lorenzo Amor, presidente de ATA, que es la organización más representativa del sector, dijo que los autónomos “están indignados” con la propuesta del Gobierno, “que aleja cualquier posibilidad de acuerdo”. Por esta razón, Amor pidió al Ejecutivo que “la retire de la mesa de diálogo y se tome tiempo para su discusión”. El dirigente de los autónomos, que también es uno de los vicepresidentes de la CEOE, dijo que el plan del Gobierno “es una locura y absolutamente confiscatorio”.

El contexto es el siguiente: en el primer año, que sería 2023, el Gobierno ha planteado una primera etapa de cotización, con una horquilla comprendida entre los 200 euros y los 400 euros al mes. 200 euros, para unos ingresos de 3.000 euros anuales, y de 400 euros, para una cuantía máxima de 49.000 euros y superiores.

El presidente de ATA sostiene que, en 2023, un autónomo no puede pagar 2.400 euros de cuota al año, que es el resultado de multiplicar 200 euros por doce meses, cuando sólo ingresa 3.000 euros. Ni tampoco al final del periodo, 14.640 euros por ingresar 49.000 euros al año. Amor sostiene que “está mal diseñada la propuesta del Gobierno” para la cotización de los autónomos. Sobre todo, porque, en su opinión, el Ejecutivo “confunde los salarios con los ingresos de los autónomos, y no es lo mismo”. No es lo mimo, porque el autónomo tiene que pagar los gastos que le origina su medio de vida. Por ejemplo, el transporte, el vehículo de trabajo, la electricidad, la alimentación o el material de trabajo.

El secretario general de UPTA, Eduardo Abad, coincide con el dirigente de ATA en que el Gobierno “no ha negociado con el sector” la nueva escala de cotizaciones que propone ahora. Más bien su organización reivindica al Ejecutivo que adelante los plazos, a 2023, las cuotas para todos aquellos autónomos que ingresan menos del Salario Mínimo Interprofesional. Es decir, 950 euros al mes y, con doce mensualidades, 11.400 euros. Por lo tanto, aproximadamente, para todos aquellos que tienen ingresos comprendidos, en el plan del Gobierno, entre los 3.000 y los 12.600 euros. Por lo tanto, UPTA pide que a partir de 2023 los empresarios y los trabajadores abonen entre 90 y 235 euros. No como plantea el Ejecutivo, que en 2023, en el primer año del plan, paguen entre 200 y 245 euros al mes.

Además, Abad reclama al Gobierno que rebaje de nueve a tres años el plazo de transición para la cuota de todos aquellos que ingresan más de 27.000 euros. La razón es que el 40% de los autónomos tiene 57 o más años. No llegarán como activos al final del periodo transitorio de nueve años. Ello daría la posibilidad a estos trabajadores de tener más pensión al final de la vida laboral, porque, según la Seguridad Social, el 85% de los autónomos cotiza por la base mínima -944 euros al mes- que con la aplicación del tipo del 30,6% se queda en una cuota de 290 euros al mes. Además, Abad advierte al Gobierno de que una reforma “pactada y bien hecha” del sistema de autónomos permitiría salir de la economía sumergida a muchos de los que hay entre los 3,5 millones de personas que están en esta situación.

El Gobierno ha ofrecido a los autónomos trece bases distintas de cotización a la Seguridad Social para que a partir de 2023 puedan contribuir al sistema de protección de acuerdo con sus ingresos reales. Para conseguir este objetivo, el Ejecutivo ha planteado una transición de nueve años, al final de la cual, en 2030, el abanico de cotizaciones sociales de los autónomos comprenda entre una media de 90 euros al mes por un ingreso anual de 3.000 euros y los 1.220 euros al mes, a partir de unos rendimientos anuales de 48.841 euros. Así se recoge en el último borrador sobre la reforma de las pensiones que el Gobierno ha entregado a la patronal y a los sindicatos, y al que ha tenido acceso EXPANSIÓN.

Para calibrar la propuesta del Gobierno a los autónomos, hay que tener en cuenta que, actualmente, según la Seguridad Social, el 85% de estos empresarios y trabajadores cotizan por la base mínima. Este año está en 944 euros mensuales, que al aplicarle el tipo del 30% de este colectivo resulta una aportación mensual inferior a los 300 euros. En este contexto, el Gobierno plantea que, en 2030, aproximadamente, un millón de autónomos, el 60% de los que obtienen rendimientos de actividades económicas, sigan pagando menos o lo mismo, entre 90 y 275 euros.

Bien es verdad que cerca de otro millón de autónomos se concentra entre quienes ingresan al año entre los ya mencionados 12.600 euros y los 27.000 euros. Aquí, la cuota mensual, al final de la transición, en 2030, estará en una horquilla comprendida entre 275 y 425 euros al mes. A partir de ahí, a medida que los ingresos suban de 32.000 euros hasta los 48.841 euros anuales, la horquilla de cotización media estará comprendida entre los 545 euros y 1.220 euros mensuales. En este tramo es donde va a estar realmente la subida de las cotizaciones sociales para los autónomos.

Cambio de bases

De todas maneras, la intención del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es que, en 2023, el primer año de la entrada en vigor del nuevo modelo de cotización de los autónomos, según sus ingresos, la horquilla de cotizaciones sociales sea la siguiente: entre 200 y 400 euros mensuales, para unos ingresos comprendidos entre 3.000 y 48.841 euros anuales.

Hay que tener en cuenta que, en este periodo, los pequeños empresarios podrán elegir su base de cotización hasta seis veces al año, en función de ajustarla a sus rendimientos. Una vez hecha la regularización anual de la cotización, el sistema funcionará como el Impuesto sobre la Renta. Si ha pagado de más, la Seguridad Social le devolverá la cuantía al autónomo. O, por el contrario, la Administración pedirá el abono de una cuantía adicional.

En todo caso, otra propuesta novedosa de Escrivá sobre la reforma de las pensiones es su incentivo a las empresas para que no despidan a los trabajadores de 62 años. El Gobierno ofrece a los empresarios una reducción del 75% de sus cuotas a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal -baja laboral- de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años. Esta es una medida complementaria a otra que afecta a la negociación colectiva. Así, el Gobierno quiere prohibir que los convenios obliguen a jubilarse a los trabajadores hasta que no cumplan los 68 años. Esta propuesta es coherente con el hecho de que la edad legal de jubilación en 2027 será de 67 años. Otra novedad importante en la propuesta del Gobierno a los agentes sociales en la reforma de las pensiones afecta a la cotización de los becarios. El Ejecutivo se compromete a que todas las empresas, administraciones e instituciones coticen a la Seguridad Social por estos jóvenes, en cualquier tipo de actividad de formación, prácticas en empresas, aunque no sean remuneradas. 

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