Medidas tardías e insuficientes: un año de propaganda e improvisación

D. José María Rotellar, profesor de economía de la Universidad Francisco de Victoria, ha realizado unas declaraciones al periódico económico Expansión, en las que resume claramente lo ocurrido hasta ahora con trabajadores autónomos y pequeñas empresas en lo referente a la pandemia, comentando además las ayudas aprobadas por el Gobierno el pasado viernes.

Así, toda la cronología económica de la pandemia ha sido un auténtico despropósito, al basarse en la búsqueda de golpes de efecto, en lugar de pensar en los cientos de miles de personas cuya vida se empobrecía hasta el término de pasar hambre en muchos casos, al ver sus empresas o las empresas en las que trabajaban completamente arrasadas por las medidas impuestas.

Cuando se cumple ahora un año desde que el Gobierno decretó el primer estado de alarma, llega ahora el Ejecutivo con un conjunto de medidas que dicen que son para apoyar al sector productivo. Sin embargo, podemos comprobar que, una vez más, se ha impuesto el gabinete de mercadotécnica que se ha instalado en La Moncloa en lugar del necesario sentido común que está ausente en el banco azul. Las ayudas se moverán en una horquilla de entre 3.000 euros y 200.000 euros (hasta sumar 7.000 millones de euros en el agregado de las ayudas movilizadas), y podrán acceder a ellas empresas del sector de la hostelería, turismo y comercio, así como pymes, además de autónomos que no tributen en módulos, que hayan perdido el 30% o más de sus ingresos y que habrán de ir destinadas a pagar gastos fijos y deudas. Se trata de medidas tardías e insuficientes, envueltas en la propaganda y la improvisación. Son tardías porque no se puede dejar pasar todo un año para tratar de salvar a las empresas por los cierres obligatorios que han tenido que llevar a cabo por imposición del poder público, en un hecho sin precedentes, por mucho que haya sido repetido en la mayoría de los países – alternativa, hay, pues algunos otros no han adoptado esa decisión y no les ha ido peor sanitariamente-.

Estas medidas económicas tenían que haber sido puestas en marcha desde el principio de la pandemia, para poder sostener al tejido productivo. Habría llegado a ser, de hacerlo bien, una inversión y no un gasto, que habría permitido al grueso de empresas continuar y que habría redundado, por tanto, en bienestar para la sociedad española, además de compensar la injusticia que supone la obligación del cierre.

Sin embargo, se prefirió ir por la vía de la propaganda, anunciar que se iban a poner en marcha canales de liquidez por importe de 100.000 millones de euros que movilizarían otros 100.000, con la iniciativa de los créditos ICO, y vender un aplazamiento de impuestos como una concesión relevante al sector empresarial. ¿Qué sucedió? Que ya entonces tardaron mucho en aprobar las escasas medidas, que los créditos no era la solución, pues se veía de lejos que las empresas no iban a poder recuperar su negocio antes de que venciese el plazo de carencia, y que el trasladar hacia delante los impuestos no aliviaba nada. Se optó por medidas vacías de contenido mientras se incrementaban las restricciones, hasta el punto de hundir a la economía nacional, especialmente a las actividades de comercio, ocio, hostelería y turismo, que no dejan de caer.

Es verdad que la liquidez que anunciaron, si la hubiesen ejecutado bien, correctamente, sin retrasos y apoyando más directamente a las empresas a las que obligaban a cerrar, habría sido positivo, y así lo dije en estas páginas en un artículo que publiqué a finales de marzo de 2020, al evaluar las luces y sombras de las medidas que anunció Sánchez, pero el problema es que las expectativas que levantó fueron defraudadas por su márketing. Al profundizar, tras la espuma no había nada, elemento que estranguló financieramente a muchas empresas. Eran falsas expectativas, y no hay nada peor que eso.

Se echaba de menos que a los autónomos no se les suspendiese la cotización a la Seguridad Social, cuando no estaban generando ingresos, ni que, en coherencia, se les condonasen los impuestos. De la misma manera, no era la mejor de las medidas la prolongación del bono social en materia de suministros, porque poco aliviaría y drenaría recursos para dirigirlos a la dotación de liquidez, en la que no han sido, como digo, diligentes. Prefirieron siempre compensar con subsidios que sostener la inversión, que, de haberlo hecho, habría terminado manteniendo por ella misma un cierto nivel de actividad, se habría podido recuperar antes y, con ello, el empleo. Han elegido siempre el camino cortoplacista y populista frente al estructural y riguroso.

Crisis de oferta

En lugar de eso, Sánchez debería darse cuenta de que lo que se ha generado en España es una crisis de oferta, por la prohibición de que el sistema productivo funcione. Tras no evitar dichas medidas con otras tempranas que deberían haber aplicado a finales de enero de 2020, como el cierre de fronteras con China, al obligar a parar el tejido productivo se le puso contra las cuerdas, que ha originado una alta destrucción de este. Por eso, hace mucho que Sánchez debería haber compensado a las empresas con liquidez abundante, sin las trabas y tardanzas iniciales de los préstamos ICO; con ayudas directas y con condonación de impuesto. Todos los recursos deberían haberse destinado a ayudar a las empresas para no morir en el corto plazo, unido a unas medidas estructurales de ortodoxia económica que generasen confianza en el medio y largo plazo y evitasen, así, la asfixia financiera de pymes y autónomos, o su posterior cierre. Sin embargo, no se hizo ni lo uno ni lo otro, y muchas, muchísimas empresas, se han quedado por el camino. Hablamos de 114.716 empresas menos desde febrero de 2020, según datos de la Seguridad Social. Junto a ello, un incremento concursal del 44,7%, que tratan de frenar también con la prórroga de la moratoria concursal, que para lo único que sirve es para ocultar la realidad, porque son empresas a las que mantienen artificialmente por no haberlas ayudado a tiempo tras obligar el cierre de su actividad.

Hoy llega con este conjunto de medidas tardías, pero también insuficientes, pues no puede basarse en unas cuantías tan escasas, cuando se les ha obligado a cerrar, ni confiar en que la banca termine aceptando, al final, quitas de deuda, que empeorarían el panorama de negocio de la banca, ni puede perderse todo en una maraña legal, que puede que retrase el pago al traspasarse la gestión a las CCAA. El retraso provoca que muchas empresas hayan cerrado y que nunca más vuelvan a abrir, a las que se sumarán todas aquellas compañías sujetadas artificialmente por la moratoria concursal.

No se está valorando suficientemente lo que va a ser el día después del fin del virus: puede ser una ruina a la que no se está prestando suficiente atención, con la idea de que la UE ya lo resolverá o que rápidamente saldremos de la misma con un rebote intenso, cosa que no pasará si el tejido productivo se asfixia del todo, ya que pymes y autónomos morirán de falta de liquidez, pese a que tuviesen negocios solventes y prósperos. Cada medida de restricción económica debería haber estado muy pensada y valorada, y debería haberse analizado si realmente tenía un impacto tan determinante en la evolución de la enfermedad provocada por el virus, pero se ha ido actuando con medidas cambiantes y desconcertantes, que han generado otro problema adicional muy grave y más estructural.

El Gobierno debe convencerse de que está en juego toda la economía y de que se trata de adoptar medidas eficaces, no de venta política ni puestas en escena. Se trata de decidir y de acertar en base a criterios robustos. Si no consigue evitar que se destruya el tejido productivo, tras la enfermedad vírica puede que tengamos que enfrentarnos a una depresión sin precedentes. Y eso, aunque ahora no se vea, será socialmente muy dramático, extremadamente dramático, con consecuencias, además, también en el ámbito sanitario.”

Gestileza de Expansión.

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