Díaz trae la contrarreforma laboral

Díaz se propone obstaculizar el despido con una indemnización de 20 días de salario por año de trabajo y restaurar la prioridad del convenio sectorial frente al de empresa.

La nueva ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, hizo ayer una rotunda declaración de intenciones sobre su objetivo de derogar la reforma laboral, que promulgó el Gobierno del Partido Popular en 2012. “Debemos derogar la reforma laboral para recuperar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras”, dijo Díaz, que forma parte de los cuatro ministros y una vicepresidencia que ha aportado Unidas Podemos al nuevo Gobierno. La declaración de intenciones tiene lugar también en medio de la fuerte desaceleración económica que ya sitúa el crecimiento de España por debajo del 2% del Producto Interior Bruto (PIB). Incluso, y como consecuencia de ello, cuando el ritmo de generación de empleo y de descenso del paro es el más moderado desde que terminó la depresión económica en 2013.

Díaz realizó este anuncio en su toma de posesión como nueva ministra de Trabajo, en sustitución de Magdalena Valerio, y delante de Nadia Calviño, la nueva vicepresidenta para Asuntos Económicos y de Transformación Digital. Precisamente, y en la última legislatura, Calviño se ha mostrado contraria a derogar la totalidad de la reforma laboral. Sí acaso, frente a la intención de Díaz de suprimir toda la propuesta laboral del PP, Calviño defiende la “derogación de los aspectos más lesivos”, como los “abusos en las subcontratas” y luchar contra la “precarización”, además de regular las relaciones laborales de los repartidores de comida y otros productos, como uno de los resultados de la economía digital.

Hay que recordar que en el capítulo de la reforma laboral, el acuerdo entre el PSOE y Podemos busca “recuperar los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral en 2012”. Entre otros puntos, y “con carácter urgente”, los siguientes: la posibilidad del despido del trabajador por absentismo [laboral] frecuentemente causado por bajas por enfermedad. Así se recoge en el artículo 52d del Estatuto de los Trabajadores, respaldado el pasado 29 de octubre por el Tribunal Constitucional.

Por esta razón, el acuerdo entre el PSOE y Podemos secunda una de las reivindicaciones de los sindicatos, como también otros puntos. El Ejecutivo se propone restaurar la prioridad del convenio sectorial sobre el de empresa. Los sindicatos consideran que, con este precepto, y en medio de la depresión económica, las empresas aprovecharon para rebajar los salarios, abandonando el convenio sectorial. Es decir, el ámbito de negociación donde predominan CEOE y Cepyme, pero también CCOO y UGT.

Muy importante también es el propósito del Gobierno de dificultar el despido de los trabajadores por causas objetivas y, con ellos, los expedientes de regulación de empleo. Las causas de este despido son económicas, técnicas, organizativas o de producción. La indemnización para el trabajador es de 20 días de salario por año de trabajo, hasta una cuantía máxima equivalente a doce meses de retribución. Hay que recordar que Calviño no está de acuerdo en que esa indemnización por despido sea particularmente, como defienden el PSOE, Unidas Podemos y los sindicatos. “Que se considere que eso es muy barato es relativo. Cuando hacemos una comparación internacional nuestro país no sale particularmente bajo en ese sentido”, dijo la ministra el pasado 19 de noviembre en Radio 4, la emisora catalana de Radio Nacional.

Las palabras de Yolanda Díaz son relevantes también porque en la toma de posesión de su cargo, estaban los secretarios generales de los sindicatos CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, y los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y de Cepyme, Gerardo Cuerva. Es necesario recordar que los empresarios ya han comunicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su disgusto por haber escogido a Podemos como socio del Ejecutivo, y por su propósito de derogar la reforma laboral de 2012. Incluso, CEOE y Cepyme también han manifestado su rechazo a una subida de 100 euros del Salario Mínimo Interprofesional para 2020, hasta situarlo en los 1.000 euros mensuales.

El Gobierno quiere situar esta renta en 1.200 euros mensuales al final de la legislatura. Hoy supondría en torno al 60% del salario medio. La patronal amenaza al Gobierno con obstaculizar la negociación colectiva. No obstante, Yolanda Díaz, militante de Izquierda Unida y del Partido Comunista, dentro de Unidas Podemos, defendió el diálogo social, “como centro de la acción de Trabajo, pero también hizo hincapié en sus objetivos: “Frente a la precariedad, trabajo decente; frente a los bajos ingresos, salarios que permitan vivir con dignidad; frente al paro, trabajo, protección social e igualdad”, afirmó Díaz.

Gentileza de Expansión

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